Ayer varios medios, que citó La Silla [1], dijeron que la Procuradora Delegada para la Función Preventiva, María Eugenia Carreño, había dicho que la “mermelada” del gobierno Santos es legal. Pero Carreño (quien es una de las funcionarias más cercanas al procurador Alejandro Ordóñez y de las más poderosas de la Procuraduría) le aseguró a La Silla que ella nunca se refirió a la mermelada de Santos sino a que los cupos indicativos no son ilegales en sí mismos. De paso, Carreño le dijo a La Silla que la Procuraduría va a crear una comisión para investigar los casos denunciados.

Carreño dijo que los cupos indicativos son legales si los recursos se distribuyen de forma equitativa o razonada entre los congresistas y las regiones, si se usan para fines que estén en el Plan de Desarrollo de los municipios, y si no se usan para que los congresistas hagan proselitismo. Mejor dicho, retomó los argumentos con los que la Corte Constitucional le dio a la razón al gobierno Pastrana [2] frente a una demanda de Álvaro Uribe en 2001, pero con los que también le puso condiciones a esos cupos.

Con esos tres criterios, más el anuncio de la comisión, la Procuraduría se mete en la mermelada pero para revisarla.