En la versión anterior de la reforma constitucional se establecía que para que entrara a funcionar la reforma, se requería una ley estatutaria que le reglamentaria. Ese requisito desapareció y ahora se puede regular mediante una ley ordinaria, que aunque requiere los mismos debates en el Congreso, no debe ser revisada por la Corte Constitucional antes de que tenga efectos. La ley ordinaria también exige menos votos en el Senado (mayoría simple) para ser aprobada y por tanto, un trámite más rápido.

El año pasado ese trámite permitió que el proyecto de ley estatutaria, que tenía grandes grietas, terminara ajustado para evitar que los llamados falsos positivos terminaran en la justicia penal militar.

El nuevo cambio también permite ganar tiempo: en lugar de esperar a la aprobación del acto legislativo para presentar el proyecto de ley, esta vez el Ministerio va a tramitar las dos normas simultáneamente. Y solo requiere una mayoría ordinaria, no una especial como la estatutaria, algo clave cuando las mayorías del Gobierno en el Senado están tan apretadas.

Por eso, Pinzón presentó casi el mismo articulado que se cayó en la Corte en diciembre de 2012. “No vamos a ser tan bobos de volver a abrir debates que ya se dieron”, le dijo a La Silla, María Consuelo Rodríguez, Secretaria del gabinete del Ministerio.

La reforma que tumbó la Corte Constitucional establecía una comisión de coordinación para definir qué pasaría con los casos dudosos, en la que había presencia paritaria de la justicia penal militar y de la ordinaria.

Al eliminarla, el procedimiento para esos casos se debe definir en la ley ordinaria. Y el proyecto que presentó el Ministerio esta semana no define un procedimiento que lo reemplace.

La idea de eliminarlo fue depurar el proyecto de ley para no hacerlo tan complejo -y agilizar su trámite- y por ahora, en el Ministerio de Defensa no tienen en mente volverlo a presentar.

Eso mantendría (por ahora y si la reforma de equilibrio de poderes no cambia esa regla) en manos de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que ya ha mostrado que puede inclinarse tanto a enviar esos casos a la jurisdicción ordinaria como a hacerlo a la penal militar.

La reforma presentada esta semana establece una garantía mínima de independencia de la justicia penal militar, pero menor que la de la reforma de 2012.

Ya no se garantiza que la estructura esté aparte ni que tenga una carrera propia. Es decir, el ascenso de un juez penal seguirá dependiendo de los mecanismos de ascenso normales en las Fuerzas, en los que los superiores toman las decisiones.

Eso deja a los jueces penales sujetos a la evaluación de sus superiores para seguir ascendiendo, algo que el proyecto de ley ordinaria no corrige, pues no crea una carrera paralela.

De nuevo, ese punto quedó en manos del proyecto de ley de reestructuración de la justicia penal militar, que sí retoma las banderas de la independencia con un sistema de carrera propio, la creación de una entidad separada de las Fuerzas (con lo que la contratación ya no depende del resto de los militares) y la creación de un cuerpo de jueces militares aparte, que ascienden como jueces y cuyas evaluaciones no dependen de los demás militares.

Pero ese proyecto tiene huecos: por ejemplo, un militar puede ascender en otras ramas, pasar a hacer parte del cuerpo de jueces y devolverse, aunque solo puede dar ese salto una vez.

El riesgo es que esa independencia no queda garantizada en la Constitución y por eso, si ese proyecto cambia, se hunde o es modificado en el futuro, la justicia penal militar podría perder esa independencia.

Este fondo se creó por medio de una ley de fines del año pasado y ya está funcionando.

Los casos que reciben financiación del fondo son definidos por un Comité “de lujo”, según Rodríguez, que está integrado por el Ministro de Defensa, los altos mandos militares y tres asesores externos: los prestigiosos abogados Jaime Córdoba, Ricardo Calvete y Juan Manuel Prieto.

Como la reforma ya no establece dónde deben quedar detenidos preventivamente los militares, queda abierta la puerta para que lo hagan en las guarniciones militares, en las que se han cometido los abusos que ha denunciado Semana.

El proyecto de ley ordinaria no toca el punto y la razón, según fuentes del Ministerio de Defensa, es que eso ya quedó incorporado en el Código Penitenciario Ordinario que se aprobó el año pasado.

Al igual que en la reforma aprobada hace dos años, este parágrafo busca dejar claro que los casos de ‘falsos positivos’ que están en la justicia ordinaria deben quedarse ahí.

Pero, como demostró la llamada ‘doctrina Villarraga’ que ganó algunas peleas en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, eso no está definido. El ex magistrado de esa sala Henry Villarraga fue ponente de varios fallos que argumentan que por motivo de la reforma los casos dudosos ya no irían a la justicia ordinaria sino a la penal militar.

Como el nuevo proyecto no cambia la redacción de este parágrafo, se mantiene la posibilidad de que esa doctrina coja fuerza.

El eliminar la creación del Tribunal de Garantías, en el que había cuatro magistrados elegidos por los jueces ordinarios, se cierra la puerta a la injerencia de la justicia ordinaria en la penal militar.

Aunque el proyecto de ley de reestructuración de la justicia penal militar pone al presidente de la Corte Suprema a participar del consejo directivo de la nueva entidad encargada de la justicia penal militar, no tiene las atribuciones que tenía el Tribunal de Garantías.

Por ahora, como con la comisión, el Gobierno no está pensando en este tema. De hecho, fuentes del Ministerio de Defensa le dijeron a La Silla que lo máximo que se podría avanzar en este tema es si el Fiscal General desarrolla su propuesta del Tribunal de Aforados, donde según ellos, podrían caber militares.