El acuerdo juega en forma novedosa con los incentivos y aprende de experiencias internacionales, así como de la Ley de Justicia y Paz. Es la justicia posible para acabar con una guerra de 50 años. Es un acierto que intenta dar trato equivalente a todos los actores del conflicto.

El acuerdo de La Habana sobre el tema de justicia, aunque no se conoce el texto en su integridad, es un acuerdo de impunidad concertada entre el Gobierno y las Farc, que cumple las expectativas y los objetivos de ese ese grupo terrorista que siempre señaló que no pagaría ni un solo día de cárcel. El acuerdo es una burla a la justicia y una ofensa a las víctimas.

Ese acuerdo no cumple con los compromisos internacionales que ha adquirido el gobierno colombiano en el sentido de castigar con penas de cárcel, de privación efectiva de la libertad, los crímenes de lesa humanidad.

El Gobierno colombiano se rinde una vez más ante las exigencias de la Farc y va en contra del 80% de los colombianos que quieren paz con justicia, sin impunidad y sin participación en política de los responsables de esos crímenes atroces. 

Los preámbulos y las fotos del evento del 23 de septiembre en La Habana son elocuentes y nos recuerdan que una imagen vale más que mil palabras.Los ocupantes del avión presidencial fueron los antiguos protagonistas de la guerra y beneficiarios de procesos de Paz en Colombia como Álvaro Leyva, Antonio Navarro Wolf, Iván Cepeda y otros congresistas tildados de lagartos acompañaron al presidente. Todos ellos se pasearon por el salón del evento mientras los guerrilleros, que han ido apropiándose de la palabra PAZ, saludaban militarmente a sus socios cubanos y se referían a Juan Manuel Santos como el representante del gobierno de Colombia. A Humberto de la Calle se le veía un poco cansado pero Sergio Jaramillo, en cambio, lucía satisfecho y contento por entender el avance de un proceso que él, más que cualquier otro delegatario, ha controlado desde el inicio de las negociaciones.

Después de los discursos protocolarios, la expresión corporal del presidente Santos como la de Timochenco fueron dicientes, complementaron la imagen del lunes en Quito con Nicolás Maduro y no se me borrarán de la memoria. En Cuba, el guerrillero colombiano sacó pecho y sonrió mientras que el presidente de Colombia bajó los hombros y quiso salir de la mesa sin someterse a la foto que Castro logró que les tomaran. En Ecuador, Correa haló a Santos hacia Maduro, en Cuba Castro obligó a Santos a estrechar la mano de Timochenco y ahí entendimos algunos colombianos que el diablo está en los detalles.

Los escándalos de las multimillonarias contrataciones de la Fiscalía pasaron a un segundo plano, algunos de los contratistas aparecieron en el evento y justificaron, con sus explicaciones de la justicia transicional, parte de los contratos.

La verdad es que los señores de las FARC lograron un acuerdo bastante más blando que el de Ralito.

El balance entre los imperativos de la justicia y las necesidades de la paz iba a ser el más difícil de alcanzar y el mas polémico. Nadie va a quedar totalmente satisfecho con los instrumentos derivados de la denominada "jurisdicción especial de paz", especialmente cuando se precisen las penas restrictivas y los lugares en donde van a ser cumplidas, o cuando se sepa la manera en que serán nombrados los jueces de esa jurisdicción, o cuando se presente el proyecto de ley de amnistía sobre delitos políticos, especialmente sobre los conexos. El debate continuará, pero entre maximalismos no es posible hacer la paz, y ayer triunfó la moderación. 

Las FARC no podían razonablemente insistir en la impunidad arropada en el concepto de rebelión. Los militares colombianos no podían seriamente aspirar a que simplemente no se les investigara sobre ningún delito y que en todo caso sean los jueces militares quienes se encarguen. El gobierno y la sociedad colombiano no podía esperar que las FARC simplemente se sometiera a la justicia ordinaria, con procedimientos y penas ordinarias. 

Creo que este acuerdo administra razonablemente esas demandas y posiciones y hábilmente sitúa al proceso judicial como parte de un todo más complejo, en donde la función judicial se orienta de la manera finalista hacia la consecución de la paz y a facilitar el tránsito de la guerrilla hacia la vida política legal. Toma además muy en cuenta el marco establecido por la Corte Constitucional y exceptúa de las medidas premiales (desde la amnistía hasta el tipo de juicio y de pena) a los crímenes más graves y a aquellos que no aprovechen una oportunidad excepcional para ver reducidas sus penas. 

La coincidencia con justicia y paz puede parecer importante por el margen de 5 a 8 años de pena, pero este acuerdo se diferencia sustancialmente del Pacto de Ralito porque ni en las mentes más febriles cabía la posibilidad de que las AUC transitaran a ser un movimiento político electoral.

Las semanas siguientes no serán fáciles. Hay una lista larga de pendientes en este acuerdo, como en de las reparaciones a las víctimas y como articular las conductas de las FARC con las garantía de no repetición, incluyendo el desmantelamiento de sus estructuras y la identificación y entrega de sus bienes y posesiones. Pero aquellos que estaban sentados en el lado de la guerrilla fueron conscientes de que estaban firmando una sentencia de 5 a 8 años para todos o la mayor parte de ellos, lo que implica un avance enorme en el reconocimiento de responsabilidades y en allanar el camino para un acuerdo cuyo principal enemigo es el razonable escepticismo de buena parte del país.

En dos ocasiones hemos visto a Presidentes de Colombia estrechando las manos de Comandantes de las FARC. Lo hicieron Andrés Pastrana y Manuel Marulanda, en el marco del malogrado proceso del Caguán y lo hemos visto hace pocas horas, cuando bajo el liderazgo del Presidente de Cuba, Raúl Castro, quien los acerco, vimos un emocionante acto de humanidad, cuando dos Colombianos, como el Presidente Santos y el Comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, estrecharon las manos en la más clara señal que de enemigos ahora son socios en la construcción e implementación de un acuerdo de paz.

El acuerdo de una Jurisdicción Especial para la Paz, que han acordado el Gobierno Colombiano y las FARC, es una formulación rigurosa, que tiene en cuenta los parámetros nacionales e internacionales en el tratamiento de graves delitos, crímenes de guerras y de lesa humanidad.

La base del acuerdo es la verdad, todos los que concurran al proceso judicial diseñado, si quieren acceder a una pena alternativa, deberán aportar la verdad sobre los hechos en los que estén involucrados, siendo la verdad el pilar central

Es una adecuada formulación, para una Colombia que requiere cerrar este largo y doloroso conflicto armado y garantizar que nunca más vamos a repetir un nuevo ciclo de barbarie y vulneración de la dignidad humana y la persecución contra sectores de la sociedad.

Estamos en la recta final de esta compleja y necesaria negociación, seis meses es un horizonte más que razonable y quedando mucho por detallar. Lo cierto es que con este acuerdo en justicia, los derechos de las victimas y de la sociedad, por lograr integrar paz y justicia, ha quedado un riguroso diseño, por desarrollar con responsabilidad y prontitud, como debe ser con el conjunto del acuerdo.

La verdad, la máxima que logremos develar, le hará bien a una sociedad que quiere vivir en paz y democracia y esta formulación debe motivar al ELN, a agilizar y tener este acuerdo como referente pertinente.