Si renuncian todos los magistrados de la Corte, alguien tiene que reemplazarlos. Primero serían reemplazos temporales, nombrados por los magistrados que renuncian; luego llegarían sus reemplazos definitivos, elegidos con el mismo mecanismo con el que llegaron los actuales.

"Nada asegura que la salida implique una mejor situación que la actual", explica César Caballero, analista político y blogger de La Silla, en su respuesta a La Movida de esta semana. "Eso no asegura que no se vayan a repetir las mismas situaciones, o incluso peores" dice Gonzalo Ramírez Cleves, profesor de Derecho Constitucional del Externado.

Inicialmente, según Semana, los magistrados salientes “tendrían el compromiso –e incluso los incentivos– de escoger como su remplazo a grandes juristas”. Aunque Semana no explica cuál sería el compromiso ni el incentivo (dado que los acaban de echar), sí es probable que lleguen abogados que conocen bien la Corte. Aunque no necesariamente las "estrellas" en las que seguramente está pensando la revista dado que constitucionalistas prestigiosos como Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, el ex magistrado auxiliar Rodolfo Arango o la ex relatora de libertad de expresión Catalina Botero, por ejemplo, muy probablemente no pueden suspender sus labores de un día para otro para dedicarse a la Corte por cuatro meses.

Por eso la costumbre en la Corte, donde la elección de reemplazos es algo que ocurre con frecuencia, es elegir a personas que vienen de adentro, que tienen una larga trayectoria allí y conocen su jurisprudencia, lo que ha llevado a que las transiciones sean suaves. De hecho, uno de los nueve puestos, que está vacante, está actualmente en manos de la secretaria de la Corte, Martha Sáchica, en calidad de encargada.

En todo caso, eso solo sería temporal. Luego Juan Manuel Santos, el Consejo de Estado y la Corte Suprema tendrían que armar tres ternas cada uno, siguiendo con la lógica de Semana. Eso es lo mismo que han hecho hasta ahora y que ha llevado a la Corte a magistrados tan cuestionados como Jorge Pretelt o Alberto Rojas (quien además en este momento está cerca de ser ternado de nuevo por el Consejo de Estado).

“Quienes tienen la facultad de nominar –el presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema– deberían comprometerse también con elegir a los mejores juristas, con sentido histórico”, dice Semana. Lo que no es claro es por qué esta vez llegarían personas con calidades diferentes a las actuales cuando el mecanismo para elegirlos se mantiene igual.

"Si renuncian todos ¿qué?" dice Carolina Villadiego, investigadora de Dejusticia.

Una renuncia en bloque de los demás magistrados es un golpe mediático sin precedentes pero no resuelve necesariamente el asunto de la continuidad de Jorge Pretelt ¿Será que el magistrado sí renunciaría si lo hacen sus compañeros? No es posible saberlo de antemano y la propuesta podría terminar en que la Corte se quede solo con el magistrado de quien se sospecha que supuestamente vendió un fallo de tutela y sin los otros que en todo caso fallaron en contra esa tutela.

Una renuncia de todos los magistrados le daría al Gobierno la posibilidad de tener una influencia enorme en la Corte: nombraría en los próximos meses a tres de sus magistrados. Es algo que solo ha hecho de un golpe el gobierno Gaviria cuando nació la Corte. Como los períodos de la Corte son de 9 años, los miembros de la Corte ternados por el Presidente no necesariamente coinciden todos con el que los nominó lo que es una garantía adicional para su independencia.

Además, como dejaría intacta la participación del Consejo de Estado y la Corte Suprema en el nombramiento de los otros seis magistrados, las actuales mayorías de esas cortes tendrían una palomita similar. Y eso podría darle aún más juego a Santos porque como el futuro de todas las Altas Cortes se está jugando en este momento en el Congreso en la reforma de equilibrio de poderes, sus magistrados tienen un incentivo extra para quedar bien con el Gobierno (que maneja las mayorías en el Congreso).

Con el Gobierno interesado en que la Corte le facilite el camino a un eventual Acuerdo Final en La Habana, con las mayorías del Senado alineadas con Santos y con las otras dos Altas Cortes pendientes de su futuro en el Congreso, la renuncia masiva le dejaría a Santos en bandeja de plata la posibilidad de intervenir fuertemente en la composición de la Corte, lo que le podría restar independencia. Eso sería una victoria para el Gobierno (donde desde antes de que se publicara el artículo de Semana ya se estaba elucubrando si la renuncia masiva sería la solución) aún mayor que si renuncia Pretelt.

La propuesta de Semana podría cortar de tajo el proyecto de reforma al reglamento de la Corte que ésta inició la semana antepasada, pues con los magistrados interinos difícilmente tendrían la legitimidad para cambiar el reglamento y no hay garantía de que los nuevos elegidos la mantengan.

La reforma hasta ahora está arrancando pero tiene un norte claro como ha explicado su presidente, la magistrada María Victoria Calle: hacer más transparente la manera en la que se seleccionan las tutelas, que es donde existe el mayor riesgo de corrupción.

La Corte también tomó decisiones inmediatas para lograr ese fin, como sortear públicamente los ponentes de las tutelas o invitar al defensor delegado para asuntos constitucionales y al Procurador delegado del área a las salas en las que se seleccionan las tutelas, algo que ya se hizo la semana pasada y que ha sido bienvenida por académicos como Gonzalo Ramírez en una columna en Ámbito Jurídico o como el ex magistrado Carlos Gaviria.

Eso muestra que el escándalo Pretelt ha activado los anticuerpos de la Corte. Una renuncia masiva puede poner en suspenso e incluso acabar con esa reacción, que muestra que la Corte tiene la capacidad de autoreformarse.

Una cosa es que las personas renuncien de manera espontánea y otra que “los renuncie” la presión política y mediática. Si en el primer caso la renuncia podría haber tenido un efecto simbólico grande, en el segundo se corre el riesgo de parecer más una sanción que un acto de dignidad, y por eso poner a todos a renunciar al tiempo termina haciendo pagar a todos por igual. "Eso pondría a pagar a justos por pecadores", dice alguien que conoce la corte por dentro. 

Y es que los nueve magistrados actuales están en posiciones diferentes. Pretelt tiene una acusación por cobrar a cambio de un fallo de tutela y otra por tráfico de influencias. En su defensa en la W, Pretelt intentó enlodar a los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio acusándolos de haber hecho lobby para colocar parientes en la Procuraduría y Fiscalía. Incluso si estos nombramientos se dieron (como en el caso de la esposa del magistrado Vargas, Sartih Alexandra Mesa, en la Procuraduría), como dijo una fuente "Lo fundamental es que el país defina, en los próximos días, si va a distinguir entre pagar por un fallo de tutela y conseguir un nombramiento para alguien".

Mientras tanto, los otros magistrados (Luis Guillermo Guerrero, Mauricio González, María Victoria Calle y Martha Sáchica, que está solo encargada del despacho) no han sido objeto de ningún reparo hasta el momento. Como dice César Caballero en su respuesta a La Movida de esta semana, "varios de los actuales Magistrados son personas merecedoras de toda la confianza".

Tampoco lo han sido las decenas de abogados que trabajan allá como magistrados auxiliares o asistentes, muchos de ellos desde hace muchos años, que son el esqueleto de la Corte y quienes terminarían trabajando para unos magistrados en la interinidad y para una Corte deslegitimada.

La Corte actual, que empezó en 2009 cuando cambiaron siete de los nueve magistrados, ha tomado decisiones importantes que, al exigir la renuncia de todos sus integrantes, pasan desapercibidas. "Aunque hay miles de problemas, esto desconoce lo que ha hecho la Corte y, en general, toda la justicia," dice Villadiego. En esa misma posición coinciden cinco funcionarios de la Corte con los que habló La Silla y que prefirieron no revelar su identidad por la tensa situación que se vive en la Corte.

Esta Corte, por ejemplo, hundió el referendo que habría permitido la segunda reelección presidencial, aplicando la teoría de la sustitución de la Constitución; a través de sentencias como la de matrimonio igualitario o la que impide pedirle la libreta militar a un transgénero, avanzó en la defensa de los derechos de la población Lgbti; impulsó la defensa del derecho a la salud cuando revisó la ley estatutaria de salud; obligó a que el Procurador hiciera un concurso para proveer los centenares de cargos muy bien remunerados que son su poder burocrático; o la que le dio más dientes a la consulta previa para defender la autonomía de los indígenas y los afro.

Pero si se aplica el mismo criterio a las demás cortes, básicamente tendría que renunciar en pleno la cúpula de la justicia, pues escándalos similares han ocurrido en la Corte Suprema, en el Consejo de Estado y en el Consejo Superior de la Judicatura. "Primero tendrían que renuncuar los del Consejo Superior de la Judicatura que son los que estropearon todo", dice un ex magistrado auxiliar de la Constitucional.

Actualmente está en proceso la elección de un magistrado para ocupar la silla que tuvo el polémico y destituído Alberto Rojas y en octubre se termina el período de Mauricio González. Además, en 2017 terminan su período cuatro magistrados (Pretelt, Vargas, Mendoza y Calle), lo que quiere decir que en los próximos dos años se renovará más de la mitad de la Corte.

Ese plazo de dos años deja margen para discutir una reforma sobre la manera de elegirlos, y por lo tanto tener una Corte renovada, y tiempo para que haya una veeduría ciudadana mucho más amplia, como explican dos funcionarios de la Corte. "El proceso actual es positivo en la medida en que es público" explica una persona que conoce la Corte por dentro. "Lo ideal sería, quizás, que hubiera más publicidad y veeduría, pero eso se puede hacer dentro del proceso actual. Lo fundamental es no hacer un cambio que termine en un retroceso al hacerlo menos transparente".