La posibilidad de firmar un Acuerdo Final en La Habana, entre el Gobierno y las Farc, pasa por definir cómo será la justicia transicional. Y uno de los puntos más debatidos es qué tipo de penas cumplirían los máximos responsables tanto de la guerrilla como del Estado. Ayer, en nuestra segunda versión 2015 del debate "Sí o No: El Poder de los Argumentos", organizado por la Universidad Javeriana y La Silla Vacía, el Fiscal Eduardo Montealegre y Antanas Mockus debatieron sobre si la cárcel debe ser un requisito para firmar la paz. Sus respuestas fueron contraintuitivas.
El fiscal Montealegre hizo toda una argumentación sobre por qué los guerrilleros no tendrían que pagar cárcel para que se pueda firmar la paz con ellos mientras que Mockus defendió la idea de que la cárcel sí debería ser necesaria.
El argumento de Montealegre es que en la justicia transicional la función de la pena no debe ser retributiva (castigar para canalizar la venganza) sino restaurativa para reestablecer el tejido social y poder vivir en paz.
Explicó que en el modelo del Marco Jurídico para la Paz aprobado por el Congreso ya se decidió que los que van a pagar por lo que hicieron fueron los máximos responsables tanto de la guerrilla como del Estado. Y que se exige que sean condenados y que paguen las más graves sanciones. Pero que "una vez impuestas las penas el Estado las puede suspender condicionalmente e imponerles penas alternativas diferentes a la privación de la libertad. Por ejemplo, que participen en labores de desminado o que hagan trabajo social.
Su defensa se basó en que hay dos valores en juego -el derecho a la paz y el derecho a la justicia- y que para resolverlo hay que ponderar, sacrificando el elemento retributivo de la justicia para conseguir la paz.
Montealegre considera que no es cierto que la Corte Penal Internacional exija siempre la cárcel. Por dos razones. Una, es que el Estatuto de Roma dice que se puede abstener de aplicar la pena en aras de la justicia. "Hasta ahora ha hecho una interpretación restringida de la justicia, y no ha incluido el concepto de paz dentro del de justicia pero debería incluirla". Y la segunda, es que el Estatuto dice que los países no tienen la obligación de construir sus códigos penales sobre el diseño de las penas que ellos traen. "Eso puede favorecer la posición de Colombia".
El ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus defendió la posición contraria a Montealegre. Basándose en la tesis central por la cual se ganó un doctorado honoris causa en Francia, el argumento central de Antanas es que la cárcel existe como una segunda opción para que no exista la pena de muerte. Y que la decisión de los máximos responsables tanto de la guerrilla como del Estado de irse a la cárcel evitará que en un futuro terminen siendo asesinados.
"Lo importante no es aplicar el máximo de cástigo en número de años de cárcel. El objetivo es lograr el mayor saldo pedagógico con el mínimo de castigo", digo. "Pero hay que pagar. Envía una señal clara que quien haga lo que ellos han hecho tendrán la posibilidad de ser sancionados a futuro".
La defensa de Antanas más que jurídica fue de tipo psicológico y sociológico. Él cree que no va a ser "aguantable" en términos sicológicos no solo por las víctimas sino también por la fuerza pública que luchó contra ellos y en general, por muchos colombianos, que los guerrilleros entren directo a la política sin el gesto de que algunos vayan a la cárcel, que es el gesto que más significancia tiene como castigo en el imaginario colectivo.
"Propongo que las Farc ganen el round políticamente yendose una parte a la cárcel. Es como decir 'recojamos estas vidas que se pierden. demos un paso por las víctimas", dijo. "El dolor se cura cuando uno ve que el castigo tiene impacto. Cuando uno puede decir, mi dolor aportó a que las cosas fueran mejor".
Con estos argumentos, el debate queda abierto sobre lo que se está discutiendo en la Habana.
Vea el debate completo en el video. Y vote por la posición que lo convence más.
Contendores: Eduardo Montealegre y Antanas Mockus
Contendores: Sergio Jaramillo
Contendores: Clara López y Mauricio Cárdenas