Sí.

El derecho a la privacidad admite limitaciones cuando se trata de asuntos de interés público. Los “altos funcionarios” al ejercer su cargo "al servicio del Estado y de la comunidad" tienen deberes más exigentes que el resto de la sociedad. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que el interés público permite una restricción legitima al derecho a la privacidad. La declaración de bienes y rentas al contener información como: cuentas corrientes en Colombia y el exterior, parientes, participación en sociedades y actividades económicas privadas del declarante, incluye información de esta naturaleza ya que determina posibles impedimentos y conflictos de interés que afectan la gestión pública. Las declaraciones de renta y de bienes contienen información sensible, como la dirección y el teléfono del  funcionario que pueden publicarse, sin esos apartes. 

La transparencia y el control social son herramientas eficaces. Los llamados “altos funcionarios” abordan asuntos que pueden afectar o beneficiar intereses y constantemente se encuentran en situaciones de las cuales pueden obtener un beneficio indebido. Publicar sus declaraciones tiene un alto poder disuasivo ya que le permite a la ciudadanía identificar permanentemente los posibles conflictos de interés o situaciones que pongan a prueba la actuación del funcionario. En Colombia debemos dar este paso en TODAS las ramas del poder público, en distintos niveles. 

El actual vicepresidente de Argentina enfrenta un grave proceso judicial porque no puede justificar el crecimiento de su patrimonio, rastreado por la ciudadanía en formatos disponibles como el siguiente. Le invito a navegar en las declaraciones de funcionarios en Argentina y que intente hacer lo mismo en Colombia. 

Público lo que pertenece a la esfera privada en un país donde no es posible garantizar la seguridad, no me suena.

Sin embargo, existen medidas que parece que no sirven para nada: Formulario Único Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Privada. Ley 190/95. ¿Se hace seguimiento o se archiva?

Además, está la poderosa DIAN que tiene toda la información de renta de los ciudadanos, cuánto gasta y dónde. Qué tiene y dónde. De qué sociedades hace parte, con quién y dónde . Quien debería estar al tanto de cualquier movimiento de aumento patrimonial o gastos desmesurados es la DIAN e iniciar una investigación. 

Para conseguir más transparencia y precisión en cuanto a incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses en el servicio del Estado, hay que modificar la ley. Obligar, por ejemplo, que altos funcionarios de todas las ramas del poder público y en todos los niveles territoriales, así como los representantes populares (concejales, diputados, representantes, senadores) al posesionarse entreguen su declaración de renta y patrimonio a una entidad como la Secretaría de la Función Pública y se obliguen  a poner al día esa declaración mientras duren en sus funciones.

La SFP tendrá la custodia de esos documentos y sólo en casos judiciales los pondrá a disposición de las autoridades pertinentes.

Esto no soluciona 100% el problema, pero contribuye a atenuarlo. Recordemos que hay garantías constitucionales a la privacidad, a la presunción de inocencia y al debido proceso.  

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Transparencia y reconocimiento son dos condiciones que hay que construir en las instituciones públicas Colombianas. Todo lo que contribuya a este importante propósito es bienvenido.

La ciudadanía desconfía de las personas que ejercen funciones públicas y no le faltan razones. Ganar credibilidad y contar con el respeto de los y las ciudadanas demanda seriedad y rigor de los servidores públicos.

Y no solamente deben los funcionarios públicos dar a conocer sus finanzas y su procedencia, igualmente debe ser una práctica de los altos funcionarios de las entidades privadas, donde también debe haber transparencia.

En mi opinión, el país no debe emitir normas por reacción ante cada problema que surja, y menos cuando éstas puedan estar signadas por cierto populismo. Por el contrario, se deben crear las condiciones institucionales adecuadas para ejercer un control riguroso a los funcionarios del Estado, teniendo en ello funciones específicas la DIAN; y, coincido con la Dra. Paula Arias frente al papel que tendría el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El control público lo debe hacer el Estado estableciendo los medios institucionales; quien, en caso de encontrar inconsistencias, tiene por obligación presentar el caso a las autoridades legales correspondientes, para que sigan el curso oficial y establezcan los caminos indicados para sancionar el caso y para involucrar a la ciudadanía y a la opinión pública. El Estado debe crear canales de expresión para que las veedurías, instancias ciudadanas o ciudadanos tengan garantías legales para denunciar y allegar informaciones o evidencias que conduzcan a identificar cuando haya manejo inadecuado por parte de los funcionarios públicos.  

Por lo demás, una declaración de renta contiene informaciones de diferente tipo, y no sólo económica, incluyendo la dirección de los bienes patrimoniales, permitiendo identificar el lugar de residencia o de frecuencia de las familias de los funcionarios, lo cual no tiene por qué divulgarse públicamente; pues debe respetarse el hecho de que una figura pública tome la decisión de realizar su vida doméstica en privacidad, o el que se vea obligada a mantener su privacidad por razones de seguridad. 

Las declaraciones de Bienes y Rentas de ciertos funcionarios públicos deben ser públicas.

En principio, esta norma debe aplicarse a servidores que ocupan cargos directivos en las entidades del orden nacional, gobernaciones, capitales de departamentos, miembros del Congreso, altas cortes, órganos de control.

El derecho a la privacidad no puede confundirse con el deber de los servidores públicos de ser transparentes y el derecho de los ciudadanos de hacer control social.

En su condición de funcionarios públicos, que manejan recursos igualmente públicos y que participan o toman decisiones que afectan a los ciudadanos, la publicidad sobre sus actuaciones debe estar sujeta a un mayor escrutinio.