El régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha sido permisivo y en algunos casos activo colaborador de las FARC. No sólo existen corredores estratégicos, sino que hay vínculos entre esa guerrilla y los carteles que operan en ese país.

Para agravar la situación las deportaciones de colombianos aumentan, la censura a algunos medios de comunicación colombianos ha sido evidente y la situación de empresarios colombianos que han invertido en Venezuela está llena de incertidumbres. Ahora, para distraer la crisis económica y social Nicolás Maduro hace presencia unilateral en aguas que históricamente se disputan.

Colombia tardó más de un mes para responder el decreto que válida esa agresión y Venezuela ignora las protestas. Colombia debe hacer valer su posición y llamar a consultas a su Embajador hasta que no se derogue el decreto. Tolerar esta agresión es un mal precedente. Colombia debe denunciar la agresiva conducta del régimen de Maduro en todas las instancias internacionales.

Duro no pero firme. Lo cortés no le quita a lo valiente.

Colombia, debe trabajar por mantener unas relaciones fluidas, concertadas y productivas en todos los temas de interés que nos unen con Venezuela, que bien sabemos que no son pocos y de una complejidad enorme, en una frontera con tanta inestabilidad por la presencia de actores armados ilegales, contrabando, narcotráfico, trata de personas, por mencionar algunos temas, que ninguno de los dos estados logra controlar.

Los intereses compartidos con Venezuela, por supuesto que van más allá de los retos de seguridad. Igualmente tenemos intereses económicos, de infraestructura, de manejo ambiental, en fin, todo lo que implica ser vecinos y tener una frontera compartida de más de mil kilómetros.

El balance de las relaciones Colombo-Venezolanas en estos cinco años del Presidente Juan Manuel Santos, lideradas por la Canciller María Ángela Holguín, nos deja el restablecimiento de unas relaciones que han vuelto a los cursos diplomáticos, superando los estruendos y amenazas del tiempo de Álvaro Uribe, donde se llegó a los extremos de considerar acciones de fuerza.

Los temas con Venezuela, incluido el reciente tema de decisiones unilaterales del Gobierno Venezolano sobre temas de controversia en límites fronterizos, deben ser tratados por los canales diplomáticos y sus mecanismos, como lo viene haciendo el Gobierno Colombiano.

Venezuela es una sociedad altamente polarizada, vive un proceso político muy complejo y la premisa es que debe ser tratado por Venezuela, en su complejidad social y política, y allí el Gobierno Colombiano no tiene nada que hacer.

La política exterior del presidente Santos en lo referente con las relaciones con Venezuela ha sido permisiva con los abusos del gobierno de Maduro.

Buena parte de esto obedece a la dependencia que se tiene por el proceso de paz, del cual el gobierno del vecino país es garante.

Ante la reciente agresión del gobierno venezolano, el gobierno de Colombia debe definir un plazo prudente y esperar la respuesta solicitada por la Cancillería referente al decreto venezolano que unilateralmente modificó los límites marítimos. Por ahora, la Armada Nacional debe verificar que no haya una violación a la soberanía de Colombia por parte de buques venezolanos, y esperar una improbable rectificación de Venezuela, frente a lo cual sigue el paso de llamar a consultas al embajador colombiano.

Definitivamente hace falta mayor contundencia en el lenguaje y en la respuesta diplomática, pues una vez más, el gobierno de Maduro falta al respeto a Colombia y demuestra que mientras nuestra Cancillería ha optado por el idealismo político, Maduro siguiendo la línea de acción de su antecesor, apela al realismo político.