El caso colombiano no se parece al resto de América Latina: es peor

En los países latinoamericanos que sufrieron conflictos armados o dictaduras predominaron algunas modalidades de la violencia, como las masacres en Guatemala o las desapariciones forzadas y la tortura en Chile, Uruguay o Argentina.

La guerra en Colombia, en cambio, las ha juntado todas -masacres, desapariciones, asesinatos selectivos, secuestros, violencia sexual- y sus números rebasan los de los otros países, en gran medida por lo largo del conflicto.

Esa magnitud la confirma el hecho de que la Ley de Víctimas ha documentado 5,6 millones de víctimas desde 1985, o un promedio de 200 mil por año.

Desde que Omaira Montoya fue desaparecida el 9 de septiembre de 1977 en Barranquilla, han sido víctimas de la desaparición forzada entre 16 mil y 25 mil personas. El dato es incierto porque la desaparición, es una de las modalidades de violencia más invisibilizadas y subregistradas.

Ese estimativo, que sale de cruzar los datos del Registro Nacional de Desaparecidos (16.907 casos) con el recién creado Registro Único de Víctimas que creó la Ley de Víctimas (25.007 casos), ya coloca a Colombia en el punto más alto de América Latina.

Argentina, el siguiente país con más desaparecidos en la región, documentó inicialmente 9 mil casos, alrededor de la mitad que Colombia y siendo un país con una población similar a la nuestra. Claro está que la mayor parte de éstos desaparecieron entre 1976 y 1983, un período de siete años.

La 'violencia invisible' fue más dura que los grandes hechos

A pesar de que muchas de las masacres y los daños causados por atentados terroristas y ataques a los pueblos suenan más, la violencia de baja intensidad y de poca visibilidad tuvo un efecto posiblemente mayor sobre las víctimas, porque fue permanente y sistemática.

Las pequeñas masacres -aquellas de tres o cuatro personas- pasaron casi totalmente desapercibidas ya que quedaron fuera del radar de los medios. Pero ocurrían con una frecuencia que les permitía a los asesinos mantener a la población civil en un estado constante de zozobra, imperceptible para el resto del país y muy efectivo a la hora de controlar el territorio.

El escalofriante testimonio de una víctima de Segovia (Antioquia) lo resume a la perfección: “A la gente de Segovia usted le pregunta: ¿cuál fue la masacre más grande que hubo en Segovia? Y la gente qué va a decirte a vos: “La de 1988”. Y lógicamente que no fue esa. Yo, a veces, le pregunto a la gente y me dicen que la de 1988. Pero la más grande fue la de 1997. Porque con asesinatos selectivos diarios durante cuatro o cinco meses, fueron tres, cuatro, cinco muertos diarios. Y usted suma y le dan doscientos y pico de personas asesinadas. Entonces, esa fue la masacre más grande que hubo en Segovia. Entonces, ¿por qué la gente dice que no? Porque como no se vieron de una los doscientos y pico de muertos, sino que fueron selectivos”.

Algo similar sucede con los homicidios selectivos, que se convirtieron en la principal causa de muertes de este medio siglo de conflicto. Aunque las cifras son difíciles de cotejar, Memoria Histórica calcula que podrían llegar a 150 mil. Es decir, nueve de cada diez asesinatos de civiles en el conflicto fueron selectivos.

En algunos casos siguen aún en la invisibilidad casi total, como en el caso de la violencia sexual, que -con apenas 2.709 casos documentados por la Unidad de Víctimas- está fuertemente subregistrada.

Falta que el Estado le pida perdón a las víctimas

Si bien la mayoría de los actos violentos en estos 54 años han corrido por cuenta de los paramilitares y las guerrillas, el protagonismo del Estado no ha sido menor.

Esa responsabilidad ha sido establecida en casi todos los informes que ha hecho Memoria Histórica -que ha mostrado en casos emblemáticos que hubo complicidad o flagrante omisión del deber de la Fuerza Pública de proteger a los ciudadanos- pero hasta ahora no había una visión de conjunto. Este informe oficial muestra que las víctimas siguen esperando que el Estado asuma su cuota de responsabilidad y de perdón.

La responsabilidad no es poca. Por ejemplo, de 1982 masacres registradas, 158 -o el 8 por ciento- fueron hechas directamente por la Fuerza Pública, sin mencionar aquellas en las que las víctimas denunciaron su complicidad con otros actores armados.

O de los 23 mil asesinatos selectivos, al menos 2.400 fueron cometidos por miembros de la Fuerza Pública, más del diez por ciento.

“Desde Memoria Histórica o desde la academia, tendríamos que indagar en por qué esta situación se repitió tanto, cuáles fueron los diseños institucionales, las condiciones y los incentivos que permitieron que siguiera ocurriendo”, dice María Emma Wills, una de las investigadoras del Grupo de Memoria Histórica.

Otro de los mayores reclamos de las víctimas es el abandono, que compete al Estado. La Ley de Víctimas y la aceptación del presidente Juan Manuel Santos ayer -en la audiencia pública de la Corte Constitucional sobre el Marco jurídico para la paz- de la responsabilidad del Estado en violaciones de Derechos Humanos son pasos importantes, pero todavía quedan otros por dar.

La justicia sigue en deuda con las víctimas

Entre las 30 recomendaciones con que cierra ¡Basta ya! hay una en la que se hace mucho énfasis: crear una especie de tribunal especial y temporal que se ocupe de esclarecer los casos de las víctimas, que en un porcentaje muy alto han quedado en la impunidad.

De los 28 mil casos de secuestro que han llegado a la rama judicial, apenas el 10 por ciento terminó en una sentencia condenatoria y en sólo 40 esa condena fue a un autor intelectual. Esto subraya el enorme fracaso del país a la hora de responderle a las víctimas en la justicia.

Aunque muchos de los avances en el respeto de los derechos de las víctimas se han dado gracias a fallos de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia, a lo largo de los años el diseño institucional de la justicia, los fueros militares y la frecuencia de los estados de excepción -que daban a los militares el control del orden público- permitieron esa impunidad. Por ejemplo, hasta finales de los años setenta, la justicia penal militar tuvo competencias para juzgar incluso a civiles por un 30 por ciento de los delitos en el Código Penal, incluyendo muchos no relacionados con el conflicto.

Además, durante muchos años la justicia fue incapaz de abordar -y comprender- la violencia más allá de los casos individuales, lo que le impidió entender las organizaciones criminales. Eso se ha venido corrigiendo con la creación, por ejemplo, de una Unidad de Contexto en la Fiscalía, que lleva pocos meses funcionado.

Un ejemplo de esa deuda es el caso de la masacre de Trujillo (Valle) en 1988, donde a pesar de una condena contra Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1995 y del perdón que pidió el entonces presidente Ernesto Samper a nombre del Estado, todavía no hay resultados judiciales satisfactorios para las víctimas. O Justicia y Paz, que en ocho años y con 4.400 casos ha conseguido tan solo 14 condenas.

Y también las diferentes complicidades que ha habido de vecinos, empresarios o funcionarios, uno de los temas que más han abordado las víctimas en sus testimonios y que tampoco han sido documentadas suficientemente.

Las víctimas valoran su resistencia y dignidad por encima del dolor

Aunque los actos de resistencia se han venido documentando y se sabe que para las víctimas son muy valiosas, no era muy evidente que esta lucha es la que para ellas es lo más importante de ser víctimas, por encima incluso del dolor, de la impotencia, de la desesperanza que les ha producido el conflicto.

Y que, según varios investigadores de Memoria Histórica, siempre ha sido uno de los puntos en los que ellos han insistido más. “Sobrevivir es un acto profundamente político y recuperar estos actos aparentemente banales -pero heroicos- los ayuda a sentirse no como víctimas, sino como sujetos activos”, dice la investigadora Pilar Riaño.

Desde las mujeres en el Putumayo que rescataban los cuerpos del río Guamüez para limpiarlos y coserlos hasta los pueblos que vuelven a poblar las calles y los espacios comunitarios que les fueron arrebatados, pasando por las iniciativas para rescatar la memoria, se trata de acciones de valentía que se han convertido en parte crucial del proceso de sanación de las víctimas. Porque al permitirles comenzar a reconstruir la confianza y los tejidos sociales que se rompieron, van recuperando la dignidad.

Este énfasis que le ponen las víctimas a estos procesos resultó evidente cuando, durante la ceremonia del lanzamiento de ¡Basta ya! este miércoles, el libro fue presentado como un documento sobre el dolor de las víctimas. Cuando se le cedió la palabra a Esther Polo, una lideresa de Valle Encantado (Córdoba) que hablaba en nombre de las que habían viajado a Bogotá para el evento, sus palabras giraron en torno a la “dignidad y resistencia”. (Lea la historia de Esther acá).

Las víctimas buscan el reconocimiento de toda la sociedad

El otro gran reclamo de las víctimas es que los reconozca la sociedad no como casualidades del conflicto sino como personas.

Para la mayoría, esa falta de reconocimiento -que va desde la indolencia hasta las sospechas sobre el desplazado- contribuye a la revictimización e impide que recuperen su dignidad.

“Somos una sociedad traumatizada, que no ha sido oída por la otra mitad de la sociedad que ha tenido la fortuna de no ser tocada por la guerra”, dice María Emma Wills.

Y, sobre todo, las víctimas están esperando que la sociedad condene de manera tajante e inequívoca todo lo que ha sucedido.

“La gente se duele de lo que pasó y de la impunidad. No es solo la impunidad judicial, sino la impunidad moral, el desconocimiento total: dicen 'nadie ha venido a preguntarnos qué pasó, nadie se ha pronunciado sobre lo que nos pasó'”, dice Martha Nubia Bello, la coordinadora del informe.