Con múltiples bloqueos viales en departamentos como Huila, Cauca, Antioquia, Risaralda, Nariño, Valle, Caldas, Tolima y en la región del Magdalena Medio, el paro cafetero empezó el 25 de febrero de este año.

El paro evidenció la falta de representatividad de la Federación Nacional de Cafeteros, que mantuvo una posición en contra de la protesta pero no fue capaz de contenerla. La organización que finalmente estuvo detrás del paro fue el Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Cafeteros.

Apoyado por diversos sectores políticos de oposición a Santos, desde la izquierda -el Polo Democrático Alternativo- y desde la derecha -el uribismo-, este paro consiguió pronto presionar al Gobierno a sentarse a negociar (con un equipo finalmente liderado por el vicepresidente Angelino Garzón y cinco ministros).

La razón básica de la protesta era que la producción de la carga de café resultaba más costosa que el precio de esa carga en el mercado, de modo que los caficultores estaban trabajando a pérdidas. Inicialmente, pedían un precio de sustentación, es decir un precio mínimo de la carga de café establecido por el Gobierno. Proponían que fuera de 750 mil pesos.

Tras dos días de conversaciones en Pereira, las partes lograron llegar a un acuerdo que puso fin a los bloqueos el 8 de marzo.

Entre otras cosas, el Gobierno se comprometió a entregar un subsidio llamado Protección de Ingreso al Cultivador (PIC), por un valor de 145 mil pesos por carga de 125 kilos de café producida. El subsidio cubriría las dos cosechas del 2013 de todos los caficultores: grandes, medianos y pequeños, y representaría una inversión de unos 800 mil millones de pesos.

Semanas después de conjurado el paro, empezaron algunas quejas por parte de los caficultores. La más reiterada fue que el mecanismo establecido para pagar el subsidio se hizo usando el Sistema de Información Cafetera (Sica), una base de datos de caficultores que tiene la Federación. Para acceder al subsidio, los beneficiarios debían estar registradas en el Sica y tener la cédula cafetera, que solo la pueden obtener cultivadores con un mínimo de 1.500 árboles de café en sus fincas.

El coordinador del Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Cafeteros, Óscar Gutiérrez, insiste en que por esta vía todavía se siguen excluyendo del subsidio a muchos pequeños caficultores. Incluso advierte que “si el Gobierno insiste en el incumplimiento, valoraríamos si volver a las jornadas de movilización”. No obstante, el viceministro de Agricultura, Andrés Felipe García, sostuvo que este inconveniente solo sucedió las primeras semanas después de firmado el acuerdo y que ya se resolvió: “Ese es un problema de desinformación de los líderes cafeteros”.

Y es cierto que en la página de la Federación se dice que la cédula cafetera no es un requisito para acceder al subsidio, y que basta con tener una cuenta de ahorros y presentar una factura de venta de café.

Lo que también es verdad, según argumenta Gutiérrez y reconoce el viceministro García, es que hay zonas del país como Cauca, Huila y Caldas, donde el sistema de información está desactualizado y la implementación del subsidio ha sido problemática. Pero García asegura que ya se está trabajando en la adecuación del sistema en esos lugares.

De acuerdo con el último reporte de la Federación, hasta ahora se han tramitado 224.592 solicitudes del subsidio y se han desembolsado 198 mil millones de pesos.

Paralizando las clases de 27 mil estudiantes en las sedes de Bogotá y Palmira de la Universidad Nacional de Colombia, el 20 de febrero sus trabajadores empezaron el paro. Lo promovió el Comité Pro Mejora Salarial, que estaba liderado por miembros del Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas –Sintraunal-.

Rápidamente se estableció una mesa de negociación, que por parte de la institución universitaria fue encabezada por su vicerrector general, Jorge Iván Bula. De manera simultánea, desde noviembre ya se había establecido otra mesa de negociación con el Sindicato de los trabajadores y empleados universitarios de Colombia –Sintraunicol-, cuya cúpula directiva tuvo desde el comienzo una posición adversa al paro.

Bula afirmó durante las negociaciones con el Comité que el déficit de la Universidad Nacional era de 55 mil millones de pesos, ante lo cual el paro fue prolongándose por semanas.

Entretanto, el 14 de marzo la Procuraduría le pidió al rector de la universidad, Ignacio Mantilla, los nombres de los promotores del paro, con el fin de investigarlos y eventualmente sancionarlos. María Fernanda Campo, ministra de Educación, apoyó esta iniciativa del Ministerio Público.

El principal objetivo de la protesta era conseguir una mejora salarial para los empleados de la universidad pública más grande del país. Como habían establecido los manifestantes desde finales de septiembre en un pliego de peticiones, pedían que el aumento de salarios fuera del 30% y cobijara a los cargos de carrera administrativa, trabajadores oficiales y educadores de enseñanza básica y media.

El 18 de marzo las partes llegaron a un acuerdo y los trabajadores desbloquearon los campus universitarios. El acuerdo incluyó: fijar una hoja de ruta para definir el aumento salarial para 2014, no tomar represalias contra los promotores del paro, derogar el Acuerdo 11 de 2004, que facultaba al rector para cambiar los cargos de carrera administrativa, y otorgar una bonificación por un valor de 1 millón 200 mil pesos a todos los trabajadores de niveles profesional, técnico y asistencial, es decir, los niveles que agrupan a los trabajadores con salarios más bajos.

Conjurado el paro, la Universidad siguió negociaciones con Sintraunicol y el 5 de abril las partes llegaron a otro acuerdo. Convinieron adicionar 150 mil pesos al bono pactado con el Comité Pro Mejora Salarial y, además, incluir a los empleados de los niveles ejecutivo y asesor entre sus beneficiarios. Dicho bono ya fue entregado.

Lo llamativo es que los empleados de nivel ejecutivo ganan un salario promedio de 3.392.000 pesos y los del nivel asesor, un salario promedio de 5.000.000, y la universidad, que está en déficit presupuestal, destinó para ellos bonificaciones económicas por un valor cercano a los 362 millones.

Aunque en un comunicado emitido por la universidad el 5 de abril, firmado por Bula, se había justificado dicho aumento de cobertura “por el Principio Constitucional de Igualdad”, el vicerrector le dijo a La Silla Vacía que la entrega de estos bonos no fue una iniciativa de la universidad sino que se dio por presión de Sintraunicol: “Plantearon que si no ampliábamos la cobertura de la bonificación, se iban a paro, ¿qué podíamos hacer?”.

Pero esa afirmación fue enérgicamente desmentida por Elisabeth Montoya, presidenta de Sintraunicol: “Eso es mentira, totalmente mentira. Nosotros nunca amenazamos con un paro”, y agregó: “Tampoco es cierto que pidiéramos una bonificación para los niveles asesor y ejecutivo, ¡es que ellos ya ganan millonadas!”
 

El 5 de marzo el Movimiento Nacional por la Dignidad Arrocera definió el 19 de ese mes como la “hora cero” para iniciar su paro, a través de sus representantes en departamentos como Norte de Santander, Cesar, Arauca, Casanare, Meta, Huila y Tolima.

Aunque el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, calificó la amenaza de paro como “oportunista”, días después el Gobierno ya estaba negociando con sus promotores, logrando desactivarlo antes de que empezara.

Entre los argumentos esgrimidos por los manifestantes estaban el bajo precio de la carga del grano, la afectación que sufría el gremio por la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el contrabando en el sector, que presenta unas cifras particularmente altas. Por tanto, pedían que el Gobierno intercediera entre los arroceros y la industria compradora del arroz para subir el precio del grano, y le diera al gremio auxilios económicos para mitigar el impacto económico negativo del contrabando.

El 15 de marzo llegaron a un acuerdo en Villavicencio (Meta). Como punto más saliente, establecieron precios topes mínimos y máximos de la carga de 125 kilos de arroz. En Meta, por ejemplo, iban a ser 110 mil y 122 mil. En Ibagué y regiones vecinas: 122 mil y 132 mil, etc.

Similar a lo que ocurrió con la Federación Nacional de Cafeteros, en este caso la Federación Nacional de Arroceros –Fedearroz- tampoco apoyó el paro. Su gerente, Rafael Hernández Lozano, afirma que “el Gobierno solo avaló una franja de precios que nosotros veníamos negociando desde noviembre con los industriales molineros –compradores de arroz-. Por eso el paro era injustificado”

Roberto Botero, dirigente del Movimiento por la Dignidad Arrocera, sostuvo que el paro se iba a dar pues ellos no conocían los acuerdos que venía cocinando Fedearroz. “De todas formas la negociación de la Federación fue solo por la franja de precios. Gracias al Movimiento se incluyeron otras cosas en el acuerdo, como un apoyo directo de 10 mil millones de pesos a los costos de producción”, sostuvo.

La franja de precios fue establecida por  una resolución expedida por el Ministerio de Agricultura el 18 de marzo, e irá hasta diciembre 31.

De acuerdo con Botero, en general el acuerdo se cumplió, con “algunos pequeños reparos”. Por ejemplo, sostiene que para todo el interior del país se había acordado un precio mínimo de 122 mil pesos, que finalmente se incumplió en la resolución del Ministerio para el caso de Huila (quedó en 120 mil) y Espinal (121 mil).

Frente a eso, el viceministro de Agricultura, Andrés García, explica que el precio de 122 mil no se había acordado: “Lo que quedó en los actas del acuerdo fue que se iba a intentar lograr ese precio, pero no se logró luego de conversaciones con la industria”.

Asimismo, el dirigente arrocero afirmó que en la resolución del Ministerio se estableció un descuento del 1,5% al comprador que paga el arroz de contado, “afectando el bolsillo de los arroceros”. Pero García respondió que “el acuerdo de Villavicencio dejaba claro que la compra iba a seguir las mismas reglas que ha seguido tradicionalmente, entre las que estaba ese descuento, contemplado como incentivo al almacenamiento” (aunque La Silla Vacía no encontró que este punto estuviera explícito en el acuerdo firmado en Villavicencio).

Además, al revisar la resolución del incentivo al almacenamiento de arroz (artículo 5 numeral 5), expedida en julio de 2011 por el Ministerio, es claro que dicho descuento tiene un valor de 1,2%, y no como quedó en la resolución (artículo 4 numeral 3), de 1,5%. “Ahí sí nos metieron un miquito”, concluye el dirigente arrocero.

Otro de los puntos que el Gobierno se comprometió a revisar con el gremio arrocero fue el del contrabando. “Hasta ahora no se ha hecho mucho, pero nosotros ya hicimos la propuesta de crear un grupo elite para seguir a los contrabandistas”, afirma Botero. Una propuesta que le gustó al presidente Juan Manuel Santos, quien el pasado 17 de marzo declaró públicamente que “iba a acogerla de inmediato”.

El 18 de febrero la Mesa Nacional Cacaotera anunció su decisión de sumarse al paro que empezaría el 25 de ese mes, liderado por el gremio cafetero. Desde ese día bloquearon varias vías, en particular la troncal del Magdalena Medio, impidiendo el paso de carga hacia los puertos del Caribe.

Sus motivaciones eran varias, entre ellas el alto precio del grano y los procesos judiciales que enfrentaban los pequeños productores por no ser capaces de cumplir los créditos bancarios. Pero como puede verse en este comunicado, las peticiones de los cacaoteros eran más bien generales, pero en síntesis reclamaban que el Gobierno diseñara políticas para combatir la crisis del sector.

El Gobierno se sentó a negociar y el 4 de marzo, cuatro días antes de que concluyera el paro cafetero, llegaron a un acuerdo y se levantó el bloqueo vial.

Como punto destacable, el Gobierno prometió un subsidio de 800 pesos por cada kilo de cacao producido (antes existía un subsidio, pero solo de 400 pesos).  Para los cacaoteros de Santander, donde se produce el 50% del cacao en el país, la Gobernación prometió adicionar 400 pesos más al subsidio (para un total de 1.200).

El 15 de marzo el Ministerio de Agricultura concretó ese apoyo y el mecanismo como se iba a entregar en una resolución.

Según Ómar Acevedo, coordinador de la Mesa Nacional Cacaotera, los subsidios todavía no se están entregando: “No podemos decir que esta parte del acuerdo esté funcionando, pero confiamos en la voluntad de Gobierno para hacer efectivos los desembolsos. Calculamos que en más o menos dos semanas más se habrá resuelto este inconveniente”.

El viceministro de Agricultura, Andrés García, reconoció que el mecanismo de entrega de este subsidio es más lento que en el caso de los cafeteros, pero desmintió a Acevedo: “Los subsidios sí se han entregado. Lo que puede estar pasando es que en algunas regiones se han presentado algunas demoras”.

Por otra parte, para desactivar el paro también se había pactado aliviar las deudas de crédito que habían contraído los cacaoteros con el Banco Agrario. “El alivio del crédito individual sí se ha venido implementando. Falta ver qué ocurre con el crédito colectivo”, cuenta el líder cacaotero, agregando: “Si finalmente no se cumplen los acuerdos, los cacaoteros somos un movimiento organizado que estará dispuesto a volver a la movilización”.

Pero ese escenario en realidad parece improbable, porque en líneas generales el Gobierno está cumpliendo con el acuerdo.

Convocado por la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), el paro camionero empezó el 1 de marzo, con múltiples bloqueos viales.

La pretensión más saliente de los camioneros (al menos la más mediática), era la una reducción de al menos 2 mil pesos en el precio del galón de Acpm, y que ese precio se mantuviera sin alzas por un año.

Pero también se tuvieron en cuenta varios otros puntos que preocupan mucho al gremio. En particular, el tema de la intervención de rutas y de la póliza de ingreso al parque automotor.

La intervención de rutas quiere decir, en la práctica, que el Gobierno establece un precio mínimo del transporte de carga para determinada ruta (flete). El gremio camionero alega que esto es necesario pues existe una sobreoferta de vehículos de transporte de carga que están abaratando demasiado ese flete, afectando dramáticamente su bolsillo.

El otro punto crucial para el gremio era el tema de la póliza de ingreso al parque automotor de transporte público. Tal póliza es un mecanismo mediante el cual se puede matricular un vehículo de carga en el parque automotor, y es visto por los camioneros como una de las causas de la sobreoferta de vehículos de carga en las vías

Tras cuatro días, se logró un acuerdo entre el gremio y el Gobierno (cuyos negociadores eran Cecilia Álvarez, ministra de Transporte, el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo y el superintendente de Puertos y Transporte, Juan Miguel Durán).

El Ministerio de Minas se comprometió a reducir el precio del Acpm a partir del 6 de marzo en 159 pesos, y en 77 pesos a partir del 1 de abril, manteniendo ese precio hasta mayo.

Frente al tema de la intervención, el Gobierno se comprometió a intervenir las rutas siempre que comprobara que el valor pagado por ellas era menor al señalado por el Sistema de Información de Costos Eficientes -Sice- (algo que de hecho ya estaba establecido por  un decreto de 2011, artículo 5).

En cuanto a la póliza,  el Gobierno se comprometió a suspender por 3 meses la póliza, mientras se definía una política de regulación de esta materia.

Con respecto al precio del Acpm, el Gobierno sí cumplió. Respecto a los otros puntos la cosa fue más compleja.

Según el gremio camionero, hay cuatro rutas claves que claramente cumplen el requisito, aceptado por el Gobierno, para ser intervenidas: Medellín-Cartagena-Medellín, Bogotá-Barranquilla-Bogotá, Buenaventura-Medellín-Buenaventura y Buenaventura-Bogotá-Buenaventura.

Sin embargo, el Ministerio de Transporte, en un proyecto de resolución publicado el 18 de abril, no contempla la intervención de las últimas dos. Y los camioneros sospechan que esto fue así por presión directa de la Asociación Nacional de Industriales ANDI sobre el Gobierno.

 Frente a la póliza, el Gobierno cumplió en la suspensión de la suspensión por tres meses, y la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, ha declarado que se está avanzando en el diseño de una política de regulación. Pero lo cierto es que entre los camioneros hay desconfianza.

La presidenta de la ATC, Alejandra Baquero, sostiene: “No es tanto que el Gobierno esté incumpliendo, reconocemos que la ministra se ha movido. Pero vemos que la regulación de la póliza está enredada por los poderes económicos que se mueven detrás”.

Por su parte, Javier Leal, presidente de la seccional Cundinamarca de la ACC, sostiene que los concesionarios ya se han reunido con la ANDI y con el Gobierno, para concertar el restablecimiento de la póliza al término de los tres meses: “A ellos solo les interesa seguir vendiendo vehículos, así el mercado esté sobreofertado”.

Tanto Leal como Baquero coinciden en que los ánimos de los camioneros están caldeados. “Si vuelven a poner la póliza, volvemos a paro”, afirma Leal sin titubeos, mientras que Baquero cuenta: “A la gente la estamos conteniendo, se quiere ir a la calle. Hay tanta presión de la base que en algún momento esto va a explotar”
 

Al comienzo promovido por un grupo de campesinos del Norte de Antioquia, la idea del paro ganadero empezó a sonar desde finales de marzo, y tomó mucho vuelo cuando la Federación Colombiana de Ganaderos –Fedegán- anunció su apoyo. La “hora cero” se programó para el 17 de abril.

Rápidamente, el 2 de abril, el vicepresidente Angelino Garzón se reunió con Fedegán y la Cámara Gremial de la Leche. Allí escuchó los problemas que viven los casi 400 mil colombianos que dependen de la ganadería, especialmente el impacto negativo que ha tenido para ellos la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y las posibles afectaciones que tendrán cuando entre en vigencia el de la Unión Europea.

El paro se suspendió enseguida. El acuerdo al que llegaron las partes fue que el presidente Juan Manuel Santos se iba a reunir con el gremio, representado por el presidente ejecutivo de Fedegán José Félix Lafaurie, el 18 de abril. En tema central de esa reunión sería el proyecto de ley que construyó Fedegán para solucionar la crisis que atraviesa el sector (acá pueden verse a grandes rasgos en qué consiste ese proyecto).

Sin embargo, a última hora esta reunión fue aplazada por una cumbre de emergencia convocada por Unasur, a la que Santos tuvo que asistir.

Así que por ahora el paro está congelado mientras se concreta esa reunión (que no tiene aún nueva fecha definida): “La idea es no generar vías de hecho antes de hablar con el Gobierno”, afirma Lafaurie, “pero lo cierto es que mientras tanto la gente está muy negativa, muy angustiada”
 

Paralizando juzgados en todo el país, el 10 de octubre estalló el paro de los jueces. Liderado por la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial –Asonal-.

Los medios registraron día a día el colapso judicial, y también las divisiones que sufrió el gremio a causa de pugnas internas.

Según los voceros de Asonal, lo único que se estaba pidiendo era el cumplimiento de la Ley 4 de 1992, que le ordenaba al Gobierno hacer una nivelación salarial para el sector judicial. Tal nivelación consistía en un reajuste en los salarios atendiendo a criterios como la formación profesional y el cambio en las responsabilidades asignadas por nuevas leyes a los funcionarios de cada nivel.

Vale recordar que en 2006 una comisión integrada por el Gobierno, Asonal y el Consejo Superior de la Judicatura había permitido dicha nivelación respecto de las Altas Cortes y los Tribunales. Sin embargo el compromiso frente al resto de los funcionarios judiciales, que conforman la mayoría de la rama, seguía pendiente.

A principios de noviembre el Ministerio de Justicia, en cabeza de Ruth Stella Correa, firmó un acuerdo con Asonal para levantar el paro. Sin embargo, una parte de ese sindicato no reconoció el acuerdo y se mantuvo parado hasta que salieron a vacaciones colectivas (la llamada ‘vacancia judicial’).

En enero fue acordado el contenido de los decretos de ajuste salarial, y a finales del mes ese segmento de Asonal optó por dejar el paro ‘en receso’. Dicho ajuste se expresaba en la entrega de bonificaciones económicas mensuales a los funcionarios judiciales, que aplican por cinco años.
 

Desde entonces la ministra Correa presionó a Función Pública y al Ministerio de Hacienda, para que revisaran y firmaran los decretos lo más rápido posible, temiendo que el ‘receso’ concluyera. Dicha firma solo ocurriría dos meses después, el 7 de marzo, cuando el Ejecutivo autorizó por fin un presupuesto para la rama de los jueces por 1 billón 350 mil pesos. Los decretos resultantes establecieron una tabla de bonificaciones que se entregarían cada mes, mediante las cuales se hacía efectiva la nivelación salarial.

Sin embargo, aunque los decretos estaban firmados, el pago todavía no se hizo efectivo. El 8 de marzo Asonal amenazó con volver al paro, pero dio un compás de espera a la administración judicial, que  fijó como fecha de entrega de la bonificación el 30 de abril.

Y finalmente, un día antes del 30, el Gobierno empezó a pagar las bonificaciones en todo el país. Se desembolsó la bonificación correspondiente a los meses desde enero a abril, de modo que Luis Otálvaro, presidente de Asonal, pudo concluir: “El paro ya está completamente conjurado, el Gobierno cumplió”.