El pulso que sostienen el procurador general Alejandro Ordóñez y la Corte Suprema de Justicia se explica en una palabra: ‘parapolítica’. Más allá del reciente cruce de declaraciones entre el Procurador (izquierda en la foto) y el presidente de la Corte Augusto Ibáñez (derecha en la foto) alrededor de las entrevistas de magistrados auxiliares de la Corte con paramilitares presos en Estados Unidos, las decisiones de ambas entidades muestran un panorama radicalmente distinto para los ex congresistas investigados por vínculos con paramilitares. En el escenario de la Procuraduría, la vida parece más fácil y el futuro se ve menos negro para ellos; en el de la Corte Suprema, el camino es largo y pedregoso. Aquí están los puntos favorables y desfavorables para los congresistas investigados:

Favorable

Desfavorable

Los procesos no deben pasar a la Corte Suprema. El Procurador ha solicitado la nulidad de las decisiones mediante las cuales la Corte asumió los procesos de los ex senadores Álvaro Araújo Castro y Álvaro García Romero. Ordóñez considera que el delito por el que están procesados - concierto para delinquir agravado - “no tiene relación con la función de los miembros del parlamento”. Por lo tanto, los procesos deben quedarse en la Fiscalía.

Tutelas por violar el debido proceso. En la acción de tutela que el ex senador Mauricio Pimiento interpuso contra la Corte Suprema de Justicia, el Procurador intervino y consideró que se le había violado el debido proceso. La revisión se hizo ante la Corte Constitucional, que finalmente confirmó la decisión de la Corte Suprema. En mayo de 2008 Pimiento fue condenado a siete años de prisión por vínculos con el ex jefe de las AUC 'Jorge 40'.

La Corte sólo puede hablar con 'paras' si está la Procuraduría. En varias oportunidades, el procurador Ordóñez ha manifestado su inconformidad por las entrevistas que adelanta la Corte Suprema a paramilitares extraditados. Considera que es una vulneración del debido proceso y que, de ser necesario, abrirá investigaciones disciplinarias o presentará acciones de tutela para proteger los derechos fundamentales de los investigados. Aún así, después de la tensión reciente entre el Ministerio Público y la Corte por este asunto, esta última accedió hace un par de días a que un funcionario de la Procuraduría asista a las próximas entrevistas.

No hay lugar a investigación disciplinaria. El Procurador archivó la investigación disciplinaria contra el senador Luis Fernando Velasco por ‘parapolítica’. La teoría que expuso parte del mismo supuesto por el que considera que las investigaciones no deben regresar a la Corte Suprema: al no haber una relación entre la función pública y el posible delito, no hay razón para la actuación de la Procuraduría. Más allá de que hubiera o no pruebas contra Velasco, esta tesis puede abrir una puerta para que se acaben las investigaciones disciplinarias por 'parapolítica'.

No más renuncias al fuero. Los congresistas investigados habían usado la estrategia de renunciar a la curul para que sus casos los asumiera la Fiscalía. Al dejar el Congreso, perdían el fuero, que es un privilegio de ciertos funcionarios públicos para que los juzgue únicamente un juez de alta jerarquía. Con esto lograban dilatar los procesos y asegurar dos instancias, como los ciudadanos comúnes. La Corte cambió su jurisprudencia y estableció que los congresistas no pueden renunciar al fuero cuando se trate de delitos que cometieron en el ejercicio de sus funciones. Incluyó los casos que ya habían pasado a la Fiscalía o a juzgados pero no tenían todavía sentencia, como el del ex senador Ciro Ramírez. Con esta decisión, todos los jueces y fiscales que llevaban estos procesos comenzaron a remitirlos al Alto Tribunal.

Entrevistas a los paramilitares extraditados. Algunos magistrados auxiliares de la Corte Suprema vienen adelantando entrevistas con los líderes paramilitares presos en Estados Unidos. Según se ha conocido, los ex jefes de las AUC estarían dando información sobre sus vínculos con políticos locales. La Corte defiende [1] este procedimiento con el argumento de que no se trata de un testimonio como tal, sino de una indagación previa.

Primero verdad, después narcotráfico. Una decisión reciente de la Corte Suprema establece que antes de extraditar a paramilitares acusados de narcotrafico, éstos deben decir - en Colombia - todo lo que saben de las acciones de los grupos armados en los que militaron. Esto para salvaguardar el derecho a la verdad de las víctimas. Muchos de estos testimonios involucrarían a políticos investigados.

A responder por delitos de lesa humanidad. En el caso del congresista Ricardo Elcure Chacón - condenado a seis años de prisión -, en una aclaración de voto la Corte abrió la puerta para que los políticos eventualmente respondan por masacres u otros delitos de lesa humanidad perpetrados por los grupos armados de los que recibieron apoyo.

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