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Sábado Septiembre 19, 2020

Suarezterapia

Este blog es un recorrido por los pasillos del poder.

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Soy abogado de la Universidad Externado de Colombia. Con Posgrados en derecho Constitucional y Penal Especial de la Universidad de Salamanca. Especializado en Gerencia Pública y Control Fiscal de la Universidad del Rosario. He litigado en defensas penales y fui asesor en procesos de la ley de Justicia y Paz. Soy consumidor apasionado y estudioso de los medios de comunicación y su dinámica. Asesoro el manejo de estrategias jurídicas en procesos sensibles ante la opinión pública y participo en el diseño y ejecución de programas y planes para candidatos y aspirantes a ocupar cargos públicos.

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Hilos temáticos:
Desde el momento de su elección como Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett se apresuró a ejecutar una agenda del corto plazo con dos puntos prioritarios; el primero de ellos, enfrentar las demandas formuladas en contra de su elección que buscaban que su período no fuera mas de año y medio.
El segundo de los retos importantes de esa agenda es poner la casa en orden y preparar a la Fiscalía para asumir la que es su obsesión: la investigación de los delitos bajo el esquema de priorización y selectividad y salvar a la justicia penal del fracaso que hasta ahora ha sido el sistema acusatorio. Los índices de impunidad hablan por sí solos.
 
Montealegre acaba de sortear favorablemente el primer reto de su agenda estratégica al ganar por abrumadora mayoría de votos las demandas que en contra de su periodo se habían presentando ante el Consejo de Estado: ayer se decidió en esa corporación que su periodo es de cuatro años e irá hasta el año 2016.
 
También empieza a desarrollar el segundo punto de la agenda con pie derecho; para reestructurar la Fiscalía y ponerla a tono con lo que desea hacer en materia de investigaciones, capacitación y preparación para afrontar el componente judicial del post conflicto, la Cámara de Representantes abre paso a la aprobación de las facultades extraordinarias al Presidente para que adopte la nueva estructura del ente acusador.
 
Lo que ha sorprendido del Fiscal Montealegre, no es su conocimiento del derecho constitucional y su habilidad como jurista, que ciertamente le permitieron actuar de manera impecable en el litigio librado en el Consejo de Estado para lograr consolidar el periodo de cuatro años de su mandato. La decisión no solamente fue mayoritaria, sino que estuvo precedida por conceptos del Ministerio de Justicia y de la Procuraduría General de la Nación que acogían las tesis de Montealegre. 
 
Tampoco sorprende la metodología del penalista dogmático e investigador que aplica la lógica de prepararse, estudiar, analizar y reestructurar antes de actuar; ese es el talante que le hemos conocido los externadistas que conocemos su carrera en las aulas y en el desempeño de las dignidades que ha ocupado.
 
Lo que si es una novedad es la habilidad que está demostrando en jugar con las reglas no escritas que rigen los pasillos del poder. 
 
Maniobró en una riesgosa estrategia de abierto enfrentamiento al Procurador General de la Nación en sus posiciones jurídicas sobre el Marco Jurídico para la Paz apenas una semana antes de la votación en el Consejo de Estado que definía su periodo.  Maniobra riesgosa si consideramos que el Procurador Ordoñez es una voz muy escuchada en esa corporación.
 
Al hacer pública su posición retando al Procurador a debatir el tema desde orillas ideológicas y jurídicas opuestas pero enfatizando que el enfrentamiento no es personal porque sus relaciones personales son inmejorables, neutralizó cualquier tentación de intervención que pudiera haber contemplado su contradictor si el juego hubiese seguido siendo anónimo y clandestino.
 
Otra faceta que no le habíamos conocido a Montealegre, es la del habilidoso político que decidió por convicción o por estrategia; yo creo que por ambas,  convertirse en el escudero del Presidente Santos y de su principal bandera de gobierno: El Proceso de Paz.
 
También en un momento coyuntural previo a las definiciones de su periodo, lo vimos la semana pasada marchando junto con el Presidente Santos, pero sobretodo, destapando las cartas de sus convicciones ideológicas y jurídicas.
 
Montealegre se alineó de manera clara con la búsqueda de fórmulas para materializar la paz como producto de una negociación en la que se pacte laxitud en el componente de justicia y que permitan escoger entre la tensión de los dos valores, el de la paz sobre los demás, bajo el argumento que es un valor constitucional de suprema ponderación.
 
Además de eso; sus actitudes y sus declaraciones públicas hicieron más notoria su alineación al lado de Santos al sostener enfrentamientos directos con su principal opositor y del proceso de paz: tildó al expresidente Uribe de irresponsable por filtrar las coordenadas del  cese de operaciones militares que se había ordenado para poder trasladar a Pablo Catatumbo a Cuba.
 
Llegó incluso a repetir abiertamente que está de acuerdo con la participación en política de los miembros de las FARC después de su desmovilización.  Ya había dicho antes que prefería ver a Timochenko en el Congreso que en la selva dando bala.
 
Esas actitudes del Fiscal General en estos momentos políticos no pueden verse como una simple alineación al lado de Santos y su proyecto de paz sino que dan la sensación de que Montealegre se ha convertido en el escudero del primer mandatario.  Su notoriedad crece en estos debates políticos en la medida que el gabinete del primer mandatario carece de ministros que por convicción o por obligación, salgan a defender política e ideológicamente al gobierno de Santos.
 
El gabinete de Santos tiene  un ministro de la política que termina regañado cada vez que intenta jugar un rol en la defensa de la actividad gubernamental, tal como hicieron Uribe y Pastrana hace unas semanas; una ministra de justicia que carece de conocimientos, carisma y vocación en el manejo de la política parlamentaria para poder defender desde el punto de vista del derecho penal las instituciones de justicia transicional que debemos construir para servir de sostén jurídico al proceso de paz, y  el único ministro con vocación política y convocatoria mediática, como es Germán Vargas, permanece en silencio aguardando a que llegue el momento electoral para poder hablar. 
 
Con ese gabinete gubernamental, las posiciones de Eduardo Montealegre lo han convertido en el escudero que no tiene el presidente en su equipo y por supuesto, era indispensable para el gobierno que su periodo no hubiere terminado en agosto, la baja habría sido irreparable.
 
Con esos tres movimientos, Montealegre conjugó el derecho constitucional, la habilidad en el litigio y el olfato político para aglutinar a todos los actores del proceso en torno a su tesis y consiguió un fallo que él mismo catalogó de histórico para permanecer cuatro años en su cargo.
 
Además de lo anterior y de lo que se observa en los medios de comunicación, hay que decir que Montealegre se ha convertido en la conciencia jurídica de lo que será el desarrollo legal y operacional del marco para la paz. 
 
En las altas esferas del poder no es un secreto que sus conceptos y consejos son los que se escuchan en el Palacio de Nariño para tejer la enramada de artículos e incisos de lo que será la fórmula que soportará el componente judicial post desmovilización que se está negociando en La Habana.
 
Pese a todos estos puntos a su favor, creo firmemente que la segunda etapa de la agenda del fiscal debe tener un componente que hemos echado de menos durante este primer año de gestión: El resultado en investigaciones que son un anhelo nacional, como el del carrusel de la contratación, el caso Colmenares y otros que se han convertido en iconos -hasta ahora- de impunidad y sobre los cuales, el fiscal no puede darse el lujo de dejar de resolver durante su mandato, máxime cuando en materia de investigaciones que han impactado a la colectividad, sigue en saldo en rojo después de lo ocurrido con el caso de Sigifredo.