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Lunes Marzo 01, 2021

La pelea por la presidencia del Consejo de Estado está en un punto muerto y, como ese tribunal tiene muchas vacantes, lograr la mayoría para elegir parece muy difícil. Más porque quien salga elegido jugará un papel importante en definir quién será el Registrador Nacional durante las elecciones de 2018.

Ser presidente de una Alta Corte es un cargo sobre todo ceremonial, pues su principal función es ser vocero. Sin embargo, también se pueden dar roces porque, como son quienes citan a las reuniones de las salas plenas, definen el orden del día, reparten a los magistrados los expedientes de las salas y dan permisos para viajes, tienen un poder importante adentro (como el de demorar una elección o adelantar un asunto).

Pero esta vez la pelea tiene otro ingrediente. El presidente del Consejo, más los de las cortes Suprema y Constitucional, deben elegir el nuevo Registrador en diciembre de este año para reemplazar a Carlos Ariel Sánchez. Es decir, quien gane esta elección tendrá uno de los tres votos y una incidencia muy grande en definir quién va a organizar las elecciones presidenciales de 2018.

Con ese trasfondo, el martes estaba citada la sala plena del Consejo de Estado para votar. Y no se logró una mayoría que, por estatutos, es de dos tercios de los 31 magistrados. Como esa cifra no se modifica si hay vacantes (lo dijo el mismo Consejo cuando anuló la elección de Viviane Morales como Fiscal General) y en este momento hay solo 26 consejeros, un grupo de cinco puede bloquear la decisión. Y eso es lo que ha ocurrido.

A la sesión llegaron cuatro candidatos: William Zambrano, Martha Teresa Briceño (la actual vicepresidente, quien por tradición debería ser la nueva presidente), Jaime Santofimio y Gerardo Arenas. Hubo unas 30 votaciones y no hubo elección.

Después de algunas rondas de votación Arenas, quien no pasó de cuatro votos, se retiró. Eso hizo que en algunas Zambrano llegara a 17 votos (a cuatro del número mágico), en otras Briceño hasta 11. Los tres o cuatro votos que nunca se fueron a uno de ellos se quedaron con Santofimio, quien no se retiró y tiene opción como tercería.

Aunque Zambrano estuvo cerca de ganar, se enfrenta con la férrea oposición de un grupo de unos cuatro magistrados comandado por Marco Antonio Velilla.

Velilla era uno de los integrantes de la terna de Álvaro Uribe a la Fiscalía, que luego Santos cambió. Él nunca aceptó esa decisión e incluso la demandó, por lo que él no ve con buenos ojos a quienes ayudaron a Santos a tomarla (incluido Zambrano, que pertenece a esa sala de consulta).

Habrá que ver si el trancón que se vivió esta semana se repite la próxima, cuando en principio debería ya definirse el nuevo presidente.

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Sáb, 2015-01-24 05:50
En ocasiones a uno le parece que el tema es sobre un grupo mafioso o algo parecido. Además de que son servidores públicos que solo trabajan de martes a jueves y que reciben un salario equivalente al de 40 obreros nuestros, que se lo pasan dictando conferencias que les reportan más dinero pero que les impide atender lo que les concierne, se reunen a votar y casi nunca logran su cometido, lo que los obliga a repetir lo actuado por meses y meses. Es esto serio? No afecta la marcha de la justicia?
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 10, 2016 - 12:23
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A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Ministro de Minas, tras endilgarle la responsabilidad de un eventual apagón, Tomás González recibió un espaldarazo público de un grupo muy diverso y prestigioso de personas relacionadas con el sector minero que le expresan su respaldo por su trabajo y la experticia que demostró durante el año y medio que fue la cabeza del sector.

Se trata de casi todos los miembros del Grupo de Diálogo sobre la Minería, Gdiam, un grupo de alto nivel creado por la Fundación Ford (que financia el cubrimiento minero de La Silla) para convenir una visión de la minería a largo plazo que apoye el desarrollo socioeconómico del país  y la construcción de paz.

Entre los firmantes están personas tan diversas como Fabio Arjona, el director ejecutivo de la Ong ambiental Conservación Internacional en Colombia hasta el ex ministro y el ex viceministro de minas Luis Ernesto Mejía y Henry Medina pasando por líderes del sector como Claudia Jiménez, la ex directora ejecutiva del gremio de minería a gran escala y León Teicher, el ex presidente del Cerrejón y líderes sociales como Alcibíades Escué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte en el Cauca, Benjamín Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y Fabio Velásquez, presidente ejecutivo la Fundación Foro Nacional por Colombia.

Esta es la carta:

 

Carta Tomás González by lasillavacia

Martes, Marzo 8, 2016 - 12:02
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El viernes pasado, el alcalde de Valledupar Augusto 'Tuto' Uhía volvió a demostrar con la adjudicación del contrato de transporte escolar que es agradecido con quienes lo apoyaron en campaña y que los ‘lleva en coche’ desde los primeros meses de su mandato. Después que el Concejo, donde la coalición mayoritaria lo respalda, escogió como contralor municipal a uno de los financiadores de su proyecto político, Uhía premió con un contrato de $2.084 millones de pesos a otro hombre clave de su candidatura.

Se trata de Reinaldo Carvajal Riveira, quien junto a su hermano Rubén ‘Ava’ Carvajal (exalcalde de Valledupar y constructor), respaldó públicamente la candidatura del actual mandatario. De hecho, ‘Ava’ tiene desde el primero de enero participación en el gabinete a través del secretario de Obras Juan Pablo Morón.

Ahora el turno fue para Reinaldo, representante legal del consorcio Transportes Especiales de Valledupar y quien ha sido contratista en administraciones anteriores y en varios municipios del Cesar. La Alcaldía de Uhía le adjudicó, para todo 2016, el servicio de transporte escolar de los niños y adolescentes que viven en el área rural y los sectores menos favorecidos de Valledupar.

La empresa Transportes Carvajal Ltda, propiedad de Carvajal Riveira, tiene el 75% de participación en el consorcio, mientras que el 25% restante está en manos de la Sociedad de Transportes del Caribe SAS, empresa con Cámara de Comercio guajira que también ha sido contratista en otros municipios del Cesar.

El consorcio ganador se impuso sobre otros dos proponentes, a los que la Alcaldía terminó rechazando (Unión Temporal Valledupar Unida) y declarando  inhabilitados (Cooperativa de Transportes Colectivos del Cesar), después de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Desde que se hizo público el nombre del ganador del contrato, la adjudicación ha sido interpretada en Valledupar como un agradecimiento más que, de frente, el alcalde le hace a otro de sus amigos de campaña, tal como ocurrió con la elección del contralor municipal, en enero.

Como contó La Caribe, el Concejo de Valledupar eligió para el puesto de contralor al abogado Álvaro Luis Castilla Fragoso, uno de los financiadores de la campaña de Uhía: le puso $120 millones, según registros del portal Cuentas Claras. Y es también miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que avaló la candidatura de Uhía.

El actual alcalde de Valledupar le debe, principalmente, su silla al representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien lo financió, le puso votos y le brindó apoyo logístico.

Lunes, Marzo 7, 2016 - 16:56
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Aunque lo usual es que lo hagan dos funcionarios, con seis guardias en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, el Inpec vigila que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez no se vaya a escapar. Como se sabe, desde el pasado 26 de febrero está allí en una habitación por problemas cardíacos y bajo observación porque los médicos no descartan tener que operarlo.

En principio, Kiko fue trasladado al hospital para que le realizaran una valoración cardíaca (un cateterismo), le dijo el Inpec a La Silla. Pero los médicos optaron por no regresarlo a La Picota porque encontraron que padece angina inestable y arritmia cardíaca. Por ese diagnóstico, y según cómo evolucione, el exmandatario podría ser intervenido los próximos días.

Consultados sobre las garantías de seguridad de Kiko en el hospital, el Inpec -la entidad encargada de responderle al país si un recluso huye- le aseguró a La Silla que el exfuncionario está fuertemente custodiado por los hombres del grupo especializado en remisiones y custodias clínicas, Gropes. Se trata de funcionarios que cuentan con un entrenamiento especial y dotación distinta a la usada por el resto de guardianes del Inpec.

El abogado Iván Cancino, que defiende a Kiko en la investigación por el crimen del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta, le dijo a La Silla que el exmandatario está tan custodiado que ni la esposa ha podido verlo.

A Diana López Zuleta, hija del exconcejal asesinado, le causa suspicacia la hospitalización de Kiko. En su cuenta de Twitter escribió que “se le da por  enfermarse días antes de los alegatos de conclusión por el homicidio de mi papá, entre otros delitos”.

Al desprestigiado político la justicia lo procesa además por posibles vínculos con bandas criminales y por otros 14 homicidios.

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