Es algo absurdo negarle al fiscal su derecho a tomar posiciones sobre temas fundamentales del país. Mi argumento tiene dos premisas (1) Los problemas que son de su exclusiva competencia no están aislados, del contexto político; y menos lo pueden estar reformas que afectan la estructura misma de la rama judicial. Las correlaciones entre los poderes con esta reforma es sustantiva, no procedimental. De modo que el supuesto de competencias exclusivas en campos exclusivos me parece equivocado. (2) En las democracias constitucionales post rawlsianas el debate público es extraordinariamente importante, y el fiscal ha demostrado como académico que estudia los problemas y se documenta. Entonces, ¿por qué debemos pedirle que cierre su boca? Antes bien, la exposición de sus motivos contribuye a mejorar estos escenarios del debate público. Finalmente, llama la atención que los medios (implícitamente) pretendan su censura cuando han sido los beneficiados de exponerlos en sus primeras planas.

Claro que es inapropiado el protagonismo permanente del Fiscal en todos los debates nacionales. Aunque dentro de sus funciones él debe participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal, esto no lo habilita para inmiscuirse en el debate de todas las políticas del Estado.

Tampoco es apropiado mandar a sus subalternos a cabildear en causa propia como lo vimos hacer en días pasados.

Sin embargo, los inmensos presupuestos de publicidad que manejan la fiscalía y otras entidades gubernamentales explican y fomentan el afán de protagonismo y el contubernio entre altos funcionarios y medios de comunicación en Colombia.

Al año de estar apareciendo diariamente en los noticieros de TV, los funcionarios que manejan grandes presupuestos de publicidad, se sienten presidenciables y los medios de comunicación les estimulan el deseo de regir los destinos del país para beneficiarse de una tajada más grande de la torta presupuestal así una vez que dejen su cargo los medios los ignoren o incluso los persigan.

No considero conveniente que el Fiscal juegue un papel tan protagónico en el debate nacional. Está bien y es correcto que opine. Sus puntos de vista son valiosos y es muy importante escucharlos. Pero no es conveniente ni correcto que  trate de imponer su criterio con amenazas de demanda. Tampoco estoy de acuerdo con que insista en una asamblea constituyente. Ahora bien, con lo que sí estoy de acuerdo es con su afirmación de que si el precio del proceso de paz fuera que los “insurgentes” no pagaran cárcel por sus crímenes habría que aceptarlo. Sé muy bien que ahora una altísima mayoría de la opinión – al menos en las encuestas -  pide cárcel para ellos. Pero invito a que reflexionemos: ¿Pensarán quienes piden cárcel para los cabecillas guerrilleros que son ellos los únicos responsables y culpables del conflicto? ¿Verán a  Colombia como un país con bella y excelente democracia? ¿Con un aceptable grado de equidad, siquiera en los más elementales componentes de una vida digna, con posibilidades  y  oportunidades reales para la población?

La culpa y la responsabilidad son colectivas, de toda la sociedad colombiana, en muchos casos individualizable especialmente en sus políticos y sus gobernantes, por acción y por omisión. Pensemos sólo en los despojos de tierra, en el patrocinio del paramilitarismo cofinanciado también con el narcotráfico, en miles de casos para hacerse a fincas de campesinos humildes, con masacres de por medio. Y también en los falsos positivos- para mí más horrendos que todos los demás  crímenes-. Y las listas de pecados y de pecadores son interminables. ¿Por qué entonces, sólo los insurgentes deben ir a la cárcel? Tal vez,  la propuesta brillante  del ex presidente Gaviria sea la única forma de salir del atolladero.