Con el anuncio, hace algunas horas, del nombramiento de la consejera de Estado Ruth Stella Correa como nueva Ministra de Justicia, Santos [1] rompe el molde [2] de la mayoría de sus colaboradores y se acerca a las Altas Cortes.

A diferencia de la mayoría de los miembros del Gobierno, Correa es una mujer y no es bogotana ni de élite. Pereirana, abogada de la Universidad Libre de esa ciudad, Correa tiene una trayectoria en la Rama Judicial que incluye haber sido juez civil municipal de Santa Rosa de Cabal y juez laboral en Pereira. A diferencia de su antecesor y de varios de los nombres que se barajaron, la nueva Ministra no tiene perfil político. Es, sencillamente, una juez que llega al ejecutivo.

Ruth Stella Correa tiene una amplia trayectoria en la Rama Judicial y no ha estado involucrada antes en política. Esta abogada pereirana ha sido juez civil y laboral y actualmente es presidenta de la Comisión de Género de la Rama Judicial.

El Presidente Juan Manuel Santos [1] eligió a alguien capaz, que abre un puente de comunciación con los magistrados y que rompe el molde elitista, bogotano y masculino de su gabinete. Foto: Juan Pablo Pino

Tras la renuncia de Juan Carlos Esguerra [3] y la crisis por la Reforma a la Justicia, Santos se la juega por alguien que viene de la rama judicial. Foto: Juan Pablo Pino

Con Ruth Stella Correa, los magistrados de las altar cortes tienen en el gobierno a uno de los suyos. Y Eso promete reabrir los canales de comunicación entre las dos ramas.

La jugada de Santos

Con Correa, inicialmente Santos mantiene el Ministerio en manos de una liberal de convicciones y se asegura de que quien está a la cabeza de la política de justicia conoce su funcionamiento.

Todo eso lo tenía Santos con Esguerra, y lo habría podido mantener con varios de los candidatos que se barajaron. Pero Santos estaba incumpliendo la ley de cuotas, y con Correa, Santos puede poner punto final a las críticas. La nueva ministra es Presidente de la Comisión de Género de la Rama Judicial, por lo que su nombramiento no es sencillamente el de una mujer, sino el de una comprometida con la equidad de género.

Pero lo más llamativo es que Santos decidió nombrar a una magistrada en ejercicio, una decisión sin antecedentes recientes, y muy diciente de las preocupaciones del Presidente.

Tras la crisis producida por la Reforma a la Justicia, las relaciones entre el gobierno y las Altas Cortes quedaron maltrechas.  En lugar de buscar gobernabilidad dándole el cargo a un candidato de algún grupo político, y así acercarse al Congreso, Santos prefirió tenderles la mano a los magistrados.

Al nombrar a Correa, quien es reconocida en el Consejo de Estado por su liderazgo y sus capacidades como jurista, Santos envía el mensaje de que los magistrados son importantes, que tienen nivel ministerial y que, así no tengan una trayectoria política detrás, son dignos de ser tenidos en cuenta.

Al anunciar su decisión, Santos definió a Correa como una juez, y con eso dejó claro el principal punto de su designación. “A quienes no la conocen, es una persona que le ha dedicado toda su vida a la Rama (judicial)”, fue como la presentó públicamente [4].

¿Por qué Correa?

Correa, además de ser mujer, liberal y magistrada, tiene varios puntos fuertes, que pueden explicar por qué resultó siendo elegida.

Primero, la nueva ministra es reconocida por sus capacidades. Esto ha sido así desde que llegó al Consejo con una medalla como la mejor juez del circuito de Risaralda. En parte gracias a la confianza de Daniel Suárez, quien en ese entonces era uno de los consejeros más poderosos y de quien Correa fue magistrada auxiliar, esa fama se extendió en el Consejo y entre los abogados que trabajan llevando procesos ante el Consejo.

Un litigante ante el Consejo de Estado subrayó así sus cualidades: “es seria, decente, fue buena consejera y es académica”.

Un profesor de Derecho Administrativo, y también litigante, tiene una imagen similar. “Es muy inteligente, una gran jurista, especialmente procesalista”, explicó. (Tampoco quiso que se revelara su nombre para no aparecer como aduladores).Y una fuente del Ministerio de Justicia que también habló bajo anonimato recordó que ha hecho una gran labor en el Consejo de Estado, especialmente unificando la jurisprudencia.

Ésa es, precisamente, la segunda ventaja de Correa. Como magistrada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que se encarga de las demandas de responsabilidad contra la Nación, conoce a fondo los problemas judiciales del Estado.

Como uno de los pilares de la política judicial del gobierno de Santos es mejorar la capacidad de defensa del Estado (misión de la que está encargado Fernando Carrillo, como contó La Silla Vacía), incluir en el equipo de gobierno a alguien que conoce a fondo este tema es una ganancia. Correa sabe cómo pierde y cómo gana el Estado los procesos, qué debilidades hay en las normas o en las argumentaciones de la Nación, y qué asuntos son los que más le cuestan al Estado.

Por otra parte, Correa es líder dentro del Consejo de Estado. Es una persona que tiene posiciones claras y que sabe tomar decisiones, según le dijeron a La Silla Vacía dos fuentes independientes que conocen su trabajo como consejera. Da peleas sin volverlas personales. Esas cualidades, por ejemplo, le sirvieron para ser uno de los pocos magistrados que llegaron a una Alta Corte en la primera elección a la que se presentó.

Además, aunque no tiene trayectoria política, Correa no ha sido enteramente ajena a ese mundo. Antes de llegar al Consejo de Estado fue Procuradora Delegada ante la Sección tercera de ese tribunal, nombrada por Jaime Bernal Cuéllar. En 2000 sonó como parte de la terna liberal para la Corte Constitucional de la que finalmente salió elegido Jaime Araújo. Y en 2003, como ciudadana, participó indirectamente en política electoral: demandó la elección de Jorge García Orjuela a la Gobernación de Tolima por una inhabilidad en la inscripción, un proceso que finalmente tumbó a García cuando ya Correa estaba en el Consejo de Estado. Esta familiaridad puede serle útil para relacionarse con los políticos, pero no necesariamente es suficiente.

Por último, frente a la Reforma a la Justicia, Correa fue uno de los magistrados que, 15 días antes de que estallara el escándalo y según La FM [5], protestaron por la decisión de alargarles los períodos a los actuales magistrados y se comprometieron a renunciar a este privilegio.

Ese último hecho le cae como anillo al dedo a Santos. Con el Ministerio ya en pleno funcionamiento (uno de los grandes retos de Esguerra cuando fue nombrado), encarga a una ministra que sirve para tener buena interlocución con las Altas Cortes, que conoce de forma directa los problemas que viven los jueces y que puede llevar la política de justicia a los juzgados, donde más se necesita.

El lado flaco

El lado flaco de la nueva ministra es su falta de experiencia en gestión y políticas públicas. Este nuevo ministerio define en parte la política criminal, es responsable de instituciones gigantescas y complejas como el Inpec y de un entramado organizacional grande como las Casas de la Justicia. Además, en coordinación con la Rama Judicial, tiene que encontrar fórmulas para incrementar el acceso a la justicia. 

Por otro lado, si bien con ella Santos tiende puentes con los magistrados que se sienten traicionados después del fiasco de la Reforma a la Justicia, el riesgo es que termine subyugada a las cortes y no creando los incentivos y los controles para que haya mayor transparencia y rendición de cuentas en la Rama Judicial, algo que se necesita con urgencia.