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Sábado Mayo 08, 2021

Esta semana el presidente Juan Manuel Santos hizo oficial la ampliación del Parque Nacional Chiribiquete, que ahora tiene 27.808 kilómetros cuadrados -más del doble que antes- y queda del mismo tamaño de Haití, convirtiéndose en el segundo mayor parque de toda Sudamérica por detrás de Tumucumaque en Brasil.

Lo que no se ha mencionado hasta ahora es que Chiribiquete es apenas uno de los proyectos de parques nacionales con los que está corriendo Parques Nacionales. Y corriendo contra el reloj porque tiene poco menos de un año para avanzar en los procesos y así blindarlos contra la minería.

Esto porque uno de los mayores temores de la reapertura de la ventanilla de títulos mineros este julio, tras haber sido congelada durante dos años mientras se ordenaba el caos en el que estaba el catastro minero, era que muchas áreas naturales que están en proceso de ser protegidas pudieran ser solicitadas por empresas mineras. Y que, al avanzar al mismo tiempo el proceso de titulación y el de declaratoria de parques, pudiesen quedar problemas a futuro como el que existe con el título concedido a la minera canadiense Cosigo Resources dos días después de creado el Parque Yaigojé-Apaporis en 2009.

La 'solución salomónica' a la que llegaron los funcionarios de Minas y de Ambiente en mayo fue que un número de zonas que están en proceso de protección serían excluidas del área titulable para minería mientras tanto. Estas “reservas de recursos naturales”, incluyendo a Chiribiquete, quedaron protegidas durante un año, que puede ser prorrogado en julio próximo por otro más.

Por eso Parques Nacionales -que dirige Julia Miranda- está corriendo con los procesos, ya que solicitar un título se demora un par de meses pero declarar un parque puede tardar hasta cinco años por la consulta previa, como en el caso de la ampliación de Chiribiquete.

Estos procesos ya no deberían demorarse tanto porque, como contó La Silla, uno de los pocos efectos 'benéficos' de la caída de la reforma al código de minas es que ya no es obligatorio el concepto previo de MinMinas para las nuevas áreas, que frenó procesos como el de la Estrella Fluvial del Inírida -que se declarará humedal Ramsar- durante dos años. Pero en todo caso sí se demoran más de lo que le toma evaluar las solicitudes a la Agencia Nacional de Minería, que dirige María Constanza García y que ha venido negando todas las solicitudes que se han hecho en áreas protegidas

En especial, están corriendo para crear los parques que buscan proteger ecosistemas que no están representados en el sistema de Parques y que han sido identificados como prioritarios en el Plan de Desarrollo de Santos.

Para salvaguardar los ecosistemas marinocosteros está la Playona de Acandí en Chocó, que terminó consulta previa y está lista para el último paso en la Academia de Ciencias, con lo que podría nacer el parque número 57 a finales de este año. Y también Bahía Portete en La Guajira -en plena fase de consulta- y Cabo Manglares en Nariño.

Para preservar los ecosistemas del Orinoco están Cumaribo (Vichada), Manacacías (Meta) y las Selvas de Lipa en Arauca. Y para el bosque seco tropical, están los Bosques Secos del Río Patía, entre Cauca y Nariño, y el que reúne la Serranía de San Lucas y los Humedales de Nechí entre Antioquia y Bolívar.

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Lun, 2013-08-26 12:11
Las tercerías regionales, no despegan hasta que la de orden nacional, que es la verdaderamente importante sea una realidad,de hecho, están demorando mucho en tomar decisiones de fondo en este tema. La famosa memoria historia de los colombianos solo aplica para repetir nuestros errores, igual nos ocurrió en Cali. Los resultados no eran difícil de predecir.
Sáb, 2013-08-24 13:11
:3 Chicos, un favor (no por ser borderline en mi relación con ustedes, comprendan que hay que ser de afectos un poco fuertes a veces...): aumenten +10 el nivel de afectos poniendo esta nota con un mapisha, ¿sí? Cuando podemos superponer estos parques o extensiones del territorio nacional a las rutas de transporte de sustancias industriales, tránsito de turistas, o simplemente, *alimentos*, tenemos una visibilización más contundente del proceso en sí mismo. ¡Gracias por el buen trabajo!
Sáb, 2013-08-24 18:38
Pregunta abierta: ¿no han pensado en abrir cierto tipo de concurso para estas cosas entre estudiantes universitarios de todo el país, para reunir los trazados y hacer algo colectivo a full? Gracias por el esfuerzo.
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Otros confidenciales recientes

Viernes, Febrero 19, 2016 - 12:29
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Aunque el Gobierno Nacional ha dicho que no tenía ni idea de que los jefes de las Farc harían proselitismo armado entre los ciudadanos, cada vez es más evidente que tuvieron a la mano varios indicios y no hicieron nada.

Ayer 18 de febrero, día de la sorpresiva jornada en la que cuatro comandantes de la guerrilla llegaron a Conejo (La Guajira) para hablar de paz rodeados de más de 300 hombres uniformados y armados, el local Diario del Norte publicó una amplia noticia titulada: ‘Evento por la paz reunirá delegaciones del Gobierno y las Farc en el corregimiento Conejo’.

El texto cita a uno de los organizadores del evento, quien detalla que la idea del mismo es que la población pueda interactuar con voceros del Gobierno y las Farc. Y, específicamente, el periódico informa que estará presente el guajiro alias Joaquín Gómez

Aunque a Conejo nunca llegaron voceros del Gobierno, como anunciaba la noticia, y la reunión en realidad fue sólo de las Farc, es curioso que la historia así sea con esa imprecisión no hubiese llamado la atención de nadie en el Gobierno.

El Diario de Norte es uno de los principales periódicos guajiros y, aunque no circula a nivel nacional, sí lo hace en Riohacha y por estos días el departamento está lleno de medios nacionales y de altos funcionarios gubernamentales que van y vienen a cada rato, atentos al doloroso drama de los wayuu. Por no ir lejos, para hoy viernes está anunciada la visita del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, entre otros.  

A eso hay que sumarle la versión del alcalde de Fonseca (municipio del que es corregimiento Conejo), Misael Velásquez, quien asegura que cuando empezaron los rumores del evento en la plaza central del poblado dio aviso en el Ministerio del Interior y en las comandancias de la Policía de La Guajira y del batallón mecanizado Rondón del Ejército.

En el Diario del Norte se enteraron de la inusual jornada vía los rumores que estaban encendidos hace varios días en Fonseca, en donde vive gente cercana al jefe de las Farc Joaquín Gómez.

Jueves, Febrero 18, 2016 - 18:50
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Esta mañana se celebró en el municipio de Ciénaga una audiencia pública en la que la Sociedad Ruta del Sol II presentó los detalles de la variante que construirá en esa población, como parte de la segunda calzada Ciénaga - Barranquilla. En el evento participaron los ciudadanos que habitan los predios por donde pasará la obra, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio Público, ambientalistas, funcionarios de la Gobernación y el alcalde de Ciénaga Edgardo Pérez. Fue justamente el discurso del mandatario el que más sorprendió porque se mostró en desacuerdo con las condiciones actuales del proyecto, que tuvo como principal promotor al exgobernador Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes, de quien Pérez es aliado político.

Resulta que tal como está concebida hoy, la construcción de la variante no contempla la reubicación de unas 10 mil familias que viven a la orilla de la Ciénaga Grande, por lo que quedarían atrapadas entre la nueva carretera y ese cuerpo de agua. Es a esa situación a la que el alcalde se opone y así lo expresó durante su intervención. 

Micrófono en mano, el alcalde dijo que no estaba de acuerdo con que la construcción de la variante solo incluya, para la zona donde viven las familias, unos pasos peatonales con compuertas para evitar que se les inunden las viviendas en época de lluvias.

"Muchos dirán que el alcalde de Ciénaga se está atravesando en la obra más importante de la historia del municipio, pero me dolerá más cómo tantas familias se van a quedar entre la carretera y la Ciénaga", dijo el alcalde durante su intervención, en la que también le pidió al Gobierno Nacional considerar la reubicación de las familias. Especialmente, porque no hacerlo, le dijo el mandatario a La Silla, es condenar a esos pobladores a seguir viviendo en condiciones de extrema pobreza.

El exgobernador Cotes fue uno de los que más impulsó la construcción de la segunda calzada Ciénaga  -Barranquilla, a la que le dio luz verde en enero de 2015 el vicepresidente Germán Vargas Lleras, de quien Cotes es aliado.

El alcalde Pérez le dijo a La Silla que el exgobernador Cotes es su "amigo" y siempre le estará agradecido por "gestionar esa obra que le traerá desarrollo a su municipio", pero resaltó que esa amistad y gratitud no son obstáculos para expresar públicamente las dudas que le genera el proyecto.

La variante de 14 kilómetros, que tendrá un costo global de 317 mil millones de pesos y de 19 mil millones en ese tramo, bordeará la Ciénaga Grande para evitar que la actual troncal siga dividiendo el casco urbano de Ciénaga.

Tanto el anuncio de la construcción de la doble calzada como de la variante preocupan a los ambientalistas porque ambos proyectos atravesarán un humedal costero, cobijado por la Convención Ramsar. Mucho más, cuando en el país todavía están frescos los estragos ambientales que causó la primera calzada entre Barranquilla y Ciénaga.

Esos 60 kilómetros iniciales, que se construyeron entre 1959 y 1960, acabaron con los manglares y con el parque Isla Salamanca porque interrumpieron la comunicación natural entre las aguas dulces y saladas. Aunque hubo una intervención posterior para que el ecosistema se recuperara, todavía hoy esa recuperación no es completa.

Sandra Villardy, una de las ambientalistas que más ha alertado sobre las consecuencias ambientales de la segunda calzada, manifestó vía Twitter que el Estudio de Impacto Ambiental de la obra es bastante débil. Además, genera dudas porque en el documento se confunde a uno de los corregimientos por los que pasará la vía con el sector La Boquilla, de Cartagena.

A la preocupación ambiental se suma la denuncia que el año pasado hizo La W Radio de una conversación en la que posiblemente se estaban acordando coimas por la construcción de la vía. Uno de los participantes de la grabación a la que ese medio tuvo acceso sería Álvaro Cotes, papá del exgobernador Luis Miguel 'el Mello' Cotes. Tanto el exmandatario como su papá negaron la veracidad de la grabación.

Jueves, Febrero 18, 2016 - 14:10
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La Procuraduría se le metió al rancho a la Contraloría y hoy inició una investigación contra altos exfuncionarios de ese ente de control por presunto enriquecimiento ilícito y presunta omisión a la hora de investigar presuntas irregularidades en varias entidades públicas del departamento.

La investigación de la Procuraduría a un ente de control regional, no tiene precedentes en el pasado reciente del departamento.

La Silla conoció que las denuncias fueron interpuestas por funcionarios que trabajan al interior de la misma Contraloría, quienes afirmaron que a cambio de archivar o no adelantar procesos de responsabilidad fiscal, personal que se desempeñaba en altos cargos de esa entidad habría recibido dinero.

Precisamente, desde las 9 de la mañana de hoy, los funcionarios de la Procuraduría están revisando documentos en la Contraloría relacionados con los procesos que se archivaron, las cuentas que se fenecieron (vencieron o se saldaron), así como las copias de las auditorías que se hicieron en 15 entidades públicas durante el periodo de Argemiro Castro Granados.

Las alcaldías de Girón, Piedecuesta, San Gil y Cimitarra, el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Indersantander, varios hospitales del departamento y la Corporación Panachi, también serán investigadas por esas denuncias.

 

Respecto a los funcionarios de la Contraloría vinculados en la investigación, entre los que se encuentra el excontralor Castro, La Silla conoció que la Procuraduría ordenó que se pidieran copias a la DIAN de las declaraciones de renta, al RUT de los registros de vehículos que están a nombre de ellos, así como a la oficina de Instrumentos Públicos para determinar las propiedades que tienen registradas.

Al ser consultado por La Silla, Castro desestimó todas las acusaciones y señaló que es "absurdo" decir que eso pasó en su administración. También dijo que cuando en la Contraloría existían quejas de ese tipo los funcionarios eran separados de la auditoría.

"Tenemos todos los expedientes de memorandos que les fueron enviados a auditores cuando existían las denuncias y también pruebas de que abrimos procesos disciplinarios por esos hechos. Respecto a los procesos de responsabilidad fiscal, yo hacía seguimiento para que no prescribieran algo que era muy común antes", indicó.
 

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