Ni tabla de salvación, ni maldición fatídica. La respuesta a la pregunta por el desarrollo minero del país no puede responderse en términos absolutos de Sí o No.

Colombia tiene importantes recursos en el subsuelo que puede aprovechar para apalancar su desarrollo, pero su extracción no es siempre la mejor opción en todos los territorios. Las preguntas que deben responderse entonces con la mirada estratégica del gobierno nacional, con base en la consulta de los intereses de los ciudadanos, instituciones públicas, empresarios y desde las regiones, son: dónde se hace minería, bajo qué condiciones y en relación con qué proyecto más amplio de desarrollo territorial y nacional.

En Piedras, Tolima, los ciudadanos le dicen No a la minería, pero el gobierno nacional les recuerda que no tienen competencia para decidir sobre el subsuelo puesto que se trata de recursos estratégicos de interés nacional. La Corte Constitucional lo confirma.

En Vetas y California, muchos ciudadanos esperaban ansiosos los trabajos y regalías que generarían los grandes proyectos de extracción de oro. Ellos y otros pequeños mineros le decían Si a la minería, pero las autoridades ambientales regionales y nacionales les indican que hay un páramo que proteger también en pro de intereses estratégicos regionales y nacionales en torno al medio ambiente.

¿Y entonces? El desarrollo de la actividad minera abarca tantos recursos –oro y carbón pero también níquel, materiales de construcción- y tan diversos métodos –minería artesanal, pequeña, mediana o gran minería- que no sería responsable que el país diese respuestas generales.

Se requieren preguntas más concretas para construir respuestas compartidas.

i. ¿Dónde hacer minería? El reto aquí es articular ordenamiento minero, ambiental y territorial. Si bien se trata de recursos estratégicos cuya gestión está en cabeza del gobierno nacional, la única forma de que su extracción se traduzca en desarrollo regional es que exista articulación con las autoridades locales y los actores del territorio.

ii. ¿Cómo hacer minería? El desafío es sin duda fortalecer la capacidad del Estado para regular el sector y hacer cumplir la Ley de tal manera que exista una adecuada prevención, mitigación y gestión de los impactos sociales, económicos y ambientales. Pero ello pasa también por el compromiso de las grandes empresas con el cumplimiento de las normas y la generación de buenas prácticas, así como por el acompañamiento e incentivos adecuados que el Estado pueda brindar a los medianos y pequeños mineros.

iii. ¿Para qué hacer minería? Una pregunta que parece evidente pero que es fundamental. Tiene que ver con el proyecto de país, con el modelo de desarrollo que se quiere construir y con otras muchas preguntas: ¿cómo garantizar que el Estado y sus ciudadanos sacan el mejor provecho posible de la extracción de sus recursos, que se maximiza la renta sin restarle competitividad al sector? Cómo se articulan diversas visiones del desarrollo y diversas actividades económicas? Cómo se asegura que el capital natural que dejamos de tener se convierte en otro tipo de capital –humano, infraestructura- y no en monumentos a la ineficiencia y la corrupción?

Alguno dirá que se contesta aquí a una pregunta con otras preguntas y tendrá razón. Para lograr que Colombia apalanque su desarrollo o parte de él en la minería hay que empezar por hacer preguntas pertinentes, yo solo propongo algunas y quizá falten otras, esas también se construyen entre todos.

Esta pregunta en toda su complejidad se resuelve en el territorio y debe considerarse con el largo plazo en mente. Puede haber escenarios territoriales en que el apalancamiento sea factible y conveniente, y otros en que no.

Claramente la minería ofrece beneficios de ingreso y empleo, pero es una actividad de impactos complejos. La capacidad de los proyectos mineros para verdaderamente contribuir al desarrollo y ser más que una fuente de prosperidad pasajera depende del buen uso del ingreso minero (de individuos, familias y regiones), y de la planeación efectiva para el cierre de la mina y el manejo de impactos.

Por ejemplo, en Australia el sector minero es uno de los empleadores más significativos de la población aborigen y ha contribuido a proyectos de vida individuales y familiares de estas comunidades empleados en el sector. Esto incluye incrementos en el ingreso y niveles de educación y movilidad, para personas que en muchos casos están ubicadas en áreas remotas sin otras alternativas de actividad económica. Sin embargo, se han documentado experiencias de comunidades que, tras años de participación en el sector minero, se encuentran pobremente preparadas para enfrentar el cierre de los proyectos, pues la economía no se ha diversificado y la fuerza de trabajo se ha especializado para el sector.

¿Cuáles son entonces algunas de las herramientas y conceptos que pueden contribuir a una evaluación y planeación efectiva, para identificar los casos en donde el sector tiene una contribución para hacer al desarrollo y maximizarla en el largo plazo?

Una dimensión importante es la capacidad de integrar la noción del buen vivir en la planeación. Esto es responsabilidad de nuestros gobiernos, dados los compromisos que el país ha adquirido en la protección de derechos de comunidades étnicas, y puede contribuir a una disciplina de planeación para el largo plazo.

En el ejercicio de entender la pertinencia de la actividad minera en los contextos regionales de Colombia, herramientas como la negociación de acuerdos, la evaluación de impacto estratégica y la evaluación de impacto integrada pueden ser muy valiosas. Todas para su aplicación dependen de la capacidad y voluntad de diálogo de los actores involucrados y afectados por la minería.

La negociación de acuerdos permite que las partes hagan un pacto que balancee costos y beneficios para la región y comunidades anfitrionas, y ofrece oportunidades para el diálogo temprano, inclusivo e intercultural. También asiste la creación de responsabilidades y estructuras de gobernanza que garanticen el cumplimiento de los acuerdos a largo plazo.

La evaluación de impacto estratégica no solo es un método participativo de evaluación de impactos, sino que permite considerar diversos escenarios y perspectivas de desarrollo para apoyar la toma de decisiones informada. Cuando se ha contado con la voluntad política, Australia se ha embarcado en este tipo de evaluaciones participativas e interculturales, desde la perspectiva de la región anfitriona. Un ejemplo reciente y bien documentado es la del precinto de gas natural licuado en la costa de Australia occidental.

La evaluación de impacto integrada tampoco es una practica nueva pero sí se encuentra en desarrollo por su complejidad y Colombia puede contribuir en este necesario proceso.

Esta practica requiere integración: temática (social, ambiental, económica, de genero, de derechos humanos), a través del ciclo de vida del proyecto, considerando todos los componentes del proyecto, intercultural (asegurando que se integren diversos conocimientos y perspectivas de desarrollo de manera complementaria), funcional (reconociendo que varios actores incluyendo departamentos del gobierno tienen responsabilidades en el manejo de impactos de un proyecto, de manera que las necesidades de gobernanza y coordinación se identifiquen y estructuren tempranamente) y acumulativa (considerando el contexto del proyecto, incluyendo la posibilidad de que sume a los impactos de otros proyectos de diversa índole, y a procesos o circunstancias importantes del contexto). Por ejemplo, en el caso colombiano varias modalidades de minería coexisten en un territorio afectado por el conflicto armado.

Estas herramientas contribuyen a un análisis riguroso de las posibles transformaciones mineras de manera que se tomen decisiones robustas sobre el papel del sector minero en el territorio. La capacidad de análisis y de diálogo es necesaria para recorrer una curva de aprendizaje en la toma de decisiones de esta magnitud.

Aunque los precios crean grandes expansiones (y contracciones) en el sector minero, y con las expansiones viene la avalancha de proyectos, la capacidad para aprovechar la minería no se crea de la noche a la mañana, ni se transfiere con facilidad de territorio a territorio, esto es un proceso de largo plazo.

La pregunta en términos proactivos sería: ¿cómo convertir las industrias extractivas (entre ellas la minería) en una bendición y no en una maldición?

Por nuestra naturaleza somos extractores de bienes y energía del entorno: soja, madera, pesca, minerales, gas, frutas, petróleo, oxígeno, ganado. Este es el universo de las industrias extractivas.

Los países con instituciones extractivistas, que concentran la riqueza en pocas manos, convierten las industrias extractivas en una maldición para las comunidades y regiones: pobreza, exclusión, enfermedades, contaminación de recursos hídricos, daños irreparables al ambiente, trabajo esclavo...

Los países con instituciones políticas incluyentes convierten las industrias extractivas en una bendición: capacidad institucional para prever, prevenir y controlar el riesgo de explotación del recurso, empleo decente, grandes encadenamientos económicos, instituciones incluyentes, altos desarrollos tecnológicos, superávit fiscales, altos niveles educativos, salud para todos...

La construcción y fortalecimiento de institucionalidades incluyentes en y para las industrias extractivas, es la propuesta de valor que Avina está trabajando con múltiples aliados en Colombia y América Latina.

Podemos aprender de Noruega (pero no imitarlos). Como lo señala un artículo de Adne Cappelen y Lars Mjøset, Noruega ha evitado la maldición de los recursos por varias razones. Primero, es un país que consiguió integrar las industrias basadas en recursos naturales con el resto de la economía.

Segundo, desarrolló instituciones para administrar adecuadamente los choques a la economía que son típicos en economías con abundancia de recursos naturales. Tal es el caso de los cambios drásticos en los términos de comercio, al igual que la contención y separación conveniente entre las grandes rentas producto de la extracción de los recursos naturales y el gasto que esas mismas rentas pueden desencadenar.

Y en tercer lugar, mantuvo alejados de la economía -mediante el instrumento de los fondos de inversión- al grueso de los ingresos del petróleo y sólo utilizó los retornos de esos fondos para ayudar a financiar el gasto público pero una vez los incorporó al presupuesto.

El gran desafío de América Latina es pasar de entender y narrar las industrias extractivas como un daño, a entenderlas y narrarlas como un riesgo que es posible prever, prevenir y controlar en favor de la dignidad humana. Es la cultura y la ciencia del manejo del riesgo lo que puede convertir las industrias extractivas en una bendición, en una acción incluyente y creadora de riqueza.

Perú y Chile son algunas de las economías emergentes más robustas hoy día en el mundo. Según la firma británica Consensus Economics, serán estos dos países modelo de crecimiento durante 2014 en esta parte del globo. Estos son algunos de los ejemplos que demuestran como Estados con mayor expectativa de crecimiento, acuden a los procesos mineros para consolidar el jalonamiento de su desarrollo, apostando en gran medida a la minería responsable para mejorar todos sus indicadores sociales y económicos.

Así las cosas, Chile, (donde la explotación de cobre supera el 50% del total de sus exportaciones), crecerá este año 4,1%, mientras Perú (donde el oro, el cobre, la plata y el hierro representa el 55% de sus exportaciones), crecerá 5,2%, sin contar que estos dos países son ejemplo en ingreso per cápita de la región, tal y como lo muestran los últimos reportes del FMI.

La consolidación de la idea de que la minería no sólo es vital para dinamizar el crecimiento económico de un país en constante y acelerado crecimiento, (como lo podría hacer Colombia), sino que además puede ser sostenible ambientalmente, es una de las conclusiones que se podría sacar de la más reciente investigación publicada por las universidades de Yale y Columbia en Estados Unidos, al elaborar el ranking de países que más compromisos y acciones hacen por la preservación del ambiente en el Mundo. Es así como Canadá y Chile, países mineros por historia y convicción, son los dos países mejor evaluados en todo el continente Americano por el Índice de Representación Ambiental que presentaron en su estudio estas prestigiosas Universidades.

Así pues, aunque el reto del crecimiento económico es un ejercicio de todos los actores productivos, sociales, gubernamentales y ambientales de un país, también es cierto que apoyados en procesos mineros legales, con debida inversión en tecnología y responsabilidad ambiental, se podría lograr que Colombia no sólo aproveche sus recursos naturales, sino que además fortalezca su economía, reduzca la brecha de inequidad social y preserve el ambiente, tratando de seguirle el paso a países prósperos, que por el contrario a pretender reconvertir y extinguir una actividad con tanto potencial como la minería, se propusieron llevarla a los más altos estándares de compromiso y desarrollo para el beneficio de todo un país.

Si por apalancar el desarrollo entendemos que el crecimiento de la economía y el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos deberían derivar su intensidad y su ritmo principalmente de la dinámica de la actividad minera, mi respuesta a la pregunta es no.

En primer lugar, la minería es un sector que en Colombia, como en otros países de América Latina, depende económicamente de la demanda y del precio de las materias primas en el mercado internacional, lo que hace que su ritmo sea relativamente volátil y esté sometido a ciclos de auge y caída (es lo que ha experimentado Colombia en la última década) que repercuten, a su vez, en los ingresos que genera a todos los sectores vinculados a ella (grandes empresas, Estado, pequeños mineros, asalariados).

Más aún, en una mirada de larga duración, la explotación de varios minerales comienza a entrar en una fase de declive de reservas, que impone límites a la actividad extractiva: las reservas de hierro en el mundo están previstas, al ritmo de explotación actual, en 2068; las de cobre, en 2024; las de aluminio, en 2057, y las de fosfato, entre 2020 y 2030. Los recursos naturales se agotan y no son renovables.

Segundo, la minería –especialmente la minería a gran escala- es un sector intensivo en capital, que genera muy poco empleo directo (cerca del 1% de la población ocupada en Colombia) y que, por no tener en general encadenamientos sólidos hacia atrás y hacia adelante, tampoco genera un empleo indirecto de gran volumen ni niveles de demanda agragada que estimulen la inversión en otros sectores de la economía. Por el contrario, en ocasiones se convierte en amenaza o, por lo menos, en competencia, muchas veces asimétrica, para el desarrollo de otros sectores, por ejemplo, la agricultura en varias zonas del país.

Tercero, la minería, tal y como se ha practicado en Colombia, ha producido impactos ambientales negativos que significan deterioro ambiental en muchos sentidos: invasión de zonas de protección ambiental, contaminación de aguas, cambio de curso de ríos, remoción de materiales y producción de altas cantidades de escombros, contaminación del aire, quiebre de ecosistemas. Un desarrollo no sustentable no puede denominarse desarrollo.

Una cuarta razón es que la minería, por lo menos bajo el modelo extractivista y de enclave dominante en el país, tampoco trae beneficios sociales explícitos, como lo demuestra el hecho de que aquellos territorios donde la minería -de cualquier escala- es la principal actividad económica muestran los peores indicadores socio-económicos, tal y como lo han señalado diferentes estudios, entre ellos el Observatorio del Sector Extractivo en Colombia, de Foro Nacional por Colombia, o la investigación liderada por la Contraloría.

Finalmente, existe una relación cada vez más notoria entre minería, conflictos sociales y violencia en diferentes zonas del país, que corre en contravía de una apuesta por un desarrollo humano y sostenible. Más aún, varios analistas señalan que, incluso si se logra la firma de acuerdos de paz con las guerrillas, la violencia podrá incrementarse en la fase del post-conflicto.

Ahora bien, si apalancar el desarrollo significa contribuir a dinamizar la economía y, por esa vía, garantizar mejores condiciones de vida a los colombianos, podría pensarse en la minería como un sector que puede aportar su granito de arena. Pero ello solo sería posible bajo ciertas condiciones:

a.) La superación del enfoque extractivista, que aspira a explotar a tope los recursos naturales no renovables posible para generar ganancias privadas y rentas públicas en el corto plazo. Superar ese enfoque supone responder a la pregunta sobre cuánta minería debe permitirse, a qué ritmo y bajo qué condiciones sociales y ambientales.

b.) La imposición de estándares muy rígidos de explotación, que minimicen el daño ecológico y establezcan las condiciones para su manejo y restauración de áreas.

c.) La articulación de la producción minera a gran escala con los territorios locales y sus economías, de manera que dinamice otros sectores productivos que generan más empleo e ingresos.

d.) La obtención de licencias sociales para cualquier explotación minera, de la escala que sea.

e.) La distribución equitativa de las rentas y su uso adecuado y eficiente en favor de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

Colombia tiene necesidades sociales inmediatas y recursos mineros actualmente viables, por lo que podría pensarse que efectivamente las minas representarían una riqueza nacional para superar en parte las actuales necesidades y acumular patrimonio publico para las generaciones futuras.

Sin embargo, aunque Colombia posee más de 6.500 millones de toneladas de reservas probadas de carbón que generaron 4,5 billones de pesos en regalías entre los años 2008 y 2011, estos y otros recursos mineros no están ligados vinculantemente y de acuerdo con las comunidades al desarrollo rural, agropecuario, industrial, de vivienda o de infraestructura, ya sea a partir del uso directo de algunos minerales o a la destinación especifica de las regalías, considerando la sostenibilidad social, económica y ecológica de las regiones al agotamiento de las reservas mineras, como lo demanda la planificación de un recurso natural no renovable y de propiedad estatal.

De otro lado, la prospectiva del pasivo pensional del 85% del PIB del 2013 en VPN, la superación de economías ilícitas como la del narcotráfico con 800 mil hectáreas de bosque talado desde 1981 y otras afines al conflicto armado (el desminado y la reparación de mas de 5 millones de victimas), la propia minería ilegal (que no la informal), los costos de la adaptación al cambio climático y del cuidado de las áreas ecológicas protegidas, hacen parte del inminente pasivo económico y moral para las generaciones futuras, lo que plantea la necesidad de por lo menos evaluar ampliamente la posibilidad de un modelo de aprovechamiento de nuestros recursos mineros orientado satisfacer en parte las necesidades sociales más urgentes. Así lo han entendido Noruega y Canadá, y más próximos Cuba y Ecuador.

Pero para ello se requeriría un direccionamiento de la economía de los recursos mineros por parte del Estado. El mercado solo no lo logra y el contrato de concesión minera y el licenciamiento ambiental son insuficientes. Se necesitarían construir políticas publicas mineras de largo plazo, con metas de desarrollo verificables, y revisiones periódicas programadas y margen de correcciones.

Esto implica el concurso armónico de los entes estatales mineros, ambientales, de planeación, de control, de ordenamiento y planificación de los territorios y de investigación científica. Así como encontrar fórmulas para superar las tensiones y asimetrías entre las escalas de planeación locales, regionales y nacionales, además de empresas mineras verdaderamente responsables y participes del desarrollo del país.

Pero fundamentalmente que la sociedad equilibradamente informada y superando democráticamente las limitaciones de la representatividad política decidiera valorar y apropiarse de sus recursos mineros para su beneficio.

Sin la anterior unidad, sería muy difícil superar exitosamente los grandes riesgos y retos que conlleva la actividad minera en cuanto al desarrollo como bien común.

En el 2013 la industria minero-energética representó el 13,8% del PIB nacional y el 67,6% de las exportaciones. Recibió 6.826 millones de dólares de inversión extranjera directa, cifra que representa el 51,5% del total recibido de enero a septiembre en el país. Y pagó cerca 10,54 billones de pesos en regalías.

También fue el sector líder en la compra de bienes y servicios vía el encadenamiento productivo con otras industrias. Sólo en la rueda de negocios de Colombia Genera 2014 celebrada la semana pasada en Cartagena se generaron, según Propaís, expectativas de negocios por $ 43,972,384,400.

A su vez, la industria empleó más de 117 mil personas de forma directa en cabeceras municipales y otras 107 mil personas en otras zonas, sin contar todos los empleos indirectos vía sus proveedores y contratistas.

Esto nos demuestra que Colombia sí debería aprovechar sus recursos mineros para apalancar su desarrollo y permitir a todos los habitantes un equitativo  avance  socioeconómico.

Sin embargo, para que esta actividad pueda ser exitosa requiere de un entorno estable (en lo político, económico y jurídico, principalmente).

Con tristeza, hoy vemos un país polarizado en torno al sector desconociendo que se ha trabajado a marchas forzadas para poner “la casa en orden”, no sólo destrabando las más de 19 mil solicitudes represadas (algunas sin respuesta hace más de 40 años), creando agencias especializadas para regular el sector, combatiendo la minería criminal y fiscalizando más de 9.043 títulos mineros en todo el país.

Colombia tiene 1.141.748 km². Este territorio lo compartimos cerca de 47 millones de habitantes, una gran diversidad de especies animales, vegetales y unas importantes reservas de recursos naturales y minerales. 

La Colombia rural, que alberga la mayor riqueza natural y mineral del país, ocupa casi el 95% del territorio y la habitan unos 15 millones de personas de los cuales alrededor del 65% son pobres. Los desafíos urbanos no son menos complejos y no podemos olvidar que somos una de las economías más desiguales del continente. La conclusión es que a pesar de los progresos logrados en los últimos años todavía tenemos mucho trabajo por hacer.

¿Con qué financiamos esas tareas de construir una economía más justa que quepa en 1.1 millones de kilómetros cuadrados? Pues con el capital humano y con el capital natural que tenemos. La pregunta difícil no es en qué apalancar el crecimiento, sino cuál es la mezcla adecuada de capitales naturales y humanos para un crecimiento más sostenible.

Los colombianos tenemos que pasar de las preguntas del sí o no a pensar dónde, cómo, para qué y bajo qué reglas hacer gran minería, pequeña minería, conservar, promover uso sostenible de recursos, pero sobretodo desarrollar la institucionalidad para gobernar todo eso. 

Dicen que cuando la pobreza entra por la puerta el amor salta por la ventana. Creo que los colombianos tenemos que anticiparnos a pensar futuros posibles y deseables con las oportunidad de riqueza de hoy, sin desconocer las de nuevas generaciones.

Colombia no es un país minero como sí lo son Perú o Chile, en cuanto a la participación de la minería (sin hidrocarburos) en el PIB. Esta participación ha sido de alrededor del 2.0% durante una década.

Lo que ha aumentado es la participación minera en las exportaciones del país: al principio de la década pasada fue de 9.4% (en 2000) y hoy es de 16.8% (2013), y en las regalías donde la participación de las regalías mineras, como porcentaje del PIB, pasó de 0.08%, en 2000 a 0.29%, en 2012.

No tiene sentido para una economía diversificada como la colombiana apalancar su desarrollo en la minería ya que hay otras actividades como la agrícola, la industrial y los servicios que generan mayores encadenamientos (mayor demanda de otros sectores) y mayor empleo.

Sin embargo, la minería es importante para algunos municipios y departamentos: genera empleo, regalías y encadenamientos (hacia atrás) y es un recurso que se puede aprovechar para elevar el bienestar de la población, siempre y cuando se haga de manera sostenible.

Para ello no bastan las normas, que las hay en Colombia, sino una adecuada institucionalidad, un empresariado responsable y una comunidad vigilante.

Colombia es un país rico en minerales esparcidos en archipiélagos geológicos. Un poco de carbón en Boyacá, otro tanto en Santander, oro en Bolívar y en Nariño, níquel en Córdoba. A diferencia del crudo convencional que se encuentra en los Llanos poco densos en población, gran parte de los minerales se encuentran en las faldas de los valles interandinos poblados.

Colombia debe aprovechar su riqueza mineral para apalancar su desarrollo. Lo dijo el presidente José Mujica de Uruguay, sería idiota no hacerlo. El país apenas asoma su nariz hacia el desarrollo y cuenta con recursos apetecidos en el mundo como son el oro, carbón y esmeraldas. Todos, fuente de regalías e impuestos; riqueza para el Estado y bienestar para la población si se administran de manera correcta.

Pero las condiciones del país conforman un reto singular: armonizar la explotación minera con las mejores prácticas para intervenir el medio ambiente y que esto sea reconocido por una vecindad que habite pacíficamente con los cambios certeros que se presentan en el ambiente, cultura y economía del lugar. Esto, en un país que enseña lujuriosas montañas con todo tipo de piedras dispuestas a la rudimentaria pica y pala.

La naturaleza brinda la provocación para que cualquiera sea minero, pero la capacidad disruptiva de esta actividad y la expresión constitucional que el subsuelo es del Estado dictan que sólo la élite deba practicarla. Es un oficio para que los mejores puedan traer tecnología de explotación del mineral y conservación ambiental y capital suficiente para aguantar los vaivenes usuales y bruscos de los precios internacionales.

Este principio de adjudicar el subsuelo minero a través de mérito apenas entró en la institucionalidad colombiana a través de un Código de Minas que se expidió en 2010, que se declaró inconstitucional posteriormente y que hoy cuelga del hilo del Plan de Desarrollo. Antes la regla, con pocas excepciones, era primero en el tiempo, primero en el derecho.

¿Por qué no todo el país no es ya un queso roquefort, como lo es Marmato en Caldas o parte de Boyacá, si cualquiera podía reclamar un título minero? Por la inseguridad y la falta de información geológica. Apenas comenzó a sentir el país algo de seguridad y las exploraciones petroleras expresaron secretos de la tierra, se despertó un auge en aventureros locales y extranjeros y los títulos mineros comenzaron a tranzarse en el mercado colombiano. De ahí nace el eufemismo la locomotora minera.

La minería se practica en un espectro que va desde socavones estrechos e inseguros en Boyacá hasta el impresionante despliegue de logística, tecnología y responsabilidad social de El Cerrejón, pasando por empresas con desaciertos de todo tipo como la Drummond. Toda esta fauna heredada y la nueva otorgación de títulos a la élite dependen de una institución aún en su infancia: la Agencia Nacional Minera.

Los pilares principales en que debe reposar el desarrollo minero colombiano son: la selección elitista de los nuevos operadores; la consolidación de su minería tradicional; la expresión clara de las prácticas ambientales que son permitidas y prohibidas y en qué hábitats, y la construcción de la institucionalidad que permita la distribución de regalías hacia los mejores proyectos. Cada punto depende de entidades muy jóvenes (Agencia Nacional Minera, Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental y los Ocads regionales) que pueden aprender de las mejores prácticas mundiales y construir la anhelada locomotora. Casi todo está inventado en otros lugares.

Los recursos naturales no renovables, objeto del trabajo de la industria extractiva, son una bendición para el territorio al que la naturaleza se los ha concedido. No se puede ni siquiera pensar en la posibilidad de la vida moderna sin los elementos que hoy el ser humano utiliza en el desempeño de prácticamente todas las actividades; todos ellos han sido obtenidos a partir de materias primas minadas. Incluso aquellos, cuya fuente es la agricultura, también requirieron para su desarrollo elementos minados.

Es posible que la minería no tenga muchas historias de éxito para contar, lo cual no significa que no existan. Quizá la industria no ha sido suficientemente eficiente en comunicar lo que por otra parte sí han comunicado con extraordinaria eficiencia sus enemigos, provocando una estigmatización en masa que lo único que ha logrado es alejar las buenas prácticas y dejar la extracción prácticamente en manos de grupos ilegales, grandes o pequeños, pero ilegales, en razón a que la reacción natural al estigma comunitario es la prohibición irracional y la persecución a los únicos actores visibles que resultan ser los mineros legales.

La minería, como la totalidad de las actividades humanas, deja huellas en el medio ambiente, algunas de las cuales se pueden evitar, otras que se pueden minimizar y aquellas inevitables que se pueden compensar, para todo lo cual se requiere un conjunto de buenas prácticas, ya desarrolladas, ya puestas en operación en otras latitudes, ya comprobadas.

Es decir, no hay que inventar, el gran problema es que las mismas requieren enormes recursos, tanto humanos, como técnicos y financieros, de los cuales carecen por obvias razones los pequeños mineros y ni se diga los ilegales, a quienes esto, además, muy poco interesa, razón por la cual perseguir y alejar a la gran minería es simplemente garantizar la destrucción, pues se equivocan aquellos que piensan que la prohibición va a evitar que el recurso se extraiga. En minería la pregunta no es si se saca o no el recurso, la pregunta es si se saca bien o se saca mal y no tengan dudas, descubierto el recurso, se saca.

Ahora bien, monetizar los recursos naturales y generar con ellos empleos bien calificados, bien pagados, con seguridad social, regalías e impuestos, además de inversión extranjera o nacional directa, transferencia de tecnología, construcción de carreteras, líneas de transmisión eléctrica, generar polos de desarrollo técnico para el servicio de la minería, generar industria que de valor agregado a la minería., no puede ser malo.

Lo malo es dilapidar estos recursos como lo hemos hecho por años y no solo por la corrupción, también y fundamentalmente porque el Estado ha estado ausente del compromiso de educar dichas regiones y empoderar a sus agentes locales para que tengan capacidad de invertir correctamente dichos recursos.

Las enfermedades de nombre internacional que dicen padecer algunos países con recursos se le achacan enteramente al sector, cuando el sector es el que produce los recursos, no el que los mal utiliza. Es el Estado y sus políticas públicas el que causa las enfermedades, no los sectores productivos. Por supuesto, como se señala erróneamente al culpable, el problema nunca se corrige. Como decía un ex ministro: no hay que temerle al caricortado, sino al que le cortó la cara.

La industria extractiva es un extraordinario soporte del desarrollo y Colombia debería ser mucho más claro y efectivo en promover y proteger esta industria, sin que ello signifique que acá se pueda hacer de cualquier manera, sin dar patentes de corso ni permitir comportamientos indebidos, regulando, vigilando y castigando, si es el caso, pero sin tantas dudas ni demoras institucionales y mucho menos permitiendo la estigmatización de una industria a la que se le prometieron cosas para que viniera y una vez vino se la dejó colgada de la brocha.

No, por varias razones:

Colombia está llena de ecosistemas estratégicos protegidos por el derecho ambiental internacional y doméstico. Páramos, humedales, bosques, manglares y selvas tropicales deberían ser excluidos de actividades que los dañen. Lo anterior impide de entrada darle alcance masivo y nacional a la explotación minera. Si nos tomamos el derecho ambiental en serio, hay que partir de que en esas zonas no se puede explotar. En las demás, la minería debe ser regulada estrictamente.

Desde el punto de vista económico, estos ecosistemas estratégicos proveen servicios igual o más importantes que la minería: suministro de agua potable, preservación de suelos, control de plagas y vectores de enfermedades, prevención de inundaciones, polinización, purificación del agua y el aire y mitigación del cambio climático, entre otros. Pero sobre todo, son esenciales para la vida humana. Por eso, involucran derechos fundamentales: a la vida, a la salud, al agua y a la alimentación, entre otros. La pregunta es si los beneficios que puede traer la minería sobrepasan su impacto negativo sobre estos derechos y servicios.

No tenemos un esquema eficaz de responsabilidad extendida por los daños que surgen con posterioridad a la clausura de las minas. ¿Quién responde 40 años después?

Finalmente, Colombia no tiene institucionalidad ambiental ni minera lo suficientemente fuerte como para regular una economía apalancada en esta actividad. No parece probable que la construya mientras persista el conflicto.

Sería un enorme y torpe desperdicio para todos los colombianos no aprovechar un recurso que tenemos bajo el suelo y que se puede convertir en riqueza para toda la sociedad.

Para ello hay que derrotar los mitos y educarnos colectivamente sobre cómo otros países, desarrollados y en vías de desarrollo, han logrado hacer minería bien, responsablemente con las comunidades y con el medio ambiente y así elevar el nivel de vida de sus poblaciones.

Eso ya está inventado, existe, está a la vista, salvo que “no hay peor ciego que el que no quiere ver” y que cuando uno no sabe de algo y otros le meten miedo al respecto, es normal que reaccione con desconfianza a partir de esa falta de información. El desconocimiento sobre la minería y el temor a sus impactos en nuestro país es responsabilidad tanto de los gobiernos como de las empresas privadas. Es indispensable superarlos.

No se puede concebir el medio ambiente sin el ser humano en su centro. No nos interesa el medio ambiente de Júpiter ni ansiamos regresar a la época de las cavernas, la del medio ambiente más limpio de la historia, cuando el hombre vivía con penurias y moría joven víctima de enfermedades, hambrunas o de la violencia del más fuerte. Toda actividad humana es por definición contaminante, en cuanto afecta nuestro entorno.

Y todo lo que hacemos se puede hacer muy bien o muy mal. Debemos observar los buenos ejemplos y repetirlos y mejorarlos. Observar los malos ejemplos y evitarlos. El secreto está en utilizar la tecnología apropiada, el conocimiento apropiado, asignándoles la prioridad y los recursos que se requieren para hacer las cosas bien.

Y, como en toda actividad humana, castigar a los que lo hacen mal. Pero sin estigmatizar a los demás. No todos los colombianos somos narcotraficantes por el hecho de que haya algunos que lo son. De la misma manera, no todos los mineros son irresponsables por el hecho de que ciertamente algunos lo son.

No hay que confundir el tema de generar riqueza con el de distribuirla. El principal problema de Colombia es la desigualdad y la pobreza, que es el origen último de la violencia. Generar riqueza sin distribuirla no sólo es inmoral sino que es insostenible a largo plazo: la gente no se va a aguantar por siempre. Tratar de distribuir riqueza sin tenerla es absurdo.

Una sociedad con grandes carencias, como la nuestra, debe aprovechar al máximo todas las oportunidades legítimas de generación de riqueza. Debe hacerlo bien, con verdadera responsabilidad social y ambiental, y esa sociedad en conjunto debe aplicarse a distribuir la riqueza con equidad, a fin de abrirle a todos sus ciudadanos las oportunidades de educación, salud y vida digna a las que todos aspiramos.

Tampoco sirve “vender el sofá” o pensar que “la calentura está en las sábanas”. Si las cárceles no funcionan bien, la solución no es eliminar las cárceles. Si los jueces son corruptos, la solución no es eliminar el sistema judicial. Similarmente, si la debilidad institucional ha causado que algunos ejemplos de minería sean dañinos o no sean beneficiosos, la solución no es eliminar la minería.

Y si las enormes cantidades de dinero que la minería ha generado en regalías, impuestos y otras contribuciones fiscales no son adecuadamente invertidas por el Estado, nacional o regional, el problema no viene de la minería ni hay que eliminar el Estado. Es indispensable fortalecer las instituciones, preparar funcionarios idóneos y combatir feroz y eficazmente la corrupción.

El desarrollo minero ofrece oportunidades para las regiones dotadas de recursos naturales, permite ampliar los ingresos fiscales del Gobierno nacional y podría apalancar la construcción de infraestructura y la provisión de bienes públicos. También tiene costos ambientales que deben ser contenidos para defender la salud de la población, preservar el agua y el equilibrio ambiental de los páramos. Es además una actividad intensiva en capital.

Ahora que el nuevo entorno internacional dejó de favorecer tanto la especialización en minería sería bueno que los esfuerzos se volcaran hacia la industria y la agricultura, más intensivos en mano de obra para que puedan aumentar sus exportaciones. Contribuirían así a llenar el faltante de ingresos externos que dejarán los menores precios que obtendrá el petróleo y los que ya se han reducido considerablemente para el carbón.

El Estado debe asumir las concesiones que se venzan para organizar empresas mixtas que le den una capacidad de manejo y decisión sobre el negocio del carbón, el oro, el coltán y el níquel. En este último se dejó escapar la oportunidad de hacerse a una mina y refinería cuya concesión está por caducar, manejadas en contra de la población que la rodea. Las empresas deberán ser dotadas de gobiernos corporativos, blindados frente a la politiquería.

En la actual situación del país, ¿existen condiciones para asegurar que estamos en capacidad a sacar todo el provecho posible de nuestro patrimonio mineral para generar bienestar humano y social?

Esta pregunta es pertinente dada la débil gobernanza y aún deficiente gerencia de los recursos minerales por parte de las autoridades, quienes durante muchas generaciones han administrado los territorios sin una visión de largo plazo sobre cómo gestionar efectivamente el patrimonio mineral en función de metas de reducción de pobreza, generación de valor, bienestar y conocimiento.

El desarrollo sostenible puede ser posible a partir del desarrollo de los minerales, pero éste difícilmente se dará de manera automática. Sin los adecuados recursos técnicos y humanos, sin legislación y políticas públicas equitativas y efectivas, sin capacidades de gestión de recursos naturales por parte del Estado, y frente a débiles garantías y procesos de participación informada y la persistente violación de derechos humanos, la minería genera modelos no sustentables de desarrollo comunitario y ahonda las inequidades, los conflictos y la exclusión. ¿Cómo garantizar un resultado diferente?

La mayor parte de los proyectos mineros grandes tiene un ciclo de vida de más de 50 años, mientras que la actividad tradicional de minería artesanal y de pequeña escala (Mape) puede durar siglos. Por lo tanto, también las empresas industriales y la Mape organizada quieren operar de manera estable en el territorio durante muchos años y esperan acceder a mercados legales y éticos internacionales.

Como sector minero ellos estarían interesados en desarrollar alianzas con visión de largo plazo en los territorios en los que operan, y establecer relaciones constructivas y duraderas con las comunidades, soportadas en acuerdos justos y transparentes, con el Estado como garante de los derechos de las comunidades.

Los recursos minerales pueden representar una oportunidad única para mejorar la calidad de vida y la oferta de bienes públicos en territorios ricos en minerales, para desarrollar encadenamientos productivos sostenibles, generar, empleo y conocimiento para reducir la pobreza y la inequidad. Esta ruta exige que el gobierno en todos sus niveles juegue un papel de liderazgo fundamental, creando espacios seguros y legítimos para la construcción democrática de una visión de futuro en los territorios ricos en minerales.

Esta es la conversación pendiente que orientaría las decisiones sobre el ordenamiento minero y prioridades para la inversión de regalías; las decisiones sobre qué tipo de capacidades locales se deben impulsar con miras a aprovechar la extracción, transformación y comercialización de minerales y la demanda de bienes y servicios que genera el sector, invirtiendo en la formación de jóvenes para el trabajo digno y calificado y la formalización de emprendimientos productivos locales y regionales y cadenas productivas sostenibles, no necesariamente dependientes de la minería.

Tenemos dos opciones: decir no a la minería porque no existen condiciones o llegar a un acuerdo para usar las discusiones actuales sobre el desarrollo minero para crear una política industrial fundada sobre el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de todos los actores hacia un nuevo pacto social para el bienestar y la equidad, en el cual los minerales juegan un papel fundamental, pero no exclusivo.

Para ello debemos aún construir como país y como regiones un claro acuerdo: la minería, ¿para qué?

Sí, es una buena oportunidad. Pero Colombia debe entender que la explotación minero-energética significa el consumo de valiosos activos no renovables, no una fuente interminable de ingresos para el Estado. Debe entonces aprovechar sus recursos estratégicamente e impulsar un desarrollo planeado, inclusivo y sostenible. Para eso el Estado asegurar varias condiciones.

Primero, un marco legal y fiscal que favorezca el Estado. El Gobierno debe tener la capacidad de negociar contratos que realmente beneficien el país y estos contratos deben ser públicos. Desafortunadamente la industria conoce las condiciones de las reservas mejor que el Estado mismo, por lo tanto las negociaciones deben ser transparentes y así abordar esta usual asimetría de información. Además el régimen fiscal –que debe fortalecerse y los porcentajes de regalías aumentar- debe ser progresivo, para asegurar que el Estado se beneficie altamente en los períodos de auge y no pierda en los de decadencia.

Segundo, la sostenibilidad socioambiental del país. Ante todo el Estado debe proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Además, las comunidades aledañas deben ser consultadas y las primeras en beneficiarse de los proyectos mineros a través de la generación de empleo, demanda de bienes y servicios y capacitación del recurso humano, entre otros. Esto necesita un marco regulatorio más claro.

De otro lado, Colombia debe valorar con mayor precisión sus activos ambientales y hacer el balance entre minería y protección de los ecosistemas. Asimismo, los planes de cierre de las minas deben elaborarse desde el inicio y las empresas asumir el costo total del cierre y de todas las externalidades que genere su operación (¿Por qué debe pagarse del bolsillo de los colombianos?).

Por último, es evidente la desindustrialización del país y las últimas cifras de la industria manufacturera muestran su decadencia. Colombia no puede aspirar a volverse nuevamente proveedor de materias primas sino más bien desarrollar sus industrias, diversificarse y fortalecer los diferentes sectores de su economía. Sólo así asegurará un desarrollo económico sostenido, generador de empleo e impulsor de innovación y tecnología.

Los recursos mineros representan una gran oportunidad para el desarrollo de Colombia, pero el Estado debe estar listo para maximizar sus beneficios y no regalar sus activos en concesiones laxas y sin marcos ni instituciones fortalecidos. La demanda mundial seguirá creciendo pero los activos mineros son limitados. Explotar todo hoy bajo las condiciones actuales no será más que un boom momentáneo y así no se apalanca el desarrollo sostenido del país.

Algo, pero no tanto como para ser una verdadera locomotora del desarrollo como se venía pregonando y como lo siguen pensando algunos.

Por varias razones que se suman: porque gran parte de los grandes proyectos nuevos que se han venido cocinando en el país son de gran minería de oro y, en algunos casos, metales asociados. Y esa minería es casi toda muy destructiva y contaminante y es por ello que las comunidades y las autoridades municipales de las regiones donde están las reservas se oponen fuertemente a su establecimiento.

Aunque dicen los impulsores de la minería, muchos de ellos desconocedores del tema y otros porque les importa mucho el dinero de corto plazo y poco el medio ambiente, que en otros países “como el nuestro” se hace gran minería a cielo abierto sin problema, eso es totalmente equivocado.

No es lo mismo revolcar el suelo, rebanar cerros y hacer inmensos huecos como cráteres lunares, triturar  y pulverizar la roca para tratarla con cianuro en inmensas piscinas, guardar lodos de desecho en grandes represas y otros depósitos, todo ello en suelos desérticos, totalmente secos y sin otros posibles usos como son los Andes de Chile, Argentina, Bolivia o Perú, que hacer esas operaciones en tierras tropicales, destruyendo bosques y praderas, manantiales, ríos, quebradas, cultivos y suelos de posibilidades y vocación agrícola, que se pueden aprovechar de por vida y para la vida.

Y si actuamos con conciencia y responsabilidad, esas limitaciones disminuyen mucho el aparente potencial minero. Parafraseando al senador Jorge Robledo, “minería sí, pero no así”. Y así, se limita.

Sería una irresponsabilidad histórica no mejorar la calidad de vida de los colombianos a partir de una minería bien hecha. Países como Chile, Perú, Ecuador, Canadá, Sudáfrica, Australia e Indonesia, por ejemplo, lo han hecho.

Colombia es un país con elevados índices de pobreza (cercana al 33 por ciento) y con un gran potencial en términos de recursos naturales (renovables y no renovables). Y estos recursos nos pertenecen a todos los colombianos, así como el beneficio por su aprovechamiento responsable y sostenible. Necesitamos de todas las actividades económicas legales que nos jalonen hacia la prosperidad.

La minería formal genera hoy 350 mil empleos directos. A menudo, la única alternativa de empleo en regiones con poca o inexistente presencia del Estado. Y tiene una gran capacidad de generación de empleo indirecto, convirtiéndola en una gran oportunidad para otros sectores de la economía, pues en sólo un año la minería formal hace compras a sus proveedores por un valor cercano a los 5,6 billones de pesos, casi el triple de lo que el sector aporta en regalías (2 billones al año).

Según el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, en promedio un técnico profesional que trabaja en el sector minero gana 13 por ciento más que el promedio nacional para una persona con el mismo nivel de preparación, 35 por ciento más para quienes poseen formación tecnológica, 65 por ciento más en caso de personas graduadas de un programa de pregrado y 57 por ciento más para quien tenga una maestría.

Si eso no es una oportunidad de desarrollo, ¿qué lo es?

Colombia no podría apalancar su desarrollo en la minería en las actuales circunstancias, pues por decisiones de las autoridades ambientales y locales, está restringido más del 60% del territorio para actividades mineras, a través de la creación de parques nacionales o regionales, zonas de reserva forestal, páramos, humedales, restricciones en Planes de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca (Pomcas), restricciones en POTs, y otras muchas restricciones derivadas de normas especiales, como las zonas de minería restringida en la Sabana de Bogotá, o las recientes Reservas Temporales, que abarcan una enorme porción del territorio.

De manera que para pensar en un mayor desarrollo de la industria minera el país debe empezar por revisar las restricciones territoriales hoy vigentes, que afectan no sólo al sector minero sino a la industria en general, incluyendo la agricultura y la ganadería.