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Miércoles Diciembre 02, 2020
Petro vuelve a la tribuna del Palacio Liévano para defenderse desde la Alcaldía de sus críticos.

Actualización: 9:07 a.m, Santos acaba de restituir a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, en cumplimiento del fallo de tutela del Tribunal de Superior de Bogotá. Así, el análsis de La Silla sobre el caso se mantiene. 

El fallo de tutela que ordenó al Presidente a reintegrar a Gustavo Petro al cargo es una nueva victoria jurídica del destituído Alcalde de Bogotá. Y será, haga lo que haga, una segunda derrota para Juan Manuel Santos. Mientras tanto, Bogotá –pese a los inmensos problemas que tiene- seguirá en interinidad.

El fallo fue proferido por la sala civil especializada en restitución de tierras del Tribunal de Bogotá tras acoger la ponencia del magistrado Óscar Humberto Ramírez.

Los argumentos de la sentencia todavía no se conocieron incialmente pero en la notificación - que fue publicada por RCN radio – se enuncia que la sala decidió “conceder la solicitud de amparo constitucional” que formuló una ciudadano (Oscar Verano) para que se protegieran los derechos “a elegir y ser elegido y al debido proceso internacional”.  

A partir de esa decisión, la Sala ordena que el presidente Santos acatara las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) anunció el pasado 18 de marzo y dejara sin efecto el decreto por medio del cual el gobierno materializó la destitución de Petro y designó a Rafael Pardo como alcalde encargado (lo que efectiviamente hizo esta mañana).  

El abogado de Petro, Héctor Carvajal, explicó en los medios que el argumento del Tribunal es que las medidas cautelares de la CIDH eran de obligatorio cumplimiento por los precedentes que había dictado la Corte Constitucional.

Según RCN Radio, la Secretaría Jurídica de Presidencia y Mauricio Rodríguez –el cuñado y asesor de Santos- pidieron a la Alcaldía todo el expediente del caso para decidir “el siguiente paso” del Presidente.

El Presidente podría demandar el fallo ante la Corte Suprema, pero mientras la sala civil de la Corte decide una eventual impugnación, Santos tenía - como lo hizo - que acatar la decisión en las 48 horas posteriores.

Es decir, desde hoy Petro estará nuevamente subido en el balcón del Palacio Liévano y con un discurso reforzado sobre su victimización por parte del Establecimiento. Respaldado con el argumento de que este fallo es el quinto que le da la razón desde que comenzó el lío jurídico por su cambio de esquema en las basuras: dos del tribunal administrativo de Cundinamarca, uno del juzgado tercero administrativo del Circuito de Bogotá y el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Santos pierde haga lo que haga
El Tribunal contradice la decisión de Santos de no acatar las medidas cautelares de la CIDH. 
Con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá el encargo a María Mercedes Maldonado no pasará de ser algo fugaz.
De volver Petro a la Alcaldía el Registrador tendría que organizar otra vez una votación para la revocatoria. 

Santos podría demandar el fallo ante la Sala Civil de la Corte Suprema, que tradicionalmente ha sido muy restrictiva en el uso de la tutela y que, por lo tanto, podría revocar la decisión del Tribunal. Pero hacer esto sería políticamente muy costoso para el Presidente.

Como contó La Silla, una buena parte del bajón en las últimas encuestas de la ya escasa popularidad del Presidente se debió a su decisión de no acatar las medidas cautelares de la Cidh a favor de Petro.

Ahora, si hubiese decidido desobedecer la decisión de un juez de la República, el costo sería aún mayor. No solo porque dijo que él acataría cualquier decisión de un juez sobre el caso Petro, sino porque si bien la obligatoriedad de las medidas cautelares de la Cidh puede ser debatible, la de un fallo de un juez no lo es.

Pero acatando el fallo, la interpretación que queda es que el Presidente se equivocó al no acoger las medidas cautelares de la Cidh desde un principio, como ya lo dijo el progresista Camilo Romero.

A esto se le suma que hoy la Superintencia de Industria y Comercio sancionó y multó a la Uasep, a Aguas de Bogotá, al Acueducto y a 9 funcionarios del distritos - entre ellos Petro - por violar el regimen de competencia que consagra la Constitución en el diseño y la aplicación del nuevo esquema de aseo. 

Esta decisión respalda la destitución del Procurador pues prueba que Petro violó la ley y no solo tuvo un error de criterio. Sin embargo, va en contravía del fallo de febrero de este año del juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá (que es el juez natural en estos casos) y que determinó que el decreto del Alcalde que cambió el sistema de recolección de basuras no violó la libre competencia. 

En esa sentencia, la juez Aura Patricia Lara señaló que "no se observa o desprende ninguna conducta transgresora señaladas en las demandas y lo que se le da es un gran peso al principio de la libre competencia", desestimando los argumentos de la acción de nulidad que interpuso el entonces concejal Orlando Parada (luego detenido por el carrusel de la contratación). Además reafirmó que no hubo un abuso de posición dominante y que los municipios sí tienen la facultad de organizar el servicio de recolección de basuras.

Con lo cual, la sensación estimulada por Petro de que el gobierno está empeñado en tumbarlo coge más vuelo. Más aún, si como también dijo Semana, el Consejo de Estado termina decretando medidas cautelares a favor del alcalde.

Por eso, de cualquier manera, con esto, Santos pierde.

Bogotá en ascuas

Mientras el super lío jurídico se resuelve, Bogotá seguirá en interinidad.  Cabe la posibilidad de que en dos semanas, la Corte Suprema revoque el fallo de tutela, que luego el Consejo de Estado le otorgue medidas cautelares y que luego venga el proceso de revocatoria. Y si no lo revocan, que la Corte Constitucional finalmente diga la última palabra.

Entonces, la atención estará puesta, una vez más, en el enredo jurídico y no en los problemas que afectan a los bogotanos en el día a día.

Así, la aparente concentración en lo programático que se había logrado con la designación de Rafael Pardo y de María Mercedes Maldonado - una funcionaria técnica petrista que conoce muy bien el plan de desarrollo Bogotá Humana – se rompe.

Y los temas claves del denominado Plan de Choque de Santos (que estaban ya en su mayoría en el Plan de Desarrollo de Petro), como la reconstrucción de la troncal de la Caracas; la construcción de la troncal de Transmilenio por la Boyacá; las 10 mil viviendas en Usme; las mil viviendas para las víctimas del conflicto; la implementación total del SITP; la ejecución del plan 75 de seguridad; el acuerdo para lograr los cobros por congestión que aspiran a mejorar la movilidad, entre otros, que estaban saliendo en parte con el apoyo del gobierno nacional -con el cual la alcaldesa (e) Maldonado había reafirmado su intención de construir las mejores relaciones- y del Concejo distrital, podrían verse estancados si Petro se dedica a defenderse, entra en un rifirrafe con el Presidente y si no es claro, por la incertidumbre jurídica, quién será al final el doliente de los grandes proyectos en el despacho del alcalde. 

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Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mié, 2014-04-23 00:53

1. El Tribunal de Bogotá planteó, entre otros, tres elementos para sustentar su fallo: a) Las medidas de la CIDH sí son vinculantes, lo avalan 12 sentencias de la Corte Constitucional, lo ratificó un magistrado de la misma y la propia CIDH. b) El decreto de destitución violó el debido proceso, ya que el Consejo de Estado no había producido un fallo formal frente al caso y aún no había revisado un fallo de tutela de primera instancia, que estaba vigente. c) El nombramiento de Rafael Pardo viola la autonomía administrativa de Bogotá y representa una intervención abusiva e indebida en los asuntos locales.

2. Pierde Santos y pierde el Procurador. Solo en una republiqueta como esta andan campantes esos dos funcionarios después de violar alevemente la Constitución. Gana el Estado de Derecho, gana la ley que se hace respetar, ganamos los más de 700 mil ciudadanos a quienes se nos había anulado de facto el voto, gana el Tribunal que prueba ser una de las reservas morales del país.

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