Menú principal

Lunes Junio 27, 2022

Cansadas por la demora en la resolución de su emblemático caso, las 180 familias que salieron desplazadas hace dos décadas de la Hacienda Bellacruz regresaron ayer a ese rincón en el sur del Cesar. Esta madrugada, sin embargo, fueron desalojados por un escuadrón del Esmad y la Policía que -según tres personas que han acompañado el proceso- llegaron sin una orden de desalojo.

El caso de la antigua hacienda Bellacruz -hoy llamada La Gloria- se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de la progresista política de tierras que impulsaron Santos y su primer ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, y que -como ha contado La Silla- está haciendo agua.

Sin ninguna decisión jurídica o administrativa en firme, estas 180 familias campesinas -que habían llegado en 1986 a esas tierras y fueron desplazados por los paras en 1996- decidieron volver mientras sale una. Su descontento se debe a una resolución que sacó el Incoder en febrero de este año, que -como contó Verdad Abierta- devolvió su proceso al estado en el que estaba en 1990.

En concreto, el Incoder anuló dos resoluciones del extinto Incora -una de 1990 y otra de 1994- que reconocían que dentro de la hacienda había seis predios de origen baldío, de las que la familia del ex ministro Carlos Arturo Marulanda se había apropiado de manera irregular.

En base a esas decisiones, en 2013 el Incoder -didigido entonces por Miriam Villegas- desempolvó el caso y le ordenó a la empresa que le compró la hacienda a los Marulanda en 2008 -y que es del magnate Germán Efromovich, principal accionista de Avianca- devolver las 1.200 hectáreas que aparecán como antiguos baldíos. Eso significa que el Incoder debería, una vez recuperados, titulárselos a campesinos sin tierras y estas 180 familias -como sus ocupantes históricos- tendrían el primer derecho. Por esa decisión, Efromovich demandó penalmente a Villegas y su entonces subgerenta de tierras Jhenifer Mojica.

Pero en febrero de este año, el subgerente de tierras del Incoder Carlos Carmona echó para atrás esas decisiones argumentando que faltaban muchos detalles, dejó sin piso la de 2013 y ordenó un proceso de clarificación de títulos que determine de una vez por todas el origen de esos predios.

Eso quiere decir que el proceso se va a demorar varios años más, en los que los campesinos tendrán que estar lejos de los predios que reclaman como propios desde hace tres décadas.

Perfiles relacionados: 
Rey Ariel Borbón
Miriam Villegas Villegas

Otros confidenciales recientes

Jueves, Febrero 18, 2016 - 13:22
3
9842

El viernes pasado, en el restaurante del hotel El Portón de Bogotá, se reunieron la representante uribista a la Cámara María Fernanda Cabal y el ex almirante Gabriel Arango Bacci con cinco de los seis concejales liberales de la ciudad. El encuentro se dio alrededor del abogado Gustavo Moreno, candidato a la Personería, y quien los invitó a todos. 

La idea empezar a discutir cómo podrían lograr que la bancada del Centro Democrático apoye a Moreno, quien tiene el firme apoyo del concejal liberal Jorge Durán Silva y, a juzgar por el quórum, el apoyo de sus colegas de bancada excepto María Victoria Vargas.

Moreno también es cercano al senador de Cambio Radical Germán Varón y tiene el apoyo de parte de esa bancada. Y tiene entrada entre algunos uribistas porque, como penalista, ha defendido a algunas de sus figuras como Arango Bacci y el ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.

Ninguno de los seis concejales uribistas asistió, a pesar de que todos habían sido convocados. Algunos de esos concejales sintieron que la representante Cabal se está tomando la vocería del partido cuando ellos aún no han discutido internamente a quién van a apoyar a la Personería, pero la representante le dijo a La Silla que la decisión es tan importante que la tomará el partido, no de los concejales. "Si se molestaron qué pena pero fui invitada y soy representante por Bogotá", agregó. "No sabía que tenía que pedirles permiso". 

Miércoles, Febrero 17, 2016 - 19:17
7
10890

Pese a que los grandes pedazos de la torta de poder en la Gobernación de Santander ya fueron repartidos, aún hay varios cargos que se están llenando y que también están quedando en manos de los poderosos de la región.

La Silla hizo un barrido por los nombramientos, que aunque son de bajo perfil, representan una buena posición en el organigrama departamental y encontró que las esposas de un congresista y un excongresista entraron a ocupar cargos como asesoras de alto rango en la administración de Didier Tavera.

El primero de los nombres es el de María Margarita Gómez, esposa del senador Jaime Durán Barrera, quien entró como asesora del despacho del Gobernador.

Gómez de Durán, tradicionalmente ha ocupado cargos en el sector público en el departamento, apadrinada por su esposo.

Tres fuentes le dijeron a La Silla, que la llegada de la esposa del Senador a un cargo de alto rango en la Gobernación  se traduce en la compensación que Tavera le está haciendo al congresista, quien en la repartija burocrática fue uno de los menos favorecidos.  

Por otro lado, la esposa del exrepresentante a la Cámara Jorge Gómez Villamizar, Martha Jiménez de Gómez, también recibió un cargo como asesora.

Aunque el nombramiento no se ha hecho efectivo, La Silla corroboró que la esposa de Gómez lleva varias semanas trabajando junto a Priscila Santos, la gestora social del departamento y esposa de Tavera.

Jiménez de Gómez, viene de ser la Alta Consejera en Política Social de la administración de Lucho Bohórquez en la Alcaldía de Bucaramanga. 

Miércoles, Febrero 17, 2016 - 17:35
0
5921

Desde que llegó a la dirección nacional del ICBF, Cristina Plazas ha dicho que su misión es acabar con la corrupción en esa entidad. Y una de sus primeras acciones fue cambiar el modelo de contratación para evitar que las fundaciones y asociaciones relacionadas con los políticos en las regiones siguieran como operadores de los hogares infantiles. Por eso, desde enero pasado hay expectativa por conocer los nombres de las organizaciones con las que el ICBF contrató para este 2016. Sin embargo, todavía no están disponibles todos los contratos en el Portal Único de Contratación, pese a que por ley ya deberían estar publicados.

Según la Ley de Contratación Estatal, las entidades públicas tienen tres días, una vez suscritos los contratos, para subir esa información al sitio web contratos.gov.co. Esto, como parte del principio de transparencia de las instituciones para brindarle confianza al ciudadano sobre el uso de los dineros públicos.

Hace dos semanas, el ICBF le dijo a La Silla que la contratación de los operadores en la región Caribe ya iba en un 95% y que para la primera semana de febrero ya quedaba lista. Por eso, La Silla le pidió a la Dirección Nacional del ICBF, en Bogotá, detalles sobre los nuevos operadores. Allí nos respondieron que la información no está todavía centralizada, pero que está disponible en el Portal de Contratación, ya que es responsabilidad de cada dirección regional subirla a la web.

Esta tarde, al buscar en cada departamento del Caribe, encontramos que Magdalena, Cesar y Bolívar no han subido todavía la información sobre los contratos de atención para primera infancia; Atlántico solo tiene en línea dos contratos; Córdoba, 19; San Andrés, 20. Mientras que La Guajira y Sucre son los que más información tienen en línea: la primera regional tiene 70 contratos y Sucre 220.

La expectativa por conocer detalles de todos los operadores aumenta porque en muchas regiones comienza a rumorarse que varias de las fundaciones seleccionadas son igual de políticas que las que venían operando hasta el año pasado. Pero, la única forma de saberlo es teniendo acceso a toda la información.

Como contó La Caribe, con el cambio de contratación los niños han sido los damnificados porque, a diferencia de otros años, recién están comenzando a recibir atención en varios departamentos del Caribe. Lo usual es que para el primero de febrero los hogares infantiles ya estén abiertos porque la contratación de los operadores queda definida en enero.

El calendario se alteró porque el ICBF habilitó un banco de oferentes para que las instituciones interesadas se sometieran a un proceso de evaluación. De cuatro mil postulantes, solo quedaron 2.200 elegibles, de los que salen los nombres de los nuevos operadores.

Páginas