Una orden de la Superintendencia de Notariado y Registro mantiene con oxígeno la fuente de financiación de la red pública hospitalaria de Barranquilla, programa bandera del charismo desde que está en el poder hace ocho años. Justamente la decisión la tomó un funcionario de la cuerda del vicepresidente Germán Vargas Lleras, cuyo bastión político en el Caribe es la familia Char.
El superintendente Jorge Enrique Vélez García les ordenó el martes a los notarios y al registrador de instrumentos públicos de Barranquilla seguir pidiendo el pago de la estampilla Pro-Hospitales para expedir el paz y salvo del impuesto predial. Sin ese certificado no es posible la compra y venta de inmuebles en esa capital.
Con esa orden, Vélez se echó para atrás en menos de cuatro días: el viernes 17 de julio les había comunicado a los notarios que ya no era necesario que exigieran la estampilla, es decir el 1,5% del valor de un inmueble, porque así lo falló el año pasado el Consejo de Estado tras una demanda que interpuso Camacol Caribe, el gremio de los constructores.
Con la estampilla, el Distrito ha recaudado 158 mil millones de pesos desde 2009, dineros que ingresan a las cuentas de la Unión Temporal Edisa. Esa firma tiene hasta 2018 concesionada la construcción, administración y dotación de la infraestructura de salud pública de Barranquilla.
En un nuevo round entre los constructores y el Distrito, en la pelea que comenzó hace ocho años, por ahora va ganando la Administración de Elsa Noguera y su familia política.
La pelea de dos poderes
Esta puja entre dos de los principales poderes de Barranquilla comenzó en 2007 cuando la administración del entonces alcalde Guillermo Hoegnisbeg estableció el cobro de la estampilla Pro-Hospitales de I y II nivel. Para aquella época se gravaba la firma de las escrituras públicas.
Los constructores demandaron y argumentaron que la estampilla que se estaba cobrando se hacía en transacciones entre particulares (el propietario de un inmueble y un notario), cuando por ley debe intervenir al menos un funcionario público. Además se quejaron porque el sector en aquel momento era débil y ese pago los hacía menos atractivos para los compradores de vivienda.
El Tribunal Administrativo del Atlántico les dio la razón, pero el Distrito apeló.
Mientras llegaba la respuesta a la apelación, ya con Alejandro Char como alcalde, la administración promovió con la Asamblea del Atlántico una nueva ordenanza porque según la ley colombiana son esas corporaciones las que deben reglamentar el cobro y autorizar a los municipios y distritos el uso de los recursos de estampillas.
La ordenanza 070 de 2009 establece un nuevo cobro que tiene como base gravable el 1,5% sobre el valor de un inmueble y como hecho generador la expedición del paz y salvo del predial, este último firmado por el Secretario de Hacienda. De esta manera se da la intervención de un funcionario público, pero Camacol demandó nuevamente la estampilla al considerar que ese 1,5% que se cobra no debe ser sobre el valor del inmueble sino sobre el costo de la expedición del paz y salvo, que es cero pesos.
El Consejo de Estado les dio en agosto del año pasado la razón a los constructores y desde entonces la administración de Elsa Noguera ha interpuesto varios recursos que todavía hoy hacen que la estampilla se siga cobrando.
La alcaldesa ha dicho que su administración hará todo lo posible para no dejar de recibir vía estampilla los recursos con los que se benefician 1.200.000 habitantes y con los que ella y su antecesor Char han impulsado una de sus principales banderas de gobierno. Ese número de barranquilleros son los usuarios de los 39 hospitales de primer y segundo nivel que el Distrito ha construido desde la administración pasada.
Camacol, por su parte, asegura que la estampilla “grava drástica y exclusivamente al sector inmobiliario y constructor” y no tiene responsabilidad alguna en que la administración haya planificado la financiación de obras clave del sector salud en normas “que no cumplen con los parámetros que indica la Ley”.
Un constructor le dijo además a La Silla que ellos no están de acuerdo con ser los únicos que tengan que pagar la estampilla y no entienden por qué el Distrito no hace que los demás gremios se metan también la mano al bolsillo para financiar la salud pública distrital.
Él, por ejemplo, nos aseguró que al lanzar un proyecto de 20 mil millones de pesos de inmediato debe deducir los 300 millones de pesos por el cobro de estampilla, impuesto que solo lo paga cuando construye en Barranquilla y hace que reduzca su margen de ingresos en esa capital.
Sin embargo, el secretario de Hacienda Raúl Lacouture le aseguró a La Silla que los constructores se han beneficiado con el boom inmobiliario que vive la ciudad y por tanto el impuesto no les hace tanta mella y es una contribución necesaria para beneficiar a los más pobres.
El boom inmobiliario es innegable. Según cifras de Camacol, entre mayo de 2014 y abril de 2015 se licenciaron cerca de 1.800.000 metros cuadrados destinados para la construcción de vivienda, es decir, un 90% más frente al área licenciada entre mayo de 2013 y abril de 2014. Esos metros cuadrados ubican a Barranquilla entre las cinco ciudades colombianas con mayor dinámica inmobiliaria.
Camacol tiene 72 afiliados, entre constructores y entidades vinculadas al negocio de la construcción, y es uno de los gremios que más dinamiza la economía local por el empleo que genera. Su actal junta directiva es presidida por Fernando Sarabia Better, del grupo Cemento Argos, y su gerente es María Elia Abuchaibe, quien durante la administración de Alejandro Char se desempeñó como secretaria de Planeación.
En esa cruzada del Distrito para no quedarse sin gasolina, la alcaldesa Elsa Noguera le pidió esta semana al gobernador del Atlántico José Antonio Segebre que la apoyara con una ordenanza en la Asamblea para darle vía libre a una nueva estampilla de recibir otro pronunciamiento desfavorable de parte del Consejo de Estado,
La petición de la alcaldesa pone al gobernador en una situación incómoda porque su hermano Jorge Andrés el ‘Chirri’ Segebre es uno de los mayores constructores del Atlántico. Él es el dueño de AS Construcciones, la constructora de los dos principales centros comerciales de Barranquilla y es además miembro de la Junta Directiva de Camacol Caribe, el gremio con el que pelea la alcaldesa.
La reversa que por ahora beneficia al Distrito
Conocida la primera instrucción del Superintendente de Notariado y Registro, el secretario de Hacienda de Barranquilla Raúl Lacouture le envió el lunes un documento en el que le aseguró que la estampilla está siendo “objeto de debate de legalidad” porque la decisión del Consejo de Estado no está en firme debido a los recursos interpuestos por el Distrito ante ese tribunal, los más recientes son una nueva súplica y un incidente de nulidad.
Tras los argumentos del Secretario el martes llegó la reversa y con ella un nuevo round entre los constructores y el Distrito. Por ahora la administración de Elsa Noguera va ganando gracias a su familia política: al igual que la alcaldesa y su aliado Alejandro Char, el Supernotariado es de las entrañas de Cambio Radical.
Vélez participó de los inicios de ese partido y se hizo cercano a Vargas Lleras. De hecho, integró la lista de Cambio para las legislativas de 2006 y aunque no logró la curul en 2008 pudo entrar al Senado a reemplazar al exgobernador del Meta Luis Carlos Torres, quien fue inhabilitado y destituido. En la Superintendencia lo posesionó Vargas Lleras, cuando era ministro del Interior.
Ahora Camacol Caribe le enviará al Superintendente un derecho de petición para que éste le explique al gremio cuáles fueron sus argumentos jurídicos para dar reversa y mantener el cobro de la estampilla pese al fallo del Consejo de Estado.
Para los constructores los recursos interpuestos desde 2014 por la administración de Noguera son una estrategia dilatoria para no reconocer el fallo y seguir cobrando la estampilla.
Lo mismo piensa el abogado administrativista y constitucionalista Roberto Tapia, para quien el fallo del Consejo de Estado quedó en firme desde enero pasado y sin más recursos posibles porque esa era la última instancia del proceso. En enero el Consejo de Estado rechazó una petición de aclaración que le había enviado el Distrito.
Tapia le dijo a La Silla que la alcaldesa y su gabinete están expuestos a ser demandados por fraude a resolución judicial y a sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría al no acatar el fallo.
Pero el departamento jurídico del Distrito cree que sí caben los recursos y por eso los ha interpuesto desde el año pasado.
Mientras el Consejo de Estado vuelve a pronunciarse y Camacol a presionar para que se deje de cobrar la estampilla, la decisión del Superintendente no solo le pone combustible por unos meses más a uno de los programas bandera del charismo desde que está en el poder sino que demuestra que los problemas se resuelven mejor en familia.
