Después de asistir a tantos casos, unos como testigo directo y otros en condición de observador de los efectos tardíos en las guerras de Centro América y Sierra Leona, África, no puedo menos que juzgar las diferencias. Falsos positivos como los de Etarra en Norte de Santander o los muchachos de Soacha, han sido crímenes tan atroces que jamás pueden salvarse mediante un borrón y nueva cuenta. Se trata de crímenes perpetrados con todo el cálculo y el dolo por parte de los victimarios.

Con los humildes campesinos de Etarra los miembros del Ejército actuaron despiadadamente, sin tomar conciencia del daño irreparable a víctimas, familiares y vecinos. Tanto más por cuento en el fallo de la Sala del Concejo de Estado se establece que fueron capaces de amenazar a toda la comunidad y cobrar con más sangre las denuncias.

No tengo valor para justificar que todo vale igual en una guerra. La Justicia Transicional es un mecanismo ideado para causas de violencia que únicamente procedan de agentes directos del conflicto. Resultaría entonces una salida peor que los daños, si como sociedad protegemos con un manto de impunidad todas las manifestaciones del crimen violento.

La formulación misma de esta pregunta me parece un error. Si bien tenemos que aceptar estas posibilidades dentro del debate democrático, creo que la JT contiene preguntas de mayor trascendencia.

Es la hora de cerrar este prolongado, inútil y doloroso conflicto armado. Cerrarlo mediante un acuerdo negociado y que concite el mayor respaldo ciudadano, construyendo las condiciones sociales, políticas e institucionales para sacar de manera definitiva la violencia de la acción política -lo cual no hemos logrado en toda nuestra vida republicana- es el reto mayor.

El conflicto armado debió terminar a inicios de los años 90 cuando se abrió un campo de reformas que fueron asimiladas en la constitución del 91, pero no había madurez para encarar este desafío y con una paz parcial liderada por el M-19, y secundada por el EPL, el PRT, el Quintín Lame y la CRS.

Vino un nuevo ciclo de confrontación armada, liderada por las Farc, el ELN y un impresionante dispositivo del paramilitarismo, que hizo de la década de los 90, la de mayor impacto y victimización contra la población civil de las cinco décadas de esta confrontación fratricida. En los años 90 pueden estar el 30% de los hechos y el 40% de las víctimas, un despliegue impresionante de barbarie y horror que Colombia no acaba de comprender y asumir.

Con el fracaso de los diálogos del Caguán, entre el Gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, el péndulo volvió a retornar a la salida de eliminación de las guerrillas y la sociedad de manera amplia, movida por un sentimiento enorme de odios y temores, apoyo a Álvaro Uribe, quien oferto la derrota de las Farc y las colocó al centro de una acción estatal de fuerza que contó con unas Fuerzas Armadas ampliadas, reentrenadas y con enormes recursos y un apoyo político impresionante.

Es durante los ocho años del Gobierno de Álvaro Uribe que integrantes del Ejército Nacional ejecutaron de manera sistemática a civiles y los hicieron pasar por combatientes muertos en combate: la degradación total y un nuevo peldaño en esta escalera de actos barbaros y denigrantes, en que han incurrido todos los contendientes. Esta guerra, tampoco fue honorable y decorosa, como no lo ha sido ninguna en la historia de la humanidad y no deberíamos buscar razones, para justificar lo injustificable.

Las ejecuciones de civiles no deben quedar en la impunidad, como no lo deben quedar los 230 mil hechos, que según el Centro de Memoria Histórica, constituyen esta larga violencia que hemos denominado conflicto armado pero ante la evidencia de que no podremos juzgarlos y sancionarlos en su totalidad, debemos como sociedad y con el liderazgo de estado y guerrillas, encontrar un camino de cierre, donde logremos paz, si sacrificar los derechos de las víctimas y de la sociedad y eso tiene un nombre: justicia transicional a la Colombiana.

Ahora que Gobierno y Farc, discuten en este 37 ciclo, precisamente, como lograr un acuerdo de grandes directrices para honrar a las víctimas y al conjunto de la sociedad es sus legítimas aspiraciones de verdad, reparaciones, justicia y garantías de no repetición.

Se discute en Colombia si estas miles de ejecuciones de civiles deben ser cobijadas por formulas especiales de justicia transicional y mi respuesta es Sí. Si, condicionado a que se establezca responsables y lógicas de actuación, dejando claro, cómo esta barbarie, que se dio de manera sistemática y prolongada en el tiempo, pudo ocurrir. Si hay reconocimiento de responsabilidades y clarificación de cómo se procedió a esta macro-criminalidad desde el Ejército Nacional, se pueden ver formulas de sanción penal atenuadas.

Si por justicia transicional entendemos procesos judiciales que buscan integrarse en una perspectiva más amplia de verdad, reparación y garantía de no repetición, la respuesta es sí. Si por justicia transicional entendemos la mayor impunidad posible, entonces no. La segunda acepción del término - equiparar a lo transicional a lo "light" - es una distorsión de conceptos y poco ayuda a enfrentar el legado de abusos contra los derechos humanos.

Una pregunta aún más compleja es si los falsos positivos tienen que ver o no con el conflicto armado. Asesinar a civiles y vestirlos de guerrilleros poco tendría que ver con las normas de derecho internacional humanitario que regulan la conducta de un ejército en las hostilidades contra un grupo armado.

Se podría argumentar que el acuerdo de paz no puede alcanzar aquello que no tiene que ver con las eventualidades de la guerra. Pero el argumento contrario funciona también: si estos asesinatos fueron perpetrados como consecuencia de una política auspiciada y tolerada en el contexto de la guerra, entonces los efectos judiciales de esas conductas podrán ser regulados por el acuerdo de paz.

No hay salidas fáciles a este dilema. Pero lo que está claro es que los falsos positivos requieren un esfuerzo mayor de esclarecimiento de lo que pasó, de asunción de responsabilidad y de garantía de no repetición. Después de eso se podrá evaluar si es que hay penas alternativas, pero la impunidad total no es ni política ni jurídicamente sostenible.