?
?
![]() |
El empresario de taxis Uldarico Peña salió ganando por partida triple con las decisiones del Ministerio de Transporte en el último mes. |
Dos decisiones que ha tomado la Ministra de Transporte Natalia Abello en el último mes han beneficiado a los taxistas que la semana pasada estuvieron amenazando con ir a paro en Bogotá y otra decena de ciudades en todo el país.
Pero no solo sirven para desactivar el paro sino que van a multiplicar el poder del Uldarico Peña y su socio José Eduardo Hernández, dos empresarios súper poderosos de Bogotá que manejan varias empresas que suman unos 35 mil taxis, entre afiliados y propios, y que -sumadas a otra medida reciente de Abello- los convertirán en el actor clave de todos los sectores de taxis que hay: amarillos, blancos y de lujo.
Estas son las tres manitos que le dio Abello a Peña y Hernández:
![]() |
![]() |
![]() |
El 25 de febrero el Ministerio de Transporte cambió las reglas de juego para el 'servicio especial', la modalidad de taxis que prestan los carros blancos, que en principio son los que prestan ciertas empresas -con contratos de prestación de servicios negociados desde antes- para movilizar grupos de empleados de compañías, estudiantes y turistas que se hospedan en hoteles.
Según supo La Silla, el decreto que sacó Abello mantuvo muchos de los cambios en los que originalmente venía trabajando la ex ministra Cecilia Álvarez-Correa para ordenar los taxis blancos, que son uno de los sectores más caóticos y propensos a la piratería del transporte público. Pero la idea que beneficia a Uldarico solo llegó en tiempos de Abello y -según dos personas que conocieron el proceso- había sido tajantemente rechazada antes.
Ese cambio es que el decreto congela el parque de estos carros, con lo que no podrá entrar ningún vehículo nuevos a menos que le compre el derecho a circular (cupo) a los que ya los tienen.
Para sus actuales propietarios -incluidos Uldarico y su empresa Viajes Imperial- eso quiere decir que la licencia que tienen, y que hasta ahora no valía nada porque cualquier persona podía pedir una, se va a volver un activo.
“Se genera inmediatamente un valor que no existía. Se le triplicó el capital sin que [él] hiciera nada”, dice un ex funcionario del sector.
Eso ya pasó con los taxis amarillos: en Bogotá, donde el cupo está congelado desde 1992, el valor del derecho a circular se ha disparado desde unos 30 millones hace una década hasta 80 a 95 millones hoy (que los propietarios de los carros pagan no a la ciudad, sino a las empresas que los controlan).
El problema no es solo que la medida beneficie a Peña, sino que -según cinco expertos en transporte consultados por La Silla- es perjudicial.
“Regular con cuotas nunca es una buena idea porque no corresponde ni a una ley de mercado ni a una regulación, y solo sube el valor del bien. Es como si si solo se pudiera importar un millón de carros: se va a triplicar el costo de cada uno”, dice Eduardo Behrentz, el decano de ingeniería de la Universidad de los Andes.
Él y otros cuatro expertos consultados por La Silla enfatizaron que cualquier intervención tan fuerte del Gobierno en el mercado debería venir respaldada por una serie de estudios técnicos que en este caso no se conocen. “¿Está probado que la manera de regular eso no es la competencia?”, pregunta un ex alto funcionario del sector.
El Ministerio de Transporte defiende que los cupos son una necesidad para supervisar un sector en donde la piratería es rampante, debido a que las empresas montaron el negocio de pedirle 'capacidad transportadora' al Gobierno y luego venderle esa afiliación a los propietarios de carros por entre 8 y 10 millones de pesos. Como esos carros luego no tienen contratos de prestación de servicio (la condición para trabajar en este sector), terminan de piratas y haciendo rutas de buses, taxis colectivos e intermunicipales.
“El decreto busca organizar el sector para que las empresas se concentren en prestar los servicios que son”, le dijo a La Silla Aida Lucy Ospina, la directora de tránsito del Ministerio, explicando que es una medida transitoria -de un año- que se reevaluará una vez haya un estudio sobre la oferta y demanda de ese servicio.
Mientras eso suceda, empresas como la de Uldarico (que contrata con empresas y cuyo número de carros el empresario prefirió no revelar) tendrán vía libre para vender sus cupos a los nuevos jugadores que quieran entrar a un mercado que ahora quedó cerrado.
Es ridículo el solo hecho de que el control de circulación sobre la vía para este servicio lo tenga un par de viejos avaros y sinvergüenzas. ¡¡¡Despierta pueblo idiota, no usemos más este servicio!!!
En este país mandan los gremios. Los gremios votan en bloque o financian campañas. Y esos votos y aportes, generan privilegios.
Cortar la iniciativa, el emprendimiento y la libre competencia en un país en supuesto "desarrollo" es una PUÑALADA TRAPERA a su mismo corazón desangrado. Ciudadanos, que buscan poder "vivir" honestamente a través de un trabajo honesto, serio, mejorado y comprometido, deberían no solo ser apoyados por el gobierno, cuyo estado estos mismos ciudadanos conforman, sino defendidos por él. Poner la ley al servicio de gamonales como en regímenes FEUDALES que creíamos superados, es UN CRIMEN. Los ciudadanos, usuarios del transporte público, que sostenemos este país, tenemos derecho a la libertad de escoger y rechazamos las medidas feudales, con gamonal propio, tomadas por la empleada de Ultrarrico en el Ministerio de Transporte.
Se entiende que se hace necesaria una organización, llámese cooperativa o de otra forma, para atender el servicio. Este ejercicio es lícito y legal y protegido por las instituciones del estado. Pero las obligaciones de estas organizaciones dónde están? Cómo es su tributación? Por qué no cancelan las multas? Por qué no cumplen las normas? Por qué no tienen un control sobre los afiliados? Por qué tratan mal al usuario y no son sancionados? Por qué, en ocasiones, actuan más como matones que como conductores?, etc, etc. Si las condiciones del servicio son tan regulares, por qué el las autoridades deben apoyarlos y concederles todo lo que piden? No sería más justo exigirles buen servicio y luego si concederles algunas ventajas, menos la de que se constituyan en monopolio.
Bessudo estará esperando para ver si llega la flota de helicópteros de Uldarico y le para el negocito de transporte aeropirata... que susto entre estos pesos PESADOS...
Lo chistoso es que hablan de transporte público y solo se trata de un monopolio del transporte que acaba con la competencia con ministro a bordo, igual que el monopolio de transmilenio, el monopolio del SITP, el monopolio del futuro Metro y así por el estilo, donde convierten un servicio en un negocio y los paganos son los ciudadanos...
Mas adelante saldrá el decreto con los cobros para que los particulares paguen para sustentar el transporte "público" que no se sostiene solo, porque el dinero no es para el servicio sino para sus dueños.. eso ya lo anuncio Petro para el metro sin plata...
El problema como tal va a seguir pues no es sobre quién controle cuál parte del negocio, sino que evidentemente el gobierno no ha podido regular "la actitud" de los taxistas. Ellos como grupo, como pandilla, como crimen organizado, como matones, son los que generan la necesidad de alternativas de decencia comprobable como Uber, y si van a ser quienes prestan un supuesto servicio mejor, no va a ser mejor, seguirán incumpliendo todas las normas de tránsito y de urbanidad que Uber no incumple. Pierden los ciudadanos. Esos dos ministros (de trabajo y transporte) deben renunciar por su obvia venalidad.
El mal llamado 'cupo' es un negocio ilícito de las empresas transportadoras, pues corresponde a la capacidad transportadora que resulta de un estudio de mercado y que el Estado asigna. El Ministerio ha emitido múltiples conceptos de que el cupo no corresponde al propietario del vehículo sino que es inherente al automotor que es el vinculado a la empresa, pero con cinismo y sin hacer valer su autoridad (parece que teme ejercerla) acepta que tal cupo se negocia en el mercado. Como ha sido analizado, esta decisión es ilegal y una forma de corrupción (no solo es pedir dinero, es proteger intereses de unos para afectar los de otros.)
Discutiendo con amigos, nos dimos cuenta que el tema de los cupos está lejos de ser transparente. Nos asaltan las siguientes dudas, ojalá podamos encontrar respuestas. La palabra "cupo" siempre viene acompañada de la palabra "derecho". Ese "derecho" es algo con lo que se negocia (empresas o propietarios los venden a los nuevos que quieran entrar) y, al estar congelado el número de cupos, su precio aumenta.
La primera pregunta es: ¿las empresas o dueños de cupos tributan sobre ese valor? ¿El cupo constituye patrimonio? ¿Qué piensa la DIAN? Si no tributa, ¿por qué el estado debe esforzarse para proteger el supuesto derecho?
Lo otro, es que claramente el negocio no es transportar personas. Es dominar los cupos y explotar a los chóferes. ¿Es posible tener un enfoque diferente?
Más preguntas:
1. ¿El cupo se entrega a perpetuidad?
2. Si es así, ¿existe algún otro tipo de concesión que el estado colombiano otorgue a perpetuidad?
3. ¿Los concesionarios de autopistas, por ejemplo, podrían oponerse al desarrollo del transporte fluvial, férreo o aéreo que les compita? ¿Lo hacen?
El negocio de Google tampoco es el de los motores de búsqueda, pero desarrollan esta actividad de manera tan admirable que su negocio, la publicidad y el mercadeo, florece y prospera. Y tienen mucha competencia, pero sin tanto éxito como ellos.
Por este lado, el valor de los cupos se eleva mientras la calidad del servicio disminuye (o no importa), y no aceptan competencia. ¿Cuál es la lógica detrás de este modelo de servicio?