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Martes Diciembre 01, 2020

Lunes, Abril 7, 2014 - 18:30

¿Con qué reforma al sector minero comprometería usted a candidatos presidenciales?

El próximo inquilino de la Casa de Nariño tendrá que tomar decisiones de fondo sobre la minería, un sector estratégico para la economía y también uno de los más polarizadores. Y son varios los temas claves de política minera sobre la mesa, desde la caída de la reforma del Código Minero hasta la debilidad de las autoridades ambientales para hacerle veeduría al sector, desde la conservación de ecosistemas estratégicos como los páramos hasta el fracaso de las políticas para pequeña minería. ¿Con qué reforma para el sector comprometería usted a los cinco candidatos presidenciales?

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Profesor Universidad Externado en temas mineros
Mar, 2014-04-29 11:01

Lo que se llama sector minero está compuesto en realidad por muchas categorías cada una con situaciones sociales particulares, como minería de subsistencia, pequeña minería, ilegal, informal, criminal, tradicional, artesanal, mediana minería, gran minería. A su vez en una matriz de diferentes minerales, desde materiales de construcción, minerales industriales, minerales energéticos, metales preciosos, esmeraldas y níquel; cada uno con funciones económicas y significados sociales diferentes.

Una primera reforma necesaria a la institucionalidad sería la que permita diferenciar suficientemente estos subsectores en sus componentes sociales, económicas, geológicas y ecológicas y darles la correspondiente planificación especifica.

Construir social y técnicamente el concepto de Desarrollo Minero Sostenible para Colombia, entendido como la forma en que la minería se debería articular a los planes de desarrollo regionales en lo agropecuario, industrial, de infraestructura, la conservación, de servicios, etc; con indicadores de desarrollos sociales concretos, medibles y vinculantes. Ello requiere coordinar las instituciones que desde el Estado interpretan las dimensiones sociales, económicas y ecológicas del desarrollo, así como su legitimación democrática y la armonizar la relación de planificación entre el centro y las regiones.

Construir un mecanismo de ordenamiento territorial, que pueda entender y resolver más compleja y estratégicamente la actual dicotomía entre el potencial minero del subsuelo y los usos del suelo, algo más allá que la sola visión del ordenamiento territorial y ambiental para excluir la minería o la de imponer una minería sin sentido de la planificación estratégica del territorio. Priorizando en los grandes proyectos, actuales y posibles futuros en donde el O.T. requerido desborda lo municipal.

Reformar la actual política de exploración minera: ésta se definió en el momento más arduo del conflicto armado, cuando el costo país para los inversionistas era caro y los apremios de renta del Estado eran altos. Esto se viene revirtiendo y puede hacerlo más: entonces la reducción de los costos financieros por riesgo del capital debe ahora retornar al Estado y a la inversión social.

Renegociar contratos en lo más posible, recuperar la mayor cantidad de áreas libres mineras e incluirlas en las zonas de reserva minera estratégica, terminar contratos a quien incumpla, contratar exploración independiente de la explotación, incluir el eco-diseño minero desde la exploración, crear una instancia especial de seguimiento a la exploración que permita fortalecer el conocimiento del potencial del subsuelo y su planificación. Fortalecer la institucionalidad para la evaluación y certificación de las reservas mineras probadas y evitar así los riesgos de la especulación de títulos mineros.

Como un primer paso hacia la descentralización del manejo del recurso minero, delegar las funciones de autoridad minera para materiales de construcción en los departamentos y ciudades grandes, toda vez que su aprovechamiento corresponde a lógicas regionales, y solo manteniendo competencias en la demanda de proyectos de infraestructura de orden nacional.

Desarrollar un modelo viable para la minería popular o campesina, que por medio de asociaciones cooperativas y la asistencia técnica y económica estatal, permita explotar yacimientos que por sus características puedan ser aprovechados a menor escala y con baja tecnología, reivindicando a las comunidades que históricamente han hecho minería y de paso evaluando modelos mineros alternativos a los de gran escala.

Así mismo repensar el modelo en zonas mineras de comunidades indígenas y negras, tenido en cuenta las particularidades culturales de estas comunidades y sus vulnerabilidades sociales y ambientales, teniendo en cuenta que los mecanismos de consulta previa y zonas mientras de comunidades étnicas no están logrando su objetivo de preservar los valores sociales y culturales de estas comunidades.


Gerente de Eco Oro
Lun, 2014-04-28 14:12

No sé si es correcto hablar de la prioritaria necesidad de "restablecer" o mejor de "establecer" la confianza recíproca en todos los niveles y para todos los efectos en nuestro país.

Si la confianza se define como: "la creencia de que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación", pues no se requiere de mucho esfuerzo intelectual para "descubrir" que ahí tenemos un "talón de Aquiles " que debilita todo el accionar de la vida nacional.

Por desgracia el sector minero, la minería en general, despierta desconfianzas. Pero también a la inversa, al sector le cuesta creer en la inestable seguridad jurídica, en la buena fe y justeza de algunos de sus enconados críticos, y por sobre todo duele que una actividad dura, sufrida, riesgosa, pero con tantos beneficios para la humanidad, tenga que librar batallas de toda índole para su supervivencia. Revertir esta situación de desconfianza generalizada, es un reto mayor.

Creemos y estamos con una minería desarrollada por empresas con alto respaldo económico y una cada vez más comprobada ética corporativa, suficientes garantías para que la actividad sea plenamente exitosa. Operarios calificados, tecnologías de última generación, presupuestos suficientes, personal administrativo y directivo comprometidos con el rendimiento económico de sus empresas, pero ante todo con el desarrollo y la defensa ecológica de su país, dan como resultado el beneplácito o licencia social que le expiden ya plenamente algunas comunidades que se ven beneficiadas con las múltiples inversiones provenientes de las regalías, impuestos, dividendos, e inversión directa de las empresas mineras, entre otras. Esos pequeños mineros o mineros artesanales que cambian sus duras, peligrosas y poco rentables faenas de antaño, por labores con riesgos minimizados, seguridad de un salario o unos dividendos dignos, que garanticen un mejor futuro a sus familias, son los acogidos por Compañías acuciosas y vigilantes en el desarrollo de sus operaciones y además prestas a reconocer y pagar sus errores. Esto es, en forma apretada, parte de la verdad de la minería seria, transparente y organizada, que algunos se resisten a reconocer. Esta minería debe ser digna de confianza.

Claro que se requiere de la crítica sana, bien intencionada, constructiva. Desde luego que son necesarios los controles, la vigilancia. Imperativo el diálogo, la conversación, la concertación, los compromisos. Pero todos "remando en una misma dirección": por la búsqueda incesante de un mejor país.
Jalonar, liderar desde un gobierno el respeto, el reconocimiento, y porqué no, la admiración hacia una actividad que cumple un rol importante en la economía y específicamente en la consecución de los recursos destinados a la inversión social en el país, no puede ser visto sino como una actitud honesta, justa, ecuánime.

Más allá de ideologías, de posturas partidistas, de cálculos electorales, todos vemos el propósito de la Paz como algo esencial para el país; algo similar debe ser la visión que tengamos de la minería. Que por cierto, para el 'posconflicto', será todavía mucho más preponderante el rol a desempeñar. Ojalá, desde la serenidad del espíritu y la inteligencia racional, con hechos claros el gobernante que deba continuar al mando de nuestro país durante el próximo periodo presidencial, sea capaz de vislumbrar el universo de oportunidades que nos regaló el Creador con una patria preñada por doquiera de incalculables riquezas.

La minería "financieramente viable y ambientalmente sostenible" como alguien la denominaba, debe ser bandera no solo de los candidatos a la Presidencia de la República, sino de todos y cada uno de los Colombianos.

¡Es menester “ambientar” una minería para el desarrollo, en lugar de minar un “ambiente” de desarrollo que nos deje en el atraso!


Ex viceministro de Minas
Lun, 2014-04-21 15:12

Son pocas pero cruciales.

Tal vez la más importante de las reformas es la que tiene el título más estruendoso y de impacto inmediato negativo ya que no tiene sólo que ver con la minería sino con toda la intervención en un recurso importante: centralizar el agua.

Ahora, el título con un poco más de amabilidad: crear una entidad nacional que pueda coordinar la intervención del agua. El agua en Colombia se planea a través de corporaciones autónomas regionales que desde la Ley 99 para acá han sido objeto de reformas para mal que no son objeto de este ensayo.

El agua debe ser considerada como prioridad y el conocimiento y planeación del recurso debe estar en cabeza de la élite técnica. Su aprovechamiento e intervención en todos los sentidos debe estar a cargo de una entidad que pueda coordinar las actividades regionales con autoridad y suficiencia. Eso no ocurre hoy: la política del agua debe contener denominadores comunes fuertes y no estar a merced de los átomos en desorden que es hoy.

Segundo, definir con claridad dónde se puede hacer minería. Y en donde se pueda, pues que se realice. Y donde no se pueda, que no se haga y se establezca como una zona especial y protegida, pero con las herramientas que permitan protegerla. No que quede a merced de la explotación ilegal.

Y tercero, definir de una vez que la operación minera debe estar en manos de los mejores. Hay que acabar con privilegios de explotación para minorías, cualquiera que éstas sean. Y que la minería tenga en su asignación de áreas los criterios para que sean las empresas con mayor experiencia técnica y capacidad económica que las realicen.


Ex directora de diálogos mineros Avanza del Ministerio del Interior
Mar, 2014-04-08 22:30

El número de conflictos socio-ambientales alrededor de la minería ha ido aumentando en todos los países de América Latina. Colombia no es ajena a este fenómeno.

El modus operandi de los proyectos mineros introduce una modernidad acelerada a nivel local que transforma las dinámicas económicas, sociales y de poder. La composición de estos conflictos es diversa y compleja. La mayoría de las veces se trata de expresiones de oposición o resistencia frente a los proyectos, pero también se encuentran movilizaciones de apoyo a las inversiones mineras.

Lo anterior conduce necesariamente a cuestionamientos democráticos fundamentales y a revisar las políticas y mecanismos del accionar gubernamental. En ocasiones, la respuesta es evidente o al menos, se dispone de instrumentos claros para actuar (eje: se prohíbe el desarrollo de proyectos que destruyen la biodiversidad).

No obstante, en otros casos la situación es mucho más compleja, tal como ocurre con el ordenamiento territorial, la zonificación económica y ecológica, el equilibrio entre las expectativas locales vs las necesidades nacionales, las incertidumbres de la población local, así como con las demandas de participación ciudadana de comunidades que no son “sujeto” de consulta previa, por ejemplo.

A este escenario ya bastante complejo, se debe sumar el hecho de que los mecanismos y espacios institucionales para gestionar los entornos sociales de la minería y lograr un desarrollo sostenible resultan insuficientes, fragmentados y débiles.

En la acción estatal prevalece una perspectiva de atención a situaciones de crisis, más no se dispone mecanismos para fortalecer la participación ciudadana, construir relaciones de confianza y visiones conjuntas entre los actores presentes en los territorios. Intervenciones teñidas de esta cualidad no son efectivas para evitar que se generen nuevos conflictos. Y ello es así, entre otras cosas, porque la gran mayoría de los conflictos socio-ambientales son expresión sintomática de profundos problemas estructurales que enfrentan amplios sectores de la población de estas regiones mineras.

La pregunta entonces sería: ¿cuál es su propuesta de agenda social para acompañar el desarrollo de la minería?


Director de Foro Nacional por Colombia
Lun, 2014-04-07 22:56

Antes que una reforma específica, lo primero que sugeriría a los candidatos presidenciales es liderar un debate público sobre el modelo de minería que más le conviene a Colombia. Se trataría de responder a preguntas claves como:

¿Qué tanta minería? ¿Explotamos a tope los recursos naturales que posee el país para obtener en el corto plazo el mayor volumen de rentas posible o, más bien, pensando en las nuevas generaciones, planificamos esa explotación de manera racional para no agotar las reservas en el inmediato futuro?

¿Qué minerales vamos a explotar? ¿Aquellos que resulten más rentables en razón de la demanda y los precios internacionales, a fin de estimular la inversión privada, o aquellos que permitan satisfacer un mercado interno de materias primas y dinamizar la actividad productiva en el país?

¿Dónde? ¿En cualquier lugar del país donde exista la posibilidad de explotar recursos no renovables o solamente en aquellas zonas donde no existan restricciones ambientales por la existencia de zonas protegidas, o restricciones sociales debido a la presencia de comunidades étnicas o al alto impacto social que podría representar dicha explotación?

¿Cuándo? ¿Ya o solo cuando el país tenga conocimiento cierto sobre el potecial de recursos disponibles y cuente con las condiciones normativas e institucionales mínimas necesarias para regular la actividad extractiva, controlar la producción y evitar daño social y ambiental?

¿Quiénes? ¿Sólo con el concurso de las grandes multinacionales o facilitando la participación de la pequeña y la mediana producción mediante reglas de juego claras y diferenciales para las diferentes escalas de producción?

¿Bajo qué condiciones de contratación, de eficiencia productiva, de transparencia en las relaciones contractuales, los pagos y la distribución de uso de la renta, de responsabilidad social empresarial y de participación ciudadana?

¿Bajo qué esquema de roles y relaciones entre el Estado (a nivel nacional y territorial), las empresas (en sus diferentes escalas) y las comunidades locales (en su diversidad y desde la perspectiva de sus derechos)?

Por supuesto, son muchas las reformas que el país necesita en este campo (normativas, institucionales, de política pública, de intervención de la sociedad civil, etc.).

Pero ninguna de ellas podría tener sentido y eficacia hasta tanto no se definan cuestiones fundamentales implícitas en las preguntas arriba enunciadas y en otras que ayuden a resolver los importante dilemas que tiene el país en materia minera y que aún no han pasado por un debate nacional incluyente, informado y razonado.


Ex presidente del Cerrejón
Lun, 2014-04-07 22:55

Premisas:

1. El problema no es de leyes

     a. En Colombia la ley prohíbe el asesinato. ¿Se cumple esta ley?

     b. En Colombia la ley prohíbe a los funcionarios públicos aceptar sobornos. ¿Se cumple esta ley?

     c. En Colombia la ley prohíbe talar las cabeceras de los ríos. ¿Se cumple esta ley?

La obsesión no debe ser cambiar leyes sino hacerlas cumplir.

2. El problema es de gestión, de hacer que aquello que las leyes existentes ordenan se haga, se cumpla.

La atención debe estar en la medición de resultados de la gestión del gobierno, del ejecutivo.

3. Una ley incompleta con una buena gestión puede producir buenos resultados; una ley muy completa con una mala gestión sólo produce malos resultados.

     a. La exitosa Bogotá de Peñalosa no tenía mejores leyes que la descuadernada Bogotá de Petro, ni mejores leyes que la corrupta Bogotá de Samuel Moreno.

     b. La exitosa Barranquilla de Char no tenía mejores leyes que la postrada Barranquilla del condenado 'cura' Hoyos o la de Hoenigsberg.

Conclusión: Lo que yo les exigiría a los candidatos presidenciales es que no dediquen energía a cambiar las leyes. Les exigiría total atención en la implementación de las leyes existentes, en la gestión, lo cual implica foco, coordinación y capacidad de mando otorgadas por el candidato una vez electo Presidente, con liderazgo, voluntad política y con amplia y pública difusión de los mega objetivos (ver ejemplo).

A manera de ejemplo:

1. Anunciar y publicitar ampliamente los “mega objetivos” que busca el ejecutivo para el sector minero, cuyos resultados se puedan medir trimestral, semestral y anualmente. Definir con claridad las métricas a ser utilizadas. No se requieren grandes estudios ni mucho tiempo, deben estar en el programa del candidato y deben incluir objetivos de desarrollo, protección ambiental y compromiso social.

2. Crear una posición al más alto nivel del ejecutivo (llamémosla por sus siglas “PANE”) reportando al Presidente de la República, cuya primera tarea sea coordinar las funciones de las diversas entidades del ejecutivo nacional, con autoridad para nombrar y/o despedir funcionarios desde el nivel de viceministros hacia abajo si no se producen los resultados establecidos en los “mega objetivos”. Principalmente en:

      a. Ministerio de Minas y Energía       b. Ministerio de Ambiente

      c. Ministerio del Interior                   d. Ministerio de Defensa

3. Darle al 'PANE' una función de coordinación de la posición unificada del ejecutivo nacional con los ejecutivos regionales y municipales, en busca del cumplimiento de los mega objetivos. Con “dientes”.


Investigadora del Centro Vale para la Inversión Internacional Sostenible, Universidad de Columbia
Lun, 2014-04-07 22:51

La reforma con la que yo comprometería a los candidatos presidenciales es simple: maximizar los ingresos del Estado provenientes de la extracción minera.

Diferentes instituciones alardean sobre los grandes montos pagados por las empresas mineras en regalías. Claro, los montos son altos, ¡cómo no si es una actividad tan lucrativa!

Lo primero que debemos reconocer es que en la producción minera es el Estado el que hace la mayor inversión, el recurso mismo, el activo sin el cual la actividad simplemente no existiría. Las regalías son, nada más y nada menos, utilidades que le corresponden a Colombia como gran inversionista en la extracción minera.

Pero Colombia está dejando recibir lo que le corresponde. El artículo 360 de la Constitución define que “la explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía…”. Estas regalías, sin embargo, son impactadas por una serie de exenciones y maniobras contables que reducen el ingreso del Estado. Esto incluye que las regalías puedan ser deducidas como un costo de producción y por ende no sujetas a impuesto sobre la renta; que la minería no pague impuesto de industria y comercio a los entes territoriales; que la depreciación y amortización de activos fijos se haga en términos reducidos a hasta cinco años y que no se carguen impuestos a las remesas de dividendos e intereses.

Además, las regalías en Colombia se calculan sobre el valor del producto en boca de mina, no sobre su valor en puerto, que es en realidad donde está el poco valor agregado que tiene la producción y su valor real.

Hay otros dos aspectos que preocupan. Por un lado la falta de transparencia en los contratos y los términos de la negociación que no aseguran concesionar el activo al mejor postor. Como en Colombia ha sido “primero en el tiempo, primero en el derecho”, no hay manera de renegociar los contratos a favor del Estado. Un sistema de subasta transparente, donde los competidores expresen lo que están dispuestos a entregar al Estado y su verdadero cálculo sobre las reservas, ayudará a Colombia a mejorar sus términos de negociación y maximizar su ingreso.

Segundo, el Estado colombiano debe definir un impuesto progresivo donde asegure el incremento de sus ingresos en los momentos de auge del precio de los minerales y no que todas las utilidades vayan directo a las arcas de las empresas.

Por último, el Estado debe proteger a sus ciudadanos y buscar su bienestar. Dados los grandes vacíos en la regulación con respecto a los impactos socio-ambientales de la minería, lo mínimo que debe hacer el Estado es asegurar los recursos suficientes para cubrir sus externalidades. La débil regulación y la falta de información e institucionalidad hacen que al final el Estado colombiano asuma muchos de los costos de mitigar el impacto social y ambiental de la operación minera, costo que debería haber sido internalizado por las empresas y reducido de sus utilidades.

Dada la locomotora extractiva en la que nos ha montado el actual gobierno, el futuro mandatario deberá plantear las reformas necesarias que aseguren que el Estado colombiano verdaderamente maximice sus ingresos por concepto de esta actividad.


Abogado ambientalista, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida)
Lun, 2014-04-07 19:05

Sin duda, con una reforma al código de minas coherente con la constitución ecológica y las obligaciones del derecho ambiental internacional, en particular, las derivadas de los tratados de humedales, cambio climático, diversidad biológica y uso de mercurio.

Esto implica introducir de nuevo la prohibición de minería en páramos (que en todo caso se deriva de otras normas) y reafirmar la ilegalidad de los títulos mineros en áreas protegidas.

También debería admitir en forma precisa la procedencia de las consultas populares como mecanismo de participación ciudadana y las facultades de gobiernos locales en el ordenamiento de la minería.

Es algo que se espera de todos los candidatos, pero en especial del que representa al Partido Verde de Colombia.


Consultor internacional en RSE y Transparencia del sector extractivo
Lun, 2014-04-07 18:58

Cuando un recién llegado a Colombia conoce los debates y conflictos en torno a la minería del país, aparecen varios desajustes con respecto a la realidad local. Así las cosas, este sector puede convertirse en un terreno altamente propicio para ser abordado por un “ojo nuevo”, en el sentido que le otorgaba Montesquieu.

A pesar del rumor mediático y de muchos discursos "políticos" sobre la minería en Colombia - por parte del sector público o de actores de la sociedad civil, a favor o en contra la actividad minera - lo más urgente no parece ser el desarrollo de nuevas reformas, sino la buena implementación de los marcos y las herramientas ya existentes y vigentes.

El marco jurídico colombiano está mucho más desarrollado que en otros países, los cuales se beneficiaron del boom minero reciente.

A nivel "micro" de la pequeña minería (un sector que sustenta a miles de familias colombianas), lo más importante es una buena implementación de la política nacional de formalización, para lo cual se necesita de la ayuda institucional adecuada. No es necesario una octava ronda de definición de políticas de formalización, sino la capacitación y el acompañamiento a los mineros, muchos de los cuales le temen a los esfuerzos requeridos.

En el Bajo Cauca, los representantes del sector piden explicaciones, guía y asistencia para cumplir con el marco formal y alinearse con mejores prácticas ambientales, laborales y/o técnicas. En su mayoría, no rechazan la exigencia de vincularse al sistema y al mercado formal. Pero la atmósfera de criminalización (a veces justificada, por supuesto, para una minoría de operaciones de grupos criminales) inhibe esta dinámica.

A nivel de la gran minería, el marco legislativo colombiano parece menos estable, y más difícil de manejar para los inversionistas nacionales y extranjeros. Las múltiples instituciones involucradas en supervisar la actividad deben garantizar un futuro estable y visible para las empresas que trabajan con los recursos colombianos. Esto, con el fin de atraer a las empresas más responsables que cumplen con las mejores prácticas internacionales con respecto al ambiente, la transparencia, la seguridad y los derechos humanos.

Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de ofrecer condiciones leoninas de privilegios exagerados (fiscales, por ejemplo) que no contribuyen al desarrollo local. El gobierno debe definir más claramente el tipo de inversionista que quiere, y reflejarlo en sus tratados de comercio.

La mayoría de los estándares y normas voluntarias internacionales que impulsan estas prácticas - como los principios del ICMM, del Pacto Global, o del marco "Ruggie" de la ONU para Proteger, Respetar y Remediar los derechos humanos afectados - ya están establecidos en Colombia. Ahora es cuestión de aplicarlas en el terreno, a nivel de operaciones, y conjuntamente con todas las partes interesadas legítimas. Sólo así Colombia puede incrementar las ventajas que recibe de una minería responsable: empleo, desarrollo de infraestructura, regalías, enlaces productivos.

A nivel "macro", Colombia (su gobierno, sector privado y sociedad civil) tiene que seguir avanzando en el proceso positivo de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) ya en marcha. Esto es esencial para identificar, medir y explicarle al país entero los beneficios del sector.

Colombia ya tiene los marcos, las herramientas e iniciativas para un crecimiento responsable de la minería que beneficie a todos. Lo que necesitan hacer los próximos mandatarios es asistir al sector y a las comunidades afectadas, en su implementación participativa y efectiva de las leyes y estándares voluntarios para el beneficio de todos.

Porque como decía Montesquieu, "las leyes inútiles debilitan las leyes necesarias."


Ex presidenta del Sector de la Minería a Gran Escala (Sgme)
Lun, 2014-04-07 18:54

Sin duda, la industria minera formal -cuyas operaciones se desarrollan con base en estándares internacionales aplicables específicamente a esta actividad-, representa una extraordinaria oportunidad para aprovechar de manera responsable y sostenible la riqueza de los recursos naturales que pertenecen a todos los colombianos y que, por tanto, sus beneficios deben aprovechar a todos, generando mayor equidad social y regional.

En este sentido, sería muy interesante escuchar de los candidatos presidenciales qué proponen para garantizar en el mediano y el largo plazo una visión de país que permita el acompañamiento nacional y local a la minería formal y empresarial, para que la competitividad de la industria y del país como destino de inversión minera se mantenga.

Más que una reforma al sector minero, la industria requiere mayor claridad sobre la manera como se pueden cumplir las disposiciones aplicables al sector. Es decir, en unos casos existe la normativa pero falta de coordinación de las entidades del Gobierno Nacional y entre éstas y las autoridades locales. Hoy existen varias iniciativas de desarrollo de una minería responsable estancadas. Y estamos a la espera de decisiones administrativas que son básicamente responsabilidades de gestión administrativa.

Los candidatos presidenciales tienen el reto de definir el cómo debe avanzar la industria minera en Colombia. Para ello, existen cinco ejes de trabajo:

Uno, lograr un diálogo fluido, de la mano del gobierno (nacional y local), con las comunidades.? Durante nuestra tercera versión del Congreso Minería Responsable: Aliada del Desarrollo, se reiteró la importancia de contribuir para que la sociedad civil disponga del conocimiento objetivo y documentado sobre la realidad del sector minero, lo que le permitirá involucrarse de manera proactiva e informada con una industria que es una oportunidad para el país. 

Dos, definir oportuna y técnicamente la regulación ambiental, en dónde sí y en dónde no se puede hacer minería responsable y este punto va ligado al tercero que es combatir la ilegalidad. Mientras al sector minero formal y responsable está estancado, la minería ilegal y criminal avanza sin control dejando huellas irreparables, incluso en zonas que están a la espera de una decisión administrativa.

Cuarto, se debe continuar con el fortalecimiento de la institucionalidad minera y quinto gestionar con mayor eficacia la formalización minera.

Estos cinco ejes de trabajo garantizarían un camino para el desarrollo de un sector minero (formal) de talla mundial en Colombia.


Ex Ministro de Minas
Lun, 2014-04-07 18:49

La Ley 685 de 2001, que se encuentra vigente y no se ha “caído” como algunos dicen, es el único Código de Minas en la historia de Colombia que se ha debatido en el Congreso, siendo todas las anteriores decretos leyes producidos al amparo de facultades extraordinarias.

Es oportuno mencionar que no fue producido secretamente en los pasillos del Congreso, sino que su trámite de casi 4 años implicó más de 200 foros públicos a lo largo y ancho del país, incluyendo las formalidades de las consultas previstas en la normatividad vigente.

Tampoco es cierto que se hubiera construido bajo el impulso exclusivo del Ministerio de Minas y Energía: contó con elaborados e importantes debates entre Minas, Ambiente y del Interior.

Se trata de una ley que procura un desarrollo importante del sector, pero que contempla como principio fundamental que cualquier proyecto minero debe reunir concurrentemente las condiciones de ser financieramente viable y ambientalmente sostenible.

Como el país carece en gran medida de información geológica, fue necesario establecer como parámetro de asignación de áreas el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, que no es un invento colombiano y se usa en muchas latitudes. El defecto de dicha legislación fue el haber eliminado en el trámite legislativo barreras de entrada (técnicas, financieras y de trayectoria, que estaban incorporadas en el texto original), en aras de una supuesta protección al minero pequeño, con la consecuencia de generar una industria especulativa de solicitud de áreas no exactamente con ánimo de hacer minería, sino de apoderarse de unos derechos para hacerse a unas rentas relacionadas con una expectativa.

Ahora bien, es necesario incorporar los requisitos necesarios para que quien quiera hacer minería en Colombia tenga los recursos, experiencia y tecnología para hacerlo cumpliendo las mejores prácticas existentes, algo de esto se trató de hacer en el Plan Nacional de Desarrollo de Santos y que debería quedar incorporado en la legislación minera.

Los demás ajustes, más que al Código, deberían considerar temas afines no solo de la industria extractiva, sino para la generalidad de los proyectos de infraestructura, por ejemplo:

La necesidad de establecer instrumentos de coordinación institucional, que permitan a los agentes del sector tener mayor certeza frente al rumbo de las decisiones políticas. Es necesario que las señales que se den en los programas de gobierno se entiendan en todas las instancias, pues para lo que algunos en el Gobierno debía ser una locomotora, para otros se convirtió en un estorbo.

Deben incorporarse instrumentos que unifiquen criterios en el sistema nacional ambiental (SNA) y sus agentes: Ministerio de Ambiente, Anla, Parques Nacionales, corporaciones autónomas regionales, Dagmas locales, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Defensorías del pueblo y las mismas comunidades, todas llenas de buenas intensiones, pero cada una de ellas con su propio criterio, colocando a los inversionistas en la posición de tener que entender no un solo Estado sino una cantidad de Estados en el mismo territorio.

Las consultas de comunidades (y ahora a los entes territoriales) son una necesidad evidente, pero no pueden seguir versando sobre lo divino y lo humano sino que deben tener una reglamentación que establezca su propósito, condiciones, tiempos, recursos, temas, de manera que haya un alinderamiento y no sigan siendo la excusa para que mercaderes de derechos comunitarios terminen, como lo dijo la Ministra de Ambiente, extorsionando a los inversionistas y dejando a las comunidades viendo un chispero.

Las definiciones de santuarios ecológicos (que deben existir, como los páramos), deben obedecer a criterios técnicos, demostrables y documentados y no a la emoción expresada en una plaza pública. Estos criterios objetivos deben ser aplicables a todas las actividades, pues no se entiende como un supuesto santuario es considerado como tal solamente para la minería, pero se permite (o tolera) la construcción de vivienda, de carreteras, la agricultura u otras.

Se requiere la incorporación de mecanismos de acción efectivos para que el Estado pueda combatir la minería ilegal y proteger dichos santuarios y no dejar estas decisiones en manos de un alcalde que termina siendo capturado por el miedo u otro interés diferente. Y que a su vez se entienda que estas expresiones de ilegalidad no son materia del Ministerio de Minas sino de orden público y seguridad ciudadana y que corresponden a la esfera de otras entidades que tienen los mecanismos necesarios para enfrentarlas.

Estas son algunas ideas que podrían incorporarse a una legislación que, siendo susceptible de mejoras, no es la patente de corso que algunos quieren hacer parecer, desinformando a la comunidad.

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