A comienzos del año pasado, en una entrevista [3] con Patricia Lara, Santos dijo que cuando terminara su gobierno lo iban a llamar igual que al ex presidente Roosevelt: un traidor de su clase. Y desde entonces ha vendido esa imagen de sí mismo en otros escenarios. Sin embargo, es una caricatura que no ha ‘pegado’ del todo.

¿Es Santos un traidor de su clase?

A Santos le faltan dos años para terminar su mandato y todavía pueden cambiar muchas cosas. Pero por lo pronto, Santos no ha sido Roosevelt.

En sus primeros cien días, el presidente que sacó a Estados Unidos de la Depresión y con quien al presidente colombiano le gusta compararse, ya había puesto a andar el New Deal que ayudó a aumentar el poder de los sindicatos y a reducir la libertad a los grandes negocios a través de la intervención estatal en el mercado y de la regulación de sectores como Wall Street, el bancario y el industrial. Y en su segundo año, ya había creado el Seguro Social, para mencionar solo una de las reformas que consiguió.

En cambio, en los dos años que lleva Santos, todavía no se han visto las medidas concretas para que le nieguen la entrada al Country Club, donde él dijo en campaña que había crecido de pequeño.

La ley de víctimas y restitución de tierras, que es la reforma legal más revolucionaria que ha sacado Santos, no ha comenzado a aplicarse en forma todavía. Pero en todo caso, desde un comienzo el Gobierno se ha esforzado por tranquilizar a los dueños de las tierras que en algún momento pudieron haberse preocupado de que lo que realmente planeara el presidente fuera una revolucionaria reforma agraria. Y de hecho, de la idea inicial a los decretos finales, hubo cambios importantes para que precisamente los ricos no “chillaran”.

Del borrador inicial del proyecto se quitó el concepto de las ‘zonas espúreas’ para no estigmatizar a los empresarios de buena fe. Un artículo del proyecto inicial mencionaba que aquellas zonas donde hubiera  ocurrido una alta concentración de tierra y desplazamientos masivos por masacres se declararían ‘espúreas’. Es decir, se presumiría que esa tierra había sido adquirida de mala fe y que sería objeto de restitución, salvo que los empresarios demostraran que habían adquirido sus lotes sin aprovecharse de la violencia. La idea de ese artículo original era facilitar y hacer más expedita la restitución puesto que no tocaba abrir un engorroroso proceso lote por lote como tocará ahora. Los bananeros del Urabá –una de las zonas que habrían clasificado bajo esta denominación- protestaron porque eso no solo los estigmatizaría sino que afectaría su relación con los bancos. El gobierno lo quitó.

Y aunque dejó que la carga de probar la tenencia de buena fe en los dueños de los predios que las víctimas dijeran que habían sido de ellos, en la reglamentación posterior de la ley, quedó un artículo que dice que las víctimas deberán aportar pruebas de que el terreno que reclaman fue adquirido de mala fe.  Varias organizaciones de víctimas creen que con este artículo se eliminó en la práctica la ‘inversión de la carga de la prueba’ dado que los despojados no tendrán la capacidad de enfrentarse a esos empresarios.

También se introdujo en la ley la doble instancia para que cuando el magistrado de tierras decida que un empresario o terrateniente obtuvo la tierra de mala fe este pueda tener derecho a apelar, lo cual protegerá a los dueños de las tierras decentes pero demorará mucho más la entrega de la tierra a los campesinos.

Y por último, la ley creó los ‘contratos de uso’ para proteger las tierras donde se adelantan proyectos agroindustriales. Si el empresario que ya tiene un proyecto forestal o agroindustrial logra demostrar que obtuvo la tierra de un campesino despojado con buena fe exenta de culpa podrá seguir trabajando la tierra y pagará al campesino un cánon de arrendamiento y un porcentaje de las utilidades. Y si no logra demostrar la buena fe, tendrá que entregar la finca a la Unidad de Restitución para que le entregue el proyecto a un tercero y con los réditos se reparen a las víctimas. Es decir, se protege ante todo el proyecto agroindustrial.

Los pobres y los banqueros felices

Su propuesta de regalar las 100 mil casas sin duda beneficiará a cien mil familias pobres. Pero los bancos también se beneficiarán pues serán los que muy seguramente manejen los ‘patrimonios autónomos’ que crea la ley y también los que hagan los contratos de leasing habitacional, una de las herramientas que utilizará el gobierno. Santos también explicó en Santander hace unos días que la construcción de las casas se hará por subasta y que los constructores que construyan las casas a mejores precios se ganarán las licitaciones.  Por lo tanto, por lo menos el gremio de la construcción, está feliz.

Como también estuvieron felices los doscientos empresarios más grandes del país que fueron invitados a la cumbre empresarial que se desarrolló en el marco de la Cumbre de las Américas y que tuvieron la oportunidad de reunirse con 500 grandes empresarios del continente para hacer negocios en los espacios creados y financiados por el gobierno.

Por último está la reforma tributaria que presentará el próximo semestre. El contenido de la misma se ha mantenido bajo secreto, pero La Silla Vacía supo que la reforma más que hacer “chillar” a los ricos lo que hace es corregir verdaderas arbitrariedades que tiene el sistema tributario y eliminar exenciones para algunos sectores que han sido muy consentidos como el hotelero.

Incluso el Presidente, un día después de amenazar con hacer chillar a los ricos en un Acuerdo de la Prosperidad, explicó [4] a una audiencia más pequeña que “esta reforma tributaria no busca promover una lucha de clases, busca la justicia.” Y explicó que “3 millones 500 mil colombianos, que ganan menos de 10 millones de pesos al año, acaban pagando impuestos, por vía de retenciones, por cerca del 6 por ciento de sus ingresos totales; en cambio 85 mil personas que ganan más de 400 millones al año pagan el dos por ciento”, según contó [4] El Espectador.

Es posible que Santos haya decidido comenzar a usar este nuevo lenguaje como una estrategia comunicativa para mejorar su popularidad en los estratos menos favorecidos, en donde su imagen desfavorable es del 37 por ciento, casi el doble de la de los estratos 5 y 6, según la encuesta [5] Ipsos-Napoleón Franco. Pero al hacerlo podría terminar preso de su retórica y lograr que ni los ricos chillen ni que tampoco lo apoyen en los cambios estructurales que ha prometido hacer pues son muy sensibles a ese tipo de ataques. Y que los pobres se queden con el discurso de la lucha de clases y sin las obras.