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Sábado Marzo 28, 2020

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Con la decisión de ayer de la sección quinta del Consejo de Estado de suspender la elección de los tres expertos en el nuevo Consejo de Gobierno Judicial, el caos en la Rama va a seguir. Hasta el punto de que la Sala Administrativa de la Judicatura, cuyo último día de trabajo debía ser el viernes, tendrá que seguir funcionando por varios meses.

La decisión de ayer se suma a la de otro miembro del Consejo de Gobierno Judicial, el representante de los magistrados y jueces, que decretó la misma sección quinta hace dos semanas. El efecto es que en principio el Consejo no puede operar, pues queda solo con 4 miembros y necesita 5 votos para tomar cualquier decisión.

Eso no solo le da razón a las voces que han criticado todo el proceso de armar el nuevo poder judicial por ser poco transparente, sino que hace imposible que se cumple el cronograma para elegir el nuevo gerente de la Rama, que estaba prevista para este viernes. Y que ese día la Rama va a salir a vacaciones colectivas sin saber bien quién la administra.

Mientras se resuelve el lío, la Sala Administrativa de la Judicatura tiene que seguir administrando todos los recursos de la justicia, que para el próximo año suman 2,5 billones de pesos. Es decir, que en ese punto la Reforma de Equilibrio de Poderes -que decretó el fin de la Judicatura - siga sin aplicarse.

Y eso con varios enredos adicionales.

Uno es que si un magistrado de la Sala Administrativa no está de acuerdo con una decisión, ésta se hunde y por eso hay un riesgo grande de parálisis. Eso se debe a que el mismo Consejo de Estado anuló la elección de Francisco Ricarudte y Pedro Munar en esa sala, y por eso quedan justo los 4 magistrados que se necesitan para tomar una decisión.

Otro es que no habrá, por ahora,cómo armar las nuevas comosiones de Aforados y de Disciplina Judicial, pues el Consejo de Gobierno tiene la función de armar listas para escogen sus miembros. Y ahí no se sabe qué pasará pues el Equilibrio de Poderes dice que la Comisión de Acusaciones y la Sala Disciplinaria de la Judicatura, a las que reemplazan, deben dejar de funcionar el próximo 30 de junio (y la sala Disciplinaria tiene hoy solo 3 de sus 7 magistrados, pues los otros 4 renunciaron). 

Y el tercer lío es que esa situación de interinidad se puede prolongar por varios meses, pues solo se resolverá cuando el Consejo de Estado decida de fondo si los cuatro miembros del Consejo de Gobierno Judicial vuelven a sus puestos o si definitivamente toca volver a elegirlos. El Consejo suele demorarse por lo menos un año en tomar decisiones de fondo, así que la supervivencia de la Sala Administrativa va para largo. Y, si la Corte Constitucional hunde el Equilibrio de Poderes, puede ser permanente.

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Vie, 2015-12-18 16:07
sera que algun dia leamos que la noticia es que la justicia va sobre ruedas que los plazos se cumplen que los fallos son honestos,que no hay sobre bajo la mesa para acomodar las sentencias,como simple mortal les preguntaria sera pósible?
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 10, 2016 - 12:23
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A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Ministro de Minas, tras endilgarle la responsabilidad de un eventual apagón, Tomás González recibió un espaldarazo público de un grupo muy diverso y prestigioso de personas relacionadas con el sector minero que le expresan su respaldo por su trabajo y la experticia que demostró durante el año y medio que fue la cabeza del sector.

Se trata de casi todos los miembros del Grupo de Diálogo sobre la Minería, Gdiam, un grupo de alto nivel creado por la Fundación Ford (que financia el cubrimiento minero de La Silla) para convenir una visión de la minería a largo plazo que apoye el desarrollo socioeconómico del país  y la construcción de paz.

Entre los firmantes están personas tan diversas como Fabio Arjona, el director ejecutivo de la Ong ambiental Conservación Internacional en Colombia hasta el ex ministro y el ex viceministro de minas Luis Ernesto Mejía y Henry Medina pasando por líderes del sector como Claudia Jiménez, la ex directora ejecutiva del gremio de minería a gran escala y León Teicher, el ex presidente del Cerrejón y líderes sociales como Alcibíades Escué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte en el Cauca, Benjamín Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y Fabio Velásquez, presidente ejecutivo la Fundación Foro Nacional por Colombia.

Esta es la carta:

 

Carta Tomás González by lasillavacia

Martes, Marzo 8, 2016 - 12:02
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El viernes pasado, el alcalde de Valledupar Augusto 'Tuto' Uhía volvió a demostrar con la adjudicación del contrato de transporte escolar que es agradecido con quienes lo apoyaron en campaña y que los ‘lleva en coche’ desde los primeros meses de su mandato. Después que el Concejo, donde la coalición mayoritaria lo respalda, escogió como contralor municipal a uno de los financiadores de su proyecto político, Uhía premió con un contrato de $2.084 millones de pesos a otro hombre clave de su candidatura.

Se trata de Reinaldo Carvajal Riveira, quien junto a su hermano Rubén ‘Ava’ Carvajal (exalcalde de Valledupar y constructor), respaldó públicamente la candidatura del actual mandatario. De hecho, ‘Ava’ tiene desde el primero de enero participación en el gabinete a través del secretario de Obras Juan Pablo Morón.

Ahora el turno fue para Reinaldo, representante legal del consorcio Transportes Especiales de Valledupar y quien ha sido contratista en administraciones anteriores y en varios municipios del Cesar. La Alcaldía de Uhía le adjudicó, para todo 2016, el servicio de transporte escolar de los niños y adolescentes que viven en el área rural y los sectores menos favorecidos de Valledupar.

La empresa Transportes Carvajal Ltda, propiedad de Carvajal Riveira, tiene el 75% de participación en el consorcio, mientras que el 25% restante está en manos de la Sociedad de Transportes del Caribe SAS, empresa con Cámara de Comercio guajira que también ha sido contratista en otros municipios del Cesar.

El consorcio ganador se impuso sobre otros dos proponentes, a los que la Alcaldía terminó rechazando (Unión Temporal Valledupar Unida) y declarando  inhabilitados (Cooperativa de Transportes Colectivos del Cesar), después de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Desde que se hizo público el nombre del ganador del contrato, la adjudicación ha sido interpretada en Valledupar como un agradecimiento más que, de frente, el alcalde le hace a otro de sus amigos de campaña, tal como ocurrió con la elección del contralor municipal, en enero.

Como contó La Caribe, el Concejo de Valledupar eligió para el puesto de contralor al abogado Álvaro Luis Castilla Fragoso, uno de los financiadores de la campaña de Uhía: le puso $120 millones, según registros del portal Cuentas Claras. Y es también miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que avaló la candidatura de Uhía.

El actual alcalde de Valledupar le debe, principalmente, su silla al representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien lo financió, le puso votos y le brindó apoyo logístico.

Lunes, Marzo 7, 2016 - 16:56
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Aunque lo usual es que lo hagan dos funcionarios, con seis guardias en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, el Inpec vigila que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez no se vaya a escapar. Como se sabe, desde el pasado 26 de febrero está allí en una habitación por problemas cardíacos y bajo observación porque los médicos no descartan tener que operarlo.

En principio, Kiko fue trasladado al hospital para que le realizaran una valoración cardíaca (un cateterismo), le dijo el Inpec a La Silla. Pero los médicos optaron por no regresarlo a La Picota porque encontraron que padece angina inestable y arritmia cardíaca. Por ese diagnóstico, y según cómo evolucione, el exmandatario podría ser intervenido los próximos días.

Consultados sobre las garantías de seguridad de Kiko en el hospital, el Inpec -la entidad encargada de responderle al país si un recluso huye- le aseguró a La Silla que el exfuncionario está fuertemente custodiado por los hombres del grupo especializado en remisiones y custodias clínicas, Gropes. Se trata de funcionarios que cuentan con un entrenamiento especial y dotación distinta a la usada por el resto de guardianes del Inpec.

El abogado Iván Cancino, que defiende a Kiko en la investigación por el crimen del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta, le dijo a La Silla que el exmandatario está tan custodiado que ni la esposa ha podido verlo.

A Diana López Zuleta, hija del exconcejal asesinado, le causa suspicacia la hospitalización de Kiko. En su cuenta de Twitter escribió que “se le da por  enfermarse días antes de los alegatos de conclusión por el homicidio de mi papá, entre otros delitos”.

Al desprestigiado político la justicia lo procesa además por posibles vínculos con bandas criminales y por otros 14 homicidios.

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