Están presionando por sus sueldos

Recientemente, dos sentencias del Consejo de Estado generaron un sismo en el Congreso [1]. Ambas tienen como efecto bajar los sueldos de unos dos mil funcionarios que ganan más de 16 millones de pesos mensuales. Entre ellos los congresistas, que pasaron de devengar 23 millones de pesos mensuales a ganar unos 15.

El Gobierno hizo una reunión de emergencia y se comprometió con ellos a sacar un decreto que reviva unas primas para garantizarles los mismos ingresos que tenía antes de las sentencias.

Pero, a pesar de que en varios medios [2] se ha anunciado que ya está listo, el decreto nada que sale. Y con su plan tortuga algunos congresistas estarían presionando por su platica. Sobre todo porque ya este mes el sueldo les llegó con la reducción.

Ante los rumores de que la reducción en sus ingresos tendría que ver con la inoperancia, el presidente del Congreso Juan Fernando Cristo le dijo hoy a los medios que era una “infamia” decir que trabas legislativas se debían a lo del salario.

No obstante, un senador que pidió reserva de su nombre le dijo a La Silla: “Imagínate, siempre nos redujeron unos ocho millones y ahorita en campaña muchos necesitan esa plata. El decreto, nos dicen que lo están estudiando”.

Según le dijo el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas a La Silla, el decreto está a la espera de la firma del Presidente.

Dos temores: al elector y al Consejo de Estado

En el caso de la ley ordinaria de la reforma a la salud (que se radicó en marzo con mensaje de urgencia, pero apenas ha pasado uno de sus cuatro debates), en la plenaria del Senado se radicaron esta semana 34 impedimentos -básicamente por conflicto de interés-. El pasado martes se negaron nueve de ellos, luego se deshizo el quórum y al día siguiente tampoco hubo quórum. Está tan enredada que el Ministro de Salud Alejandro Gaviria ya tiene un plan B [3]por si no pasa.

En el referendo por la paz (que se discute en la plenaria de la Cámara) también se están tramitando unos impedimentos y podrían aparecer más.

La situación podría deberse, según dos congresistas consultados, al temor que le tienen los legisladores al Consejo de Estado, que podría decretar su pérdida de investidura. “Una demanda ante el Consejo de Estado por un impedimento no declarado le implica a uno, por lo bajo, un abogado de entre 20 y 40 millones de pesos. Nadie se quiere arriesgar con esto”.

Como tampoco nadie se quiere arriesgar, en época de arranque de campañas, a perder un voto por apoyar dos proyectos que han sido cuestionados. “La reforma a la salud es vista por muchos ciudadanos como perjudicial, como algo malo. Y en cuanto al referendo para la paz, quien lo vote podría quedar como apoyando el proceso de paz y no muchos están de acuerdo con este proceso”, explicó una representante que no está en la Unidad Nacional.

Como si fuera poco, otro congresista nos dijo que también hay que mencionar que cuando empiezan campaña, los congresistas suelen ausentarse más de lo normal del Congreso pues tienen que comenzar a atender sus reuniones en las regiones.

La baja popularidad de Santos les quita influencia

En la última reunión de la Mesa de Unidad Nacional, el presidente Santos le pidió a los líderes de los partidos de la coalición nacional que por favor votaran la reforma a la salud, una de las prioridades del gobierno. Sin embargo, los congresistas salieron de allí, alegaron sus impedimentos y deshicieron el quórum que hizo imposible la discusión.

De poco sirvió la insistencia del Presidente. “El registro de las encuestas no ayuda al Presidente”, dijo un senador de la coalición a La Silla. “Si sacara un 80 por ciento de popularidad nadie sería capaz de no hacer lo que él diga”.  Otro dijo a La Silla: “Hay nerviosismo e inseguridad. Las encuestas no ayudan porque cada uno va por la reelección en su curul”.

Aunque no es el caso de todos, algunos congresistas no quieren jugársela por la agenda de un Presidente en tan mala posición y menos si, como en el caso de varios conservadores, están teniendo acercamientos con el uribismo y sus precandidatos.

La tradicional presión por la burocracia

Cuando empezó el trámite del llamado referendo por la paz (la reforma a la ley estatutaria de mecanismos de participación para permitir hacer referendos el mismo día de una elección popular) en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara se habló de que los congresistas estarían presionando por burocracia, debido a que la aprobación tardó tres semanas.

“Algunos están chantajeando por posiciones y el Gobierno, como no sabe qué ha dado, no sabe cobrar. ¡El caos!”, dijo a La Silla otro senador de la coalición oficial.

Prueba de que algunos sí habrían pedido puestos para no frenar el trámite del referendo por la paz es la reciente historia de La Silla [4] sobre el senador azul Roberto Gerlein, quien consiguió que le nombraran en el Banco Agrario a un conocido suyo (Álvaro Navas) aunque hacía un mes todo estaba listo para nombrar a otra persona (Alonso Castellanos).

Un grupo de congresistas conservadores, según pudo averiguar La Silla, le habría dado a entender a Santos que nombrar a Castellanos podría frenar el trámite de esa iniciativa, clave para refrendar los acuerdos que salgan de los diálogos de paz en La Habana.

El combustible de la reelección

Cuando se aprobó en las comisiones conjuntas el proyecto de ley de presupuesto del 2014, el ministro Cárdenas dijo una frase que no pasó desapercibida para los congresistas. Dijo que en el Presupuesto había un billón de pesos para inversión en desarrollo local, que se invertiría en Invías, Coldeportes y programas del Departamento de Prosperidad Social. “Es el ADN de la mermelada y puede que parte de esta actitud en el Congreso tenga que ver con que algunos congresistas estén esperando que Cárdenas cumpla con esa promesa”, dijo uno de los senadores entrevistados.