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Jueves Abril 09, 2020

En una pelea en la Corte Constitucional, los indígenas se pusieron tan nerviosos que están a punto de meterse un autogol, pues están a un pelo de tumbar a un ponente que creyeron que iba a decidir contra sus intereses cuando éste lo iba a hacer a favor suyo.

El magistrado Mauricio González es el ponente en una demanda contra un decreto de Juan Manuel Santos que le da más autonomía a los resguardos y que los indígenas consideran su mayor conquista política en dos décadas de lucha social, porque le permitirá a los resguardos y cabildos ir tomando bajo su ala temas cruciales como salud, educación, agua y alcantarillado, además de recibir directamente los recursos del Sistema General de Participaciones que el Gobierno central gira a las regiones.

La idea es entregarles -siguiendo el modelo de países como Canadá o Australia- esas funciones gradualmente, a medida que cada autoridad indígena va demostrando que tiene cómo gestionar los recursos de manera eficiente y transparente. De esa manera los territorios indígenas dependerán menos de los gobiernos municipales, que con frecuencia se demoran meses en girarles la plata que el Gobierno les destinaba.

Los indígenas tienen los pelos de punta por la posibilidad de que el decreto se caiga y estaban muy preocupados porque la Corte llamó a intervenir en el proceso a ocho entidades del Gobierno y tres universidades pero no a ellos ni a los juristas que han trabajado con ellos, como ha sido tradición en la Corte cuando se tratan asuntos que afectan a los indígenas.

Es por esto que la Onic le envió una carta a la Corte pidiéndole intervenir extemporáneamente y también solicitándole que inviten a Dejusticia y las universidades que los han acompañado legalmente, como la Nacional, los Andes, el Rosario, el Externado o la Javeriana de Cali. Después de eso, le pidieron a González que se declare impedido.

González terminó aceptando ese impedimento (y la Corte debe resolver esta semana si lo acepta) porque sí había conceptuado sobre un tema parecido cuando era secretario jurídico del gobierno de Álvaro Uribe. 

Sin embargo, lo que no sabían los indígenas era que el proyecto de fallo de González declaraba que el decreto debería ser exequible.

Esto porque ese decreto resuelve una vieja promesa que llevaba 23 años sin cumplirse y que se remonta a la Constitución del 91, cuando fue acogida la propuesta de los dos senadores indígenas -el guambiano Lorenzo Muelas y el embera Francisco Rojas Birry- de darle una mayor autonomía a las comunidades indígenas. Pero el Congreso, a quien le correspondía la responsabilidad, nunca desarrolló ese artículo transitorio, razón por la cual los indígenas y el Gobierno trabajaron en el decreto por dos años.

Por eso, si la Corte acepta el impedimento de González, el caso pasará a manos de Luis Guillermo Guerrero, un magistrado más conservador. Y el caso arrancará de ceros otra vez.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mié, 2015-09-09 11:02
Cuestionable el seguir otorgando mayor autonomía en manejo de recursos cuando tantos casos de corrupción aquejan a las comunidades.
Mié, 2015-09-09 03:28
Lo realmente desconsolador es creer que una decision en derecho dependa del personaje que la debe tomar. La Corte Constitucional es un cuerpo colegiado donde las decisiones se deben tomar por la participacion de sus integrantes. Es desconcertante que se afirme que los derechos de las personas, en este caso de las comunidades indigenas, dependan de quien es el magistrado ponente. Eso es lo que da pie a los escandalos a los que ya nos vamos acostumbrando.
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Otros confidenciales recientes

Miércoles, Febrero 24, 2016 - 00:23
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En medio de versiones confusas, el hoy director de Gestión Riesgo de Santander y copresidente del Centro Democrático en el departamento, Ramón Ramírez, ha salido a defender la nota de Caracol Noticias en la que lo señalan de recibir más de $60 millones como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Alfredo Ramos sin trabajar en ella. 

Primero dijo que durante todo el año pasado sí había continuado haciendo las labores por las que le pagaron legalmente desde agosto de 2014 (luego de su fallida candidatura a la Cámara) a enero de 2015 (fecha en la que le pidireron la renuncia, según las declaraciones del mismo senador Ramos, por malo); luego dijo que estaba trabajando para todo el Centro Democrático y no solo para el senador Ramos y completó diciendo que despachaba desde Santander. 

Ramírez  fue elegido en mayo de 2015, en la víspera del arranque de la campaña electoral de ese año, como copresidente del Centro Democrático, y pese a que al menos en el papel era funcionario público, participó activamente de todas las campañas a las que se sumó ese partido, incluida la de Didier Tavera, quien como contraprestación lo nombró en el cargo que hoy tiene.

Sin embargo, Ramírez, por estar cobrando salario en el Congreso como UTL, no podía hacer campaña política. Es decir, además de responder por haberse quedado con un salario que presuntamente no debía, (en eso coinciden desde el Senador, hasta la Oficina de Control Interno del Congreso que remitió la investigación a la Contraloría), la Procuraduría también podría entrar a mirarlo por participar en política y al mismo tiempo ser funcionario en el Congreso.

Sobre eso Ramírez también cambió la versión, y pese a que en toda la campaña el año pasado le dio declaraciones a medios en Santander, entre esos a La Silla, como copresidente del Centro Democrático, ahora dice que no hizo política; y las fotos en diferentes campañas se las atribuye a reuniones privadas.

En conversación con La Silla sobre su participación en política, se defendió preguntando si había dado algún discurso. Este medio encontró que sí lo hizo en un acto de adhesión de la campaña de Iván Aguilar (el entonces candidato del uribismo que fue sacado de la contienda por la Gobernación tras un fallo del CNE) a la de Didier Tavera.

Este es el primero de los nombramientos de Tavera que empieza a tambalear por presuntas irregularidades; falta ver si lo mantiene o si lo retira mientras los entes de control lo investigan. 

Ramón Ramírez (tercero de derecha a izquierda) durante la adhesión de una facción del Centro Democrático a la campaña liberal de Carlos Ibáñez por la Alcaldía de Bucaramanga. Foto tomada de redes sociales. 
Ramón Ramírez junto a candidatos al Concejo de Floridablanca en el cierre de campaña de Héctor Mantilla, en Floridablanca. Foto tomada de redes sociales.
Ramón Ramírez (primero de izquierda a derecha) junto a otros miembros de Centro Democrático en Santander y Danny Ramírez, alcalde de Piedecuesta. Foto tomada de redes sociales. 

 

Conversación de La Silla con Ramón Ramírez a través de whatsapp. 
Martes, Febrero 23, 2016 - 13:04
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Ayer, luego de varias reuniones, el ministro consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, terminó de ultimar detalles con el general Rafael Colón, de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), y llegaron a los 20 municipios de la primera fase de desminado para este año. La Silla conoció cuales son. Aquí está la lista.

Martes, Febrero 23, 2016 - 10:58
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Desde el 25 de enero, cuando la Corte Constitucional le reactivó una orden de captura por sus vínculos con los paramilitares, al médico zenú Pedro ‘el Indio’ Pestana no le han faltado las manifestaciones de apoyo entre los miembros de esa etnia indígena, en Córdoba y Sucre, donde los últimos 15 años ha construido su fortín político. Este fin de semana, los militantes de su grupo aprovecharon las corralejas que se celebraron en el municipio sucreño de San Antonio de Palmito, que hace parte del área de influencia del ‘Indio’, para expresarle su respaldo público.

En esa población del Golfo de Morrosquillo, algunos habitantes visten desde la semana pasada camisetas con el mensaje “De corazón soy pestanista y martinista”, en honor a Pestana y a su socio político Antonio Martínez Hernández, también indígena y requerido por la justicia por nexos con los paramilitares.

Ese apoyo “de corazón” se trasladó a las corralejas, que terminaron ayer. Allí los pestanistas y martinistas salieron al ruedo con pancartas en honor a los dos políticos prófugos, como lo muestran estas fotografías.

 

A Pestana y a su socio Martínez, el Tribunal Superior de Bogotá los condenó a seis años de prisión en 2009 porque en 2006 acordaron con el ex jefe paramilitar alias Don Antonio trabajar desde la etnia zenú a favor de las autodefensas. Pero, no han estado ni un solo día en prisión porque argumentaron haber pagado su condena en una cárcel indígena, en San Andrés de Sotavento. Ese argumento la Corte Constitucional lo dejó sin validez en enero pasado y de inmediato les ordenó a las autoridades la captura de ambos y su traslado a una cárcel ordinaria.

Como contó La Caribe, Pedro Pestana es un súper poder en Córdoba y Sucre porque ha consolidado una engrasada maquinaria electoral en los municipios de San Andrés de Sotavento, Chimá, Tuchín, Momil, Sampués y San Antonio de Palmito, gracias a la IPS Manexka, que fundó en 1998. Esa entidad le presta servicios de salud a unos 250 mil indígenas, quienes elección tras elección se convierten en potenciales votos para los candidatos respaldados por Pestana.

Pestana tiene hoy una curul en el Senado y otra en la Asamblea de Sucre, a través de sus hermanas Yamina y Ana, respectivamente; participación en el gabinete del gobernador de Sucre Edgar Martínez con la secretaria administrativa Acela Calderín, un diputado en Córdoba y la Alcaldía de Tuchín.

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