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Martes Septiembre 17, 2019

 

En los últimos días han salido de la cárcel varios de los implicados en el escándalo de Agro Ingreso Seguro por cuenta de la lentitud en el inicio del juicio. Los titulares han dicho que la Fiscalía dejó vencer los términos y por eso se ha generado un debate sobre la rigurosidad con que los ex funcionarios del Ministerio de Agricultura habían sido llamados a juicio. Pero el proceso no está demorado por causa de la Fiscalía, sino por la dificultad de la defensa en conseguir pruebas.

A través de decenas de derechos de petición, los implicados han solicitado al Ministerio de Agricultura y a otras entidades documentos que creen necesarios para defenderse. Como las respuestas a los derechos de petición no han terminado de llegar, se sienten sin elementos suficientes para defenderse. Lo paradójico es que la lentitud del Ministerio de Agricultura, que critican porque los deja con menos herramientas de defensa, les ha servido para salir de la cárcel.

Los procesos penales empezaron ya hace varios meses. En abril, la Fiscalía le imputó cargos a Camila Reyes del Toro, ex directora de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura y a los ex jefes jurídicos Óskar Schroeder y Tulia Eugenia Méndez por el delito de peculado a favor de terceros y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. Al ex Viceministro, Juan Camilo Salazar, también le imputó interés indebido en la celebración de contratos. En esa ocasión, el juez de control de garantías rechazó los cargos por peculado, pero, para avalar la detención preventiva, aceptó el delito de contratación indebida para todos y el de interés indebido para Salazar.

En la audiencia de imputación, el juez también aceptó la argumentación de la Fiscalía según la cual eran un peligro para la sociedad y los mandó preventivamente a la cárcel. Y aunque los acusados apelaron esa decisión, perdieron en segunda instancia y siguieron detenidos.

Unos días más tarde, otra juez tomó la misma decisión contra Juan David Ortega, ex Secretario General del Ministerio de Agricultura. De nuevo las apelaciones fueron infructuosas.

El ex viceministro Juan Camilo Salazar sigue en la cárcel. Aunque solicitó la libertad, un juez se la negó.
El ex secretario general del Ministerio de Agricultura Juan David Ortega obtuvo su libertad el martes pasado.
El ex Ministro Andrés Felipe Arias lleva poco más de un mes detenido por Agro Ingreso Seguro. Lo que ocurra en estos procesos puede tener repercusiones en el suyo.

Pero en los últimos días (y a cuentagotas) estos ex funcionarios han ido recuperando la libertad. El 18 de agosto salió en libertad Reyes y al día siguiente lo hizo Schroeder. Este martes fue el turno de Ortega. En los tres casos salieron porque habían pasado más de 90 días desde que se radicaron los escritos de acusación y aún no se ha realizado la primera audiencia del juicio en su contra, por lo que se habían vencidos los términos.

Aunque Méndez y Salazar alegaron lo mismo, la semana pasada, cuando llevaban 112 días detenidos, un juez les negó la solicitud de libertad, pues argumentó que la demora se debe a la complejidad del proceso.

Con esto se prueba que además de los argumentos, la suerte de la libertad también está el tipo de juez a quien le corresponda estudiar el caso.

Las razones de la demora

El vencimiento de términos se debe a las dificultades de la defensa en poder presentar sus pruebas. Y es que, mientras no las presente, no se puede iniciar al juicio, para el cual hay un plazo de 90 días a partir de cuando se radicó el escrito de acusación, que en este caso fue el 5 de mayo. La idea es que los acusados no estén ilimitadamente en la cárcel sin que lleguen a juicio.

Después de la audiencia de acusación, lo que viene en el proceso penal es una audiencia preparatoria en la que las dos partes deben enunciar todas las pruebas que van a llevar al juicio. Y para el caso de estos funcionarios, la audiencia, que inicialmente estaba citada para el 18 de junio, se aplazó un mes porque la defensa no había alcanzado a recopilar todas esas pruebas.

El 18 de julio, cuando se encontraron, la defensa indicó que no le habían respondido los derechos de petición que había presentado en varias entidades y también dijo que esas respuestas eran parte de sus pruebas.

Esto ocurrió, de nuevo, el 8 de agosto, por lo que se aplazó la audiencia preparatoria de nuevo, hasta el 6 de septiembre.

El problema para la Fiscalía es que, con esos aplazamientos, pasaron los 90 días. Y por ello los defensores de los implicados empezaron a solicitar audiencias para que les concedieran la libertad y por eso han salido Schroeder, Reyes y Ortega.

Méndez y Salazar no obtuvieron su libertad porque la regla de los 90 días tiene dos excepciones. No aplica cuando la defensa ha realizado maniobras dilatorias, ni cuando hay una causa razonable que explique la demora.

La pregunta es si la solicitud de las pruebas por los derechos de petición es una maniobra dilatoria (todos los jueces han dicho que no), o si hay una causa razonable para la demora. En el caso de Méndez y Salazar, para el juez sí había una causa razonable para mantenerlos detenidos después de los 90 días, porque la demora en la respuesta a los derechos de petición no ha sido causada por la justicia. En los otros casos, los jueces entendieron que esa demora no era una causa razonable para tenerlos detenidos porque no era culpa de los exfuncionarios y eran documentos necesarios para defenderse. Es decir, el tema no es claro para los mismos jueces.

Además de confuso, el problema sigue sin resolverse. La libertad de los acusados sigue en el aire, porque todas las decisiones han sido apeladas. En el caso de Méndez y Salazar, por la defensa y por la Procuraduría, que alegan que no hay causa razonable para que la detención dure tanto; y en los de Schroeder, Reyes y Ortega, por la Fiscalía, que alega que la demora en responder los derechos de petición no es su responsabildiad y los acusados siguen siendo peligrosos para la sociedad.

El lío de los derechos de petición

El problema con los derechos de petición no es nuevo en el proceso. En la fallida audiencia del 18 de julio, el juez le solicitó al representante del Ministerio, que hace parte del proceso como víctima, que ayudara a tramitarlos. Pero hasta hoy persisten las dificultades.

El Ministerio acepta que el proceso ha sido lento, pero dice que esa lentitud no ha sido deliberada. Un comunicado de prensa del 8 de agosto explica que había recibido 57 derechos de petición; que los interesados solicitaron tantos documentos que tienen que pagar más de un millón y medio de pesos en más de 40 mil fotocopias; que han pedido documentos que ya están en el archivo muerto porque tienen más de veinte años de antigüedad. En suma, que el proceso ha sido lento porque es dispendioso, hasta el punto que el Ministerio tiene 12 personas dedicadas únicamente a responderlos.

La defensa, por su parte, alega que el derecho de petición es un derecho fundamental, que además en este caso está atado a su derecho a la defensa. Este argumento, que presentó inicialmente la Procuraduría, fue aceptado por los jueces de Schroeder y de Ortega, cuando los dejaron en libertad. Y que esta demora limita su tiempo para estudiar los documentos y defenderse. Aunque, a la vez, es la que les ha permitido solicitar (y en tres casos obtener) la libertad.

El debate ha llegado hasta el punto que en la fracasada audiencia del 8 de agosto, el juez pidió investigar si los funcionarios del Ministerio de Agricultura encargados de responder los derechos de petición han dilatado las respuestas.

En todo caso, el proceso no podrá avanzar sino cuando la defensa pueda presentar todas las pruebas que piensa usar en el juicio. La pregunta es cuándo será eso.

Lo que viene

Lo que se espera en los próximos días es que el Ministerio responda todos los derechos de petición y la defensa de los cinco funcionarios pueda revisarlos y con eso se logre evacuar la audiencia preparatoria e ir a juicio. Y una vez se llegue a la audiencia de juicio, los funcionarios que sigan detenidos ya no podrán alegar vencimiento de términos para salir libres.

Por eso, para la defensa es deseable obtener la libertad de todos antes de llegar hasta la audiencia de juicio, que es uno de los motivos por lo que algunos los acusan de dilación. Pero, como ya aceptaron los jueces en las solicitudes de libertad, no hay ninguna prueba de que los exfuncionarios estén haciendo alguna maniobra dilatoria.

En el juicio, además de las toneladas de documentos que ha presentado la Fiscalía y las que seguramente utilizará la defensa, entrará a jugar un testimonio clave.

El martes se supo que otro de los vinculados al escándalo, Javier Romero Mercado, finalmente va a colaborar con la Fiscalía. Y ese es un avance que estaba esperando la entidad y que puede cambiar el desarrollo del juicio.

Romero fue director de Desarrollo Rural del Ministerio y en ese cargo fue interventor de los proyectos de riego y drenaje de AIS. Es decir, era el encargado de revisar el programa que más dinero entregó y en el que las familias Vives, Lacouture y Dávila fraccionaron predios.

La colaboración de Romero ya recibió el visto bueno de un juez y con eso se convierte en testigo de la Fiscalía. Un testigo que, además, puede ayudar a desenredar el tema de la contratación directa con el IICA y el de la fragmentación de los predios en la Costa.

Pero esta no es una sorpresa: Romero y la Fiscalía negociaron el principio de oportunidad hace meses, y el testimonio de Romero está entre las pruebas que la Fiscalía ya manifestó que tiene de su lado, según le dijo el fiscal Martín Moreno a La Silla Vacía.

Como la Fiscalía ya destapó sus cartas, en la medida en que ya dio a conocer qué pruebas tiene, el camino de los procesos de los cinco funcionarios parece claro. Lo que sigue en juego son las herramientas para su defensa y, antes de eso, su libertad. Y, con todo eso, el futuro jurídico del ex ministro Andrés Felipe Arias y de otras personas vinculadas al escándalo.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Vie, 2011-09-09 14:41

En nuestro país estamos rodeados de leyes que mejor llamaría "Sofismas", que distraen la atención de los colombianos con aquello de : Detenidos, investigados, inhabilitados por 10, 15, 18, 20, años. Y luego: Absueltos por falta de pruebas, por términos, por cualquier motivo. Y los pícaros hampones...felices..!!! Ahora sí, a disfrutar de lo que nos robamos, lejos de este país de ignorantes y tontos. Qué sucederá con Andrés Felipe Arias y con Andrés Fernández, esto sin contar con Andrés Uriel Gallego Henao, será que se van a disfrutar a SAN ANDRÉS... Amanecerá y veremos dijo el ciego.,..!

Dom, 2011-09-04 21:08

Sr Lewin todo este sistema de la justicia colombiana es aprobado por el congreso de la Republica,quienes a su vez son los que recomiendan a la mayoria de los funcionarios publicos para que desde estas entidades les paguen el favor de ubicarlos y a su vez es la manera de enriquecerse de una manera facil;despues montan el ''show'' de las detenciones,unos van a sus casas a pagar las condenas,despues por vencimiento de terminos quedan libres,y al cabo del tiempo pagan o poco tiempo de carcel o quedan libres para disfrutar de las toneladas de millones que se "robaron",del erario publico."Pobre los Colombianos de a pie" que somos la mayoria de este querido pais.

Dom, 2011-09-04 08:34

El perseguido estrella se llama andres felipe arias, se le sindica de pedulado por apropiación en beneficio de terceros, en español, pagço doblemente un contrato a iica.
sera que recaudar las pruebas de un pago demora mas de un día de auditoria. si se hizo elpago estoy seguro que ya lo tiene la fiscalía.
podrá andres felipe arias interrumpir el desarrollo de la justicia si ya tienen la prueba reina que joderá al rey de los perseguidos.
será que a los que estan dejando libres es por que no les encuentran nada y eso da pena tantyo escandlalo para nada.
será que tiene razon uribe cuando habla de falsos positivos en la justicia.

Sáb, 2011-09-03 12:56

ahí esta pintada la porquería de sistema judicial que hay en Colombia ... nadie cree en ella ... solo creen en ella los políticos corruptos que saben como manipularla ... Y COMO SIEMPRE LOS LADRONES CON PLATA Y EN A CALLE .....

Vie, 2011-09-02 23:25

Se equivoca el artículo al asegurar que primera audiencia preparatoria estaba programada para el 18 de junio, y deja la impresión que han habido 3 aplazamientos cuando en realidad, la 1era audiencia estaba programada para el 18 de julio. Aplazada en el entendido de no haberse instalado, pues el Juez por propia iniciativa así lo hizo. El 8 de agosto, al no haber el Ministerio respondido todo lo que se le solicitó, el juez decide nuevamente aplazar, esta vez ordenando compulsar copias para que se investigue a los funcionarios del ministerio actual encargados de responder y que no lo hicieron.

Vie, 2011-09-02 17:04

NOO, eso es inadmisible, no tiene razon de ser, ni razon de justicia. Yo no puedo concibir que las leyes en Colombia esten echas al acomodo de algunos que las legislan y. no en favor de la justicia y el orden. O sea que los mismos congresitas votan y hacen las leyes a su convenio y no al convenio y los intereses de toda nuestra sosiedad la cual nos conllevaria a crear una mejor y buena democracia para todos. Una ley donde ningun delincuente pueda burlarse de Colombia entera, si no, donde este sea escarmetado y reprendido, y encaminado al arrepentimiento sincero y luego a una reinvindicacion con la sociedad. Una ley donde a nadie le quede ganas de volver a infringirla ni a quebrantarla. !Claro, esta muy claro para mi, si un juicio vence los terminos del tiempo estipulado en nuestra constitucion obsoleta, el delicuente queda libre de toda culpa. Acto seguido el delincuente queda a sus anchas para disfrutar de el botin con todos sus compinches, por que aqui no ha pasado nada.

Vie, 2011-09-02 12:38

Precisamente, la ley esta calculada para que suceda este tipo de casos, por lo general las defensas buscan vencimiento de términos cuando el acusado es CULPABLE, pues no hay nada más que argumentar. Si la Fiscalía tiene pruebas deberia condenar al delincuente y más aún cuando en ese periodo de tiempo que se da para que los acusados se defiendan no lo hacen, que mas espera la fiscalia, por favor.....es un hecho si no tiene pruebas de los contratario a lo que dice la fiscalia es CULPABLE. Pero más allá de este tema en la reforma a la justicia lo único que se dice es que se van a ampliar los plazos de 90 a 120 dias para que las personas presente pruebas en su defensa, en lugar de decir, si el personaje en este tiempo no presente pruebas es definitivamente CULPABLE, de esta manera la defensa se tendría que mover y trabajar rapidamente y la fiscalia seria mas competente

Vie, 2011-09-02 23:31

la libertad por vencimiento de términos no es un indicio de culpabilidad. Es en esencia una garantía del derecho a la libertad. Para que un juez otorgue la libertad por vencimiento de términos el primer requisito que DEBE DEMOSTRARSE es que NO HAY ACCIONES DILATORIAS POR PARTE DE LA DEFENSA. Las medidas de aseguramiento deben dictarse en casos EXCEPCIONALES, y aun cuando una persona, cualquiera que esta sea, este cobijado con medida de aseguramiento, está así mismo cobijado por la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Hasta que no sea vencido en juicio no se puede asegurar, de manera irresponsable que alguien es CULPABLE, a no ser que haya sido cogido en flagrancia, que no es este caso

Vie, 2011-09-02 15:17

Señora... la Fiscalia no condena ni absuelve. Presenta cargos y si son lo suficientemente sólidos, luego de la presentación de los argumentos tanto de fiscalia como del defensor el Juez determina la razonabilidad de lo argumentado y absuelve o condena. Usted no conoce el interior de los procesos y si los argumentos de la fiscalía son tan sólidos debe impulsar el juicio para obtener los resultados que espera. Si sus argumentos son debiles o no los tiene, no está interesada en impulsar el juicio y busca dilatar en el tiempo su realización en espera de consolidar su caso y que este no fracase.

Vie, 2011-09-02 12:04

nos qiedaremos con los crespos hechos??,otra ves en procesos de tanta importancia? O havra q esperar 20 años como el casogalan oara que se vena resultados.pero si aca no hay leza humanidad entonces esta platica se perdera??

Vie, 2011-09-02 10:51

Ojala esas joyitas que sabían bien lo que estaban haciendo y actuaron felices los cndeneen a muchos años en la GUANDOCA.

Dom, 2011-09-04 18:19

Los exfuncionarios acusados tienen que pagar esas fotocopias. Los funcionarios que tienen que tramitar los derechos de petición los pagamos los contribuyentes, pero ese es un derecho fundamental, poder solicitarle al Estado que responda las preguntas de los ciudadanos, y más si de eso depende la libertad de un exfuncionario que puede ser culpable pero que también puede ser inocente.

Vie, 2011-09-02 11:47

yiojans, en la nueva ley de seguridad ciudadana ese plazo se aumenta a 120 días. Aunque eso no soluciona el problema de raíz, sí puede ayudar. No son situaciones fáciles de prever. En cuanto al costo de los derechos de petición, cuando las fotocopias son muchas es el solicitante el que debe pagar, pero el tiempo de los funcionarios sí lo asume la entidad. En este caso, los acusados deben pagar las fotocopias, pero los 12 funcionarios sí los pone el Ministerio.

Saludos.

Vie, 2011-09-02 07:09

Juan Esteban cree en lo que está escribiendo? Es el argumento de siempre...Con lo que sí estoy de acuerdo es que aquí la suerte es definitiva. Unos jueces condicionados a sus patrones(superiores) no dudan en encarcelar a los exfuncionarios de Uribe. Los que no tienen esa condición actuan con los códigos en el escritorio bien abiertos y estudiados. Es increible que afirmé que la demora en el juicio se debe a las dificultades de la defensa en armar su caso. Estaría, si fuera objetivo el escribidor, en afirmar que tales dificultades están basadas en el obstaculo que pone los nuevos funcionarios dirigidos por el candidato fracasado y fustrado del partido conservador en las elecciones del año 2002, en lo cierto. Lo demás es acomodar los hecho a su sentimiento.

Vie, 2011-09-02 08:13

efeserna, no tengo elementos de juicio suficientes para acusar a los funcionarios del Ministerio de dilatar voluntariamente la respuesta a los derechos de petición. Sé, por experiencia propia, que a veces los derechos de petición se demoran meses, lo que es ilegal e inconstitucional. También sé que las entidades a veces se ven a gatas para responder los derechos de petición, cuando son muchos, muy complejos o muy dispendiosos de responder. Si hay pruebas de que Juan Camilo Restrepo dio la orden de no responder a los derechos de petición, no dudaría en señalarlo.

Pero, más allá de eso, sí es paradójico que esa demora, que efectivamente afecta las posibilidades de la defensa, también ha permitido a tres de los funcionarios recuperar su libertad.

Saludos,

Vie, 2011-09-02 10:26

Paradójico de pronto, tal vez por eso después de la primera libertad, en las siguientes audiencias el apoderado del Ministerio ha salido a coadyuvar enfáticamente la posición de la Fiscalía de mantener bajo medida de aseguramiento preventiva a los funcionarios. Será que el apoderado actúa de esa manera por propia iniciativa o le han ordenado eso?

Vie, 2011-09-02 07:10

De todos modos, lo evidente fue que en el caso de AIS, los dineros públicos o subsidios, destinados a los campesinos se les concedieron a personas solventes, a grandes terratenientes, quienes a no dudarlo son o fueron amigos, trabajaron para unos personajes que en Colombia pueden estar incursos en las conductas éticas más censurables y sus conductas asociadas a los homicidios más execrables y, sin embargo, esos malos colombianos son intocables.
Los fiscales y jueces en Colombia se arrodillan ante lo avasallador del poder cuasi-imperial de los altos funcionarios del Ejecutivo. Y los casos se resuelven y se corre a atenderlos o a emitir declaraciones los jefes de los entes competentes al unísono de las noticias que difunden los medios de comunicación, quienes han jugado un papel importantísimo en mover ese gran elefante, como siempre paquidérmico del poder judicial. Que igualmente está solícito a cometer injusticias con el más debil.

Vie, 2011-09-02 06:59

En el caso de los funcionarios de tercer nivel y otros, detenidos por el caso de AGRO INGRESO SEGURO(AIS) se perciben varias situaciones. La no existencia de un sistema jurídico coherente. Un juez, siendo el caso el mismo, toma una determinación, otro determina otra decisión. El segundo asunto es que primero se les dicta medida de aseguramiento a quienes en un Ministerio tienen menos responsabilidad que el Titular del mismo, quien está en cárcel de lujo. Con todas las comodidades que no tienen otros presos.
Lo del vencimiento de términos muestra una falencia sustancial del sistema judicial y en especial, del ente acusador en Colombia: las medidas de aseguramiento sin tener fuertes indicios de la comisión de delitos que no son excarcelables. Lo justo es que si bien a un implicado o a personas presuntamente involucradas debe exigírseles la comparecencia ante los despachos judiciales no deben dictársele medidas de aseguramiento hasta tanto no se tengan sólidos indicios.

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