El ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias está recluido en la Escuela de Caballería desde el 26 de julio, esperando el juicio en su contra que será adelantado por la Corte Suprema de Justicia. Arias fue acusado por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales por las irregularidades en el programa de Agro Ingreso Seguro.

La audiencia preparatoria, que es donde los jueces deciden quiénes podrán ser víctimas y acreditan a los abogados, estaba programada para comienzos de diciembre pero por solicitud de los abogados de Arias, que dijeron que no habían terminado de recopilar todas las pruebas para poder defenderlo con efectividad, la Corte Suprema de Justicia accedió a aplazarla. La nueva cita fue fijada para el 16 de enero próximo.

El proceso penal sólo fue una parte de lo que tuvo que asumir el ex ministro Arias durante 2011. Un par de semana antes de irse a la cárcel,  la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 16 años porque consideró que había fallado como funcionario público en la estructuración y ejecución del programa AIS y el 13 de diciembre ratificó la decisión para la que no existen más recursos. Todavía le queda esperar los resultados de las indagaciones de la Contraloría por detrimento fiscal.

La investigación que la Fiscalía adelanta contra el ex secretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, por la visita de alias Job al Palacio de Nariño, no ha tenido mayores avances. Aún está en etapa preliminar.
En abril fue mencionado por cuenta del escándalo de los primos Nule, pues los contratistas lo visitaron en el Palacio de Nariño. En ese momento se revelaron algunas conversaciones según las cuales supuestamente Del Castillo usaba el alias de "El Profe" para recibir 105 millones de pesos de los Nule y después se comprobó que hasta 2005 fue socio de las esposas de dos de los primos.

En agosto, la Fiscalía citó a interrogatorio a Edmundo del Castillo por presuntas irregularidades en contratos adjudicados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aparentemente, el ex funcionario no realizó de manera diligente la interventoría a la entrega de Bienestarina y, cuando dejó de hacerlo, el contrato quedó en manos de los primos Nule.

El ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, está preso desde el 30 de julio en la Escuela de Carabineros de la Policía, porque una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá consideró que podría obstruir el proceso que la justicia adelanta en su contra dentro de la investigación por los seguimientos e interceptaciones a magistrados de la Corte Suprema, periodistas y funcionarios por parte del DAS, conocido como “chuzaDas”.

Esta audiencia fue la prueba de fuego de la fiscal Viviane Morales, quien ya el 24 de mayo había tenido que asumir que otro Magistrado no aceptara sus consideraciones y dejara libre a Moreno porque no era una amenaza para la sociedad ni para el proceso penal. Esa decisión la tomó cuando Morales le imputó cargos por concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública.

El siguiente paso fue la audiencia preparatoria del juicio que se realizó el 29 de septiembre y allí lo que se hizo fue aceptar a las víctimas y definir las pruebas que se podrán aportar en el juicio. Ese día los abogados de la defensa solicitaron un plazo amplio para preparar los argumentos. El 30 de noviembre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aceptaron una petición de aplazamiento por parte de la defensa de Moreno, con el argumento de que la Fiscalía no entregó completos los 189 mil folios con que cuenta el proceso y así era imposible armar la defensa. El juicio fue programado para el 21 de febrero de 2012.

El Tribunal Superior de Bogotá le dictó orden de captura internacional a María del Pilar Hurtado el 24 de mayo por su responsabilidad en el espionaje ilegal. Ella está asilada en Panamá desde noviembre de 2010 cuando el Gobierno panameño aceptó que ella era una perseguida política, por recomendación del ex presidente Álvaro Uribe quien reconoció abiertamente que le recomendó a su ex subalterna desplazarse a Panamá. De hecho, en julio, el ex mandatario agradeció al Gobierno del vecino país el asilo concedido.

El día de la imputación de cargos, la fiscal Viviane Morales le dijo al magistrado que la ex Directora del DAS hacía parte de una organización criminal para asediar a magistrados, a congresistas y a un periodista y desde ese momento la Cancillería anunció que había solicitado a las autoridades panameñas su captura y extradición y la Interpol Colombia solicitó la expedición de la circular roja. Pero el 26 de julio, la Oficina de asuntos jurídicos de la Secretaría General de Interpol, en Lyon (Francia), informó a las autoridades colombianas que negaba la expedición de circular roja porque no se cumplían los requisitos.

El Gobierno panameño no ha mostrado intención de entregar a Hurtado en extradición y el tema solo se revivió hace una semana cuando la revista Semana publicó unas fotografías en que la ex directora del DAS estaba en una fiesta en Panamá, el 12 de noviembre, vestida de conejita. Dos días después la Cancillería insistió ante su homólogo panameño en la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de pedir la extradición de Hurtado.

En septiembre, el ex director del DAS Jorge Noguera fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, entre otros. Noguera, que fue defendido a capa y espada por el ex presidente Álvaro Uribe, se convirtió en el primer director en la historia de ese organismo de inteligencia en ser condenado. Y la justicia logró probar que en esa primera etapa el DAS fue puesto al servicio de los paramilitares y estuvo involucrado en asesinatos de defensores de derechos humanos y sindicalistas.

Tiene pendiente la investigación que adelanta en su contra la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en los seguimientos e interceptaciones ilegales a miembros de la oposición, sindicalistas y periodistas. Supuestamente durante su gestión fue que se conformaron los primeros grupos ilegales en el interior del DAS que a la larga fueron los responsables de las chuzadas.

Apenas hace cinco días, la Fiscalía pidió investigar a Jorge Noguera por las amenazas y seguimientos a la periodista Claudia Julieta Duque y su hija. Ella fue intimidada a raíz de las investigaciones sobre la muerte del periodista y humorista Jaime Garzón.

En diciembre de 2010, el ex director del DAS, Andrés Peñate, entregó las primeras declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia que busca evaluar si el ex funcionario tuvo alguna responsabilidad en los espionajes e interceptaciones ilegales. A comienzos de 2011 trascendió que ante la Fiscalía negó cualquier responsabilidad ante los actos ilegales pero también admitió que desconocía la existencia de los grupos que se encargaron de las “chuzadas ilegales” pero que el DAS sí realizó seguimientos a algunos miembros de la oposición de manera legal.

En marzo, a raíz de unas revelaciones de Wikileaks, Andrés Peñate hizo unas declaraciones radiales en que dijo que el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria lo había presionado para que realizara seguimientos a los opositores del Gobierno aunque él nunca ordenó alguno ilegal. En los cables filtrados, Peñate le decía al ex embajador William Brownfield que José Obdulio Gaviria había presionado al DAS para espiar a los oponentes políticos del Gobierno. A raíz de esas declaraciones, la fiscal Viviane Morales pidió ampliar su interrogatorio.

Hace un par de semanas, la Procuraduría abrió otra investigación preliminar contra Peñate para establecer si él habría intervenido en los seguimientos a los congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro. Tanto Martha Leal como Germán Ospina, ambos ex funcionarios del DAS, dijeron que Peñate tuvo conocimiento de los seguimientos a los hoy ex senadores. Ya la Procuraduría había impuesto una multa de ocho meses de salario a Peñate por no denunciar las supuestas irregularidades cometidas en el DAS.

Hasta ahora, el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria no tiene ninguna investigación formal por las interceptaciones y los seguimientos ilegales realizados por el DAS. Sin embargo, hasta la Fiscalía llegó la copia de unos cables revelados por Wikileaks y que en septiembre de 2009 envió la Embajada de Estados Unidos señalando que Gaviria negaba su participación en las “chuzadas”, pero el embajador William Brownfield dudaba de la inocencia de Gaviria. La razón era que tanto el director de la Policía, Óscar Naranjo, como el ex director del DAS Andrés Peñate le comentaron por separado a Brownfield que José Obdulio Gaviria había presionado al DAS para espiar a los oponentes políticos del Gobierno.

La Fiscalía acusó por calumnia a José Obdulio Gaviria en un juicio que se adelanta en Bogotá. La Fiscalía consideró que Gaviria calumnió cuando acusó de guerrilleros a los miembros de tres sindicatos que participaron en un evento en Ecuador.

La ex congresista Yidis Medina continúa pagando la pena de 47 meses de prisión en la cárcel de El Buen Pastor. Un juez de ejecución de penas le quitó el privilegio que tenía de casa por cárcel porque supuestamente vulneró ese privilegio. Hoy en los estrados no es acusada sino víctima puesto que la Corte Suprema de Justicia la admitió en calidad de víctima en el proceso que se adelanta contra Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, en el caso de las “chuzadas”.

Pero aunque el proceso contra Yidis Medina en el tema de la reelección terminó, aún hay otros investigados. Y el principal fue el del ex presidente Álvaro Uribe que después de dos años engavetado se reinició en la Comisión de Acusaciones. Esa audiencia se realizó en el Capitolio y allí en lugar de responder los interrogantes de los investigadores, realizó una exhaustiva defensa de sus ocho años de Presidencia. Ahora, el tema no ha tenido mayores avances.

En mayo, el senador Armando Benedetti tuvo que entregar su versión sobre la "Yidispolítica" en calidad de testigo. El que sí admitió que se había reunido con Yidis Medina fue el ex ministro Diego Palacio, quien dijo que en mayo de 2004 conversaron, pero nunca se tocaron los temas de la reelección ni de los cargos. Todo esto ocurre dentro de los procesos que la Comisión de Acusaciones adelanta contra el ex presidente Álvaro Uribe y en el que la Corte Suprema intenta establecer si algún otro congresista recibió prebendas a cambio de su voto.

Los primos Miguel, Manuel y Guido Nule fueron condenados el 15 de diciembre a siete años y medio de prisión y una multa de más de diez mil millones de pesos. Se trata de la primera condena impartida a los jefes del Grupo Nule por el millonario desfalco que hicieron a Bogotá. Los primos también están siendo investigados por peculado, concierto para delinquir, cohecho, fraude procesal y falsedad en documento privado, pero esta condena cobija solo el delito de peculado por apropiación que ellos admitieron y que podría convertirse en la única pena que paguen porque en Colombia las penas no son conmutables sino que se fija en la mayor de todas.

Los Nule están presos en La Picota desde el 12 de abril. Fueron detenidos después de que regresaran al país el 4 de abril tras permanecer algunos meses en el exterior. En Estados Unidos se declararon en bancarrota. Sus testimonios llevaron a que también se tomaran decisiones sobre el ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno, quien fue suspendido de su cargo por nueve meses por la Procuraduría y está detenido en una guarnición militar a la espera de una decisión de la Fiscalía, y su hermano, el senador Iván Moreno, también preso en La Picota y a la espera de juicio.

Hace una semana la Contraloría citó a los primos Nule por las supuestas irregularidades en la concesión Bogotá-Girardot. La Contraloría citó también al alcalde de Barranquilla Alejandro Char y al ex director del Inco, Álvaro Soto. El detrimento calculado en esta concesión es de 35.227 millones.

El ex director de la DIAN, Néstor Díaz, fue absuelto por la Procuraduría en el proceso disciplinario que a él y al también ex director, Óscar Franco Charry, les iniciaron porque no cobraron adecuadamente los impuestos al Grupo Nule ni tampoco hicieron la denuncia penal sobre la deuda de los Nule que llegaba a los 37 mil millones de pesos. Para el ente disciplinario, los funcionarios no incurrieron en ninguna falta. Determinar esto llevó más de un mes de juicio disciplinario.

En esa misma época se denunció que desde que era Director de la DIAN es representante de una firma que prestaba asesorías fiscales, Díaz Familia y Compañía S en C, aunque todavía no existe alguna prueba de que en realidad esa empresa ejerza esa actividad.

Pero aún está viva en su contra una indagación preliminar en la Fiscalía por el cobro ilegal de devoluciones del IVA, que ya tiene a 15 ex funcionarios de la entidad presos. La líder de la red, Jazmín Becerra, está negociando el principio de oportunidad con la Fiscalía y anunció que sus testimonios tocarán a varios directores.