La salida de Diego Bravo de la gerencia el Acueducto de Bogotá devela la estrategia de defensa del Alcalde Gustavo Petro sobre las responsabilidades que puedan caber por las decisiones equivocadas relacionadas con lo que ellos llaman el tránsito de un modelo de recolección de basuras a otro ( en realidad es el mismo pero a ellos les gusta la grandilocuencia).

Al Alcalde lo engañaron han dicho varios de los funcionarios hoy más cercanos a Petro (el círculo de funcionarios más cercano es como un carrusel: se va moviendo). Bravo –dice la teoría oficial- no suministró la información suficiente e hizo incurrir en error al Alcalde que creía que en Bogotá teníamos un operador público de aseo muy potente que podría en pocas semanas diseñar y poner en marcha una operación de recolección de miles de toneladas de basura al día. Por  culpa de Bravo –dicen los ahora amigos cercanos del Alcalde-, Petro pensó que sí se podía lo que todos los demás pensaban que no era posible.

En este caso, Bravo incurrió en un error –sin duda- el exceso de obsecuencia y lealtad para con su jefe. El exgerente del Acueducto aceptó asumir el montaje de un esquema improvisado unas semanas antes de que se formalizara la decisión, después de que a alguien se le ocurriera la tesis de que se podía usar a esa empresa de servicios públicos y convertirla, como lo hicieron, con una simple decisión de la Junta Directiva, que no tenía ningún soporte operativo, en una empresa de aseo. Todo se discutió con Petro y él defendió públicamente todas las decisiones.

Bravo habló con los operadores privados para renegociar las condiciones en las que se prestaría el servicio. Lo hizo “a sabiendas” del Alcalde, quien decía que se trataba de un proceso paulatino el de la asunción por parte de un operador público de la prestación del servicio. Si bien, Petro excluyó al entonces Gerente del Acueducto de la última parte de la negociación con estas empresas, de los primeros contactos estuvo totalmente enterado. Así lo dijo Bravo al diario El Tiempo, cuando aún estaban en proceso de negociación y Petro nunca lo desmintió.

Bravo hizo un contrato con Aguas Bogotá, filial del Acueducto, para que ésta última asumiera la operación. El Alcalde defendió públicamente esa decisión y trino varias veces para decir que se convertiría en la operadora estatal para el servicio de aseo. Después trinó que habría una escisión para que Aguas de Bogotá siguiera haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora y hubiera otra empresa para el aseo.

Aguas de Bogotá, que no tenía la capacidad para hacerlo, siguiendo las instrucciones de Petro, improvisó lo que pudo y le alcanzó para  asumir una parte de la ciudad que opera con deficiencias y con unos “carros de la basura” viejos, que estaban en desuso en los Estados Unidos. Esa empresa hizo un contrato de alquiler de esos vehículos, que el propio Alcalde dijo que habían escogido por Internet : “como se hace el comercio ahora”, dijo Petro. Todo se discutió con el Alcalde, incluso el hecho de que aún dos meses después del cambio se siga prestando el servicio en volquetas, cosa que por supuesto está prohibida por la ley, pero esa ley en Bogotá no pegó. Las leyes que son para defender los monopolios privados aquí no se cumplen dirá Petro.

El Alcalde estuvo en el centro de todas las decisiones pero mandó a decir a los pocos días de que se hicieran evidentes los problemas que lo estaban engañando. El Secretario de Salud, hace ya casi dos meses, pidió la renuncia de Bravo, que según el propio Petro él pidió hace 20 días. Que Bravo sería el fusible para quemar estaba cantado. Lo escribió La Silla desde el 10 de Enero. Los que ahora conforman el círculo cercano a Petro están ofreciendo información a los medios para acusar a Bravo de irregularidades en la empresa de Acueducto. La tesis es: los problemas en el esquema de basuras son responsabilidad de un señor que engañaba al Alcalde y además manejaba alegremente la empresa a su cargo.

Petro no sabía, a Petro lo engañaron. Esa fue la misma defensa de Samuel Moreno cuando Petro revelaba los escándalos del “carrusel de la contratación”. Esa teoría no se la aceptó el Procurador a Moreno, lo sancionó por omitir adelantar acciones administrativas frente a las irregularidades presentadas”. Según Ordoñez, el entonces Alcalde “no adelantó ninguna acción tendiente a evitar, controlar o minimizar las múltiples irregularidades que se presentaron durante la ejecución de proyectos de infraestructura y movilidad en la ciudad”.
Comparto la tesis de que la Procuraduría no debería tener la capacidad de destituir a los funcionarios de elección popular, sino que ello debería ser el resultado de un proceso judicial como lo dicen las normas internacionales, por lo que espero que la Procuraduría no siga con su “precedente” que si no fuera Petro ya se lo hubieran aplicado a cualquier otro Alcalde, pero  no será fácil hacer recaer toda la responsabilidad en Bravo. La discusión fue pública. Muchos ciudadanos participamos en ese debate como para sostener que al Alcalde lo engañaron.

Bravo asumió por su amigo Gustavo los mayores riesgos que  haya asumido funcionario alguno en esta administración y lo hizo para defender las decisiones más controvertidas del Alcalde como la de usar el agua para imponer modelos de desarrollo urbano a los municipios vecinos y generar condiciones nuevas para los constructores de Bogotá. Los ahora amigos de Gustavo acusan a Bravo y Gustavo –por ahora- calla.