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Domingo Octubre 25, 2020

Si el ex ministro Alfonso Gómez Méndez quería poner a una ex congresista quemada al frente de la política de drogas, su sucesor Yesid Reyes se la va a jugar por un técnico que conoce bien el tema de cultivos ilícitos y cuyo padre es central en la relación de los militares con el proceso de paz.

Javier Flórez Henao -el actual director de cultivos ilícitos de la Unidad de Consolidación Territorial- será el nuevo director de política de drogas del Ministerio de Justicia y, desde ese cargo, liderará el revolcón que busca hacerla más integral y eficaz.

Esa dirección es clave porque desde allí se coordina buena parte de la política de drogas del país, a la que el propio presidente Juan Manuel Santos ha pedido darle un vuelco (cosa que en la práctica no ha sucedido) para pasar de un enfoque represivo a uno más alineado con preocupaciones de salud pública. Además manejará, dado el peso que ha venido ganando el tema, un presupuesto muchísimo más grande que el que tenía esa dirección hace cuatro años.

Pero sobre todo -si se firma un acuerdo final con las Farc- Flórez será crucial en el aterrizaje del acuerdo sobre cultivos ilícitos y el de desarrollo del campo, que es clave para que los campesinos que los cultivan tengan mejores alternativas económicas y se decidan a dejarlos.

Desde Consolidación ha estado encargado de ejecutar la política de sustitución de cultivos en las zonas donde ya no hay conflicto (y del 80 por ciento del presupuesto de esa entidad). Además conoce los acuerdos en detalle pues manejó dos programas cruciales para su eventual ejecución: el de desarrollo alternativo y, en una buena parte, el de desarrollo rural en las zonas bajo influencia de la guerrilla.

Flórez, un politólogo de la Universidad del Rosario con una maestría en relaciones internacionales de la Nacional, trabajó con Álvaro Balcázar en el Plan de Consolidación Integral de La Macarena en el 2009, cuando éste dependía del Ministerio de Defensa. Pasó a Consolidación con Balcázar y se convirtió en el número dos de esa entidad cuando pasó a dirigirla Germán Chamorro, justo cuando la entidad se estaba politizando y cuando los militares iban aumentando su influencia en ella.

De hecho, Flórez es cercano a los militares y se convirtió en el número dos de Chamorro por recomendación del Ministro Juan Carlos Pinzón. Su padre es el general Javier Flórez Aristizábal, el militar activo de más alto grado que ha estado en la mesa de negociaciones de La Habana y quien ocupará un cargo clave para el posconflicto, al pasar de ser jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares a liderar la subcomisión técnica que está asesorando a los negociadores del Gobierno en temas de desmovilización, dejación de armas y reintegración.

Otros confidenciales recientes

Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:52
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Aunque el Concejo de Bogotá decidió montarse en la ola del posconflicto con una comisión de paz y posconflicto, su presidente Roberto Hinestrosa decidió dejar por fuera al principal partido de izquierda, a la bancada del partido que se opone al proceso de paz y al único concejal que ha estado en un grupo armado.

Lo más curioso es que lo hizo a pesar de que la idea de armar la comisión no fue de él sino de un grupo de concejales de casi todas las bancadas, incluyendo a Celio Nieves, del Polo; y a Antonio Sanguino, de la Alianza Verde y desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista.

En una carta ese grupo le pidió armar la comisión con representantes de las 12 bancadas que tiene el Concejo, para que la Comisión no tuviera un tinte partidista

SOLICITUD COMISIÓN by lasillavacia

Al final, Hinestrosa designó una comisión con solo 5 concejales, cuyas bancadas solo suman 21 de los 45 concejales, y dejó por fuera al Polo y a la Alianza Verde. La bancada del Centro Democrático tampoco quedó representada pero, según supo La Silla, porque no quisieron.

Eso produjo una molestia más con Hinestrosa, en el concejo: ya ha sido criticado por la demora en sacar las resoluciones que regulan la elección de Personero y Contralor, por el contenido de éstas (algunos concejales han dicho que debía haber incluido mayores exigencias a los aspirantes y otros se quejaron por haber incluido requisitos aparentemente superfluos, lo que llevó a Hinestrosa a echarse para atrás en ese punto) y por haber unificado tres proyectos de acuerdo.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:46
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El exalcalde de Cimitarra Hermán Rodríguez Guerrero, quien el pasado 12 de febrero llegó a la dirección de la regional oriente de la Superintendencia de Servicios Públicos  (Santander, Norte de Santander y Arauca), tiene cuentas pendientes con la justicia.

Desde hace cuatro meses, la Fiscalía está tratando de imputarlo por el presunto delito de peculado.

Aunque para mañana estaba citada la nueva audiencia para iniciar el proceso en su contra formalmente, La Silla conoció que el nuevo funcionario pidió el aplazamiento argumentando que tenía otras prioridades en Bucaramanga.

La investigación surge por el pago de unas bonificaciones que hizo a sus escoltas cuando era Alcalde en 2011, pese a que ellos eran policías y tenían un sueldo propio.  

Al respecto, Rodríguez Guerrero aseguró: "La Gobernación de Santander también venía pagando una bonificación a los escoltas desde 2011 hasta el año pasado".

Esta es la segunda vez que la Fiscalía llama al nuevo superintendente para imputarlo. La primera citación la hizo ese ente de control cuando Rodríguez Guerrero, quien es cercano al senador rojo Jaime Durán Barrera, se encontraba en plena campaña para llegar por cuarta vez a la alcaldía de Cimitarra con el aval del Partido Liberal. Esa audiencia no se realizó porque el abogado del entonces candidato estaba fuera del país.

 

Sábado, Febrero 20, 2016 - 17:46
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Aunque la administración del exalcalde de Bucaramanga Lucho Bohórquez, dejó como uno de sus legados la legalización de 32 barrios en la ciudad, lo cierto es que esa política terminó más en una jugada electoral, que en una que realmente impactará a cientos de familias de la ciudad.

De los 32 asentamientos que Lucho legalizó durante su administración, 20 de los cuales coincidieron con el arranque de las campañas electorales en julio de 2015, solo uno, Rincón de la Paz, tiene contratadas las obras de mitigación del riesgo.

Si bien, los procesos de legalización que adelantó Bohórquez sirvieron para que esos barrios se reconocieran como parte de Bucaramanga y para que entre otras cosas, pudieran tener acceso a servicios públicos y a inversión estatal, lo cierto es que ese es solo uno de los primeros pasos que se deben dar para impactar a las familias que habitan en zonas de riesgo.

Para que ese primer paso se pudiera cumplir se tenían que determinar los niveles de riesgo de las áreas en dónde estaban esos barrios, por lo que la Alcaldía de Lucho en 2014 contrató dos consultorías: una por $1600 millones para la zona norte y otra por $1390 millones para la zona sur.

El resultado en la zona sur de la ciudad, por ejemplo, fue que de los 13 asentamientos revisados, todos tenían áreas en alto riesgo e incluso algunos como Villas del Nogal o Brisas de Provenza estaban totalmente en riesgo. Los mismos estudios determinaron que para no reubicarlos, el riesgo se podía reducir a través de obras de mitigación.

Sin embargo, hasta hoy esa reducción de amenazas está en el papel porque las obras, que van desde pantallas y muros de contención, hasta gaviones, suman $103 mil millones y la Alcaldía no tiene plata para hacerlas.

El otro problema está en que aún cuando Rodolfo Hernández logre hacer todas las obras de mitigación para frenar el riesgo en el que se encuentran esos 32 nuevos barrios de la ciudad, también deberá garantizar la reubicación de las viviendas a las cuales ni las obras libran de las amenazas por derrumbes.

Precisamente los mismos estudios determinaron, en el caso de la zona sur, que el 30 por ciento de las casi 70 hectáreas que componen esos 13 barrios, con obras o sin ellas siguen estando en alto riesgo. No obstante, ese 30 por ciento entró en la legalización.

Según Mauricio Mejía, el entonces secretario de Planeación de la Alcaldía, se hizo la salvedad e incluso se socializó con las comunidades, que las viviendas que quedaron en ‘zona roja’ debían reubicarse.

La Silla conoció que en el Concejo se están preparando para un debate de control político porque quieren conocer al detalle los estudios que se hicieron para adelantar las legalizaciones y mirar su fidelidad. También quieren saber cómo va a hacer la Alcaldía para terminar con la política a medias que dejó Lucho en su administración.

 

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