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Viernes Octubre 22, 2021

Esta semana el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo lanzó una propuesta de justicia transicional, que es menos generosa con los guerrilleros de lo que ha sido el Fiscal General Eduardo Montealegre.

El Colectivo propone un tribunal de justicia para la paz, que estaría dividido en dos salas, una que trate temas de “crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado” y otra que trate “crímenes cometidos con ocasión del conflicto social, económico y político”.

También dice que la responsabilidad penal deberá ser asimétrica. Es decir, que la justicia debe tratar con mayor severidad a aquellos que son responsables de promover crímenes de Estado que a los que se rebelaron.

Cuando llega a su propuesta sobre el “catálogo” de penas para aquellos que hayan cometido algún crimen durante la guerra, incluye la cárcel.

“Para la determinación de la pena, se tomarán en cuenta la gravedad de los crímenes, el grado de participación, así como las contribuciones específicas a la satisfacción de derechos de las víctimas, para ello el Tribunal contará con un catálogo amplio de sanciones que incluyen confinamiento territorial, detención domiciliaria, trabajos comunitarios de interés público o interés social, o privación de la libertad. Las condiciones en que se realice la sanción penal no pueden convertirse en una nueva ofensa a la humanidad y en particular a las víctimas”.

Dada la estigmatización que sufrió el Colectivo de Abogados durante el gobierno de Uribe de ser el portavoz de la guerrilla (en un trino, el ex presidente dijo que “el Colectivo de Abogados es víctima de nada, es victimario de la promoción del terrorismo”) es interesante que contemplen la posibilidad de que miembros de las Farc vayan a la cárcel.

Sobre todo, cuando el fiscal Eduardo Montealegre ha dicho en varias ocasiones que frente al proceso de paz podría haber “un sistema de justicia alternativa que implique la sustitución de penas efectivas privativas de la libertad por otro tipo de penas alternativas, como el desminado”.

Propuesta Para Medios Justicia Para La Paz VF 250315

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Lun, 2015-03-30 23:22
abundantes micos... los dos últimos párrafos con orangutanes.. "que se distinga entre crímenes de guerra y crimen es de lesa humanidad".....punto en el que las farc han venido insistiendo que todos sus delitos sean reconocidos como crímenes de guerra...Colombia ha vivido en guerra?...el último párrafo es el orangután mayor.."el desmonte a las estructuras políticas y económicas que dan sustento a la violencia, en particular a los agentes del estado, paramilitares y auspiciadores civiles de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad"...esta es la tapa que faltaba...el colectivo pretende que las farc sean reconocidas como victimas y sus violentos actos como crímenes de guerra...comparar la propuesta fiscal vs colectivo es desproporcionada...el fiscal pretende la impunidad..el colectivo propone crucificar a los agentes del estado y a civiles auspiciadores de esta..guerra? adicionando la impunidad..que el colectivo en menos generoso que el fiscal?
Dom, 2015-03-29 20:35
Es necesario separar la propuesta de la autoría de la misma, porque nadie más inhabilitado para demandar este tipo de propuesta que el Colectivo. No hemos olvidado que para llenar sus bolsillos son capaces de crear falsos testigos y cuando el entramado se descubrió nunca devolvieron los dineros mal ganados. Dinero de todos nosotros. Pero veamos la propuesta y veremos laq idea de dos justicias (asimétricas) como si los colombianos, en la Constitución hubieramos aprobado ese adefesio. También es muy comun que cuando no se quiere hacer algo se nombra un Tribunal y una Comisión. Ambos son infaltables. La comisión revelará la importancia que tienen aquellos que en encubierto dieron apoyo de todo tipo a la guerrilla, que no se someterán a ningún tribunal, no dirán la verdad, no pedirán perdón? Allí hay de todo: campesinos, funcionarios, conductores, comerciantes, médicos, abogados del Colectivo, etc, etc. De agache? Sin su aporte (incluye al Colectivo) la guerrilla no habría logrado nada.
Sáb, 2015-04-04 23:00
Excelente argumento. Irrebatible pues no dice nada. No puede haber justicia asimétrica pues todos votamos por la igualdad ante la ley cuando aprobamos la Constitución de 1991, se acuerda? Simple, cierto? La Comisión sacará a la luz a todos aquellos que apoyaron a la guerrilla y le facilitaron su accionar? No es cierto que no? Lo peor es que están incrustados en las comunidades y harán valer su aureola de rebeldes ante los demás y lo harán con las armas que dejarán, pero no entregarán los guerrilleros, sus amigos (los de ellos, por si no entiende). El Colectivo se embolsilla más del 30% de los dineros que debe pagar el Estado cuando recibe una condena, es esa simple razón por la cual ellos propulsan la idea y presentan, si es necesario, falsos testigos. Ya ocurrió varias veces y nunca, lea bien, nunca devolvieron el dinero mal habido, eso es honesto? Le recuerdo que son dineros que pagamos los que tributamos. No se su caso. Justicia si, pero igual para todos. No es difícil de entender.
Sáb, 2015-03-28 11:52
Podríamos decir q la gran mayoriA d las propuestas q No vienen del Furbismo van encaminadas al aporte constructivo como tiene q ser. Ahora, todos tenemos el derecho y hasta la obligación d opinar, La Paz es d todos; otra cosa es q el Gbno siga al pie d la letra las recomendaciones, prácticamente imposible ante tan variado forma y estilo d encontrar soluciones. Al final el intercambio d impunidad será la nota predominante, es lo único q dejará satisfecho a todos así d dientes para afuera sigan q No. PD: el cambio dl colectivo respecto a "generosidad" como le llama LSV, obedece a convicción fundamentada en Derecho constitución y leyes, o complacencias con Fu?.
Sáb, 2015-03-28 06:14
No únicamente las FARC deben someterse a la justicia, sino también los militares, paramilitares y aquellos miembros de la sociedad que financiaron y determinaron el sostenimiento del conflicto, incurriendo en graves atentados a los DDHH. Acá es imprescindible la verdad y garantía de no repetición y en especial que toda la sociedad lo entienda y lo acepte. La propuesta del Colectivo de Abogados, demuestra que la guerra es de varios bandos y no de uno solo, como quiere empeñarse el señor Uribe, el procurador y algunos militares de Acore, tam empeñados en que no prospere una negociación de paz, a fin de no verse tocados en los bienes mal habidos, en los contrato s millonarios que genera la guerra y sobre todo, en que llegue la democracia actuante y exigente, sin el remoquete de guerrilleros. Sin verdad no habrá paz y sin propósito de no repetición menos. Y esa tarea es nuestra de toda la sociedad, aprender a rechazar la violencia y el crimen, venga de donde venga.
Sáb, 2015-03-28 00:03
Todas las propuestas son buenas, ya que persiguen el mismo fin. Lo importante es que en cualquiera de las soluciones que se planteen, se logre una verdad y reparación, de todos los actores armados, guerrilla, paramilitares, politicos, estado, fuerzas militares, civiles, en fín todos los que han cometido crimenes durante esta guerra.
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Miércoles, Marzo 23, 2016 - 11:25
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La prestigiosa revista Harper´s, en su edición de abril -la cual acaba de salir- trae un artículo demoledor para Colombia. Porque, aunque muchos ya lo sospechaban, tener la prueba fehaciente duele más.

En un artículo sobre la futilidad de la guerra contra las drogas, el periodista Dan Baum le pregunta a John Ehrlichman, el asesor de política doméstica del ex presidente de Estados Unidos Richard Nixon, sobre la guerra contra las drogas iniciada por su jefe de entonces ¿Su respuesta?

“¿Quiere saber de que se trató realmente?”... “La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca de Nixon después de eso, tenía dos enemigos: la izquierda que estaba en contra de la guerra y la gente negra ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos prohibir estar en contra de la guerra o ser negro, pero si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizábamos ambos fuertemente, podíamos golpear ambas comunidades. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, intervenir sus reuniones y estigmatizarlos noche tras noche en los noticieros de la tarde ¿Sabíamos que estabamos mintiendo acerca de las drogas? Claro que sí”.

La guerra contra las drogas - cuyas motivaciones reales conocemos ahora- le ha costado a Colombia miles de vidas, cientos de miles de millones de pesos destinados a pelearla y ha financiado a paramilitares, guerrillas y delincuentes comunes.

Solo entre entre 1994 y 2008, según el estudio realizado por el experto en drogas Daniel Mejía, la guerra contra las drogas era responsable del 25 por ciento de la tasa de homicidios.

Eso traducido en personas, significa que solo en ese período -que no incluye los finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando más intensa fue la guerra contra las drogas- fueron asesinadas 53.200 personas. Esto sin contar las que murieron por cuenta de la guerrilla o los paramilitares. O las que pasaron su vida en la cárcel.

Ese fue el precio del cinismo de Nixon y sus asesores y de la forma como Colombia lo interiorizó.

Martes, Marzo 22, 2016 - 16:10
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El senador barranquillero de La U José David Name lanzó en las últimas horas una convocatoria para marchar este 2 de abril en contra de Electricaribe, la criticada prestadora del servicio de energía en siete de ocho departamentos caribe. Lo increíble es que ese mismo día es la marcha del uribismo en contra del Gobierno Santos, por lo que la movida de Name va a terminar ayudando a los opositores del Gobierno que dice defender.

Por los continuos cortes y problemas de voltaje, Electricaribe es una de las empresas menos queridas en la Costa, en donde sienten que Santos no ha sido capaz de meterla en cintura. Como el uribismo convocó su marcha con el lema “Yo tengo razones para decir no más ¿Cuál es tu razón?”, el llamado de Name parece ser una respuesta a los uribistas.

Evidencia de esa concidencia se puede ver ya en Twitter.

La coincidencia sorprende porque Name no es un senador cualquiera, sino de uno que acaba de ser presidente del Congreso por la coalición de Gobierno.

Por ello, ya se empiezan a despertar suspicacias, como la de un congresista importante de la Unidad Nacional que nos dijo: “No sé a qué juega Name, a lo mejor no está contento con algo en el Gobierno y esta es su forma de expresarlo”.

Consultado al respecto, Name nos dijo que no le pusiéramos “misterio” a su convocatoria, que él tiene las mejores relaciones con el Presidente y que “si no es el 2, que sea otro día, pero tenemos que protestar. Uribistas o no uribistas, estamos sufriendo con el tema eléctrico”.

No es la primera vez que Name termina de alguna manera relacionado con el uribismo. Al igual que casi toda la Unidad Nacional santista (incluyendo al Presidente) fue uribista en el pasado y en 2014, siendo presidente del Congreso, tuvo que salir a aclarar que no lo seguía siendo sino que estaba del lado del Gobierno, luego de que se hundiera un debate de control sobre parapolítica en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Domingo, Marzo 20, 2016 - 19:23
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Aunque para la designación de los gerentes de los hospitales en el país tiene que mediar un concurso de méritos que en el papel asegure que los más idóneos son los que van a llegar a dirigirlos, varios intereses políticos ya se están moviendo detrás de esas vacantes en Santander.

Así como la familia Aguilar, con la llegada de Richard Aguilar al ‘Palacio Amarillo’ en 2012 se quedó con esos cargos en el departamento, y en el periodo de Serpa los dirigentes de los hospitales fueron cercanos al Partido Liberal, en esta ocasión la administración de Didier Tavera también estaría moviéndose para poner fichas propias en los hospitales y devolverlos a su partido.

Si bien el concurso está siendo adelantado por la Universidad de Pamplona, cinco fuentes políticas, una de las cuales ha tenido injerencia en el sector de la salud, señalaron que esa no es una prenda de transparencia para la escogencia.

“Hay maneras de influenciar ese tipo de concursos. Solo basta mirar lo que está pasando con las elecciones de contralores y personeros en muchas partes del país para darse cuenta de lo que pasa con los concursos de méritos en muchas ocasiones”, le dijo a La Silla una de esas fuentes.

Aunque la crisis de la red hospitalaria de Santander en diciembre tocó fondo en todo el departamento y hay 19 centros en riesgo financiero, así como cuatro que entraron en un plan de recuperación fiscal que busca evitar que se cierren, los intereses detrás de los hospitales siguen siendo muchos.

Por una parte, manejan multimillonarios presupuestos que pueden invertir bajo un régimen de contratación mucho más laxo y por otra tienen bajo su mando un abultado personal (que se vuelve muy útil en temporada de campaña).

Pese a que la Secretaría de Salud del departamento llegó Claudia Amaya como ficha del senador de Cambio Radical, Bernabé Celis, cuatro fuentes que se mueven en círculos políticos de Santander le dijeron a La Silla que la funcionaria se quedó sin la intervención directa en la coordinación del concurso para seleccionar a los gerentes.

El rol protagónico lo habría tomado Wilson Peña, asesor del despacho de Tavera, quien además de haber sido secretario de salud de Santander en el periodo de Horacio Serpa, está enfrentando cuestionamientos por la contratación de estudios que no sirvieron para la construcción de hospitales en el departamento cuando estaba a cargo de ese despacho.

La Silla conoció que la puja de intereses por los cargos en los hospitales ya pasó por un primer filtro.

Tres fuentes de adentro de Opción Ciudadana, le dijeron a este medio que aunque inicialmente se había planteado la posibilidad de que al grupo de Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil le dieran la gerencia del Hospital Universitario de Santander, ese escenario ya fue completamente descartado.

“Los liberales y específicamente Serpa cerraron todos esos espacios y los tienen completamente acaparados”, señaló una de las fuentes. Las otras dos dieron la misma versión.

Al ser consultado por La Silla, Peña negó que existieran intereses políticos en el proceso, explicó que su función para el caso del concurso es la coordinación de “algunos aspectos” (pero no precisó cuáles), y dijo que el “proceso de selección está blindado”.

Sobre su designación como asesor de Tavera y su cercanía con Serpa indicó que llegó por mérito propio al cargo y que el Senador “no tiene ningún tipo de influencia en el concurso”.

El 31 de marzo se vence el plazo para la salida de los gerentes actuales de los hospitales en todo el país; sin embargo, el concurso para esa fecha no estará completamente listo, por lo que deberán haber nombramientos provisionales

Mientras la crisis hospitalaria sigue latente y trabajadores del sector de la salud, así como estudiantes piden que se prioricen criterios técnicos para los nombramientos, los intereses políticos están llamados a tener peso decisivo en la selección de los gerentes.

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