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Miércoles Abril 14, 2021

Esta semana el presidente Juan Manuel Santos hizo oficial la ampliación del Parque Nacional Chiribiquete, que ahora tiene 27.808 kilómetros cuadrados -más del doble que antes- y queda del mismo tamaño de Haití, convirtiéndose en el segundo mayor parque de toda Sudamérica por detrás de Tumucumaque en Brasil.

Lo que no se ha mencionado hasta ahora es que Chiribiquete es apenas uno de los proyectos de parques nacionales con los que está corriendo Parques Nacionales. Y corriendo contra el reloj porque tiene poco menos de un año para avanzar en los procesos y así blindarlos contra la minería.

Esto porque uno de los mayores temores de la reapertura de la ventanilla de títulos mineros este julio, tras haber sido congelada durante dos años mientras se ordenaba el caos en el que estaba el catastro minero, era que muchas áreas naturales que están en proceso de ser protegidas pudieran ser solicitadas por empresas mineras. Y que, al avanzar al mismo tiempo el proceso de titulación y el de declaratoria de parques, pudiesen quedar problemas a futuro como el que existe con el título concedido a la minera canadiense Cosigo Resources dos días después de creado el Parque Yaigojé-Apaporis en 2009.

La 'solución salomónica' a la que llegaron los funcionarios de Minas y de Ambiente en mayo fue que un número de zonas que están en proceso de protección serían excluidas del área titulable para minería mientras tanto. Estas “reservas de recursos naturales”, incluyendo a Chiribiquete, quedaron protegidas durante un año, que puede ser prorrogado en julio próximo por otro más.

Por eso Parques Nacionales -que dirige Julia Miranda- está corriendo con los procesos, ya que solicitar un título se demora un par de meses pero declarar un parque puede tardar hasta cinco años por la consulta previa, como en el caso de la ampliación de Chiribiquete.

Estos procesos ya no deberían demorarse tanto porque, como contó La Silla, uno de los pocos efectos 'benéficos' de la caída de la reforma al código de minas es que ya no es obligatorio el concepto previo de MinMinas para las nuevas áreas, que frenó procesos como el de la Estrella Fluvial del Inírida -que se declarará humedal Ramsar- durante dos años. Pero en todo caso sí se demoran más de lo que le toma evaluar las solicitudes a la Agencia Nacional de Minería, que dirige María Constanza García y que ha venido negando todas las solicitudes que se han hecho en áreas protegidas

En especial, están corriendo para crear los parques que buscan proteger ecosistemas que no están representados en el sistema de Parques y que han sido identificados como prioritarios en el Plan de Desarrollo de Santos.

Para salvaguardar los ecosistemas marinocosteros está la Playona de Acandí en Chocó, que terminó consulta previa y está lista para el último paso en la Academia de Ciencias, con lo que podría nacer el parque número 57 a finales de este año. Y también Bahía Portete en La Guajira -en plena fase de consulta- y Cabo Manglares en Nariño.

Para preservar los ecosistemas del Orinoco están Cumaribo (Vichada), Manacacías (Meta) y las Selvas de Lipa en Arauca. Y para el bosque seco tropical, están los Bosques Secos del Río Patía, entre Cauca y Nariño, y el que reúne la Serranía de San Lucas y los Humedales de Nechí entre Antioquia y Bolívar.

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Lun, 2013-08-26 12:11
Las tercerías regionales, no despegan hasta que la de orden nacional, que es la verdaderamente importante sea una realidad,de hecho, están demorando mucho en tomar decisiones de fondo en este tema. La famosa memoria historia de los colombianos solo aplica para repetir nuestros errores, igual nos ocurrió en Cali. Los resultados no eran difícil de predecir.
Sáb, 2013-08-24 13:11
:3 Chicos, un favor (no por ser borderline en mi relación con ustedes, comprendan que hay que ser de afectos un poco fuertes a veces...): aumenten +10 el nivel de afectos poniendo esta nota con un mapisha, ¿sí? Cuando podemos superponer estos parques o extensiones del territorio nacional a las rutas de transporte de sustancias industriales, tránsito de turistas, o simplemente, *alimentos*, tenemos una visibilización más contundente del proceso en sí mismo. ¡Gracias por el buen trabajo!
Sáb, 2013-08-24 18:38
Pregunta abierta: ¿no han pensado en abrir cierto tipo de concurso para estas cosas entre estudiantes universitarios de todo el país, para reunir los trazados y hacer algo colectivo a full? Gracias por el esfuerzo.
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Otros confidenciales recientes

Lunes, Marzo 7, 2016 - 07:17
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Esta es la imagen que está circulando en redes sociales y que pone en el sonajero presidencial al Procurador Alejandro Ordóñez.

En las últimas semanas el nombre del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado empezó a moverse más que de costumbre en el país.

Además de las imágenes que empezaron a circular en redes sociales preguntando sobre la aceptación que tendría su eventual candidatura a la Presidencia, los rumores sobre que ya estaría listo el fallo del Consejo de Estado que lo podría tumbar empezaron a tomar fuerza.

Con ese telón de fondo, La Silla supo que el alto funcionario está buscando acercamientos con la prensa regional, cuando por lo general su relación con medios locales no es muy cercana.

En el evento que tendrá lugar esta semana en Bucaramanga con todos los alcaldes de Santander y que es organizado por el ente de control que Ordóñez dirige, además de hacer su típica salida en rueda de prensa, el Procurador también dará entrevistas privadas.

De hecho Ordóñez estaría indagando por los medios con más rating y hasta estaría pensando en hacer una ronda para irlos a visitar, cuando por lo menos en los últimos cuatro años, no había hecho algo parecido en las regiones.

La inusual movida de Ordóñez le servirá en doble vía. Si el fallo del Consejo de Estado lo tumba podrá desde ya empezar a amortiguar los efectos de la decisión en su imagen; si lo que está pensando es en las presidenciales también le servirá de precampaña. Falta ver cuál de las dos es la que lo motiva más.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 19:03
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Esta semana ocurrió un hecho que volvió a sacar a flote la crisis financiera que desde hace años atraviesa el Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena. El diputado de Cambio Radical Manuel Berrio Scaff presentó una queja de 394 páginas ante la Procuraduría Regional de Bolívar por presuntos malos manejos en la contratación. También pidió la suspensión de la gerente Elga Ehrhardt Gutiérrez. Los problemas de infraestructura y el déficit financiero del principal hospital de Bolívar terminaron enfrentando a dos pesos pesados de la política bolivarense: los exsenadores condenados por parapolítica Vicente Blel Saad y William Montes, poderes detrás de Berrio y Ehrhard, respectivamente.

Manuel Berrio Scaff es un debutante en la Asamblea y miembro de una de las casas políticas más poderosas de Bolívar, en cabeza de su tío Vicente Blel. Mientras que Elga Ehrhardt Gutiérrez es una bacterióloga momposina que llegó en julio de 2012 a la gerencia del hospital, después de ganar un concurso de méritos. Aunque en la Cartagena política no es un secreto que tiene el respaldo del parapolítico William Montes.

El enfrentamiento entre Berrio y Ehrhard comenzó en enero pasado, cuando el diputado ingresó al Portal Único de Contratación para revisar los contratos de 2016 del hospital, pero solo encontró tres. Vía derecho de petición, le solicitó a la gerente copia de todos los contratos que hasta entonces, primera semana de febrero, hubiese firmado. El diputado recibió 44 contratos.

Tras revisarlos uno por uno, Berrio Scaff acusa a la gerente de haber fraccionado la contratación para evadir la convocatoria pública y adjudicar a dedo. El diputado asegura que solo, en enero, la gerente firmó 20 mil millones de pesos en contratos. Y que a todos les encontró irregularidades.

El diputado dice haber encontrado que tres proponentes de uno de esos contratos expidieron el mismo día y a la misma hora sus certificados de Cámara de Comercio. Lo que a su juicio prueba la estrategia de un mismo grupo de personas para mostrarse como tres firmas distintas. Berrio también denunció que varias de las pólizas fueron expedidas semanas después de la firma de los contratos, cuando por ley deben haber sido adquiridas antes de la firma.

Ante esas inconsistencias, Berrio citó a la gerente a un debate de control político el pasado 18 de febrero. Ese día, durante casi seis horas,  Ehrhard les explicó a los diputados el estado financiero del hospital y las condiciones en que esa institución terminó el 2015. Diez de los 14 diputados aprobaron el informe, uno no asistió y tres, incluido Berrio Scaff, se mostraron insatisfechos.

Tras ese debate y de terminar de documentar las inconsistencias que dice haber encontrado, el diputado Berrio Scaff redactó un extenso documento que le presentó este martes a la Procuraduría Regional de Bolívar.  Como contó La Caribe, esa entidad está en manos de Raúl Guerrero, un reconocido abogado y profesor universitario de Cartagena que es cercano al grupo de los Blel, dada su amistad con el concejal Vicente Blel Scaff, primo del diputado Berrio.

Aunque en la Cartagena política aplauden que el hospital vuelva a estar en la agenda política, no han faltado los que ven detrás de esas denuncias de Berrio intereses de su grupo político para presionar al gobernador de Bolívar Dumek Turbay por burocracia en su gabinete. Esto porque el hospital depende de la administración departamental y los Blel apoyaron a Turbay en las regionales pasadas, pero todavía no tienen participación en el equipo del mandatario liberal. Interpretaciones que el diputado Berrio le negó tajantemente a La Silla.

Las críticas a la gerente justo se dan en momentos en que el hospital suma pasivos cercanos a los 100 mil millones de pesos y por cuyas débiles finanzas el gobernador Turbay convocó, la semana pasada, a una reunión de emergencia, que contó con la presencia del ministro de Salud Alejandro Gaviria. Allí se despejó el fantasma del cierre y se prometieron acciones para sacar a la institución de la crisis.

Mientras las soluciones de fondo llegan y se conocen las consecuencias de lo denunciado por el diputado Berrio, los estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena iniciaron este lunes una asamblea permanente para exigirles a los gobiernos departamental y nacional mejores condiciones de infraestructura para el buen desarrollo de sus prácticas profesionales. Hoy, por ejemplo, no pudieron operar a varios de los pacientes porque en el hospital se agotaron las batas con las que las personas deben ingresar al quirófano, para no violar los protocolos de seguridad médica.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 14:28
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Hoy llegó a la Corte Constitucional la demanda en contra de la ley que crea las Zidres, un esquema para hacer megaproyectos en la Altillanura. La presentó un grupo de congresistas del Polo y Alianza Verde que, por lo menos en otras cuatro ocasiones, han actuado en bloque  en diferentes instancias, las más visibles litigando ante la Corte.

El combo lo conforman los congresistas del Polo Iván Cepeda, Alirio Uribe y Alberto Castilla y por los lados de Alianza Verde, Inti Asprilla y Ángela María Robledo. Es decir, el grupo que conforma la izquierda más “política” y menos “económica”, y que se distancia tanto del liderazgo de Jorge Enrique Robledo en el Polo, como de los de Sergio Fajardo, Claudia López y Antonio Navarro entre los viejos verdes.

Como contamos a comienzos de febrero, el famoso frenazo que le puso la Corte Constitucional a los megaproyectos del vicepresidente Germán Vargas provino de una demanda contra el Plan de Desarrollo de Santos presentada por el mismo grupo.

“Ese bloque se creó en el Congreso”, explica un asesor cercano a uno de los congresistas “Los asesores jurídicos de todos tienen un chat colectivo y de ahí han salido las demandas”.

Pero la convergencia no se queda en esas demandas.

El 23 de febrero, ese grupo, más el antioqueño Víctor Javier Correa, envió una carta al procurador Alejandro Ordóñez para contarle de la visita de unos eurodiputados que querían hablar del proceso de paz y de la situación de Iván Cepeda.

Lo mismo hicieron en enero cuando le escribieron una carta al entonces Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidiéndole su renuncia. En ese caso también firmaron los verdes Angélica Lozano, Claudia López y Oscar Ospina.

Y es que la unión, si bien no tiene un propósito electoral explícito, va más allá de las demandas y sí puede llegar allá.

“Nosotros tenemos unas afinidades políticas que van más allá de las organizaciones a las que pertenecemos. Compartimos una posición sobre el proceso de paz, sobre el modelo económico. Pero que hayamos planteado una estrategia con algún propósito electoral, no” dice el senador del Polo, Iván Cepeda.

“El grupo está actuando junto en más temas, como lo de insistir en la negociación con el ELN” explica la representante Robledo. “Por ahora no tiene una pretensión de construir una precandidatura, pero si llega allá, en una convergencia con grupos del Verde, del Polo y de otros movimientos políticos o sociales, pues bienvenido”.

 

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