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Domingo Abril 18, 2021
El paro judicial, que duró más de 3 meses, puso a temblar al gobierno. Logró paralizar el sistema judicial en casi todo el país. Ya hoy los empleados de la rama están empezando a recibir los ajustes económicos a los que se había comprometido el gobierno.

Foto: Juan Pablo Pino

Uno de los desafíos más grandes que ha tenido que enfrentar el gobierno de Juan Manuel Santos han sido los paros, que tuvieron su cenit el pasado mes. Ya todos desactivados luego de negociaciones con el Gobierno, La Silla rastreó cómo había evolucionado la situación de cafeteros, arroceros, trabajadores de la Universidad Nacional, cacaoteros, camioneros, jueces y ganaderos, una vez firmados los acuerdos que pusieron fin a su protesta. Aunque en algunos casos la molestia persiste, en líneas generales el Gobierno le cumplió a los parados. Este es el balance de los paros:

Cafeteros

Universidad Nacional

Arroceros

Cacaoteros

Camioneros

Ganaderos

Jueces

Los cafeteros y los problemas de información

Qué pasó

Con múltiples bloqueos viales en departamentos como Huila, Cauca, Antioquia, Risaralda, Nariño, Valle, Caldas, Tolima y en la región del Magdalena Medio, el paro cafetero empezó el 25 de febrero de este año.

El paro evidenció la falta de representatividad de la Federación Nacional de Cafeteros, que mantuvo una posición en contra de la protesta pero no fue capaz de contenerla. La organización que finalmente estuvo detrás del paro fue el Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Cafeteros.

Apoyado por diversos sectores políticos de oposición a Santos, desde la izquierda -el Polo Democrático Alternativo- y desde la derecha -el uribismo-, este paro consiguió pronto presionar al Gobierno a sentarse a negociar (con un equipo finalmente liderado por el vicepresidente Angelino Garzón y cinco ministros).

 Qué pedían

La razón básica de la protesta era que la producción de la carga de café resultaba más costosa que el precio de esa carga en el mercado, de modo que los caficultores estaban trabajando a pérdidas. Inicialmente, pedían un precio de sustentación, es decir un precio mínimo de la carga de café establecido por el Gobierno. Proponían que fuera de 750 mil pesos.

 Qué acordaron

Tras dos días de conversaciones en Pereira, las partes lograron llegar a un acuerdo que puso fin a los bloqueos el 8 de marzo.

Entre otras cosas, el Gobierno se comprometió a entregar un subsidio llamado Protección de Ingreso al Cultivador (PIC), por un valor de 145 mil pesos por carga de 125 kilos de café producida. El subsidio cubriría las dos cosechas del 2013 de todos los caficultores: grandes, medianos y pequeños, y representaría una inversión de unos 800 mil millones de pesos.

 En qué resultó

Semanas después de conjurado el paro, empezaron algunas quejas por parte de los caficultores. La más reiterada fue que el mecanismo establecido para pagar el subsidio se hizo usando el Sistema de Información Cafetera (Sica), una base de datos de caficultores que tiene la Federación. Para acceder al subsidio, los beneficiarios debían estar registradas en el Sica y tener la cédula cafetera, que solo la pueden obtener cultivadores con un mínimo de 1.500 árboles de café en sus fincas.

El coordinador del Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Cafeteros, Óscar Gutiérrez, insiste en que por esta vía todavía se siguen excluyendo del subsidio a muchos pequeños caficultores. Incluso advierte que “si el Gobierno insiste en el incumplimiento, valoraríamos si volver a las jornadas de movilización”. No obstante, el viceministro de Agricultura, Andrés Felipe García, sostuvo que este inconveniente solo sucedió las primeras semanas después de firmado el acuerdo y que ya se resolvió: “Ese es un problema de desinformación de los líderes cafeteros”.

Y es cierto que en la página de la Federación se dice que la cédula cafetera no es un requisito para acceder al subsidio, y que basta con tener una cuenta de ahorros y presentar una factura de venta de café.

Lo que también es verdad, según argumenta Gutiérrez y reconoce el viceministro García, es que hay zonas del país como Cauca, Huila y Caldas, donde el sistema de información está desactualizado y la implementación del subsidio ha sido problemática. Pero García asegura que ya se está trabajando en la adecuación del sistema en esos lugares.

De acuerdo con el último reporte de la Federación, hasta ahora se han tramitado 224.592 solicitudes del subsidio y se han desembolsado 198 mil millones de pesos.

 Millones que nadie pide, la universidad quebrada los concede

Qué pasó

Paralizando las clases de 27 mil estudiantes en las sedes de Bogotá y Palmira de la Universidad Nacional de Colombia, el 20 de febrero sus trabajadores empezaron el paro. Lo promovió el Comité Pro Mejora Salarial, que estaba liderado por miembros del Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas –Sintraunal-.

Rápidamente se estableció una mesa de negociación, que por parte de la institución universitaria fue encabezada por su vicerrector general, Jorge Iván Bula. De manera simultánea, desde noviembre ya se había establecido otra mesa de negociación con el Sindicato de los trabajadores y empleados universitarios de Colombia –Sintraunicol-, cuya cúpula directiva tuvo desde el comienzo una posición adversa al paro.

Bula afirmó durante las negociaciones con el Comité que el déficit de la Universidad Nacional era de 55 mil millones de pesos, ante lo cual el paro fue prolongándose por semanas.

Entretanto, el 14 de marzo la Procuraduría le pidió al rector de la universidad, Ignacio Mantilla, los nombres de los promotores del paro, con el fin de investigarlos y eventualmente sancionarlos. María Fernanda Campo, ministra de Educación, apoyó esta iniciativa del Ministerio Público.

 Qué pedían

El principal objetivo de la protesta era conseguir una mejora salarial para los empleados de la universidad pública más grande del país. Como habían establecido los manifestantes desde finales de septiembre en un pliego de peticiones, pedían que el aumento de salarios fuera del 30% y cobijara a los cargos de carrera administrativa, trabajadores oficiales y educadores de enseñanza básica y media.

 Qué acordaron

El 18 de marzo las partes llegaron a un acuerdo y los trabajadores desbloquearon los campus universitarios. El acuerdo incluyó: fijar una hoja de ruta para definir el aumento salarial para 2014, no tomar represalias contra los promotores del paro, derogar el Acuerdo 11 de 2004, que facultaba al rector para cambiar los cargos de carrera administrativa, y otorgar una bonificación por un valor de 1 millón 200 mil pesos a todos los trabajadores de niveles profesional, técnico y asistencial, es decir, los niveles que agrupan a los trabajadores con salarios más bajos.

 En qué resultó

Conjurado el paro, la Universidad siguió negociaciones con Sintraunicol y el 5 de abril las partes llegaron a otro acuerdo. Convinieron adicionar 150 mil pesos al bono pactado con el Comité Pro Mejora Salarial y, además, incluir a los empleados de los niveles ejecutivo y asesor entre sus beneficiarios. Dicho bono ya fue entregado.

Lo llamativo es que los empleados de nivel ejecutivo ganan un salario promedio de 3.392.000 pesos y los del nivel asesor, un salario promedio de 5.000.000, y la universidad, que está en déficit presupuestal, destinó para ellos bonificaciones económicas por un valor cercano a los 362 millones.

Aunque en un comunicado emitido por la universidad el 5 de abril, firmado por Bula, se había justificado dicho aumento de cobertura “por el Principio Constitucional de Igualdad”, el vicerrector le dijo a La Silla Vacía que la entrega de estos bonos no fue una iniciativa de la universidad sino que se dio por presión de Sintraunicol: “Plantearon que si no ampliábamos la cobertura de la bonificación, se iban a paro, ¿qué podíamos hacer?”.

Pero esa afirmación fue enérgicamente desmentida por Elisabeth Montoya, presidenta de Sintraunicol: “Eso es mentira, totalmente mentira. Nosotros nunca amenazamos con un paro”, y agregó: “Tampoco es cierto que pidiéramos una bonificación para los niveles asesor y ejecutivo, ¡es que ellos ya ganan millonadas!”
 

¿Un ‘miquito’ en el arroz?

Qué pasó

El 5 de marzo el Movimiento Nacional por la Dignidad Arrocera definió el 19 de ese mes como la “hora cero” para iniciar su paro, a través de sus representantes en departamentos como Norte de Santander, Cesar, Arauca, Casanare, Meta, Huila y Tolima.

Aunque el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, calificó la amenaza de paro como “oportunista”, días después el Gobierno ya estaba negociando con sus promotores, logrando desactivarlo antes de que empezara.

 Qué pedían

Entre los argumentos esgrimidos por los manifestantes estaban el bajo precio de la carga del grano, la afectación que sufría el gremio por la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el contrabando en el sector, que presenta unas cifras particularmente altas. Por tanto, pedían que el Gobierno intercediera entre los arroceros y la industria compradora del arroz para subir el precio del grano, y le diera al gremio auxilios económicos para mitigar el impacto económico negativo del contrabando.

 Qué acordaron

El 15 de marzo llegaron a un acuerdo en Villavicencio (Meta). Como punto más saliente, establecieron precios topes mínimos y máximos de la carga de 125 kilos de arroz. En Meta, por ejemplo, iban a ser 110 mil y 122 mil. En Ibagué y regiones vecinas: 122 mil y 132 mil, etc.

Similar a lo que ocurrió con la Federación Nacional de Cafeteros, en este caso la Federación Nacional de Arroceros –Fedearroz- tampoco apoyó el paro. Su gerente, Rafael Hernández Lozano, afirma que “el Gobierno solo avaló una franja de precios que nosotros veníamos negociando desde noviembre con los industriales molineros –compradores de arroz-. Por eso el paro era injustificado”

Roberto Botero, dirigente del Movimiento por la Dignidad Arrocera, sostuvo que el paro se iba a dar pues ellos no conocían los acuerdos que venía cocinando Fedearroz. “De todas formas la negociación de la Federación fue solo por la franja de precios. Gracias al Movimiento se incluyeron otras cosas en el acuerdo, como un apoyo directo de 10 mil millones de pesos a los costos de producción”, sostuvo.

 En qué resultó

La franja de precios fue establecida por  una resolución expedida por el Ministerio de Agricultura el 18 de marzo, e irá hasta diciembre 31.

De acuerdo con Botero, en general el acuerdo se cumplió, con “algunos pequeños reparos”. Por ejemplo, sostiene que para todo el interior del país se había acordado un precio mínimo de 122 mil pesos, que finalmente se incumplió en la resolución del Ministerio para el caso de Huila (quedó en 120 mil) y Espinal (121 mil).

Frente a eso, el viceministro de Agricultura, Andrés García, explica que el precio de 122 mil no se había acordado: “Lo que quedó en los actas del acuerdo fue que se iba a intentar lograr ese precio, pero no se logró luego de conversaciones con la industria”.

Asimismo, el dirigente arrocero afirmó que en la resolución del Ministerio se estableció un descuento del 1,5% al comprador que paga el arroz de contado, “afectando el bolsillo de los arroceros”. Pero García respondió que “el acuerdo de Villavicencio dejaba claro que la compra iba a seguir las mismas reglas que ha seguido tradicionalmente, entre las que estaba ese descuento, contemplado como incentivo al almacenamiento” (aunque La Silla Vacía no encontró que este punto estuviera explícito en el acuerdo firmado en Villavicencio).

Además, al revisar la resolución del incentivo al almacenamiento de arroz (artículo 5 numeral 5), expedida en julio de 2011 por el Ministerio, es claro que dicho descuento tiene un valor de 1,2%, y no como quedó en la resolución (artículo 4 numeral 3), de 1,5%. “Ahí sí nos metieron un miquito”, concluye el dirigente arrocero.

Otro de los puntos que el Gobierno se comprometió a revisar con el gremio arrocero fue el del contrabando. “Hasta ahora no se ha hecho mucho, pero nosotros ya hicimos la propuesta de crear un grupo elite para seguir a los contrabandistas”, afirma Botero. Una propuesta que le gustó al presidente Juan Manuel Santos, quien el pasado 17 de marzo declaró públicamente que “iba a acogerla de inmediato”.

El país quiere cacao

Qué pasó

El 18 de febrero la Mesa Nacional Cacaotera anunció su decisión de sumarse al paro que empezaría el 25 de ese mes, liderado por el gremio cafetero. Desde ese día bloquearon varias vías, en particular la troncal del Magdalena Medio, impidiendo el paso de carga hacia los puertos del Caribe.

 Qué pedían

Sus motivaciones eran varias, entre ellas el alto precio del grano y los procesos judiciales que enfrentaban los pequeños productores por no ser capaces de cumplir los créditos bancarios. Pero como puede verse en este comunicado, las peticiones de los cacaoteros eran más bien generales, pero en síntesis reclamaban que el Gobierno diseñara políticas para combatir la crisis del sector.

 Qué acordaron

El Gobierno se sentó a negociar y el 4 de marzo, cuatro días antes de que concluyera el paro cafetero, llegaron a un acuerdo y se levantó el bloqueo vial.

Como punto destacable, el Gobierno prometió un subsidio de 800 pesos por cada kilo de cacao producido (antes existía un subsidio, pero solo de 400 pesos).  Para los cacaoteros de Santander, donde se produce el 50% del cacao en el país, la Gobernación prometió adicionar 400 pesos más al subsidio (para un total de 1.200).

 En qué resultó

El 15 de marzo el Ministerio de Agricultura concretó ese apoyo y el mecanismo como se iba a entregar en una resolución.

Según Ómar Acevedo, coordinador de la Mesa Nacional Cacaotera, los subsidios todavía no se están entregando: “No podemos decir que esta parte del acuerdo esté funcionando, pero confiamos en la voluntad de Gobierno para hacer efectivos los desembolsos. Calculamos que en más o menos dos semanas más se habrá resuelto este inconveniente”.

El viceministro de Agricultura, Andrés García, reconoció que el mecanismo de entrega de este subsidio es más lento que en el caso de los cafeteros, pero desmintió a Acevedo: “Los subsidios sí se han entregado. Lo que puede estar pasando es que en algunas regiones se han presentado algunas demoras”.

Por otra parte, para desactivar el paro también se había pactado aliviar las deudas de crédito que habían contraído los cacaoteros con el Banco Agrario. “El alivio del crédito individual sí se ha venido implementando. Falta ver qué ocurre con el crédito colectivo”, cuenta el líder cacaotero, agregando: “Si finalmente no se cumplen los acuerdos, los cacaoteros somos un movimiento organizado que estará dispuesto a volver a la movilización”.

Pero ese escenario en realidad parece improbable, porque en líneas generales el Gobierno está cumpliendo con el acuerdo.

Ánimos caldeados entre los camioneros

Qué pasó

Convocado por la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), el paro camionero empezó el 1 de marzo, con múltiples bloqueos viales.

 Qué pedían

La pretensión más saliente de los camioneros (al menos la más mediática), era la una reducción de al menos 2 mil pesos en el precio del galón de Acpm, y que ese precio se mantuviera sin alzas por un año.

Pero también se tuvieron en cuenta varios otros puntos que preocupan mucho al gremio. En particular, el tema de la intervención de rutas y de la póliza de ingreso al parque automotor.

La intervención de rutas quiere decir, en la práctica, que el Gobierno establece un precio mínimo del transporte de carga para determinada ruta (flete). El gremio camionero alega que esto es necesario pues existe una sobreoferta de vehículos de transporte de carga que están abaratando demasiado ese flete, afectando dramáticamente su bolsillo.

El otro punto crucial para el gremio era el tema de la póliza de ingreso al parque automotor de transporte público. Tal póliza es un mecanismo mediante el cual se puede matricular un vehículo de carga en el parque automotor, y es visto por los camioneros como una de las causas de la sobreoferta de vehículos de carga en las vías

 Qué acordaron

Tras cuatro días, se logró un acuerdo entre el gremio y el Gobierno (cuyos negociadores eran Cecilia Álvarez, ministra de Transporte, el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo y el superintendente de Puertos y Transporte, Juan Miguel Durán).

El Ministerio de Minas se comprometió a reducir el precio del Acpm a partir del 6 de marzo en 159 pesos, y en 77 pesos a partir del 1 de abril, manteniendo ese precio hasta mayo.

Frente al tema de la intervención, el Gobierno se comprometió a intervenir las rutas siempre que comprobara que el valor pagado por ellas era menor al señalado por el Sistema de Información de Costos Eficientes -Sice- (algo que de hecho ya estaba establecido por  un decreto de 2011, artículo 5).

En cuanto a la póliza,  el Gobierno se comprometió a suspender por 3 meses la póliza, mientras se definía una política de regulación de esta materia.

 En qué resultó

Con respecto al precio del Acpm, el Gobierno sí cumplió. Respecto a los otros puntos la cosa fue más compleja.

Según el gremio camionero, hay cuatro rutas claves que claramente cumplen el requisito, aceptado por el Gobierno, para ser intervenidas: Medellín-Cartagena-Medellín, Bogotá-Barranquilla-Bogotá, Buenaventura-Medellín-Buenaventura y Buenaventura-Bogotá-Buenaventura.

Sin embargo, el Ministerio de Transporte, en un proyecto de resolución publicado el 18 de abril, no contempla la intervención de las últimas dos. Y los camioneros sospechan que esto fue así por presión directa de la Asociación Nacional de Industriales ANDI sobre el Gobierno.

 Frente a la póliza, el Gobierno cumplió en la suspensión de la suspensión por tres meses, y la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, ha declarado que se está avanzando en el diseño de una política de regulación. Pero lo cierto es que entre los camioneros hay desconfianza.

La presidenta de la ATC, Alejandra Baquero, sostiene: “No es tanto que el Gobierno esté incumpliendo, reconocemos que la ministra se ha movido. Pero vemos que la regulación de la póliza está enredada por los poderes económicos que se mueven detrás”.

Por su parte, Javier Leal, presidente de la seccional Cundinamarca de la ACC, sostiene que los concesionarios ya se han reunido con la ANDI y con el Gobierno, para concertar el restablecimiento de la póliza al término de los tres meses: “A ellos solo les interesa seguir vendiendo vehículos, así el mercado esté sobreofertado”.

Tanto Leal como Baquero coinciden en que los ánimos de los camioneros están caldeados. “Si vuelven a poner la póliza, volvemos a paro”, afirma Leal sin titubeos, mientras que Baquero cuenta: “A la gente la estamos conteniendo, se quiere ir a la calle. Hay tanta presión de la base que en algún momento esto va a explotar”
 

Paro ganadero: en el congelador

Qué pasó

Al comienzo promovido por un grupo de campesinos del Norte de Antioquia, la idea del paro ganadero empezó a sonar desde finales de marzo, y tomó mucho vuelo cuando la Federación Colombiana de Ganaderos –Fedegán- anunció su apoyo. La “hora cero” se programó para el 17 de abril.

 Qué pedían

Rápidamente, el 2 de abril, el vicepresidente Angelino Garzón se reunió con Fedegán y la Cámara Gremial de la Leche. Allí escuchó los problemas que viven los casi 400 mil colombianos que dependen de la ganadería, especialmente el impacto negativo que ha tenido para ellos la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y las posibles afectaciones que tendrán cuando entre en vigencia el de la Unión Europea.

 Qué acordaron

El paro se suspendió enseguida. El acuerdo al que llegaron las partes fue que el presidente Juan Manuel Santos se iba a reunir con el gremio, representado por el presidente ejecutivo de Fedegán José Félix Lafaurie, el 18 de abril. En tema central de esa reunión sería el proyecto de ley que construyó Fedegán para solucionar la crisis que atraviesa el sector (acá pueden verse a grandes rasgos en qué consiste ese proyecto).

 En qué resultó

Sin embargo, a última hora esta reunión fue aplazada por una cumbre de emergencia convocada por Unasur, a la que Santos tuvo que asistir.

Así que por ahora el paro está congelado mientras se concreta esa reunión (que no tiene aún nueva fecha definida): “La idea es no generar vías de hecho antes de hablar con el Gobierno”, afirma Lafaurie, “pero lo cierto es que mientras tanto la gente está muy negativa, muy angustiada”
 

 A paso de tortuga se atajó el paro judicial

Qué pasó

Paralizando juzgados en todo el país, el 10 de octubre estalló el paro de los jueces. Liderado por la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial –Asonal-.

Los medios registraron día a día el colapso judicial, y también las divisiones que sufrió el gremio a causa de pugnas internas.

 Qué pedían

Según los voceros de Asonal, lo único que se estaba pidiendo era el cumplimiento de la Ley 4 de 1992, que le ordenaba al Gobierno hacer una nivelación salarial para el sector judicial. Tal nivelación consistía en un reajuste en los salarios atendiendo a criterios como la formación profesional y el cambio en las responsabilidades asignadas por nuevas leyes a los funcionarios de cada nivel.

Vale recordar que en 2006 una comisión integrada por el Gobierno, Asonal y el Consejo Superior de la Judicatura había permitido dicha nivelación respecto de las Altas Cortes y los Tribunales. Sin embargo el compromiso frente al resto de los funcionarios judiciales, que conforman la mayoría de la rama, seguía pendiente.

 Qué acordaron

A principios de noviembre el Ministerio de Justicia, en cabeza de Ruth Stella Correa, firmó un acuerdo con Asonal para levantar el paro. Sin embargo, una parte de ese sindicato no reconoció el acuerdo y se mantuvo parado hasta que salieron a vacaciones colectivas (la llamada ‘vacancia judicial’).

En enero fue acordado el contenido de los decretos de ajuste salarial, y a finales del mes ese segmento de Asonal optó por dejar el paro ‘en receso’. Dicho ajuste se expresaba en la entrega de bonificaciones económicas mensuales a los funcionarios judiciales, que aplican por cinco años.
 

 En qué resultó

Desde entonces la ministra Correa presionó a Función Pública y al Ministerio de Hacienda, para que revisaran y firmaran los decretos lo más rápido posible, temiendo que el ‘receso’ concluyera. Dicha firma solo ocurriría dos meses después, el 7 de marzo, cuando el Ejecutivo autorizó por fin un presupuesto para la rama de los jueces por 1 billón 350 mil pesos. Los decretos resultantes establecieron una tabla de bonificaciones que se entregarían cada mes, mediante las cuales se hacía efectiva la nivelación salarial.

Sin embargo, aunque los decretos estaban firmados, el pago todavía no se hizo efectivo. El 8 de marzo Asonal amenazó con volver al paro, pero dio un compás de espera a la administración judicial, que  fijó como fecha de entrega de la bonificación el 30 de abril.

Y finalmente, un día antes del 30, el Gobierno empezó a pagar las bonificaciones en todo el país. Se desembolsó la bonificación correspondiente a los meses desde enero a abril, de modo que Luis Otálvaro, presidente de Asonal, pudo concluir: “El paro ya está completamente conjurado, el Gobierno cumplió”.

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Sáb, 2013-05-18 20:06

Je.
Bueno, aparece la UNal, se aclaran sus datos. Genial.
Me pregunto algo, a ver: ¿en serio, la educación haciendo paro en este país si recibe paga como DEBE, no como se AMAÑA SEGÚN ALGUNOS MEDIOS?

Yo pregunto porque desde donde veo y sé no es cierto. De hecho, el Gobierno Nacional no ha hecho *nada* que no sea hacer mutis por el foro y hacerse el físico *pendejo* respecto al rumbo actual de la educación de este país. Ahí sigue la Ministra, ahí siguen los "pero no tenemos dinero", ahí sigue la educación de maquila.

Y dado que hay vida más allá de la Universidad Nacional de Colombia (sic), sería como bueno que averiguaran un poquito de eso. Porque estamos en año electoral. Y porque en estas fechas prometen el oro y el moro a cambio de votos y alianzas... y finalizando, porque la educación es la prima fea de todos los temas del poder, pero, cosa curiosa, es increíblemente determinante en el desarrollo de un país.

Antes de que el Opus Dei eduque a todos, digo. Sería bueno.

Sáb, 2013-05-18 20:04

Me parece que muchos de los que hacen paros es para sacarle plata al gobierno, no cual no esta mal, por que si me la robo ya no se la roban lo que ya tienen bastante, pero de que sirve vivir en un pais donde la mitad de la poblacion trabaja arduamente para vivir como pobre, mientras la otra mitad vive de subsidios que le da el gobierno y ademas que se prestan para que roben mas plata, en fin una sociedad asi no va para ningun lado!!!!!

Sáb, 2013-05-18 20:03

Falta el paro de los cerca de 350.000 maestros del país, es decir, el que está convocando FECODE. Ese es el más importante,,,ja,ja,,,,

Sáb, 2013-05-18 20:03

Como la Fuerza Pública no puede hacer paros, no podrá acceder a sus beneficios durante la era Santos. Es evidente que todos los paros terminaron con notorias utilidades para quienes los realizaron. Hoy la Fuerza Pública no ha recibido el incremento salarial que anualmente se aplica a todos los miembros del Estado, y lo que es peor, está listo un decreto en Min. Defensa, si es que ya no se firmó, para reconocerle a las instituciones militares y de policía un incremento del 3%. Habrase visto algo más aberrante y ofensivo? Parece una dádiva, una limosna. Los derechos no se mendigan, se exigen, pero la Fuerza Pública no puede utilizar recurso alguno, diferente a la mediación de su presidente y de su ministro de Defensa y ellos nada hacen. La tolerancia y el silencio de estas instituciones no significan aprobación y sometimiento a semejante improperio, porque si bien es cierto que no se pueden hacer paros, sí se pueden callar las armas bélicas que defienden la estabilidad del gobierno.

Sáb, 2013-05-18 20:00

Sería bueno que La Silla Vacía verificara la exactitud de los datos que suministran. Aunque los asesores de la UN ganan 'bien', no es cierto que el promedio salarial sea de $5.000.000, como afirma el texto. En esta tabla, que incluye los enlaces a las fuentes de los datos, se ve que el promedio salarial de los asesores es de poco más de $3.700.000 (y que son más los asesores que ganan menos de eso). Me imagino entonces que los salarios del nivel ejecutivo tampoco son los que salen ahí. Tampoco se mencionan los atropellos perpetrados por el sindicato contra estudiantes y profesores, cómo se afectaron las labores de investigación, extensión y docencia, la división entre la comunidad universitaria ocasionada por el paro, ni el hecho de que en la UN hay centenares de contratistas que hacen lo que los de planta no quieren o no pueden hacer.

Sáb, 2013-05-18 20:01

Hola Julián. Te agradezco la tabla, ya estoy a la tarea de verificarla. Pero todos los datos de promedios salariales los entregó, directamente, el vicerrector de la Universidad.

Entiendo tu reclamo de mayor contexto. Sin embargo la idea de la nota no era hacer un recuento pormenorizado de cada paro, sino un balance general de qué había pasado con los acuerdos alcanzados.

Sáb, 2013-05-18 20:02

Gracias, Nicolás. También entiendo la intención de la nota, pero esos datos sueltos son con los que se queda la gente al final, personas que se informan a través de LSV y que van a creer algo que no es necesariamente verdad.

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