Me llama mucho la atención la forma en que se hace la pregunta de la semana y la forma en que se responde. Me llama tambien la atención la invitación a la polarización.

Vivo en Europa hace 11 años. He tenido el privilegio de vivir en un pais que hace 60 años era pobrísimo y que ahora se encuentra a la vanguardia de la competitividad a nivel mundial. Aquí los debates sobre desarrollo con impacto ambiental ya se dieron. Las discusiones sobre medio ambiente tienen ahora un nivel diferente, no obstante, todavia se leen reparos y quejas de quienes consideran una afrenta al medio ambiente el haberse construido ciertas carreteras, autopistas y carrileras, que al final de cuentas ya están hechas y las usan hasta quienes se quejan contra ellas.

En mi opinion lo que se necesita es sensatez y capacidad de identificar las herramientas que implican desarrollo y que dignifican a los mas desprotegidos, como lo es la infraestructura versus otros proyecto como la mineria y explotacion petrolera que estan lejos de ser proyectos de desarrollo.>

Una mezcla de sensatez que combine medio ambiente y desarrollo ayudara a mover una sociedad que no tiene porque ubicarse en un extremo u otro. Como dijo uno de mis colegas, en estos temas hay que aplicar el proverbio "ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre".

A mí me parece que un país con tanta deuda social, no solo en educación y salud, sino tambien en infraestructura, no se puede dar el lujo de seguir en la inercia del "no hacer" y quedarse observando como otros si lo hacen o seguir escuchando a los que critican, sin propuestas de solución.

Si bien Suiza es un ejemplo de como combinar bienestar y prosperidad con sostenibilidad, hoy Ecuador es un modelo a emular cuando se define "bien común" y se obliga a tener en cuenta dentro de este, el impacto ambiental de los proyectos de desarrollo, llámese en este caso infraestructura.

Habría que mirarse como 7000 kilómetros de carretera que se construyeron en 4 años en el Ecuador no acabaron ecológica y ambientalmente con el "paraíso", como se presenta el Ecuador en su muy hermosa campaña "All you need is Ecuador".

El desarrollo con impacto ambiental solo puede ir de la mano en un modelo de desarrollo auto destructivo.

Se cumplen los 40 años del Código de Recursos naturales renovables y de protección del medio ambiente y lejos estamos de comprender lo que significa que el ambiente es patrimonio común, que se debe proteger y preservar.

Es indiscutible que cualquier proyecto de desarrollo físico tiene impactos ambientales. Si se tratara propiamente de privilegiar algo, mi opinión es que en Colombia deberíamos privilegiar proyectos como la educación y la paz pero para ello también tenemos que construir infraestructura, particularmente de transporte por el grave atraso que tenemos.

Ahora bien, como todos esos desarrollos físicos generan sus impactos ambientales, resulta ineludible aplicar algunas de las acciones que, con todo respeto lo digo, molestan a Bejarano y lo llevan a calificar de “extremo-ambientalistas” a quienes consideramos que son las adecuadas para la protección del ambiente.

Clarísimo: “las prohibiciones” de verter sustancias tóxicas a las fuentes de agua o a la atmósfera, destruir bosques o nacimientos de agua, hacer minería en páramos o humedales, socavar las calles de una población, o cosas parecidas. Las “reservas y restricciones” al desarrollo de ciertas actividades peligrosas o dañinas, en determinadas zonas. “Suspender obras públicas” cuando no cuenten con  los estudios suficientes o cuando estos muestren grave riesgo de generar daños como el de secar fuentes de agua, cual es el caso del túnel de Oriente, en Antioquia. “Limitar iniciativas industriales” en determinadas localizaciones y cuando hayan de generar contaminación ambiental  incontrolable.

O, ¿será mejor entonces que para “no dejarnos ganar de los ambientalistas” como dijo la nueva directora de la Agencia de Minas, nos quedemos con la ley del monte, que cada cual haga las cosas como quiera y a las generaciones venideras les dejemos un planeta arrasado, sin agua y sin vida?

Quien esto afirma, quien lo suscribe, mucho más que su paso por el Ministerio de Minas y Energía, ha ocupado gran parte de su larga vida profesional en distintas posiciones y relaciones con la minería, la energía, los transportes y la industria.

Valga la ocasión para unirme a las manifestaciones de Rodríguez Becerra sobre lo inadecuado y lo dañino que resulta fijar plazos tan cortos y uniformes a las autoridades ambientales para el estudio y la decisión sobre solicitudes de licencia. Nunca es lo mismo el impacto ambiental de una línea de transmisión de electricidad para una finca que el de una de alta tensión, como no lo es el de una pequeña cantera al borde de una carretera que el de una gran mina que ha de remover suelo y subsuelo de cientos de hectáreas y millones de metros cúbicos o el de una mina grande en un desierto donde no nace una gota  de agua que el de otra en tierras boscosas o de cultivo en zonas tropicales y ricas en fuentes de agua.

Tampoco es lo mismo el riesgo ambiental de un túnel pequeño que el de uno carretero  para doble calzada o el de uno grande bajo zonas deshabitadas que el de otro por debajo de asentamientos humanos importantes y/o con fuentes de agua en sus laderas que abastecen poblaciones en los valles que habría de conectar. En fin, hay proyectos que se estudian bien en los plazos legales, pero hay otros, los más complicados y riesgosos, cuyo análisis es imposible en los mismos plazos. Malísimo constreñir las Autoridades a evaluar y decidir sobre proyectos cuyos estudios, si bien hechos, requieren cientos de páginas y de horas de gente preparada.

Y expreso mi opinión sobre el atranque de la infraestructura vial, que apenas comienza a despegar. Honestamente no considero que el problema haya sido por lentitud en las licencias ambientales. La explicación radica en la acumulación de solicitudes de licencia para hidrocarburos, para minería por la avalancha de contratos entregados al por mayor durante la seguridad democrática, como dice Bejarano, y por la nula actividad en el campo vial durante el mismo período, que represó y quedó para el actual todo el trabajo de estudios, diseños, estructuración de contratos, y tramitación de leyes que pusieran a caminar los proyectos.

Definitivamente, lo que hay no es oposición a la minería, ni a las explotaciones petroleras, ni mucho menos a la industria ni a las autopistas con sus túneles y sus viaductos, sino la exigencia a gritos de que se  realicen las que realmente sean factibles y  con técnicas adecuadas y comprobadamente respetuosas del medio ambiente.

La política minera de Santos es continuación de la de Uribe. Algo cambia en el empaque pero sigue la senda del extractivismo duro, con uno que otro guiño ambientalista.

La propaganda de la gran minería transnacional y de sus opinócratas lacayos no cesa en calificar de “radicales” y “extremos” a quienes, con amplio conocimiento especializado, denuncian la situación y piden replanteamientos.

Es el caso de Manuel Rodríguez Becerra, reconocida figura internacional, profesor de la Universidad de los Andes y columnista que el pasado domingo pidió un diálogo del gobierno y la sociedad civil sobre el rumbo de la política minera, preocupante incluso en el giro reciente: la desatención a los efectos del fracking o la práctica de expedir licencias express.

Entre otras cosas se oculta que la maravillosa población del Chocó y su prodigiosa naturaleza siguen siendo víctimas del colonialismo rapaz de la gran minería transnacional que reproduce el atraso y que no ven los “técnicos” que suman y restan en sus escritorios de Bogotá. 

Debe observarse la experiencia de otros países, e incorporar a la discusión lo que significa la construcción de resiliencia a partir de la institucionalización de sinergias.

Alguna gente quiere que Colombia siga el curso de Indonesia. Las semejanzas abundan: es un modelo basado en la explotación de los recursos minerales y la expansión del cultivo de palma. Allí el gobierno predica equidad, desarrollo económico y humano, pero la desigualdad viene aumentando (según el Banco Mundial el índice GINI pasó de 31% a 41% entre 2001 y 2012) y la reducción de la pobreza ha disminuido a sus niveles más bajos. Es un modelo de depredación ambiental y mayor desigualdad. Es el típico trade-off: beneficiarse de algo perjudicando los recursos y las comunidades.

Pero bien podría mirarse el modelo de desarrollo económico de Etiopía basado en la construcción de resilencia, el éxito de India y Filipinas en reforestación, o los logros de Brasil durante el gobierno Lula en la disminución de la deforestación. Modelos sostenibles y exitosos existen. Pero sucede que el modelo depredador que quieren imponer se adecúa a los intereses del statu quo. Se dirá como siempre que los recursos se necesitan para financiar la educación, la salud, la infraestructura. Recursos se necesitan, pero no es la única manera de obtenerlos.

Un modelo sostenible en Colombia requiere que las instituciones existentes sean mucho más efectivas, el fortalecimiento de otras como la DIAN, el IDEAM, el MinAmbiente, la justicia y los derechos de propiedad, las instituciones comunales, la investigación; y un vínculo estrecho entre la investigación y el gobierno. También requiere nuevas instituciones que hagan valer el pago por servicios ambientales, el desarrollo de mercados de carbono a nivel nacional, la transformación de la estructura económica basada en combustibles fósiles. Todo ello es posible y es lo que se abre paso a nivel mundial, incluso en países mucho más pobres que Colombia.