Los acuerdos de La Habana hablan de asegurar que las grandes transformaciones se hagan en las regiones más golpeadas por la guerra y más abandonadas por el Estado, a través de unos 'planes de desarrollo con enfoque territorial' que vinculen a las comunidades en la planeación, ejecución y veeduría de las obras. El Plan de Desarrollo incluye esa misma idea, pero con un nombre distinto.

Crea unos “mecanismos de intervención integral en territorios rurales” que ponen unos criterios básicos para la manera cómo funcionará “la ejecución de los planes operativos (...) construidos de manera participativa y en coordinación con las autoridades departamentales y municipales”. Es decir, pone unas primeras reglas de juego para ese desarrollo de “abajo hacia arriba” del que habla La Habana.

Con esta idea el Plan busca empezar a fortalecer al Estado en lo local, ya que -como ha enseñado la reforma a las regalías- la capacidad que tienen las regiones de estructurar proyectos de inversión es muy bajita. Y es más difícil hacerlo con la participación de las comunidades, como quiere el proceso de paz.

Pero, sobre todo, el Plan obliga por primera vez a los ministerios y al Gobierno a priorizar estas zonas en sus presupuestos, para que se acabe la filosofía -en palabras de una persona del sector- de que “todo sea para lo urbano y lo que sobra para el campo”. Eso obligaría a garantizar que las inversiones sean más rurales.

Esas zonas de “intervención integral” empatan con la idea del proceso de paz de priorizar las regiones más golpeadas. Y coincidirán seguramente -si se llega a firmar un Acuerdo final- con las 'circunscripciones especiales de paz' que crea el acuerdo de participación política y en donde los movimientos sociales podrán elegir, por un período determinado de tiempo, congresistas sin competir con los partidos tradicionales.

El Plan no dice aún cuáles serán esas zonas prioritarias, pero la filosofía del Acuerdo es que algunas de ellas estarán en los lugares de presencia de las Farc, como los Montes de María, el Magdalena Medio o el Catatumbo.

Pero también pueden incluir otras regiones priorizadas por el Gobierno para saldar sus deudas históricas, como el Pacífico (que ya tiene un Plan Pacífico liderado por el ex gobernador chocoano Luis Gilberto Murillo) o San Andrés (que vio nacer un plan similar tras el fallo de La Haya).

Uno de los aspectos más novedosos de los acuerdos negociados hasta ahora con las Farc es la creación de un Fondo de Tierras, para darle a los campesinos de las zonas más pobres del país tierra para trabajar. Precisamente, el Plan de Desarrollo le daría al presidente Santos facultades extraordinarias, por un período de seis meses, para hacer varias reformas cruciales del sector agrario, incluyendo crear la Autoridad Nacional de Tierras que se encargue de manejar ese Fondo.

Hoy el Incoder se ocupa de la política de tierras, pero está desbordado porque tiene demasiadas funciones, unas de desarrollo rural y otras de de tierras. Por eso, muchos expertos en temas rurales vienen insistiendo en la necesidad de reformar y el ministro Aurelio Iragorri ya lo prometió.

El Plan no reforma todo el Incoder, pero sí le da el poder a Santos de quitarles las tareas de tierras -como llevar los procesos agrarios, formalizar los predios de los campesinos, encargarse de las tierras de reforma agraria y titular las tierras de indígenas y afros- a la nueva entidad especializada.

Es decir, la nueva Autoridad tendrá las funciones que hoy tiene el Incoder y que se necesitan para nutrir el Fondo de Tierras. Hoy esos procesos, recuperar los baldíos robados a la Nación o expropiar las tierras de engorde, están estancados.

Además es clave porque, como han demostrado los estudios de la economista y experta en tierras Ana María Ibáñez, una quinta parte de todos los predios rurales del país tienen problemas de titulación y uno de cada dos pequeños campesinos no tiene derechos formales sobre su tierra. Eso significa que la mitad de los campesinos se han quedado marginados de créditos, asistencia técnica y otras inversiones que podrían mejorar su situación. De ahí que la formalización de estos campesinos sea otro de los puntos centrales del acuerdo agrario.

El Gobierno tiene una urgencia: como la mayoría de entidades nuevas se demoran en arrancar a trabajar, como lo muestran las Unidades de Restitución y de Víctimas creadas por Santos, tiene que empezar ya.

La manera más rápida de hacerlo es pedir esas facultades, que le evitan a Santos tener que pasar por el Congreso ya que, para crear una entidad, se necesita una ley.

Es por eso que esas facultades extraordinarias ya encontraron resistencia en la bancada del Centro Democrático en el Congreso, que la votó negativamente en las comisiones económicas y que criticó en los amplios poderes que Santos tuvo en su primer cuatrienio para crear una decena de entidades nuevas.

“Uno no puede girar cheques en blanco en materia de facultades, porque eso le quita funciones al Congreso”, le dijo a La Silla el senador uribista Iván Duque, que lideró el tema dentro de su bancada. “En el documento de las bases del Plan, que es su sustento teórico, no se dice nada, solo que piden tres cosas: una reingeniería institucional del sector, cambiar la política crediticia y establecer los parámetros para la gestión de las tierras. Del primero no se dice una sola palabra de qué está mal o qué se va a cambiar. Del segundo, lo mismo. Y en materia de tierras, está supremamente abierto”.

Eso hizo que el Gobierno ya decidiera quitarle algunos dientes a esas las facultades, como la posibilidad de reformar las leyes sobre adecuación de tierras y de créditos agrarios. Así queda solamente la prioridad de sacar adelante la Autoridad de Tierras.