Adriana Ruiz-Restrepo fue la abogada que litigó a favor de los recicladores y cuyos argumentos acogió la Corte Constitucional para obligar a las ciudades a incluirlos como empresarios en las licitaciones de aseo. Fotos: Juan Pablo Pino

Gustavo Petro ha justificado el nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá, que comenzará a operar el martes, en un fallo de la Corte que concedió una acción afirmativa a favor de los recicladores. Las tutelas concedidas a favor de los recicladores fueron interpuestas por la abogada Adriana Ruiz-Restrepo, quien desde 2002 hasta 2009 litigó pro bono a favor de ellos.

En la sentencia C-741-03 la Corte les dio a las cooperativas de recicladores capacidad de licitar por contratos públicos de basuras. Ese mismo año, profirió también una acción afirmativa de inclusión de recicladores en la contratación del aseo y, finalmente, por una tutela nuevamente liderada por Ruiz, la Corte ordenó la formalización del reciclaje y de los recicladores como empresarios y operadores de aseo municipal que llevó a la Sentencia T-291-09.

La Silla Vacía entrevistó a Ruiz-Restrepo sobre la reciente decisión de Petro, a la luz de la sentencia de la Corte que ella ayudó a sacar.
 

Usted fue la estratega jurídica detrás de la tutela a favor de los recicladores. Las dos sentencias que le dieron la razón a su teoría de la inclusión son las que utiliza Petro ahora como argumento para acabar el esquema de libre competencia.  ¿Está satisfecha con este resultado?

No, estoy defraudada y molesta. Creo que, una de dos, o al Alcalde Petro no le explicaron bien y por eso no entendió el quid del asunto, y entonces esto es un problema de negligencia e improvisación, o está actuando de mala fe y con un puro cálculo político para hacerse a la propiedad privada de  los operadores y a un fortín electoral con los recicladores basado en odios de clase y para aparecer luego, cuando el Estado de Derecho se imponga, como mártir por decisión de “los ricos” y la redención de “los pobres”.

¿Por qué dice eso?

La lucha por los recicladores y en contra de los operadores, so pretexto de la inclusión de los primeros, es un problema inexistente. Es la tergiversación del fallo de la Corte para crear confusión y en medio de ella hacer lo que sea y poder justificar ideológicamente todo.

¿Por qué dice que Petro tergiversa el fallo?

Petro, como antes Jorge Iván Ospina en Cali y Samuel Moreno en Bogotá, tergiversa la inclusión de los recicladores de oficio y para la reducción de pobreza hacia su ideología personal. Petro anuncia una batalla  para proteger a los recicladores en el reciclaje... ¡Por favor! Si es que la tal batalla ya la dimos y la ganamos, los recicladores y sus amigos, ante la Corte entre los años 2002 y el 2009: el reciclaje desde hace tres años es ya preferencial para los recicladores de oficio y en pobreza. Petro llegó tres años tarde a esta pelea. El Alcalde está aprovechando la reducción de pobreza para darse peleas ideológicas contra el capital y en particular aquel que está conexo a rivales políticos.

¿En qué se basa para decir eso?

Si de verdad le importara la pobreza de los recicladores por asimetría económica no estaría focalizado en el “poder del dinero” de los operadores solamente sino también en el “poder del dinero” de la industria que produce artículos con papel, metal, plástico y vidrio. Mejor dicho estaría tratando de que la ANDI le ayude a organizar a los bodegueros satelitales que acopian residuos como materia prima para la industria, por el pago justo y de trabajo decente que reciben o recibirán en su esquema los recicladores de la basura de la ciudad que recuperan papel, metal, plástico y vidrio para venderle a los bodegueros. Petro está obsesionado con los operadores, y ese, desde la perspectiva de los recicladores, es justo el único problema resuelto.

¿Pero sí está resuelto?

Seguro a los operadores les hubiera encantado quedarse con la operación exclusiva de la futura ruta de aseo, claro, pero eso ya no fue ni será así. Eso se ganó en derecho y con argumentos ante la Corte: el reciclaje ya está constitucionalmente salvaguardado para los recicladores de oficio y en pobreza en Colombia.  Los operadores aceptaron su suerte y asumieron perder la ruta de reciclaje.

Entonces no era tan lucrativa...

Sí, no es que sean hermanitas de la caridad, sino que así lo determinó la Corte. Además, como aún no había, ni hay aún, infraestructura pública para operar el reciclaje en el país, centros de acopio o planta de aprovechamiento a dónde transportar los residuos colectados, sino que persiste el mercado desregulado e informal, esta segunda ruta incluida en su concesión igual no podían operarla real y lucrativamente, solo era una ruta casi simbólica para el centro  piloto de reciclaje de La Alquería en Bogotá.  Lo que los operadores perdieron en realidad fue la expectativa futura de operar una segunda ruta formal y efectiva de reciclaje y poder expandir su negocio en el aseo y con  exclusividad. La verdad es que ellos no perdían mucho con el reciclaje pues en la práctica nunca lo tuvieron, al menos no del todo. 

Así que la batalla que quiere provocar entre recicladores y operadores el Alcalde ya fue dada y está ganada  hace rato. De hecho los gerentes de unos y los líderes de otros se charlan con frecuencia en todas las ciudades y por muchos motivos,  entre otros para ver cómo lograr que el Estado les ayude a articular las dos rutas del  servicio público. No creo que se amen pero sé que no se odian.

Petro dice que la inclusión de los recicladores en todo el negocio como ordenó la Corte solo es viable en la práctica si la operación está centralizada en el Acueducto porque ahora parte de la tarifa de aseo irá para ellos.

Para incluir a los recicladores no toca estatizar la prestación del servicio público de aseo ni mucho menos. De hecho la teoría que se argumentó ante la Corte es que los recicladores eran también actores privados, sin mucho capital, pero igual de privados. La visión de los líderes de los recicladores ha sido ser empresarios autónomos. Lo primero que hicimos años atrás los amigos abogados de los recicladores, para este caso concretamente Luis Jaime Salgar y yo, fue buscar que la ley los dejara competir en licitaciones. Nunca se pidió, ni la Corte ordenó volverlos trabajadores distritales de empresas públicas o resucitarles empresas liquidadas para ahí sí contratarlos e incluirlos. Todo lo contrario. La Corte pidió que su inclusión fuera como los empresarios autónomos que siempre han sido, es decir cuentapropistas o en economía solidaria. . 

¿Fue esa la teoría que usted esgrimió ante la Corte?

Civisol estratégicamente pidió esto a la Corte para empoderarlos y evitar su cooptación por otros más poderosos. Impedir que quedaran subordinados y dependientes de una lógica politiquera de Gobierno local o Nacional,  o  bien anexados y tercerizados a la industria en cooperativitas o una red de bodegas satelitales que captan residuos como materia prima barata. Se buscó que tuvieran la exclusividad de la ruta municipal o distrital de reciclaje.

¿Qué fue lo que pasó con Jorge Iván Ospina y Samuel Moreno, que usted menciona como ejemplos de lo que está sucediendo con Petro?

Como el Alcalde Samuel Moreno en Bogotá,  y Jorge Iván Ospina en Cali, lo que Petro está haciendo es tergiversando un fallo de derechos humanos, una acción afirmativa muy precisa de inclusión de los recicladores, para por ahí avanzar su ideología particular.

¿Qué fue exactamente lo que pasó en Cali?

Ospina en Cali fue el pionero en tergiversar el fallo para revivir Emsirva, la empresa pública recién liquidada a través de una que llamó Girasol. En la Alcaldía se inventaron que los recicladores serían accionistas de Girasol,  pero como no se podía pues era una empresa pública, entonces desde Girasol se creó otra nueva empresa, una SAS que se constituyó el 30 de diciembre de 2011, un día antes de finalizar su mandato como Alcalde. Una empresa pública que, en menos de un año, consumió más de la mitad del patrimonio, y que ahora le toca al municipio entrar a liquidar también.

Los caleños perdimos plata y los recicladores quedaron aún más frustrados. Y todo esto sin contar con los miles de millones de la feria de contratación de ONGs afectas al gobierno nacional o local que llenaron a los recicladores de cursos, talleres, foros, viajes y capacitaciones  que en nada contribuyen al goce de sus derecho al mínimo vital ni la reforma estructural del sistema de aseo de la ciudad.

¿Y qué pasó con Samuel Moreno?

Primero con la licitación en Doña Juana ni siquiera  incluyeron a los recicladores, luego los incluyeron y la licitación siguió adelante pero la verdad no tengo idea en qué va eso, ni si la inclusión en la concesión del relleno sirvió porque de este caso Civisol se retiró cuando empezaron a salir decenas de tutelas y a aparecer abogados que nunca habíamos visto cercanos a estos temas.

Luego para la licitación de recolección y barrido, la Alcaldía de Moreno y su directora de la UAESP Miriam Margot decidieron simular inclusión de recicladores de oficio y en pobreza: en vez de darles la ruta de reciclaje, la Alcaldía con el aval de la CRA, decidió entregar los residuos reciclables, no a los recicladores ni tampoco a los operadores, sino a las fuerzas del mercado. Pero para que pareciera que sí había inclusión de recicladores pusieron a los licitantes o futuros operadores a ceder un paquete accionario de sus empresas a los recicladores que la UAESP señalara como reciclador válido. Por supuesto, rápidamente aparecieron miles de nuevos y aparentes recicladores. La inclusión era simulada. Como todo estaba tan improvisado y mal armado al caerse la acción afirmativa se cayó la licitación entera detrás. Un nuevo auto de seguimiento, el Auto 275 ordenó empezar de cero… y bueno ya ve cómo está de nuevo la situación actual.

¿Qué hizo la Corte con el caso de Cali?

Con toda la progresividad que ha tenido la Corte para reconocer derechos de los recicladores, en Cali, a diferencia de Bogotá, no ha habido un auto de seguimiento en estos tres años. Ojalá que ahora con lo que pasa en Bogotá, que es donde al país sí le duele, la Corte haga  una audiencia pública como las que frecuentemente hacen para temas de salud o de desplazados. Esto permitiría ver qué pasa en terreno con sus órdenes y frenar de una vez por toda la tendencia a la libre tergiversación de sus trascendentales fallos.
 

¿Cómo analiza el rol de la CRA en todo esto?

La CRA, a pesar del exhorto de la Corte, no solo no ha reflejado la nueva ruta de reciclaje en la metodología tarifaria, con lo que se pagaría total o parcialmente el trabajo reciclador, sino que ya anunció que solo pagará a los recicladores lo que se ahorre en relleno por concepto de costos evitados.

La CRA cuenta con que sea la industria embotelladora, papelera, cartonera, siderúrgica y de plásticos la que les pagará su  trabajo decente de colectar y transportar residuos reciclables, materia prima secundaria par aprovechamiento de la industria. 

¿Y qué piensa la industria?
En sentido opuesto, la ANDI cree que es la CRA la que debe pagar el trabajo reciclador por vía de la tarifa de aseo.  Acá en Colombia  por focalizarnos en peleas ideológicas nadie discute siquiera, si, como ocurre  en Europa y Estados Unidos, la industria debería incorporar en el costo mismo del producto el reciclaje para asegurar que se cierre su ciclo y no termine flotando en humedales y caños.

Nada de esto tiene que ver con Petro...

Hay que ser justos: Petro no podía volver a prorrogar contratos ni tampoco volver a contratar por urgencia manifiesta. Solo podía licitar, y la Nación representada por la CRA, con justificación o sin ella, no dio vía libre a la licitación. Y en este nudo jurídico, revivió la empresa pública para operar aseo que hasta los operadores quisieron apoyar.  Luego, si ya puso ideología por encima de derecho y pidió el control del aseo total, buscando acabar las empresas que serían su competencia, y llamando a los recicladores a unirse en su lucha contra el poder del dinero.
Si la CRA aprueba las ASES entonces sí se abriría a licitación el año entrante... solo que ya  habrá desmantelado la competencia...

¿Quiénes ganan con el esquema que avanza Petro?

Como  aún no se sabe bien cuál es el esquema y cuáles los fundamentos técnicos que llevaron a formular este esquema, no le puedo decir con precisión. Pero, si de verdad es lo que estoy leyendo en prensa, los que saldrán ganando son los industriales, las multinacionales, las plantas de inversión en reciclaje y los bodegueros industriales.

¿Las multinacionales? ¿Cómo así?

Por el lado privado se gestó una nueva interpretación - esta vez privada- del fallo de inclusión, según la cual ya al Estado le toca no solo formalizar a los recicladores de oficio y en pobreza sino a más de 1500 bodegueros satelitales de la industria que son quienes acopian materia prima, como intermediarios industriales, a partir de los residuos que los recicladores recojan por la ciudad en el día y les lleven a vender para ganarse unos pesos. Y eso no lo pedimos los recicladores y Civisol a la Corte ni la Corte lo ordenó.   

Desde hace dos años el grueso de los residuos domiciliarios reciclables no se los están llevando ya ni los operadores, ni los recicladores sino  terceras rutas fantasma que  empobrecen a los recicladores de oficio y en pobreza. Mientras tanto, todo el mundo, distraído con una crisis artificial, mirando para donde no está el problema de pobreza... 

De otra parte, y en la orilla privada surgió en el en el 2009 una ONG de industrias multinacionales bajo la dirección de la antigua gerente de ventas de Ecoeficiencia (la empresa de Tomás y Jerónimo Uribe). Esta ONG de multinacionales, que se llama Cempre, apoya el reciclaje y a los recicladores pero no con miras a un servicio público de aseo sino que aboga por el  “reciclaje como negocio” e impulsa bodegas que convenientemente crean fundaciones empresariales para proveer material a sus empresas conexas. Esto es una gran estrategia económica respecto de proveedores de materia prima que sale a la opinión como responsabilidad social empresarial o filantropía.  Si en Colombia se decide que el servicio público de residuos inorgánicos, la segunda y nueva ruta de reciclaje la operará la industria directamente junto a bodegueros  y ONGs con algunos afortunados recicladores, creo que tambien está bien. Lo único es que se anuncie y asuma y no perdamos más tiempo con licitaciones, áreas de servicio, tarifas, fallos de la Corte y peleas inútiles entre autoridades y operadores. Que esta crisis sirva para que por lo menos todos los actores con interés abran su juego.

¿Qué tiene que ver esto con lo de Petro?

Preguntas relevantes son por ejemplo: “¿Por qué tendría el distrito que formalizar las bodegas si no son infraestructura del servicio público ni tienen funciones de aseo sino solo de acopio industrial de materia prima? Esta es la otra tergiversación de la pobre acción afirmativa de la Corte. El interés de los bodegueros e industria en esto es importante, válido y legítimo pero creo que sería mejor estrategia que tuvieran voceros propios en cambio de escudarse en recicladores en pobreza y de oficio para mantenerse y formalizarse en el sistema de aseo.

¿Cómo se escudan en los recicladores?

Hace un par de años firmaron un pacto gremial con los recicladores que implica que si no se incluye a miles de bodegueros entonces los miles de recicladores ya no aceptan su inclusión, lo cual me parece ridículo.  La inclusión de los recicladores fue lo único que se buscó y lo que puntualmente ordenó la Corte.  El cuento de  “la cadena de valor del reciclaje”  o de que ahora son un gremio, un pacto gremial, un sistema de reciclaje perfecto que toca proteger y formalizar, me temo que no se sostiene jurídicamente.
 

Si realmente la Alcaldía fuera a cumplir con el fallo de la Corte en lo que respecta a los recicladores, ¿qué es lo que tendría que hacerse?

Primero sentarse juntos Nación, Distrito y todos los actores con interés en hablar e intercambiar propuestas. Hay que determinar cuáles recicladores son de oficio y en qué localidad trabajan, geo-referenciar sus rutas de barrio con miras a lograr una especie de empadronamiento y fomentar su organización y empresarismo para que en cada Área o Zona se conforme una o varias empresas de economía solidaria con el incentivo de volverse operadores formales del reciclaje distrital.

Paulatinamente, ir cerrado el espacio al reciclaje desorganizado y desregulado. Sacar a viejos y niños. Definir cómo se va a costear el reciclaje formal en Colombia y retribuir la operación si por tarifa o por precios de venta a la industria, o una mezcla de las dos, o si es que los va a emplear la EAAB  y lo paga de su presupuesto. Definir si, por logística, es mejor que compartan ruta con el o los operadores el mismo día o si ésta pasa por ejemplo lunes, miércoles y viernes y luego los recicladores uniformados identificados y con sus carretillas colectan residuos reciclables, el martes jueves y sábado.

Petro dijo que les estaba comprando camiones...

La ruta no se debe mecanizar bajo ningún punto de vista porque el mínimo vital de 13 mil recicladores hay que salvaguardarlo. Un camión genera un puesto, máximo dos, de trabajo y desmantela las micro rutas de los recicladores que van a pie, con costal y balinera. Meter 13 mil carros es acabar con la movilidad de la ciudad y desconocer que es intensivo en mano de obra y no mecanizado.

¿Por qué le parece tan importante la inclusión de los recicladores?

En un caso como este es donde se ve si en Colombia realmente queremos y  podemos reducir pobreza  a gran escala o si la verdad es que solo podemos hablar sobre ella en micrófonos de televisión, cocteles filantrópicos, discursos en el monte, y análisis académico.