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Viernes Septiembre 20, 2019

 

Todos los que lo conocen bien dicen que Juan Manuel Santos quiere pasar a la historia y que la forma de hacerlo es firmando un acuerdo de paz con las Farc que le ponga fin a la guerra en Colombia. El día de su inauguración como Presidente dedicó un espacio considerable para hablar de la “llave” de la paz. La próxima semana se comenzará a debatir en el Congreso el proyecto de acto legislativo que podría abrir esa puerta si es que algún día la guerrilla decide dejar las armas.

El proyecto de reforma constitucional que se comenzará a discutir el próximo martes tiene solo tres artículos. Pero son tres artículos que abrirán –o por lo menos deberían suscitar- una discusión profunda en el país por las implicaciones que tienen tanto hacia el pasado como hacia el futuro.

Hacia el pasado, el proyecto busca remediar los problemas que han llevado a que todo el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares haya colapsado. Y hacia el futuro, busca crear el marco legal para una posible negociación con la guerrilla. La idea de Santos es que si algún día se dan las condiciones políticas para un proceso de paz con las Farc, el Gobierno debe tener las herramientas jurídicas para hacerlo.

Estas son las reformas que introduce, los problemas que busca solucionar, y la polémica que suscita el acto legislativo elaborado por Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Seguridad Nacional:

1.    Eleva a rango constitucional la justicia transicional

El proyecto presentado es un acto legislativo que busca reversar la jurisprudencia de la Corte Constitucional y sobre todo, de la Corte Suprema de Justicia que han creado unos estándares de justicia que hacen prácticamente imposible cualquier negociación de paz con la guerrilla

En 2008, la Corte Suprema sentó un precedente que establece que se presumirá que toda persona que pertenece a un grupo armado ilegal se concertó para cometer delitos con fines de lesa humanidad si era público que ese grupo cometía este tipo de crímenes y si entró a ese grupo de manera voluntaria. Con esta jurisprudencia, la mayoría de combatientes rasos de la guerrilla y paramilitares habrían cometido delitos de lesa humanidad así no hubieran participado directamente en masacres o asesinado a nadie directamente. Incluso, algunos parapolíticos han sido acusados de delitos de lesa humanidad por haber sido cómplices de un grupo que los cometió.

El Gobierno de Santos, después de revisar la doctrina y la jurisprudencia internacional, concluyó que las posiciones recientes de las cortes colombianas son más estrictas que los tratados y estándares internacionales. Y uno de los objetivos del proyecto es reversar esa jurisprudencia. Para hacerlo necesitan cambiar la Constitución.

Un aspecto importante del proyecto es que específica que “el fin prevalente de la justicia transicional es la paz”. Esto con el fin de obligar o ayudar a la Corte a ponderar el valor de la paz con otros valores como los derechos de las víctimas para aceptar que muchos guerrilleros y paramilitares pueden no ser juzgados por sus delitos si con esto el país logra alcanzar la paz.

En realidad, cuando la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del Tratado de Roma que crea la Corte Penal Interacional dejó expresamente consignado una exhortación al entonces Presidente Pastrana para que dejara explícito que Colombia se reservaba la posibilidad de declarar amnistías en una eventual negociación de paz. Pero esta consideración de la paz se fue diluyendo en posteriores sentencias y poco a poco las cortes le fueron cerrando el espacio a la justicia transicional. Este proyecto busca abrirlo de nuevo.

Polémica: hay quienes consideran que es absurdo cambiar la Constitución para solucionar un problema transitorio, que podría definirse mejor a nivel de política pública. Los que aprueban que sea de rango constitucional creen que no hay ningún problema más estructural de Colombia que el conflicto interno y que con la jurisprudencia de la Corte será imposible lograr un proceso de paz con la guerrilla pues Alfonso Cano nunca va a entregar las armas a cambio de pasar el resto de su vida en la cárcel. Y que elevarlo a rango constitucional establece una sola dirección para la interpretación de la justicia transicional, algo que hoy no sucede frente a una ley como la de Justicia y Paz.
 

2.   Abre posibilidad para mecanismos no judiciales de justicia transicional
El Alto Comisionado considera que en Colombia ha hecho carrera erróneamente la idea que si no se juzga penalmente a todos los guerrilleros y paramilitares esto constituiría impunidad y la Corte Penal Internacional podría intervenir en el país. Y cree que, por el contrario, se pueden diseñar instrumentos no judiciales como Comisiones de la Verdad o iniciativas como las de Memoria Histórica que permiten la investigación y la sanción social o simbólica de los crímenes sin necesidad de recurrir a un proceso judicial.

“El desarrollo de procedimientos no judiciales no podría interpretarse en momento alguno como la negación o falta de disposición del Estado para adelantar la investigación”, dice la exposición de motivos del proyecto. “En contextos de violencia masiva, los grandes contextos de verdad responden típicamente a procesos no judiciales; que en vez de probar cada hecho, esclarecen contextos amplios y buscan explicar las causas mismas del conflicto armado interno.”

Polémica: Hay quienes consideran que para satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia debe haber una investigación judicial y una condena penal de los crímenes cometidos. Y que no basta con saber la verdad o con obtener una reparación simbólica. La Corte Constitucional y la Corte Suprema, por ejemplo, han avalado esta teoría recientemente.
 

3.    Crea la posibilidad de priorizar y seleccionar qué delitos investigar

Este es uno de los puntos más polémicos puesto que parte del supuesto que dado que el sistema judicial colombiano es totalmente incapaz de investigar todos los crímenes cometidos en el conflicto armado, el país tiene que crear unos criterios para definir a quién juzgar y quién dejar pasar impunemente.

Para llegar a esta conclusión no hay que ser terriblemente pesimista. La realidad es que “seis años después de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, y luego de la desmovilización de 35,299 miembros de grupos paramilitares, se han producido cuatro sentencias de las cuales sólo una está en firme”, según dice la exposición de motivos. Asumiendo que la sola imputación de cada crimen denunciado le toma a un fiscal 20 minutos, la Alta Consejería ha calculado que se necesitarían 100 años solo para imputar los cerca de 340 mil delitos confesados por los paramilitares. Y eso que solo hay 4,800 postulados a Justicia y Paz. ¿Cómo sería si se desmovilizaran los guerrilleros?

El proyecto dice que el Congreso, a iniciativa del gobierno, definirá los criterios de selección y que “podrá autorizar la renuncia a la persecución penal o la suspensión de la ejecución de la pena en los casos a los que haya lugar”.

La idea detrás de esto es que se debe priorizar el juzgamiento de los más responsables, ya sea por su nivel jerárquico dentro de la organización, o porque cometieron los delitos más atroces o porque causaron el mayor nível de víctimas. Pero a esos juzgarlos con todo el peso de la ley y conseguir de ellos la mayor verdad posible sobre cómo funcionaba todo el aparato ilegal. Tratar de juzgarlos a todos lo que ha llevado es a que colapse el sistema judicial y no se logre condenar sino a muy poquitos y no necesariamente a los que más daño infligieron. En Nuremberg, por ejemplo, se juzgó a 24 criminales. En Rwanda y Yugoslavia a 55, en Sierra Leona a 13.

Polémica: siempre es polémico decir que hay miles de crímenes que se quedarán sin juzgar. También es polémico que sea el mismo Congreso, un tercio de cuyos miembros en el pasado terminaron involucrados en la parapolítica, quienes decidan quienes deberán quedar exonerados de ser juzgados. No faltará quién proponga que, por ejemplo, no perseguir a los parapolíticos. Por eso, es de esperarse que haya una discusión profunda sobre este punto.

La Fiscal General Viviane Morales en un proyecto de ley que presentó hace unos días para reformar los procedimientos de Justicia y Paz crea la posibilidad de priorizar la investigación de delitos pero no de seleccionar cuáles investigar y cuáles simplemente no judicializar.

4.    Abre la posibilidad de que ex guerrilleros participen en política

En 2009, en el acto legislativo 1 de reforma política, le añadieron un inciso al artículo 122 de la Constitución para prohibir que cualquier persona que hubiera pertenecido o financiado un grupo armado ilegal pudiera ser funcionario público o elegido popularmente. El proyecto se aprobó en el momento más crítico de la judicialización de la parapolítica y le cerró la puerta a los paramilitares o guerrilleros que algún día aspiraron a hacer política dentro de la legalidad. Este proyecto busca reabrir esa puerta.

La lógica detrás de este artículo es que ningún jefe guerrillero aceptará dejar las armas y firmar la paz si sabe que tendrá que pasar los próximos diez años de vida o más tras las rejas. El artículo propone que solo por iniciativa del gobierno nacional, el Congreso podrá aprobar por la mayoría absoluta de los votos de Senado y Cámara suspender la aplicación de la restricción a la participación política a miembros de los grupos armados ilegales cuando se hayan desmovilizado en el marco de un proceso de paz y una vez hayan cumplido con las sanciones a que haya lugar.

El proyecto es claro que sólo se aplicará a futuros procesos de paz lo que dejaría por fuera a personajes como Mancuso o Jorge 40 de volver a la política. Y también que es para terminar procesos de paz y no una condición para arrancar pues solo se podría aplicar si así lo decide la mayoría del Congreso para desmovilizados.

La polémica: este es uno de los artículos más polémicos puesto que después de ocho años de Seguridad Democrática y discursos de mano dura, algunos piensan que esto envía una señal de debilidad a los grupos armados ilegales. Que básicamente les entrega la mayor concesión que podría hacer el Estado antes de ni siquiera empezar a negociar. El contra-argumento para esto es que el Congreso tendrá que votar la iniciativa y aprobarla con una mayoría calificada, lo que implica necesariamente que el grupo guerrillero o paramilitar en cuestión realmente tenga un propósito de paz y se haya desmovilizado. El otro punto polémico es que si se aprueba probablemente significará que a los jefes guerrilleros se les dará un tratamiento diferente al que se le dio a los jefes paramilitares, que no podrán beneficiarse de este privilegio.

5.    Abre la posibilidad de incluir a los militares en la justicia transicional

Hasta el momento no existe ningún sistema de justicia transicional que incluya a los militares que han cometido delitos en el marco del conflicto armado. Esto es un problema para un futuro proceso de paz puesto que habrá mucha resistencia por parte del estamento militar a ver los guerrilleros recibiendo subsidios del Estado u ocupando cargos públicos mientras miembros de las fuerzas pasan 25 años tras las rejas por haber cometido crímenes con frecuencia menos atroces.

El proyecto no los menciona explícitamente pero la intención de Santos, según supo La Silla Vacía, es que los militares también puedan ser cobijados en los criterios de selectividad y priorización en el juzgamiento. Uno de los artículos dice que ese acto legislativo es para todas las partes del conflicto armado, lo que de entrada los incluiría. Y aunque luego todo esto tendrá que ser desarrollado por ua ley, es el primer paso que abre esa puerta.

Lo polémico: este punto será muy difícil puesto que si bien el Tratado de Roma permite en algunos casos las amnistías para ciertos crímenes, sí prohíbe explícitamente las auto-amnistías, como lo que quiso hacer Argentina con los militares de la dictadura. Tampoco es claro si, por ejemplo, esto podría cobijar a los soldados que están siendo investigados por falsos positivos, pues no hay forma de comprender cómo esos asesinatos se cometieron como parte del conflicto armado. Este es un punto que tendrá que ser discutido a profundidad.

 

Reforma Justicia Transicional

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Sergio Jaramillo Caro
Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Jue, 2011-09-29 10:05

Los partidos tradicionales liberal y conservador del cual hace parte santos y la gran mayoría de congresistas, lo que menos les interesa es la paz, a ellos solo les interesa que los dejen gobernar sin protestas, sin denuncias ante las comunidades internacionales, que les permitan explotar al pueblos sin que haya quien lidere protestas contra su actuaciones.
El proceso con los paramilitares es solo una cortina de humo para lavar la imagen de Uribe y otros cómplices en masacres. Lo que hace santos bajo la unidad nacional es el mismo frente nacional, que desde luego tendrá que ir acompañado de mecanismos legales para que aquellos que se oponen a sus fechorías no se organicen civil y militarmente contra ellos.
Si el discurso de perdón y olvido es tan cierto, porque los galán no perdona y olvidan la muerte de Luis Carlos Galán, y los conservadores no se olvidan de la muerte de Álvaro Gómez?

Jue, 2011-09-29 10:20

Esta ley no propone perdón y olvido. Propone mecanismos no judiciales de investigación y sanción para los menos responsables y de investigación y sanción para los más responsables.

Jue, 2011-09-29 09:41

Mientras haya injusticia social, habrá violencia.
Mientras haya dirigentes y empleados públicos corruptos, habrá que generar mas impuestos al pueblo para tapar las venas rotas del herario.
Mientras haya narcotrafico y patronos abusadores, habrá poblacion sensible a la informalidad.
Mientras la salud sea un negocio, los hospitales, los medicos y los productores de remedios querrán ganar su tajada, a costa de la vida de los pacientes.
Habra que construir mas carceles porque los Colombianos vamos delinquir todos para poder comer o nos vamos a hacer matar en las manifestaciones porque de todas maneras nos vamos a morir de dolor, de enfermedad, de hambre o de impunidad.

Jue, 2011-09-29 10:22

Gracias Kathy por completar la historia.

Jue, 2011-09-29 06:17

Las posibilidades de paz con las FARC las frustraron quienes desde las posiciones más rancias de los gremios empresariales siempre se opusieron a que esta organización armada crease un partido político legal.
Sectores de la cúpula de las Fuerzas Armadas tampoco compartieron la existencia de la Unión Patriótica.
Empezó con los asesinatos en 1986 de LEONARDO POSADA, PEDRO NEL JÍMENEZ OBANDO y PEDRO LUIS VALENCIA un baño de sangre que dejó más de 3.000 personas asesinadas de este movimiento, sin que quienes estuvieron en la dirección del Estado y del Gobierno colombiano adoptaran medidades eficaces, razón por la cual hay una demanda en la Corte Interamericana de Justicia contra el Estado. El fallo condenatorio por el asesinato del Senador MANUEL CEPEDA VARGAS es apenas el primer caso fallado.

Jue, 2011-09-29 06:04

La paz en Colombia es un tema complejo, histórico, ideológico, político y social que tiene tanto de largo como de ancho, múltiples aristas, numerosos aspectos y un recorrido que al día de hoy ha producido un conjunto de interesantes experiencias. Sigue siendo no obstante una necesidad apremiante el conseguir esa paz para lograr la estabilidad política y resolver definitivamente las contradicciones existentes entre el Gobierno y el Estado con el ELN y las FARC y del Estado y la población con las bandas criminales ligadas al narcotráfico. De tal manera que la policía se pueda dedicar a combatir la delincuencia común que ha crecido notoriamente en todo el territorio nacional.

La paz con la guerrillas liberales de los años 50, fácilmente la lograron las direcciones de los partidos tradicionales; con el M-19 no fue tan difícil por la ideología socialdemócrata que siempre inspiró a ese grupo. El EPL, el PRT y la Unión Camilista-ELN, pactaron la paz al convencerse de sus equivocaciones.

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