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Lunes Marzo 01, 2021

La pelea por la presidencia del Consejo de Estado está en un punto muerto y, como ese tribunal tiene muchas vacantes, lograr la mayoría para elegir parece muy difícil. Más porque quien salga elegido jugará un papel importante en definir quién será el Registrador Nacional durante las elecciones de 2018.

Ser presidente de una Alta Corte es un cargo sobre todo ceremonial, pues su principal función es ser vocero. Sin embargo, también se pueden dar roces porque, como son quienes citan a las reuniones de las salas plenas, definen el orden del día, reparten a los magistrados los expedientes de las salas y dan permisos para viajes, tienen un poder importante adentro (como el de demorar una elección o adelantar un asunto).

Pero esta vez la pelea tiene otro ingrediente. El presidente del Consejo, más los de las cortes Suprema y Constitucional, deben elegir el nuevo Registrador en diciembre de este año para reemplazar a Carlos Ariel Sánchez. Es decir, quien gane esta elección tendrá uno de los tres votos y una incidencia muy grande en definir quién va a organizar las elecciones presidenciales de 2018.

Con ese trasfondo, el martes estaba citada la sala plena del Consejo de Estado para votar. Y no se logró una mayoría que, por estatutos, es de dos tercios de los 31 magistrados. Como esa cifra no se modifica si hay vacantes (lo dijo el mismo Consejo cuando anuló la elección de Viviane Morales como Fiscal General) y en este momento hay solo 26 consejeros, un grupo de cinco puede bloquear la decisión. Y eso es lo que ha ocurrido.

A la sesión llegaron cuatro candidatos: William Zambrano, Martha Teresa Briceño (la actual vicepresidente, quien por tradición debería ser la nueva presidente), Jaime Santofimio y Gerardo Arenas. Hubo unas 30 votaciones y no hubo elección.

Después de algunas rondas de votación Arenas, quien no pasó de cuatro votos, se retiró. Eso hizo que en algunas Zambrano llegara a 17 votos (a cuatro del número mágico), en otras Briceño hasta 11. Los tres o cuatro votos que nunca se fueron a uno de ellos se quedaron con Santofimio, quien no se retiró y tiene opción como tercería.

Aunque Zambrano estuvo cerca de ganar, se enfrenta con la férrea oposición de un grupo de unos cuatro magistrados comandado por Marco Antonio Velilla.

Velilla era uno de los integrantes de la terna de Álvaro Uribe a la Fiscalía, que luego Santos cambió. Él nunca aceptó esa decisión e incluso la demandó, por lo que él no ve con buenos ojos a quienes ayudaron a Santos a tomarla (incluido Zambrano, que pertenece a esa sala de consulta).

Habrá que ver si el trancón que se vivió esta semana se repite la próxima, cuando en principio debería ya definirse el nuevo presidente.

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Sáb, 2015-01-24 05:50
En ocasiones a uno le parece que el tema es sobre un grupo mafioso o algo parecido. Además de que son servidores públicos que solo trabajan de martes a jueves y que reciben un salario equivalente al de 40 obreros nuestros, que se lo pasan dictando conferencias que les reportan más dinero pero que les impide atender lo que les concierne, se reunen a votar y casi nunca logran su cometido, lo que los obliga a repetir lo actuado por meses y meses. Es esto serio? No afecta la marcha de la justicia?
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Otros confidenciales recientes

Miércoles, Febrero 24, 2016 - 00:23
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En medio de versiones confusas, el hoy director de Gestión Riesgo de Santander y copresidente del Centro Democrático en el departamento, Ramón Ramírez, ha salido a defender la nota de Caracol Noticias en la que lo señalan de recibir más de $60 millones como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Alfredo Ramos sin trabajar en ella. 

Primero dijo que durante todo el año pasado sí había continuado haciendo las labores por las que le pagaron legalmente desde agosto de 2014 (luego de su fallida candidatura a la Cámara) a enero de 2015 (fecha en la que le pidireron la renuncia, según las declaraciones del mismo senador Ramos, por malo); luego dijo que estaba trabajando para todo el Centro Democrático y no solo para el senador Ramos y completó diciendo que despachaba desde Santander. 

Ramírez  fue elegido en mayo de 2015, en la víspera del arranque de la campaña electoral de ese año, como copresidente del Centro Democrático, y pese a que al menos en el papel era funcionario público, participó activamente de todas las campañas a las que se sumó ese partido, incluida la de Didier Tavera, quien como contraprestación lo nombró en el cargo que hoy tiene.

Sin embargo, Ramírez, por estar cobrando salario en el Congreso como UTL, no podía hacer campaña política. Es decir, además de responder por haberse quedado con un salario que presuntamente no debía, (en eso coinciden desde el Senador, hasta la Oficina de Control Interno del Congreso que remitió la investigación a la Contraloría), la Procuraduría también podría entrar a mirarlo por participar en política y al mismo tiempo ser funcionario en el Congreso.

Sobre eso Ramírez también cambió la versión, y pese a que en toda la campaña el año pasado le dio declaraciones a medios en Santander, entre esos a La Silla, como copresidente del Centro Democrático, ahora dice que no hizo política; y las fotos en diferentes campañas se las atribuye a reuniones privadas.

En conversación con La Silla sobre su participación en política, se defendió preguntando si había dado algún discurso. Este medio encontró que sí lo hizo en un acto de adhesión de la campaña de Iván Aguilar (el entonces candidato del uribismo que fue sacado de la contienda por la Gobernación tras un fallo del CNE) a la de Didier Tavera.

Este es el primero de los nombramientos de Tavera que empieza a tambalear por presuntas irregularidades; falta ver si lo mantiene o si lo retira mientras los entes de control lo investigan. 

Ramón Ramírez (tercero de derecha a izquierda) durante la adhesión de una facción del Centro Democrático a la campaña liberal de Carlos Ibáñez por la Alcaldía de Bucaramanga. Foto tomada de redes sociales. 
Ramón Ramírez junto a candidatos al Concejo de Floridablanca en el cierre de campaña de Héctor Mantilla, en Floridablanca. Foto tomada de redes sociales.
Ramón Ramírez (primero de izquierda a derecha) junto a otros miembros de Centro Democrático en Santander y Danny Ramírez, alcalde de Piedecuesta. Foto tomada de redes sociales. 

 

Conversación de La Silla con Ramón Ramírez a través de whatsapp. 
Martes, Febrero 23, 2016 - 13:04
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Ayer, luego de varias reuniones, el ministro consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, terminó de ultimar detalles con el general Rafael Colón, de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), y llegaron a los 20 municipios de la primera fase de desminado para este año. La Silla conoció cuales son. Aquí está la lista.

Martes, Febrero 23, 2016 - 10:58
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Desde el 25 de enero, cuando la Corte Constitucional le reactivó una orden de captura por sus vínculos con los paramilitares, al médico zenú Pedro ‘el Indio’ Pestana no le han faltado las manifestaciones de apoyo entre los miembros de esa etnia indígena, en Córdoba y Sucre, donde los últimos 15 años ha construido su fortín político. Este fin de semana, los militantes de su grupo aprovecharon las corralejas que se celebraron en el municipio sucreño de San Antonio de Palmito, que hace parte del área de influencia del ‘Indio’, para expresarle su respaldo público.

En esa población del Golfo de Morrosquillo, algunos habitantes visten desde la semana pasada camisetas con el mensaje “De corazón soy pestanista y martinista”, en honor a Pestana y a su socio político Antonio Martínez Hernández, también indígena y requerido por la justicia por nexos con los paramilitares.

Ese apoyo “de corazón” se trasladó a las corralejas, que terminaron ayer. Allí los pestanistas y martinistas salieron al ruedo con pancartas en honor a los dos políticos prófugos, como lo muestran estas fotografías.

 

A Pestana y a su socio Martínez, el Tribunal Superior de Bogotá los condenó a seis años de prisión en 2009 porque en 2006 acordaron con el ex jefe paramilitar alias Don Antonio trabajar desde la etnia zenú a favor de las autodefensas. Pero, no han estado ni un solo día en prisión porque argumentaron haber pagado su condena en una cárcel indígena, en San Andrés de Sotavento. Ese argumento la Corte Constitucional lo dejó sin validez en enero pasado y de inmediato les ordenó a las autoridades la captura de ambos y su traslado a una cárcel ordinaria.

Como contó La Caribe, Pedro Pestana es un súper poder en Córdoba y Sucre porque ha consolidado una engrasada maquinaria electoral en los municipios de San Andrés de Sotavento, Chimá, Tuchín, Momil, Sampués y San Antonio de Palmito, gracias a la IPS Manexka, que fundó en 1998. Esa entidad le presta servicios de salud a unos 250 mil indígenas, quienes elección tras elección se convierten en potenciales votos para los candidatos respaldados por Pestana.

Pestana tiene hoy una curul en el Senado y otra en la Asamblea de Sucre, a través de sus hermanas Yamina y Ana, respectivamente; participación en el gabinete del gobernador de Sucre Edgar Martínez con la secretaria administrativa Acela Calderín, un diputado en Córdoba y la Alcaldía de Tuchín.

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