Después del asesinato en Bogotá del agente de la DEA, James Terry Watson, hace dos semanas, el Estado ha actuado de una manera coordinada y expedita pocas veces antes vista. Estos son los "hitos" que están marcando el caso:
1. Una investigación en tiempo récord
El asesinato ocurrió el 20 de junio y los primeros supuestos cuatro implicados fueron presentados públicamente tan sólo cinco días después del homicidio, todo un récord si se tienen en cuenta los tiempos de reacción de la Policía en los crímenes más recientes. Solo revisando los más mediáticos y los que, por ende, suelen priorizarse, el caso Watson es desde todo punto de vista excepcional:
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Es posible que la rapidez en la solución del caso se haya debido a que agentes de la DEA en Bogotá y Estados Unidos coordinaron la investigación en conjunto con la Policía Nacional. Uniformados infiltrados reunieron pistas en Ciudad Bolívar, donde residían los miembros de la banda, y rastrearon a los tres implicados que habían huido, ubicándolos en Villavicencio y el Guamo, Tolima.
También aprovecharon horas de filmaciones extraídas de las cámaras de seguridad del parque de la 93 y de algunos establecimientos comerciales cercanos, consiguieron delaciones y lograron armar el caso rápidamente con una fiscal para presentar los primeros resultados.
2. ¿Una sanción ejemplar?
Estados Unidos requirió en extradición a cuatro de los implicados: alias ‘Payaso’, ‘Garcho’, ‘Bavario’ y ‘Fabian’. Los cuatro ya se encuentran en el pabellón de extraditables de la Picota. Sobre esto hay una discusión jurídica: en principio la extradición de colombianos solo es posible cuando el delito por el que estén siendo juzgados haya sido cometido en otro país. Si fue en Colombia, como fue el caso del 'paseo millonario' y posterior asesinato de Watson, no podrían ser extraditados.
Pero, como explica el penalista Yesid Reyes hoy en su columna [1] en El Espectador, una convención internacional podría permitir la extradición. En 1996 Colombia ratificó [2] la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos [3], que señala que cuando hay un crimen contra un agente diplomático, se entiende que el hecho no solo ocurrió donde efectivamente se realizó, sino también en el país del que era agente la persona.
En este caso eso querría decir -según Reyes- que legalmente Watson fue asesinado en Colombia y en Estados Unidos, y por lo tanto la extradición sí aplicaría, pero aún falta que la Corte Suprema de Justicia la autorice. Si llega a ser negada, la Fiscalía ha dicho que se activarían los procesos por homicidio en Colombia, que hoy no tienen para permitir la extradición.
Aunque esta es una situación excepcional, abre la puerta a una sanción tan grave como sería pasar 60 años en una cárcel de Estados Unidos, sin tener información ni bienes para negociar con la Fiscalía gringa una pena más baja (como hacen muchos narcos).
3. Se vienen ajustes concertados a la política pública de taxis para frenar los 'paseos millonarios'
El presidente Juan Manuel Santos y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se movieron para ajustar la política frente a los taxistas. Menos de dos semanas después del asesinato, se reunieron con taxistas de Bogotá para mejorar las condiciones de seguridad y de trabajo de éstos y de los pasajeros.
En la reunión Petro planteó que [4] la seguridad social de los taxistas la debería asumir el Estado y Santos (quien se mostró de acuerdo con la propuesta del alcalde) se comprometió [5] a tener soluciones a las demandas de los taxistas los próximos tres meses. Si sale adelante la idea de Petro y Santos cumple con su promesa, el crimen habría logrado que las exigencias de los taxistas finalmente sean escuchadas [6] y que Santos y Petro trabajen en llave. Y, ojalá, que estas medidas se sumen a los 'cercos digitales' [7]de Petro para reducir o eliminar los paseos millonarios.