La Farc puede someterse al proceso de cooptación del sistema electoral y en ocho años andará en clientelismo y corrupción o puede proponer un cambio de este para beneficio de todos los colombianos. Espero que esta oportunidad histórica no se desperdicie. Seria trágico.

Todos los conflictos armados que se negociaron en el mundo en los últimos años abrieron el espacio de la política a los insurgentes. Si Colombia no lo hace, tendremos guerra durante otro medio siglo.

Sus promotores seguirán llenándose de plata y adornando su vanidad elemental con condecoraciones de lata. Por eso truenan contra la posibilidad de paz que se ha abierto, súbitamente revestidos de dignidad, con el argumento de que a terroristas no se les hacen concesiones. Apenas logran disimular olvidos interesados como el de la batalla del entonces presidente Uribe por darles estatus político a los paramilitares tras sus pactos secretos en Ralito. A sabiendas de que sus asesinatos alcanzaron la cifra de 173 mil sólo en su segundo mandato, cifra de la Fiscalía General de la Nación.

En La Habana no podrá olvidarse, claro, el deber de hacer justicia. Pero éste no podrá traducirse en cerrarles a las Farc las puertas de la política, sino, sobre todo, en obligarlas a encarar a sus víctimas.

Por respeto a la democracia, al pueblo colombiano y a las instituciones, los miembros de las Farc NO pueden tener derecho a participar en política, salvo que hayan sido condenados SOLO por delitos políticos, como lo establece la Constitución en su artículo 179 para el caso de Congreso.

Como escribe Fernando Savater, la motivación política que lleva a cometer delitos violentos no tiene porque ser una eximente ni penal ni moral. En un Estado democrático de derecho más bien debería ser un agravante.

Traficar drogas, reclutar menores, poner bombas o secuestrar a ciudadanos no son actividades políticas en una democracia. Son las Farc quienes deben reinsertarse en la sociedad que ha resistido sus ataques, no la sociedad la que tiene que acatar los planteamientos excluyentes que se le intentaron imponer por la vía armada. ¡No podemos caer en la democracia de fusil!

La participación política es sin apellidos. Debe incorporar a todos los ciudadanos en la legalidad y, si las FARC ponen fin a la guerra con el Estado, sus hombres estarán en la legalidad.

Ahora bien, las condiciones en que se cierre este ciclo de la guerra con FARC será lo determinante para la participación política de los mandos de esta guerrilla.
Hay discusiones duras por delante, como por ejemplo: ¿Son las FARC el único responsable por la violencia que ha vivido Colombia en 60 años? ¿Cabe responsabilidad a agentes políticos, económicos y armados del estado colombiano?

De la solución a estos interrogantes depende en parte, la forma como se resuelve este fin de la guerra con FARC. Otra parte, dependerá de la comunidad internacional y la aceptación que haga a unos estándares de justicia y reparación que deben nacer del proceso. La paz cuesta, aunque Santos diga que no. Pero costará mucho menos de lo que costaría pararse de la mesa.

Pienso que a las Farc no se les debe restringir la participación política. Deberían darles todas las condiciones para que puedan reincorporarse a la vida civil y, si con su lucha armada tenían una finalidad política, lo lógico es que ahora se les permita buscarla por la vía democrática.

Para lograr algo tan importante como la paz va a tocar hacer sacrificios. El principal será de la justicia, pero pienso que ese sacrificio al final revierte en beneficio de la justicia misma, porque en medio del conflicto sencillamente ésta no se puede impartir con normalidad.