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Lunes Marzo 30, 2020

En una pelea en la Corte Constitucional, los indígenas se pusieron tan nerviosos que están a punto de meterse un autogol, pues están a un pelo de tumbar a un ponente que creyeron que iba a decidir contra sus intereses cuando éste lo iba a hacer a favor suyo.

El magistrado Mauricio González es el ponente en una demanda contra un decreto de Juan Manuel Santos que le da más autonomía a los resguardos y que los indígenas consideran su mayor conquista política en dos décadas de lucha social, porque le permitirá a los resguardos y cabildos ir tomando bajo su ala temas cruciales como salud, educación, agua y alcantarillado, además de recibir directamente los recursos del Sistema General de Participaciones que el Gobierno central gira a las regiones.

La idea es entregarles -siguiendo el modelo de países como Canadá o Australia- esas funciones gradualmente, a medida que cada autoridad indígena va demostrando que tiene cómo gestionar los recursos de manera eficiente y transparente. De esa manera los territorios indígenas dependerán menos de los gobiernos municipales, que con frecuencia se demoran meses en girarles la plata que el Gobierno les destinaba.

Los indígenas tienen los pelos de punta por la posibilidad de que el decreto se caiga y estaban muy preocupados porque la Corte llamó a intervenir en el proceso a ocho entidades del Gobierno y tres universidades pero no a ellos ni a los juristas que han trabajado con ellos, como ha sido tradición en la Corte cuando se tratan asuntos que afectan a los indígenas.

Es por esto que la Onic le envió una carta a la Corte pidiéndole intervenir extemporáneamente y también solicitándole que inviten a Dejusticia y las universidades que los han acompañado legalmente, como la Nacional, los Andes, el Rosario, el Externado o la Javeriana de Cali. Después de eso, le pidieron a González que se declare impedido.

González terminó aceptando ese impedimento (y la Corte debe resolver esta semana si lo acepta) porque sí había conceptuado sobre un tema parecido cuando era secretario jurídico del gobierno de Álvaro Uribe. 

Sin embargo, lo que no sabían los indígenas era que el proyecto de fallo de González declaraba que el decreto debería ser exequible.

Esto porque ese decreto resuelve una vieja promesa que llevaba 23 años sin cumplirse y que se remonta a la Constitución del 91, cuando fue acogida la propuesta de los dos senadores indígenas -el guambiano Lorenzo Muelas y el embera Francisco Rojas Birry- de darle una mayor autonomía a las comunidades indígenas. Pero el Congreso, a quien le correspondía la responsabilidad, nunca desarrolló ese artículo transitorio, razón por la cual los indígenas y el Gobierno trabajaron en el decreto por dos años.

Por eso, si la Corte acepta el impedimento de González, el caso pasará a manos de Luis Guillermo Guerrero, un magistrado más conservador. Y el caso arrancará de ceros otra vez.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mié, 2015-09-09 11:02
Cuestionable el seguir otorgando mayor autonomía en manejo de recursos cuando tantos casos de corrupción aquejan a las comunidades.
Mié, 2015-09-09 03:28
Lo realmente desconsolador es creer que una decision en derecho dependa del personaje que la debe tomar. La Corte Constitucional es un cuerpo colegiado donde las decisiones se deben tomar por la participacion de sus integrantes. Es desconcertante que se afirme que los derechos de las personas, en este caso de las comunidades indigenas, dependan de quien es el magistrado ponente. Eso es lo que da pie a los escandalos a los que ya nos vamos acostumbrando.
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 10, 2016 - 12:23
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A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Ministro de Minas, tras endilgarle la responsabilidad de un eventual apagón, Tomás González recibió un espaldarazo público de un grupo muy diverso y prestigioso de personas relacionadas con el sector minero que le expresan su respaldo por su trabajo y la experticia que demostró durante el año y medio que fue la cabeza del sector.

Se trata de casi todos los miembros del Grupo de Diálogo sobre la Minería, Gdiam, un grupo de alto nivel creado por la Fundación Ford (que financia el cubrimiento minero de La Silla) para convenir una visión de la minería a largo plazo que apoye el desarrollo socioeconómico del país  y la construcción de paz.

Entre los firmantes están personas tan diversas como Fabio Arjona, el director ejecutivo de la Ong ambiental Conservación Internacional en Colombia hasta el ex ministro y el ex viceministro de minas Luis Ernesto Mejía y Henry Medina pasando por líderes del sector como Claudia Jiménez, la ex directora ejecutiva del gremio de minería a gran escala y León Teicher, el ex presidente del Cerrejón y líderes sociales como Alcibíades Escué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte en el Cauca, Benjamín Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y Fabio Velásquez, presidente ejecutivo la Fundación Foro Nacional por Colombia.

Esta es la carta:

 

Carta Tomás González by lasillavacia

Martes, Marzo 8, 2016 - 12:02
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El viernes pasado, el alcalde de Valledupar Augusto 'Tuto' Uhía volvió a demostrar con la adjudicación del contrato de transporte escolar que es agradecido con quienes lo apoyaron en campaña y que los ‘lleva en coche’ desde los primeros meses de su mandato. Después que el Concejo, donde la coalición mayoritaria lo respalda, escogió como contralor municipal a uno de los financiadores de su proyecto político, Uhía premió con un contrato de $2.084 millones de pesos a otro hombre clave de su candidatura.

Se trata de Reinaldo Carvajal Riveira, quien junto a su hermano Rubén ‘Ava’ Carvajal (exalcalde de Valledupar y constructor), respaldó públicamente la candidatura del actual mandatario. De hecho, ‘Ava’ tiene desde el primero de enero participación en el gabinete a través del secretario de Obras Juan Pablo Morón.

Ahora el turno fue para Reinaldo, representante legal del consorcio Transportes Especiales de Valledupar y quien ha sido contratista en administraciones anteriores y en varios municipios del Cesar. La Alcaldía de Uhía le adjudicó, para todo 2016, el servicio de transporte escolar de los niños y adolescentes que viven en el área rural y los sectores menos favorecidos de Valledupar.

La empresa Transportes Carvajal Ltda, propiedad de Carvajal Riveira, tiene el 75% de participación en el consorcio, mientras que el 25% restante está en manos de la Sociedad de Transportes del Caribe SAS, empresa con Cámara de Comercio guajira que también ha sido contratista en otros municipios del Cesar.

El consorcio ganador se impuso sobre otros dos proponentes, a los que la Alcaldía terminó rechazando (Unión Temporal Valledupar Unida) y declarando  inhabilitados (Cooperativa de Transportes Colectivos del Cesar), después de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Desde que se hizo público el nombre del ganador del contrato, la adjudicación ha sido interpretada en Valledupar como un agradecimiento más que, de frente, el alcalde le hace a otro de sus amigos de campaña, tal como ocurrió con la elección del contralor municipal, en enero.

Como contó La Caribe, el Concejo de Valledupar eligió para el puesto de contralor al abogado Álvaro Luis Castilla Fragoso, uno de los financiadores de la campaña de Uhía: le puso $120 millones, según registros del portal Cuentas Claras. Y es también miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que avaló la candidatura de Uhía.

El actual alcalde de Valledupar le debe, principalmente, su silla al representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien lo financió, le puso votos y le brindó apoyo logístico.

Lunes, Marzo 7, 2016 - 16:56
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Aunque lo usual es que lo hagan dos funcionarios, con seis guardias en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, el Inpec vigila que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez no se vaya a escapar. Como se sabe, desde el pasado 26 de febrero está allí en una habitación por problemas cardíacos y bajo observación porque los médicos no descartan tener que operarlo.

En principio, Kiko fue trasladado al hospital para que le realizaran una valoración cardíaca (un cateterismo), le dijo el Inpec a La Silla. Pero los médicos optaron por no regresarlo a La Picota porque encontraron que padece angina inestable y arritmia cardíaca. Por ese diagnóstico, y según cómo evolucione, el exmandatario podría ser intervenido los próximos días.

Consultados sobre las garantías de seguridad de Kiko en el hospital, el Inpec -la entidad encargada de responderle al país si un recluso huye- le aseguró a La Silla que el exfuncionario está fuertemente custodiado por los hombres del grupo especializado en remisiones y custodias clínicas, Gropes. Se trata de funcionarios que cuentan con un entrenamiento especial y dotación distinta a la usada por el resto de guardianes del Inpec.

El abogado Iván Cancino, que defiende a Kiko en la investigación por el crimen del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta, le dijo a La Silla que el exmandatario está tan custodiado que ni la esposa ha podido verlo.

A Diana López Zuleta, hija del exconcejal asesinado, le causa suspicacia la hospitalización de Kiko. En su cuenta de Twitter escribió que “se le da por  enfermarse días antes de los alegatos de conclusión por el homicidio de mi papá, entre otros delitos”.

Al desprestigiado político la justicia lo procesa además por posibles vínculos con bandas criminales y por otros 14 homicidios.

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