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Canal Capital, un canal regional de naturaleza pública, de propiedad exclusiva del Distrito de Bogotá, tiene como Gerente –nombrado por una Junta Directiva integrada por personas designadas por el Alcalde- a Hollman Morris, un excelente periodista, que es reconocido como uno de los mejores en televisión, recibió múltiples premios, fue objeto de persecución por parte del Gobierno de Álvaro Uribe que lo “chuzó”, los paramilitares lo amenazaron y lo obligaron a permanecer en el exilio unos años.

Hollman, que es un magnifico productor y director de televisión, decidió hacer una pausa en el ejercicio del periodismo y aceptó ser Gerente de Canal Capital. Según los estatutos del canal quien ejerce ese cargo tiene 21 funciones, todas ellas de carácter administrativo como nombrar el personal, hacer las operaciones bancarias, suscribir los contratos, etc, ninguna de ellas relacionadas con la realización y producción de programas periodísticos. Otros periodistas han dejado transitoriamente el ejercicio de su profesión por aceptar cargos públicos. Recuerdo –por ejemplo- a Ricardo Galán que ocupó un cargo en la Presidencia de la República durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Hay centenares de casos similares en esa y otras profesiones.

Hollman ha sido un gran gerente de Canal Capital. Ha logrado que ese canal  crezca en audiencia y ha promovido la producción de programas culturales, recreativos, históricos, documentales de muy buena calidad, sin embargo –una vez en el cargo- Hollman, que lleva en las venas el periodismo, decidió seguir en el ejercicio periodístico, especialmente en el informativo y de opinión, sin reparar que  la ley se lo prohíbe.

El tema –que no es nuevo- ha saltado al debate público por el uso abusivo que el Gobierno de Bogotá ha hecho del canal en el marco de la crisis institucional que vive la Capital. La programación se ha modificado para transmitir emisiones de un “noticiero” oficial que informa no sobre los hechos sino sobre las reacciones que generan en el Alcalde y sus partidarios.

La situación es el resultado de una deformación, que no se inventó Hollman sino que viene del pasado, que ha permitido que el canal (y lo han empezado a hacer otros canales regionales porque el mal ejemplo cunde) produzca directamente informativos y programas de opinión en contravía (así se llamaba el programa que Hollman hacía en los canales nacionales) de lo ordenado por la ley 182 y los propios estatutos del Canal adoptados en 2010.

La ley quiso –por obvias razones- preservar la información y la opinión de las manipulaciones políticas y prácticamente proscribió la posibilidad de que hubiera “noticieros oficiales” al ordenar que para la realización de esos programas los canales regionales debieran hacer una licitación pública e incluso ordenó que su adjudicación se hiciera en audiencia pública. Trasladó la tradición de lo que ocurría en la televisión pública colombiana en la que los noticieros nunca han sido producidos por el Gobierno.

Es cierto que hasta la expedición de la Constitución del 91 la adjudicación de esos espacios había sido usada indebidamente como herramienta política para distribuirlos con criterios partidistas. Ante esa situación los constituyentes no optaron por  entregar al gobierno la televisión, sino todo lo contrario, por crear un órgano autónomo que quitara la injerencia oficial del manejo de la televisión. María Mercedes Carranza, a quien le hicieron un excelente homenaje hace unos meses en el Canal Capital, dio una dura batalla para evitar que los gobiernos manipularan la información y se sintieran con el derecho de tener periodistas de información u opinión pagos y escogidos a dedo por los funcionarios públicos. A pesar de eso, el Presidente Ernesto Samper castigó al noticiero QAP por asumir una posición crítica frente a su gobierno y el proceso 8000.

Dicen –yo no logré encontrar el documento- que la Comisión Nacional de Televisión emitió un concepto  –a mi juicio abiertamente ilegal- en el que autoriza a los canales regionales a realizar y producir directamente noticieros y espacios de opinión sin tener que acudir a licitación pública. Aparentemente por ese concepto Canal Capital y algunos otros canales regionales –no todos- empezaron a hacerlo y una vez allí varios resolvieron usar esa posibilidad para poner esos noticieros a su servicio como lo hizo Teleantioquia en las épocas de Luis Alfredo Ramos, según denuncias de Sergio Fajardo.

En el marco de la discusión algunos han recordado que la BBC, Televisión Española, la Rai y otras europeas son televisiones públicas, de propiedad del Estado y que hacen buena televisión. Claro Canal Capital ahora también hace buena televisión y qué bueno que así sea, pero ni esos experimentos, ni los nuestros han sido muy buenos en materia informativa.

La televisión pública es magnífica para producir programación que la televisión comercial no produce en materia histórica, cultural, documental, etc., como lo está haciendo aquí no solo el Canal Capital sino Señal Colombia. Allá, con todos los controles legales y sociales, también echan a los directores que difunden información que no les gusta a los gobiernos, por lo que parece obvio afirmar que la “información oficial” no es un logro sino un retroceso para los ciudadanos. En Colombia, allá no, optamos por prohibir ese tipo de información y exigir que cuando los canales regionales quieren tener programas informativos y de opinión deban entregarlo a un particular previo una licitación pública.

La Junta del canal ha reconocido esa diferencia en los estatutos. En los que adoptó en el 2010 dijo expresamente que el canal podría hacer todo tipo de contratos de producción, coproducción, cesión de derechos, etc para la realización de programas (artículo 5, numeral 3) pero inmediatamente aclaró (numeral 4 del mismo artículo) que  si se trata de informativos, noticieros o programas de opinión solo lo puede hacer mediante el mecanismo –ordenado por la ley- de la licitación pública.

Hollman decidió usar el canal para defender a su jefe, con una serie de argumentos que trasladados a Telecaribe hubieran dado para que “noticieros” eternos de ese canal se dedicaran a defender al gobernador de la Guajira que recibió una multitudinaria manifestación de respaldo, espontánea y copiosa, como las que han ocurrido en Bogotá, cuando la Fiscalía ordenó su captura. En la Guajira también dicen que Kiko Gómez ha sido objeto de persecución por parte de los grandes medios de comunicación, tanto que la revista Semana lo calificó en una carátula de Gobernador peligroso. En Sucre y el Magdalena se quejan del matoneo mediático de que han sido objeto sus gobernadores por adjudicar la licitación del chance a una empresa de alias “la gata” y por saltarse todas las advertencias para no adjudicar una licitación vial multimillonaria, que ahora ha suspendido la Corte Constitucional.

Afortunadamente en Telecaribe no ha pegado la tesis “Hollman”, allá hay unos noticieros y unos programas de opinión que han sido adjudicados previa licitación pública.