Desde antes de que el abogado Alberto Rojas fuera elegido por el Senado para ocupar la novena silla de la Corte Constitucional han salido a relucir varios datos polémicos sobre su pasado y no pocas declaraciones del futuro magistrado han quedado desmentidas por hechos posteriores. Sin embargo, hasta ahora el presidente Santos había logrado mantenerse ajeno a esta candidatura. Esto cambió ayer, cuando el ministro Fernando Carrillo dijo que el Presidente no lo posesionaría hoy como estaba previsto sino que esperarían a que el magistrado electo “se defienda para ver qué pasa”. La pregunta es si con este aplazamiento, Santos quiere ayudar a Rojas y convertirlo en un aliado suyo en la Corte o si le ha retirado su apoyo y dejará que se “caiga” solo.
En abril 10, Rojas fue elegido [1] como el reemplazo del magistrado Humberto Sierra Porto por 61 votos de la Unidad Nacional en el Senado.
El día anterior a su elección, La Silla Vacía había denunciado [2] que Rojas recibió 499 millones de pesos de Elec S.A, una empresa de uno de los mejores amigos de juventud del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, y que no los había declarado a la Dian.
Cuando La Silla Vacía habló con él sobre esta posible evasión, Rojas inicialmente no recordó haber recibido este dinero pero luego confirmó que había sido un “error” de su contador. Después, dijo ante otros medios, que era parte de una persecución y que habían violado su intimidad al acceder ilegalmente a su declaración de renta.
Sin embargo, el viernes pasado, El Tiempo lo citó [3] diciendo que había pagado a la DIAN los 49 millones de pesos que debía en impuestos, confirmando la denuncia de La Silla.
Obviamente, no lo confesó así. “Lo que hice fue declarar un dinero que no tenía por qué declarar. Esa declaración ya estaba consolidada y cerrada. Hice una adicional, con unos intereses y unos impuestos”, fue su explicación [3]. Eso era formalmente verdad. Pero no porque no hubiera evadido esos impuestos como lo podría entender una persona desprevenida que leyera su declaración, sino porque en 2010 Rojas se acogió al llamado beneficio de auditoría.
Mediante este beneficio, la DIAN acorta sus plazos para verificar una declaración de renta a solo seis meses después de presentada, a cambio de que el beneficiario pague más impuestos. Después de ese plazo, la persona natural o jurídica queda “blindada” de futuras auditorías de la Dian. Como implica pagar más, es un beneficio al que normalmente se acogen solo las grandes empresas porque luego les sale más costoso hacer cualquier corrección tributaria. Pero es muy raro que una persona natural se quiera blindar así de futuras revisiones de la DIAN salvo que tenga algo que esconder, según varios expertos tributaristas consultados por La Silla.
Reapareció Zulema
Al día siguiente de su elección, otra declaración pública de Rojas quedó en entredicho. El entonces candidato a magistrado le había negado [5] a Julio Sánchez Cristo en la W que Zulema Jattin, investigada por parapolítica y otros delitos, fuera su jefe de campaña y así se lo ratificó a La Silla.
“Zulema ha desaparecido completamente de mi vida,” nos dijo Rojas. Lo dijo para desmentir la información de que Jattin había intercedido a su favor con el presidente Santos, pidiéndole que fuera neutral en la elección de magistrado y ofreciendo a cambio su apoyo a la reelección en la Costa, como ya lo había verificado este medio.
Pues bien, al día siguiente de su elección, La Silla encontró [4] a Rojas celebrando su triunfo precisamente con la exsenadora, que está en libertad pero con un brazalete electrónico. Rojas no lo pudo negar pues La Silla publicó las fotos [4] de los dos juntos. Simplemente dijo a otros medios que ese día un amigo lo había invitado a celebrar al restaurante El Armadillo y que allí se había reencontrado con ella después de meses de no haberla visto.
Sí ha defendido congresistas
Otra de las cosas que Rojas negó categóricamente es que fuera cierto que él hubiera prestado sus servicios a los congresistas que lo eligieron a cambio de prebendas, entre ellas, la de defenderlos gratis en procesos de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, como lo habían denunciado algunos medios.
Sin embargo, diez días después de su elección, la columnista María Jimena Duzán reveló [6] que el abogado Diego Armando Carvajal Bríñez, que utiliza los mismos teléfonos que el magistrado electo Alberto Rojas y que por lo tanto cabe presumir que trabaja para él, había defendido a los congresistas Jesús Ignacio García, Enríquez Maya, Juan Carlos Restrepo y Luis Fernando Duque, ante una demanda ante el Consejo de Estado.
Todos estos congresistas habían sido miembros de la nefasta comisión de conciliación de la Reforma a la Justicia y también promotores de la candidatura de Rojas en el Congreso. Frente a este señalamiento, Rojas permaneció callado.
¿Revisó contrato investigado?
El 16 de abril, en su columna [7]de El Espectador, Cecilia Orozco agregó otro dato sobre el pasado de Rojas, que pasó relativamente desapercibido pero que podría ser el mayor dolor de cabeza del magistrado electo en el futuro.
Contó que Rojas era el asesor jurídico de Zulema Jattin, cuando ella era presidente de la Cámara de Representantes e incurrió en un presunto peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, por lo cual la Corte Suprema ordenó su aseguramiento.
Esta investigación penal fue abierta [8]en marzo de 2011 por un convenio interadministrativo entre la Cámara de Representantes, de la que ella era presidente, y una universidad de la Costa. Si la Corte confirma que hubo “un torcido”, los ojos nuevamente estarán puestos en Rojas, quien como asesor jurídico de cabecera de Jattin, tenía el deber de revisar los contratos de la presidenta de la Cámara.
El reclamo de la viuda
Y para culminar, este fin de semana, Noticias Uno divulgó una nota de siete minutos, en la que la viuda y madre de tres hijos Isabel Cristina Marín, acusa en cámara al magistrado electo Rojas de haber cobrado fraudulentamente una indemnización a su nombre y haberse quedado con la plata. El magistrado Rojas no quiso hablar con el noticiero.
Después de que esto se volvió el escándalo de la semana y la Corporación Excelencia de la Justicia pidió [9] al presidente Santos no posesionar a Rojas, el magistrado electo publicó un comunicado [10]de doce puntos en el que denuncia “una campaña calumniosa en su contra”.
En su defensa, Rojas dice que la viuda había cedido sus derechos litigiosos a un tercero y que ahora se quería aprovechar de él. Y que el juez 21 Penal del circuito lo había absuelto y que la autenticidad del documento de cesión se había demostrado claramente y que la víctima omitía decir que sus pretensiones habían sido “desestimadas” por la justicia.
Es cierto que el juzgado 21 lo absolvió por estafa. Pero según los documentos publicados por Noticias Uno, hubo una resolución de acusación de la Fiscalía en su contra entre 2004 y 2009, y después de múltiples traslados atípicos del expendiente y de varias solicitudes de aplazamiento de la defensa de Rojas, el delito por falsedad material prescribió. Contrario a lo que dice Rojas, según el noticiero, el CTI sí verificó que la firma de la viuda con la cual se cobró la indemnización había sido falsificada. Frente a este punto, Rojas no se pronunció.
¿Ayudarle o ‘soltarlo’?
Según supo La Silla, la historia de la viuda inicialmente la tuvo en sus manos la unidad investigativa de El Tiempo pero la semana pasada, después de que hablaron con Rojas, las directivas del medio la frenaron y solo publicaron la información sobre que Rojas se había puesto al día con la DIAN. (La nota la firma [3] la Unidad Investigativa, lo que no deja de ser extraño ya que es una mera declaración del magistrado electo)
Posteriormente, Rojas accedió a darle al periódico la entrevista [11]que se publica hoy y en la que defiende su inocencia y asegura que "hay una gran organización detrás de ese montaje". El Tiempo no le contrapregunta a qué tipo de organización se refiere y tampoco le pide explicaciones sobre los detalles de las acusaciones en su contra. Simplemente le da la oportunidad de defenderse. Seguramente la W la replicará.
Una de las hipótesis, es que el gobierno esté esperando a ver la reacción que tengan estas explicaciones públicas de Rojas y si con esto baja la marea lo posesione el jueves o antes, como desearía Rojas.
Si Santos dice que las explicaciones de Rojas son sólidas y lo posesiona, le ayudaría a legitimar su elección y de paso, se ganaría a un magistrado que fue elegido por el Congreso sin su ayuda y luego de haberle quitado en el último momento la Contraloría en el 2010.
Pero corre el riesgo de que estas declaraciones en El Tiempo y en la W no logren influir a toda la opinión pública y que la indignación en las redes sociales –que ya están alebrestadas con la denuncia de viuda- siga creciendo y que sea amplificada en otros medios menos cercanos al Gobierno. Si esto llega a suceder, este caso corre el riesgo de volverse una mini- Reforma a la Justicia, segunda parte, que nuevamente golpee por sorpresa al Gobierno.
La otra hipótesis es que el gobierno haya decidido aplazar la posesión de Rojas para darle tiempo a los medios de confirmar los múltiples rumores que hay alrededor del magistrado electo y así ponerle presión para que renuncie o que quiera ganar tiempo para encontrar una fórmula jurídica que le permita no posesionarlo, lo cual no será fácil.
El riesgo para el Presidente de seguir este camino es que en cualquiera de los dos escenarios, Rojas llegará a la Corte con una espina grande en contra del Gobierno.
A favor de esta hipótesis está que el Partido Liberal sacó ayer un comunicado [12]en el que dice que "respeta, desde ya, cualquier decisión que tome la Presidencia de la República en torno a la potestad que tiene de posesionar o no al nuevo Magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos". Y agrega que "deberán ser los organismos de control los que califiquen la conducta de Alberto Rojas y acogerá cualquier decisión que se tome al respecto; y espera que Rojas Ríos pueda aclarar su actuación en los hechos denunciados".
Esta declaración es significativa por dos razones: por un lado, porque el Partido Liberal fue el que impulsó la candidatura de Rojas y con este comunicado estaría dejandolo solo. Y segundo, porque Rojas –que también es pereirano- es muy cercano a César y Simón Gaviria, el director del partido.
Al ‘desmarcarse’ los rojos del magistrado electo, Santos tendría mayor margen político para tomarse unos días antes de posesionar a Rojas, o para dejar que lo haga ante un notario, como ha advertido Rojas que lo hará si el Presidente no lo posesiona.
Esta última posibilidad está contemplada por la ley, pero no sería la forma más digna para arrancar su vida como un honorable magistrado de la Corte Constitucional. Sería no solo una posesión “por la puerta de atrás” sino que sin haber tomado la primera decisión, el magistrado ya tiene abierta [13] en su contra una investigación de la Comisión de Acusaciones.