Es acomodaticio descontextualizar el debate sobre un impuesto permanente para la "seguridad democrática", como si no hubiera para la misma finalidad múltiples fuentes de financiamiento fiscal, tanto a nivel nacional como territorial. Aparte de la necesidad de hacer más eficientes el gasto ordinario y la inversión destinados a este objetivo, que ya son prioritarios en el conjunto del gasto público, lo que realmente hay que debatir es los aspectos regresivos de la política tributaria del gobierno, que ha tendido a favorecer determinados sectores a través de estímulos y exenciones, así como el tipo de impacto que genera el aumento de la carga impositiva en un contexto de crisis económica. Y encima, como lo advierte hoy la sección económica de El Tiempo, grandes contribuyentes actuales del impuesto al patrimonio van a quedar eximidos del futuro gravamen gracias a los contratos de estabilidad jurídica que han firmado con el Gobierno Nacional...¡no suena nada bien esta iniciativa!

Sobre este tema del impuesto para financiar la guerra, planteado inicialmente por el empresario Luis Carlos Sarmiento, Carlos Holguín Sardi afirmó que aunque nadie discute que la Seguridad Democrática requiere continuidad y financiación,  es imposible en una economía en recesión y en medio de la crisis económica mundial, pensar siquiera en un aumento de tributos.

“La única alternativa posible es mantener la misma tributación actual, incluido el Impuesto al Patrimonio, así signifique un sacrificio adicional para los altos capitales”, afirmó el candidato conservador.
Y complementó diciendo que “no es viable que cuando el sector financiero, por ejemplo, arroja tan altas utilidades, se proponga trasladarle un impuesto a  los pobres consumidores”.

Mientras no se apruebe otra norma, hasta el 2010, la Seguridad Democrática se financiará con el impuesto al patrimonio de los empresarios con capitales superiores a los $3.000 millones que son gravados con el 1,2%.

La situación de seguridad interna del país está asociada a un escenario regional cada vez más inestable. Por un lado, las FARC y otros grupos terroristas buscan refugio en países vecinos desde donde lanzan acciones contra el territorio colombiano. Por otra parte, gobiernos como el venezolano mantienen programas de rearme al tiempo que no toman medidas para frenar las actividades de la guerrilla en su país. En consecuencia, los esfuerzos para derrotar a los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos demandan nuevas inversiones para sostener las operaciones dentro de Colombia y garantizar la seguridad fronteriza. Este esfuerzo necesariamente es de largo plazo y demanda un esquema tributario que garantice un flujo estable de recursos. Solo de esa forma el país podrá escapar de los vaivenes en el gasto en seguridad que han provocado altibajos en la protección de los ciudadanos por el Estado y ha prolongado artificialmente la violencia.

Estoy segura de que los colombianos no dudaremos en meternos la mano al bolsillo para sostener la seguridad, siempre que se garantice la transparencia del uso de los recursos, la claridad en la contratación, la eficiencia de la gestión y la definición de objetivos concretos para ponerle punto final al conflicto. La seguridad integral requiere una visión de largo plazo y una estrategia que equilibre desarrollo social y la transformación de las condiciones de vida de los colombianos. Hablar impuestos sueltos, antes de pensar en una reforma tributaria estructural y balanceada, que atienda la complejidad de la realidad nacional, es cómo formular una vacuna para la gripa de hace 7 años.