De los 11 acuerdos a los que llegó el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, con un grupo de pescadores que viven a las orillas del río Sogamoso y que perdieron la manera de asegurar su sustento tras el llenado de la represa de Hidrosogamoso, seis se quedaron en el papel.

El plantón frente a la Gobernación de Santander que durante seis meses realizaron 73 habitantes de las zonas afectadas aguas abajo de la represa, no fue suficiente para que Aguilar les cumpliera lo que firmó.

Aunque la reparación a la que el gobierno se comprometió constaba de proyectos productivos individuales, mejoramiento de vivienda y la intermediación para la entrega de un predio que Isagen dispondría para que las familias se asociaran y lo pusieran a producir, La Silla comprobó que Aguilar sacó a las comunidades del parque García Rovira pero no materializó el acuerdo que, en parte, estaba llamado a no cumplirse desde un comienzo.

Richard Aguilar subió esta imagen con afectados de Hidrosogamoso a su cuenta de twitter tres días después de que iniciaran el plantón. Cinco meses después se sentó a negociar con ellos. 

La ley no obliga a Hidrosogamoso a reubicar a las comunidades aguas abajo de la represa. 

El predio que se embolató

Luego de cinco meses de plantón, los 73 ribereños que se habían apropiado del parque García Rovira, finalmente lograron sentarse en la mesa con el gobernador Aguilar, un diputado en representación de la Asamblea, el gerente general de Isagen, Luis Fernando Rico (empresa operadora de la hidroeléctrica), el defensor del pueblo, un delegado de la Procuraduría y uno de la Alta Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia, entre otros.

En dos reuniones, una preliminar en junio 26 y una definitiva en agosto 27, se acordó que el gran compromiso de Isagen consistía en la entrega de un predio de hasta 50 hectáreas para que los afectados, luego de conformar una asociación, desarrollaran allí un proyecto productivo con ayuda del departamento.

Dicho predio sería entregado a la Gobernación, para que a su vez se lo entregara a la asociación que las comunidades conformarían.

Aunque para el 16 de octubre ya la asociación -que se bautizó Asochocas- estaba conformada y el predio ya estaba ubicado y aceptado, el ritmo de cumplimiento de los acuerdos se frenó.

Ana María Gómez, directora ambiental del proyecto Hidrosogamoso, señaló que la defensoría le informó la aceptación del predio a Isagen el 27 de octubre y aseguró que si no se había concretado el proyecto era por culpa de la Gobernación.

“La empresa está a la espera de que la Gobernación defina bajo qué figura jurídica se hará la entrega del predio y qué proyecto productivo se va a ejecutar en el mismo”, indicó.

La Silla intentó hablar con el gobernador Richard Aguilar al respecto, pero se negó a responder y le trasladó la responsabilidad a su secretario del Interior, Mario Andrés Castañeda, quien reconoció que el predio no lo va a entregar la actual administración pese al acuerdo que firmó.

Sin embargo, otro elemento, del que la administración de Richard nunca habló y que habría sido el telón de fondo del incumplimiento a los pescadores, es que dentro de su misión la Gobernación no tiene la función de intermediar la entrega de predios, lo que dejó a la voluntad política de la administración cumplir con su parte del trato.

Claudia Ortiz, líder del Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso, le dijo a La Silla que eso fue lo último que le dijeron en la Gobernación, versión que fue confirmada por el mismo secretario general de Santander, Óscar Villamizar, quien además aseguró -casi tres meses después de firmado el acuerdo con los habitantes de Hidrosogamoso- que “lo mejor” era que los pescadores recibieran el predio directamente.

Directamente, sería que Isagen le entregara el predio a Asochocas. Sin embargo, la condición tanto de la empresa como de las comunidades fue la intermediación de la Gobernación.

Tanto la representante de Isagen como el secretario del Interior le dijeron a La Silla que la semana pasada tenían programada una reunión sobre el tema que se aplazó por visitas técnicas que la ANLA hizo a la empresa y que, tentativamente, se reunirán el 10 de diciembre.

Durante el plantón, las comunidades recibieron donaciones de organizaciones y plazas de mercado para sobrevivir. (Tomada de Vanguardia Liberal)

La caracterización que hizo la Gobernación de los afectados demostró que estos vivían de la pesca y que ahora están desempleados.

¿Con qué quedaron las comunidades aguas abajo?

La Silla estuvo en los sectores de La Playa y La Cascajera, hablando con algunas de las familias que estuvieron en el plantón para saber qué pasó con ellos luego de vivir seis meses frente a la Gobernación.

“Nosotros nos fuimos al parque del desespero de no tener qué pescar, qué vender, ni a quién venderle, porque con la secada del río ya nadie viene por acá”, cuenta Cecilia, una de las habitantes del sector La Playa, jurisdicción del municipio de Betulia, donde opera la represa Hidrosogamoso desde 2014.

Ni Cecilia, ni sus vecinos en La Playa o los de los sectores El Peaje, La Cascajera y San Luis de Río Sucio, fueron beneficiarios de la reubicación de comunidades del río Sogamoso que Isagen implementó a la hora del llenado de la represa, ya que ellos se encuentran aguas abajo y la ley no los obliga a hacerlo.

Aunque sus ranchos no quedaron bajo el agua, estas comunidades sí están expuestas a los efectos que la represa tiene sobre el río y que afectan directamente su bolsillo: “antes yo compraba 500 bocachicos diarios para vender. Pero ya no sale esa cantidad de pescado del río. Los fines de semana la gente venía a bañarse y yo vendía 70, 80 almuerzos, y ahora mire esto, desolado”.

Y es que hasta los servicios de acueducto y alcantarillado desmejoraron. Según relataron los pescadores, antes tenían agua de 6 a 11 de la mañana y de 1 a 6 de la tarde, y ahora “nunca se sabe cuando hay o cuando la quitan. Ni avisan y ahora llegan los servicios más caros”.

Respecto al estado de estos servicios, La Silla le solicitó al gerente de la  Esant, Edwin Ballesteros Archila, el informe de las visitas técnicas que, según el mismo acuerdo, debían hacer para revisar el servicio de acueducto y alcantarillado y aunque afirmó que ya se habían hecho, no suministró los documentos que soportan sus afirmaciones.

Según los afectados por la represa, antes solían permanecer cerca de 30 canoas de pescadores a la orilla del río. 

Las personas afectadas dejaron de trabajar de forma independiente para ser empleados por turnos en los pocos negocios que sobreviven en el sector.

Proyectos productivos: el compromiso que nació muerto

Para verificar el cumplimiento de los proyectos, el acuerdo contemplaba unas mesas técnicas de seguimiento que debían conformarse en septiembre pero que no iniciaron sino hasta finales de octubre. A ellas no asistieron ni Isagen, ni el gobernador o su representante frente al tema y tampoco hubo representación de la Asamblea Departamental.

Así las cosas, el primer compromiso que se esfumó fue el de los proyectos productivos individuales, que desde la construcción del acuerdo estaba llamado a fracasar en vista de que uno de los requisitos para acceder a este beneficio era la tenencia de la tierra.

Según el secretario de Agricultura, Carlos Millán, la Gobernación iba a hacer beneficiarias a las 73 personas del programa Pares del Ministerio de Agricultura, pero al hacer la caracterización de las familias se dieron cuenta de que la gran mayoría no tenía terreno.

Esa falla había sido advertida desde el inicio por los mismos firmantes del acuerdo.

El diputado Carlos Alberto Morales aseguró que desde que conoció el proyecto advirtió que no iba a funcionar y en declaraciones a La Silla cuestionó la voluntad de la Gobernación.

“Tantos proyectos productivos que la Gobernación le ha entregado a campesinos que no tienen tierra ¿por qué para ellos este programa con tantos requisitos?”, aseguró.

Aún así, 11 familias consiguieron un contrato de arrendamiento para acceder al programa, pero a la fecha, aún no son beneficiarios del Pares. Igual sucede con las únicas cinco que sí eran propietarias.

Sobre el mejoramiento de vivienda en la vereda La Putana, la líder de las comunidades, Claudia Ortiz, dijo que hasta mediados de noviembre no pudieron entregar en la secretaría respectiva los certificados de sana tenencia, ya que los habitantes de esas tierras son dueños por posesión y, sin escrituras, no podían acceder al programa.

Tanto ella como los demás afectados que contaron su historia dijeron que desde un comienzo sabían que los acuerdos serían difíciles de materializar, pero que luego de seis meses viviendo en un parque frente al Palacio Amarillo para que Aguilar los ayudara el cansancio superó las expectativas.

Así volvieron a sus hogares confiando en que el acuerdo mejoraría sus condiciones de vida o que al menos volverían a ser lo que fueron antes de que se cerraran las compuertas de la represa por primera vez.

Ni lo uno ni lo otro se cumplió.