El oro negro en territorio de las Farc

La fiebre por coltán llegó al parque Puinawai y detrás de ella llegaron las Farc a controlar el mercado. Desde Inírida, a dos días en lancha de distancia, los funcionarios de Parques tratan de vigilar el área protegida de más de un millón de hectáreas sin poder acercarse al parque por miedo a que “los muchachos” atenten contra sus vidas. Hace más de un año que la situación es la misma: no hay quién detenga la minería sin control en medio de la selva amazónica. 

En 2008 empezó la búsqueda de la tierra negra en el Guainía, donde se encuentran mezclados minerales de gran valor para la producción de aparatos electrónicos como tungsteno, columbita y tantalita, estos últimos los elementos que componen el coltán. El sitio elegido para su explotación, debido a su abundancia, fue la cuenca alta y media del río Inírida en un lugar llamado Zancudo, en la parte norte del parque nacional natural Puinawai.

Los primeros en explotarla fueron los indígenas de la zona y mineros que llegaron de San José del Guaviare. Pero con el auge de compradores dispuestos a pagar 40 mil pesos por el kilo de tierra negra, llegaron las Farc a finales de 2010. El Frente Acacio Medina, una columna móvil de la guerrilla, se instaló en Zancudo para controlar el mercado y para cobrar una vacuna por cada tonelada que saliera del parque.

Las autoridades regionales y el gobierno conocen lo que está pasando en Zancudo pero aún no han hecho nada. La razón principal es la dificultad de acceso. Llegar a Puinawai es muy difícil: sólo se puede por el río Guainía o por el río Inírida. Pero si se escoge éste último, hay que sobrepasar seis raudales que obligan a los lancheros a sacar la lancha del río y caminar 100 metros hasta llegar a un lugar donde se pueda volver a navegar.  La única forma de llegar a Zancudo es por este camino.

“Cuando se hacen operativos de minería ilegal en otras partes de Colombia, mandan un pelotón del ejército con diez carros y varios helicópteros que puedan tomar el control del territorio”, le dijo a La Silla Alfredo Gómez, director seccional de Guainía de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA). “En Guainía no se puede hacer eso. Todo tiene que hacerse por vía aérea y es muy costoso”. 

Pero mientras el Estado se queda cruzado de brazos, el daño ambiental en el parque cada día es más notorio. Para sacar el coltán y el tungsteno tienen que tumbar árboles pues de esa forma se aprovecha mejor el terreno. Aunque no hay retroexcavadoras ni grandes máquinas para hacerlo, pues es casi imposible llevarlas, a punta de pala, sierras y máquinas pequeñas han deforestado más de 26 hectáreas de reserva amazónica, una cifra estimada con los registros aéreos de la zona. Veintiséis hectáreas no suena mucho pero dado que es un parque de alta biodiversidad y que cada día aumenta sí es preocupante.

El camino de las vacunas

Para sacar la arena negra de Puinawai, los compradores tienen que enfrentar una larga travesía por caños ocultos que conectan a Guainía con otros departamentos.
 
Antes los compradores bajaban por el río Inírida hasta la capital de Guainía y ahí compraban a la guardia de turno de la Armada. Después de eso, a tan sólo unos kilómetros, conquistaban el río Guaviare y llegaban a Vichada. Ahí legalizaban la mercancía con unos títulos mineros otorgados en el departamento.
 
Pero la estrategia se les dañó hace unos dos años cuando las autoridades ambientales empezaron a controlar el río y a exigir licencias ambientales que respaldaran los títulos mineros. Como nadie tenía licencia ambiental, la CDA decomisó más de treinta toneladas y los compradores tuvieron que cambiar de estrategia. Fue en ese momento cuando el destino se volvió Villavicencio.
 
Pero transitar la ruta del coltán tiene un precio fijado por varios frentes de las Farc. Cada tonelada que compran en Puinawai cuesta 9 millones de pesos (después del auge minero el precio se estabilizó en nueve mil pesos el kilo), y para sacarla tienen que pagarle cinco millones de pesos al frente Acacio Medina de las Farc.

Desde Zancudo los compradores remontan el río Inírida hasta llegar a dos caseríos del departamento del Guaviare: Puerto Flores o Charras. Ahí se encuentran con dos frentes de la guerrilla. El primero es el 44 de las Farc que cobra una vacuna de tres millones de pesos por cada tonelada y después el frente 16 de las Farc que cobra 2 millones.

Ya en el Guaviare, los compradores utilizan trochas antiguas de la guerrilla que los llevan hasta San José del Guaviare. Ahí tienen que pagarle un millón de pesos al Frente Séptimo de las Farc, la última columna de este grupo armado que domina la ruta del coltán.

En la capital del Guaviare, el control pasa a las manos de los paramilitares, que cobran un peaje de 200 mil pesos por cada tonelada transportada hasta Villavicencio por vía terrestre.
 
Al conquistar la meta, los compradores ya han pagado por una tonelada de coltán más de 20 millones de pesos, sin contar lo que gastan en la logística para transportarlo. Aún así, el negocio sigue siendo jugoso: actualmente en el mercado oficial una tonelada de coltán puede costar más de 50 millones de pesos, una cifra que se eleva en el mercado negro.

Fiebre de oro en una serranía olvidada

En la serranía de Naquen, una zona montañosa de Guainía que limita con Brasil y con Venezuela, hay mineros colombianos y de los países vecinos explotando oro sin ningún tipo de control.
 
Llegaron hace un par de años cuando fueron expulsados de Venezuela por el gobierno de Chávez, después de que venían explotando ilegalmente el oro desde 2005.  “En Venezuela era más fácil sacarlo porque se encontraba en una capa superficial de la tierra”, le dijo un minero a La Silla que pidió no revelar su nombre. “En Naquen es más complicado porque hay que cavar hasta seis metros para poderlo encontrar”.

Cuando los mineros llegaron a la Serranía se encontraron con una mina que había sido abandonada hace más de treinta años por lo difícil que era sacar el oro y por lo inaccesible que es el lugar. 

Para llegar a Naquen los mineros se embarcan en una travesía de varios días por la selva amazónica pues no hay carreteras cerca a la serranía  y no se puede llegar ni por vía aérea ni fluvial. Toca navegar durante tres días por el río Inírida y después caminar más de cuatro horas desde la orilla del río hasta la mina.

“Usted tiene que llegar caminando y todo se lo tiene que echar al hombro”, le dijo el minero a La Silla. Inclusive a hombro han tenido que llevar las máquinas que utilizan para cavar la tierra y encontrar el oro.

Pero a pesar de que llegar a Naquen es una odisea que logran pocos, el impacto ambiental no parece tener freno alguno. Para sacar el oro tienen que talar varias hectáreas de bosque. Lo hacen de manera indiscriminada aprovechando que ninguna autoridad los controla.

La Serranía de Naquen no tiene doliente. Está por fuera de la competencia de la Alcaldía de Inírida y el gobernador no es una autoridad minera. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA), que es la autoridad ambiental en Guainía, tiene un presupuesto de aproximadamente 8.000 millones de pesos al año y con ello tiene que controlar lo que pasa en tres de los departamentos más grandes de Colombia: Guaviare, Vaupés y Guainía.

Naquen es responsabilidad del gobierno nacional: del Ministerio de Minas y del Ministerio de Medio Ambiente. Pero con tantos frentes que atacar, la Serranía ha sido olvidada.

Los mineros no están organizados. La mayoría vienen de la frontera. No están ahí para quedarse por lo que poco les importa el daño, probablemente irreversible, que puedan causarle a la selva amazónica de Colombia.

El oro ilegal que sostiene a Inírida

En Guainía los únicos que tienen permiso para sacar oro de forma tradicional son los indígenas, quienes hace unos años constituyeron una zona minera a dos horas en lancha de la capital.  Pero a lo largo y ancho de la zona, hay 15 dragas donde trabajan indígenas, colonos e inclusive varios brasileños. Esta actividad, aunque ilegal porque carecen de licencia para operar, está formalizada. Los mineros tienen una cooperativa y su trabajo se ha convertido en el sustento de gran parte de la población de Inírida.

En 1993 se constituyó una zona minera indígena que atraviesa el río Inírida desde el resguardo indígena Remanso hasta Chorrobocón, abarcando un área de más de 47 mil hectáreas. En esta zona, a tres horas en lancha del río Inírida están tres montañas que resaltan en medio de la selva plana y vírgen. Son los cerros de Mavecure, un lugar sagrado de los indígenas y de los más emblemáticos de la región.

Ahí los indígenas tienen derecho al barequeo, la forma artesanal de sacar el oro utilizando una batea sin el uso de sustancias tóxicas. Pero ellos ya no trabajan el oro de forma artesanal. Hace décadas se asociaron con los mineros para sacar el oro con maquinaria especializada y en 1997 fundaron la Cooperativa de Mineros de Colombia.

En medio del río Inírida hay una decena de balsas mineras que parecen chozas por su techo de paja. Por el movimiento que producen las dragas durante día y noche, el río ha dejado de ser negro y ahora es cafe con leche.

“Los mineros ponen las máquinas pero el 80 por ciento de la mano de obra es indígena”, le dijo a La Silla Sergio Alejandro Varón, el representante legal de la cooperativa.

De este negocio viven las comunidades indígenas de la zona y gran parte de la población de Inírida. Diariamente recuperan en esa zona entre 15 y 20 gramos de oro y cada gramo lo venden a 85 mil pesos. Las calles de Inírida están atiborradas de compraventas de oro, que pagan impuestos al municipio, y donde se negocia el mineral que se recupera sin permisos en la zona minera indígena.

Esta actividad no está permitida ni cumple con las exigencias ambientales. Para lograr algún grado de control la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA), autoridad ambiental de la región, se dedicó a trabajar con los mineros haciendo talleres sobre tecnologías limpias para el uso del mercurio.

En el 2001 la CDA les dió una máquina llamada “retorta”. Con ella no sólo se evita una de las peores formas de contaminación que es que el mercurio se evapore y con la lluvia vuelva a caer en el río o en la selva, sino que permite que los mineros al reciclarlo se ahorren el costo del mercurio: cada kilo cuesta 400 mil pesos.

Los mineros han tratado de organizarse para mitigar el impacto ambiental. “Es cierto que en los noventa el uso del mercurio era indiscriminado, pero las cosas han cambiado”, le dijo Varón a La Silla.  “Nosotros tenemos conciencia ambiental y cada día tratamos de causarle un menor impacto a la tierra de la que vivimos”.

Además de utilizar la retorta, la arena que fue mezclada con el mercurio la entierran en pozos que cavan en los resguardos indígenas. Esta medida aunque paliativa es cuestionada no sólo porque se contamina la tierra sino porque con las fuertes lluvias de la selva tropical es posible que el mercurio enterrado vuelva a filtrarse en el río.

Actualmente el río Inírida está contaminado por mercurio. Esto lo demuestran estudios que realizó la World Wildlife Fund (WWF), una ONG internacional ambiental, en los que se prueba que los peces del río tienen niveles de mercurio superiores a los permitidos por la Organización Mundial de la Salud.

La minería es al mismo tiempo el sustento económico de las comunidades pero también su veneno pues todas se alimentan de los peces del río Inírida. Por esta razón los mineros quieren formalizarse y someterse a un mayor control ambiental. “Actualmente estamos cotizando una máquina que vale 15 millones y permite sacar oro sin utilizar mercurio”, le dijo Varón a La Silla. “Nuestra expectativa es que con la ayuda de la CDA podamos empezar a utilizarla a comienzo s del próximo año”. 

Pero a pesar de las buenas intenciones de algunos mineros esta actividad sigue sin ningún tipo de control por las autoridades. “Nosotros sabemos que es ilegal pero no podemos hacer nada al respecto” le dijo a La Silla Oscar Delvasto, alcalde de Inírida. “Si decomisamos las máquinas se quedarían sin empleo más de 500 familias y ese es un problema social que no podemos enfrentar”.

La apuesta de La Alcaldía es buscar la formalización, sin embargo, con la legislación actual esta medida parece poco probable, si no imposible. Para obtener la licencia ambiental tendría que hacerse una sustracción de la reserva forestal y hasta que no se haga un ordenamiento forestal de la Amazonía no se permiten sustracciones.

Todo parece indicar que las cosas se quedarán como están: que los mineros seguirán formalizados en la ilegalidad, con buenas intenciones pero sin ningún control ambiental que asegure el menor impacto en una de las principales fuentes de agua del departamento amazónico.