“Invitamos al ‘Día de no tanquear’, el vehículo para hacer sentir que nos están robando”. Éste es el eslogan de la campaña [1] que hoy pretende boicotear las estaciones de gasolina del país y que promovió la senadora del Mira Alexandra Moreno Piraquive [2] como protesta contra los altos precios de los combustibles. La iniciativa tuvo una rápida acogida en las redes sociales, pues en Colombia se paga uno de los precios más altos de la región, por encima de todo Norteamérica y Centroamérica. El galón ya va en un precio medio de 8.911 pesos mientras que en Venezuela cuesta menos de 200 y en México está a poco más de 6.000 pesos colombianos. ¿A qué se debe esta diferencia? A los tributos y a una política estatal orientada a subsidiar lo menos posible.
Por eso la iniciativa de hoy se da tras dos anuncios claves del Gobierno: el primero [3], el incremento de 100 pesos en la gasolina para marzo, y el segundo [4], que con la nueva fórmula que el Gobierno estrenó en septiembre pasado para estandarizar y hacer más transparente el cálculo del precio, la reducción difícilmente será superior a 1.000 pesos por galón. Esto ha intensificado el pulso político que existe alrededor del tema y que ya comenzó a movilizar a la ciudadanía.
Desde el año pasado los partidos Liberal y MIRA, en cabeza de los senadores Luis Fernando Velasco [5] y Moreno Piraquive, radicaron un proyecto de ley [6] para que se bajen los precios. Su argumento: no tiene sentido que seamos el cuarto productor de petróleo en la región [7] —después de Brasil, Venezuela y México— pero paguemos precios como si estuviéramos importando gasolina. Y para mostrarle al Gobierno que la propuesta sí cuenta con respaldo popular, los promotores ya recogieron más de 500 mil firmas [8].
Pero el Gobierno los tacha de tener un discurso facilista en el que ignoran que el Estado no puede dejar de recibir billones de un día para otro, y Juan Manuel Santos ya dijo [9] que “quienes están haciendo populismo con esa iniciativa se están equivocando”. Por su parte, la Contraloría General ha insistido en que la discusión está plagada de mitos, pues para la opinión pública no es claro a manos de quiénes van a parar los ingresos.
La Silla Vacía investigó qué compone los casi 10 mil pesos que hoy cuesta el galón de gasolina corriente, cuál es la controversia detrás de cada rubro, y quién ganaría o perdería si se llegara a aprobar el proyecto de ley. La discusión no es tan sencilla como para exigir menores precios sólo porque tenemos los índices más altos a comparación de otros países, y aunque a simple vista el proyecto beneficiaría a muchos, que el Gobierno sea el mayor perdedor potencial abre el interrogante de si en el largo plazo los perdedores seríamos todos. Haga click en cada componente de la barra.
Precio final de la gasolina
¿Qué es?
Es el pago que les corresponde a las refinerías que transforman el petróleo crudo en gasolina. En Colombia únicamente Ecopetrol tiene refinerías, la de Barrancabermeja y la de Cartagena, y otras dos ‘mini refinerías’ en Orito y Apiay. Pero como por ley la gasolina que se consume tiene un 10 por ciento de etanol, los azucareros que lo producen terminan recibiendo un ocho por ciento del precio y el otro 50 lo recibe Ecopetrol.
¿De dónde sale esta cifra?
Se calcula con tres componentes. El primero es el costo de oportunidad, que es el precio al que Ecopetrol vendería la gasolina si la exportara menos los costos de transporte, ya que la empresa no tiene que llevarla a los puertos.
Los otros dos componentes buscan que el Ingreso al Productor no fluctúe demasiado. La regla es que de mes en mes el IP sólo puede variar un máximo del 3 por ciento, y esto significa que el Gobierno subsidia a la población en tiempos de alzas que superen ese 3 por ciento y ahorra el excedente en tiempos de precios bajos.
¿Cuál es la lógica detrás de esta fórmula?
Pagarle a Ecopetrol lo que ganaría si expotara su petróleo responde al interés de que la empresa sea autosuficiente y tenga con qué hacer exploraciones, y a la vez para que el Estado (dueño del 90 por ciento de esta empresa) reciba dinero para inversión social e infraestructura.
Como el petróleo es un recurso escaso, el Gobierno obliga a los consumidores a pagar con base en el mercado para no ‘malcriarlos’ con precios que disten mucho del real. Si se pagara una gasolina altamente subsidiada (como ocurre en Venezuela) habría que inventarse un ‘colchón’ frente a imprevistos o al agotamiento del recurso, en cuyo caso los colombianos tendrían que pagar el precio real de un día para otro.
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¿Qué dice la nueva propuesta?
Los impulsores piden que se replantee la fórmula del IP. El senador Luis Fernando Velasco ha dicho [13] que como a Ecopetrol hay que darle utilidades, el nuevo IP sería “el promedio entre los costos de producción e importación”. Es decir, propone regresar a la antigua fórmula en que los consumidores pagaban como si se importara la gasolina (con los costos del transporte incluidos), pero promediada con lo que le cuesta a la empresa refinar el crudo. Esto permitiría que Ecopetrol tenga incentivos para vender la gasolina a precios más baratos que los de importación y por otro lado, si no lo logra, que esa ineficiencia no se traslade por completo al que tanquea su carro.
¿Cuál es la controversia?
En el debate actual ninguna parte propone que a Ecopetrol no se le den utilidades ni que sólo se le pague lo que le cuesta la refinación. El problema es: ¿qué tantas utilidades debe recibir?
El ministro de Minas Mauricio Cárdenas salió en defensa de la fórmula actual que introdujo el gobierno el año pasado y dijo [14] que ya “no es el momento” para discutirla, pues no sólo se invirtieron en ella meses de estudio sino que no ha cumplido ni seis meses de vigencia y aún es muy pronto para medir sus efectos.
Lo que sí es cierto es que desde el gobierno de Andrés Pastrana se han ido desmontando lentamente los subsidios, y lo que pagan los consumidores es un valor cada vez más cercano a lo que en realidad cuesta producir la gasolina, es decir, uno más alto. Mientras en 2000 sólo el 40 por ciento del precio se iba a Ecopetrol, hoy los productores reciben el 58 por ciento.
Aunque Velasco afirma [15]que con su fórmula el precio por galón bajaría 2.000 pesos, no hay estudios sobre si el promedio que propone siempre será menor que el actual.
Si la nueva fórmula se llegara a aprobar, ¿quién ganaría y quién perdería?
Perderían:
• Los accionistas privados que tienen el 10 por ciento de Ecopetrol, pues recibirían menos dividendos y probablemente verían una caída en el precio de sus acciones.
• El Estado en su calidad de socio de Ecopetrol también vería mermados sus dividendos.
• Ecopetrol perdería recursos para explorar y tecnificarse.
• El presidente Santos y el ministro Cárdenas serían los mayores perdedores políticos, pues la nueva fórmula fue uno de los proyectos bandera del Ministerio, y en caso de caerse por culpa de los liberales sería motivo de pelea en la Unidad Nacional.
Ganarían:
• Los transportadores, que han presionado [16] con paros por menores precios.
• Las aerolíneas, para quienes los altos precios de los combustibles -que son especiales- son la causa de su crisis financiera [17].
• Los más ricos: un estudio de la Contraloría dice que la clase alta destina tres por ciento más de su canasta familiar en combustible que las clases más bajas. Tampoco es igual para los usuarios y los dueños del transporte. Mientras la gasolina (que afecta a los dueños de vehículos, es decir, las clases altas y medias) subió un 170 por ciento y el Acpm un 230 por ciento en la última década, los pasajes de bus y Transmilenio (que afectan más a las clases medias bajas y bajas) subieron 75 y 100 por ciento, respectivamente. Es decir, con precios más bajos ganan más las clases más altas.
• Los ingenios azucareros como Incauca, Providencia y Risaralda —propiedad de Carlos Ardila Lülle—, seguirían ganando porque en ambos casos su situación se mantiene intacta. Aunque Velasco sí ha criticado [18] el precio del etanol, en el proyecto no hay ninguna medida concreta para bajarlo. Por su parte el Gobierno ha impulsado la producción de biocombustibles como alternativa al petróleo incentivando al gremio azucarero con tres políticas: decretando el etanol como un componente obligatorio, fijando su precio en vez de que el mercado lo haga y eximiéndolo de impuestos.
Pero pocos han puesto sus ojos sobre el ‘factor etanol’. Uno de ellos ha sido Salomón Kalmanovitz, quien denunció [19] que el precio fijado por MinMinas supera al del mercado en un 30 por ciento, y que la fórmula para calcularlo tiene “criterios falsos” para aumentarlo artificialmente.
• ¿El aparato productivo?: No se puede afirmar que sólo por un precio más bajo ganaría el aparato productivo, pues la baja en recursos de inversión podría tener efectos negativos en la economía.
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