La ley de desarrollo rural, una de las más importantes que el presidente Santos quiere presentar en la próxima legislatura, está andando a paso de tortuga. Y está andando a paso de tortuga porque el Ministro Juan Camilo Restrepo no ha querido ceder a una regla informal que rige hace años para la consulta previa con las comunidades afrocolombianas pero que viola los reglamentos internos del Ministerio.

El Ministro Juan Camilo Restrepo decidió hacerse cargo de la consulta previa para presentar la ley de desarrollo rural. Este proceso debe llevarse a cabo a la perfección, ya que la última ley de desarrollo fue declarada inexequible por la Corte Constitucional por falta de consulta. Foto: Juan Pablo Pino

La regla consiste en pagar 700 mil pesos de viáticos al día y en efectivo a cada uno de los Altos Consultivos. Es decir, a los 21 representantes nacionales de las comunidades afrocolombianas con los cuales se organiza la consulta previa de leyes o macroproyectos que afectan los territorios o derechos de las comunidades étnicas.

Restrepo se ha negado a pagar ese monto porque la resolución 00104 del Ministerio dice que no pueden pagarse más de 180 mil pesos en viáticos a sus propios funcionarios y por lo tanto, considera absurdo pagar cinco veces ese monto a los consultivos. Sobre todo porque ya el proceso de consulta de la ley de desarrollo rural se estima que costará 800 millones de pesos, según dijo a La Silla un funcionario del Ministerio de Agricultura. Pero como el ministro Restrepo no ha accedido a pagar esa suma, ahora vive en un pulso constante para poder reunir a los 21 representantes de la Alta Consultiva.

Los que han estado a cargo de los procesos de consulta previa durante este Gobierno dicen que detrás de esta regla informal no están todos los Altos Consultivos, sino una mujer: Rosa Solís.

Rosa Solís es una figura paradójica en el mundo de la consulta previa. Mientras por un lado funcionarios de los Ministerios del Interior, de Agricultura y de Hacienda consideran que ella es un palo en la rueda para este proceso, por el otro, el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras la felicitó explícitamente cuando se posesionó como Alta Consultiva. “Estamos muy contentos de que se haya logrado reelegir Rosita”, dijo públicamente Vargas Lleras en el acto de posesión de la Alta Consultiva hace un mes. 

Rosa Solis ha sido consultiva del Valle desde hace casi una década y actualmente también es miembro del Consejo directivo del Incoder, del consejo directivo de la Car del Valle (CVC) y representante legal del consejo comunitario Gamboa.

Foto: Juan Pablo Pino

Solís es una mujer de Guapi (Cauca) que vive en Buenaventura y que desde que se promulgó la Constitución del 91 se convirtió en una difusora de la Ley 70, que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras en la zonas rurales ribereñas del Pacífico. Durante la última década, Solís también ha jugado un papel clave en la organización de las comunidades negras para reclamar sus derechos como cuentan algunos funcionarios.

“Se fue a Bogotá y les abrió a las comunidades unos espacios, en los Ministerios, en el Alto Gobierno”, dijo a La Silla un funcionario de la Personería de Buenaventura.

Pero después de casi diez años de trabajar como Alta Consultiva, comenzaron a surgir serias críticas frente a su labor. “Ya está haciendo malos manejos”, dijo a La Silla Devagio Valencia, ex Alto Consultivo que trabajó con ella. “Ella le ha hecho mucho daño al movimiento, ella sabe maniobrar el Ministerio a su gusto”.

Según dijeron a La Silla líderes de varios consejos comunitarios del Valle del Cauca (el departamento que Solís representa) ella está ahora más preocupada por conseguir un beneficio personal por cada consulta que debe hacer, que por realmente discutir los impactos de los proyectos de ley o megaproyectos que afectan a las comunidades.

Por esto, desde principios del 2011, el PCN, organización que agrupa a varios consejos comunitarios del Pacífico, decidió enfrentar su poder. "Somos? conscientes? de ?los ?obstáculos ?y? los? desafíos? que? hoy ?enfrentan? nuestras comunidades ?en? todo? el ?país,? por?? esto? argumentos ?como? el ?de ?no ?enfrentar? a ?Rosa? Solis? e ?Idalmi? Minotta? por ?el? poder? que? tienen,? las? relaciones? que? mueven? y? lo? que? consiguen no? nos? detendrán? para? adelantar ?todos ?los ?esfuerzos? en? los? campos ?legal,? político,? disciplinario ?existentes?", dice uno de sus comunicados.

Hoovert Carabalí es representante de un consejo comunitario en el Valle y quien ha estado en frente de varias denuncias contra Solis en el Incoder . Foto: Juan Pablo Pino

El poder de Rosa Solís consiste en que es la Alta Consultiva más antigua y, por lo tanto, la que mejor conoce los vericuetos del proceso de consulta previa y la que tiene mayor interlocución con el Gobierno. Lleva diez años siendo reelegida de manera consecutiva, a pesar de que no cuenta con la simpatía de varios consejos comunitarios, porque creó una infraestructura difícil de quebrantar para cualquiera que quiera competir por su puesto.

Mientras se ha desempeñado como Alta Consultiva, Solís ha creado decenas de consejos comunitarios en las veredas del Pacífico valecaucano. Aunque estos consejos no representan a la mayoría de la población afrocolombiana tradicional del Valle, a la hora de elegir a la Alta Consultiva cada uno de estos pequeños consejos tiene el mismo voto que los consejos comunitarios de las cuencas de los ríos, que son los más grandes y que no acompañan a Solís.

Es decir, el voto de un pequeño consejo comunitario que reúne a 12 familias, cuenta igual que, por ejemplo, el consejo del Naya, que tiene 25 mil personas. Por esta falta de proporcionalidad a la hora de las elecciones afro, Solís ha logrado mantenerse en el poder en los últimos años.

El problema es cómo ha utilizado ese poder. Como Alta Consultiva, Solís logró que la eligieran los otros Altos Consultivos como representante de todos los afrocolombianos ante el Incoder, en cuyo consejo directivo siempre debe haber un delegado afro.

Y desde esa posición, según denunció ante el mismo Incoder Hoovert Carabalí, representante legal del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Playa (Bahía Málaga), una de las comunidades afro del Valle, Solís terminó influyendo para que entre 2009 y 2011 el Incoder adjudicara 2964 hectáreas de tierra al Consejo Comunitario de Gamboa, en Buenaventura, que ella misma representaba. Para Carabalí esto no solo representó un claro conflicto de interés sino que violó la ley (ver denuncia).

El ex director del Incoder, Juan Manuel Ospina, remitió la queja a la Procuraduría General y a la Fiscalía para que investigaran. Si esta queja prospera, Solís tendría que salir de la Alta Consultiva porque el Consejo de Estado dijo en agosto del 2010 que solo pueden ocupar este cargo los representantes de consejos comunitarios que ya tengan un título colectivo. Y ya que el título colectivo por el que ella pudo elegirse este año fue el de Gamboa, si se cae el título, se cae ella.

Frente a esta acusación, Solís dijo a El Espectador, que ella no tiene injerencia sobre los títulos que otorga el Incoder. Y que la solicitud del título se hizo en 2006 cuando ella todavía no era representante legal de este consejo comunitario. 

La otra queja contra Solís es que ella tiene el poder de detener cualquier megaproyecto que pase por el Pacífico del Valle. "Más que las consultas con las leyes, su verdadero poder está con los proyectos de infraestructura en el departamento", dijo a La Silla Vacía un funcionario del Ministerio del Interior.

Según dijeron funcionarios de la Cámara Colombiana de Infraestructura y del Ministerio del Interior a La Silla, Solís primero reivindica el derecho fundamental que tienen las comunidades a la consulta previa pero luego exige a quienes hacen la consulta que contraten como técnicos a personas que ella escoge.

“Ella ha parado la construcción de la carretera Loboguerrero-Buenaventura y también la construcción del puerto de Aguadulce, porque pide a las empresas que contraten a su gente para que desarrolle estudios técnicos sobre los proyectos, aunque estos no tienen experiencia en estudios”, dijo un funcionario del Ministerio del Interior. “La mitad de la gente que pidió que contrataran en un caso nos dijo que tenía que pagarle la mitad de su salario a Rosita”, dijo un miembro de la Cámara Colombiana de Infraestructura.

Ninguno de los dos dejó que revelaran su nombre. De hecho, pese a que La Silla Vacía entrevistó a siete altos funcionarios del Gobierno, ninguno quiso dar su nombre porque más tarde que temprano saben que van a necesitar a Solís a pesar de que critican su actuar.

Hay varios proyectos que se han enredado por cuenta de estas presiones, según estas fuentes. Por ejemplo, el del complejo portuario de Aguadulce, en Buenaventura, que según dice en una carta Carabalí al Incoder, ha llevado a que los inversionistas estén a punto de desistir de su propósito empresarial y le estén pidiendo al Gobierno nacional las indemnizaciones pertinentes, debido a que los consejos comunitarios de Gamboa y Caucana -que son los liderados por Solís- están “exigiendo consulta previa y un sinnúmero de prerrogativas a todas luces inexistentes” dice la carta.

Aguadulce es una sociedad portuaria que viene adelantando el proceso de consulta previa para construir un puerto en una de las zonas más pobres de Buenaventura, cuyas familias han sido reconocidas como desplazadas por la Corte Constitucional. Ese puerto ya fue entregado por el Gobierno en concesión en 2007, pero para su construcción este megaproyecto deben ser consultadas las poblaciones de la zona. Hasta el momento este proceso está bloqueado por las presiones de Solís.

“Como ella tiene tan buenas relaciones con el Ministerio del Interior, sabe dónde va a haber un consulta con tiempo y aparece para tomarse todo el proceso”, dijo la fuente de la Cámara de Infrastructura a La Silla Vacía. “La construcción de la doble calzada Buga-Buenavantura no se ha concretado por ella”.

Un alto funcionario del Gobierno central dijo a La Silla que Solís tiene parado un megaproyecto de vivienda en Buenaventura, donde podrían vivir cientos de familias desplazadas. La mayoría de las casas ya están construídas pero la gente no se ha podido mudar porque carecen de agua, ya que Rosa Solís ha exigido un proceso de consulta previa, como lo exige la ley. Pero por los mismos motivos el proceso está enredado y mientras tanto la gente está viviendo condiciones insalubres.

Según otro funcionario, Solís tampoco permitió que el Comité para la Población Desplazada de la ciudad administrara los 800 millones de pesos destinados para los planes de acción a favor de las víctimas de la violencia porque ella convenció al Gobierno que esto era competencia de la Alta Consultiva. 

“Ella lo que hace es capitalizar estos proyectos a su favor como persona y les deja migajas a las comunidades negras”, dijo a La Silla Benjamín Mosquera, representante del Consejo Comunitario de Alto Anchicayá, otro de los consejos más representativos y que trabaja junto a PCN.

Mosquera contó a La Silla Vacía que ellos están intentando impedir que Solis entre al proceso de consulta que están adelantando con la Empresa de Energía del Pacífico sobre el manejo ambiental de una hidroeléctrica.

“Como nosotros no la dejamos participar en la mesa, ella fue al Ministerio para que la introdujeran en el área de influencia del proyecto al Consejo Comunitario del río Potedó, pero nosotros enviamos ya un documento al Ministerio en el que decimos que ella no hace parte del área de influencia. Aún no hemos recibido respuesta”, dijo.

En parte, el silencio de los funcionarios públicos se explica porque si denuncian a Solís públicamente estarían admitiendo que los ministerios o las empresas que quieren hacer megaproyectos han tenido que acceder a las peticiones de Solís para ‘negociar’ la consulta previa. O, en el mejor de los casos, quedarse sin el apoyo de una persona que aunque vuelve más costoso el proceso de la consulta, al final logra el aval que necesita el Gobierno para sus proyectos.

Pero el silencio de estos funcionarios dificultará la labor de la Contralora Sandra Morelli, quién también ya ha recibido testimonios de las comunidades afrocolombianas contra Solis y su forma de hacer la consulta.

La Silla contactó a Rosa Solís para obtener su versión sobre estas acusaciones. Ella prefirió no responder a ellas. Primero, porque considera que no tiene por qué responder a acusaciones de funcionarios que no dan la cara. Y segundo, porque considera que La Silla Vacía es un medio racista.

Nota de la Editora: Después de publicada esta historia, el Alto Consultivo Jairo Rodríguez Davis, representante del pueblo raizal de San Andrés y Providencia, pidió a la Silla Vacía aclarar que no todos los altos consultivos han estado pidiendo 700 mil pesos de viáticos. Por ejemplo, él dice que "desde el primer día de nuestra posesión manifesté mi total oposición a cualquier incremento en el valor de los viáticos". Con el fin de que esto quede claro, hicimos aún más evidente en el cuarto párrafo que esta nota es sobre Rosa Solís y no sobre todos los Altos Consultivos. Ofrecemos disculpas al representante si dimos a entender algo diferente. Esta es su carta.