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Miércoles Octubre 21, 2020

Desde hace más de un año, la Fiscalía 57 de la Unidad de Derechos Humanos ha tratado de hacer la audiencia de imputación de cargos contra el coronel del Ejército Róbinson González del Río. El último intento fue el miércoles en la mañana, pero González no llegó y la audiencia se canceló. Esta es la tercera vez que ocurre en menos de tres meses.

González del Río está detenido desde el 2012 por las ejecuciones extrajudiciales de dos campesinos en el centro del país. El año pasado, aceptó su participación en más de 27 casos de los llamados falsos positivos. De hecho, el informe que publicó el miércoles la Ong Human Rights Watch usa su testimonio para salpicar a altos generales del Ejército, incluidos el general Mario Montoya y el actual comandante del Ejército, Juan Pablo Rodríguez Barragán.

A pesar de que ya confesó, hasta ahora ha sido imposible que la Fiscalía le impute cargos para avanzar en el juicio.

Además de la audiencia del miércoles, el pasado 20 de mayo se celebró otra con el mismo fin en el compeljo judicial de Paloquemao, en Bogotá. González del Río, supuestamente recluido en la cárcel La Picaleña de Ibagué, iba a asistir por videoconferencia.

La audiencia comenzó, pero de pronto el fiscal 57 notó que la persona que estaba sentada frente a la pantalla no era González del Río, sino otro recluso. Tras una verificación de nombre y cédula, la Fiscalía y la juez que iba a presidir la audiencia se enteraron que, sin saberlo, el coronel había sido trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá y que, por lo tanto, la audiencia no se iba a poder hacer.

Y hace un poco más de tres meses se había programado la misma audiencia  en Ibagué. Allí llegaron desde Medellín el fiscal 57 con su equipo, la Procuraduría e incluso varias víctimas. Sin embargo, la sala de audiencias estaba cerrada y tenía un mensaje en la puerta firmada por el juez en la que se excusaba porque había trabajado hasta tarde la noche anterior.

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Mario Montoya Uribe
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Sáb, 2015-06-27 22:49
Antes que buscar la opinión de algunos personajes lo que debe hacerse es buscar las explicaciones del Director de la carcel y de los hampones, perdón, de los sindicalistas del Inpec. Me disculpo con los hampones no con los sindicalistas, pues es claro que calificar de hampones a los sindicalistas, he rebajado a los primeros y exaltado a los segundos. Cómo se hizo la sustitución? Quién la ordenó? Quién la realizó? Por qué no informaron a tiempo sobre el traslado? Lo del juez si es un sainete que haría reir, hasta derramar lágrimas a quienes lean esta historia. Increible. De seguro es de esos jueces que en los paros judiciales sale a marchar proclamando la injusticia que se les hace con esos sueldos tan bajos. Será esa la razón por la que se venden estos jueces venales? Y los Magistrados por qué se venden si sus salarios son los más altos del país? La corrupción ya carcomió los cimientos de la República? Lo cierto es que este militar se las sabe todas. Ojo a sus declaraciones mendaces.
Vie, 2015-06-26 15:26
LO q se viene es q Del Río se retracte sobre los q ya implicó y cuento acabao.
Vie, 2015-06-26 13:19
Este articulo debería tener en su contenido, las opiniones del presidente santos, de uribe y su gallada, de los senadores y representantes, de los generales jubilados. El juez? Pobre juaz.
Vie, 2015-06-26 12:43
Justicia Venial, ese juez que dejó la nota en la puerta no le pasara nada.
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 17, 2016 - 21:43
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Los $150 mil millones en cuentas por pagar que heredó la administración de Lucho Bohórquez en la Alcaldía de Bucaramanga, tienen a Rodolfo Hernández literalmente poniéndole la totuma hasta a los contratistas para recaudar dinero.

Una particular estrategia que consiste en solicitarles a los contratistas con cuentas por cobrar en el Municipio que donen un porcentaje de los recursos que van a recibir, tiene descontentos a muchos de los que prestaron sus servicios a la pasada administración y que están esperando desde hace varios meses su pago.

Si bien la estrategia ya le ha generado réditos a Hernández, y en el municipio se han contabilizado varios cientos de millones de pesos en donaciones, entre esos los entregados por Valco (firma de los hermanos Valderrama Cordero que donó $470 millones) y por Vanguardia Liberal, que donó el 20% de cuentas que le adeudaban, también ha generado controversia y empresarios están denunciando que la petición de Hernández es  más una camisa de fuerza que una solicitud.

En una rueda de prensa que dio ayer en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Alcalde aseguró, que lo que les está diciendo a los contratistas " es que colaboren con la ciudad" y negó que los estuviera presionando para hacerlo porque era una donación; sin embargo, a renglón seguido dijo: “para que (los contratistas) reciban el cheque toca que traigan la donación”. 

Esas declaraciones calentaron aún más los ánimos de quienes llevan todo el año esperando su pago, y de hecho en gremios como el de los periodistas (al que Lucho Bohórquez le quedó debiendo una buena partida por concepto de pauta y producción audiovisual y radial), han empezado a proponer que reclamaciones colectivas a la nueva administración para que les pague lo que les corresponde y no se "burle de su trabajo".

Hasta esta semana, la Alcaldía había recaudado $130 mil millones en impuestos. De esa suma $30 mil millones ya se han ido a pagar las cuentas de los contratistas con los que adquirió compromisos Lucho Bohórquez sin tener el respaldo financiero, y los $100 mil millones restantes están siendo administrados para generar flujo de caja en la Alcaldía, porque de lo contrario se paralizaría completamente su funcionamiento.

 

Miércoles, Marzo 16, 2016 - 00:39
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Desde que se posesionó como gobernador de Santander, Didier Tavera se dio a la tarea de exponer la administración de Richard Aguilar.

Si bien, la mayoría de las denuncias no son nuevas y en gran parte habían sido dadas a conocer por medios de comunicación el cuatrienio pasado, la voz de Tavera hizo mella y logró que la Fiscalía se empezara a mover en tiempo récord y desde Bogotá.

La Silla conoció documentos de dos visitas que fueron realizadas en febrero por la Fiscalía Décima Delegada ante el Tribunal de Bogotá a la Gobernación de Santander para obtener copias de todos los documentos relacionados con los contratos que las empresas del grupo Valderrama firmaron y ejecutaron en la administración de Richard Aguilar.

En la solicitud que hizo la Fiscalía, se le pidió a la Gobernación que relacionara los contratos de la Constructora Valderrama, VG Constructores, Valco Constructores y Iron Equipment Rental, firmas de propiedad de Mario, Ricardo y Fernando Valderra Cordero, contratistas que fueron superpoderosos en la administración de Aguilar, y quienes entre 2012 y 2014 se quedaron con la ejecución de cerca de $400 mil millones (la mitad del presupuesto de un año en Bucaramanga).

Si bien no es irregular que esas firmas hayan ejecutado ese cifra, lo que hizo visibles a los hermanos Valderrama en Santander fue que la mayoría de las licitaciones en las que compitieron se las ganaron en medio de denuncias sobre favorecimientos de la Gobernación a sus propuestas. En el último año también han sonado por cuenta de denuncias hechas, además de la Gobernación, por el diputado Édgar Suárez, sobre irregularidades en la ejecución de los contratos que tienen a su cargo.

De la vía San Gil – Charalá – Límites ($185 mil millones), el Tercer Carril de la autopista ($138 mil millones con adiciones) y el banco de maquinaria ($56 mil millones), fueron los documentos suscritos en la administración de Aguilar que la Fiscalía se llevó.

En medio de la ola de cuestionamientos, los Valderrama se han mantenido en que se han ganado los millonarios recursos que ejecutan en franca lid y que no han existido irregularidades en su inversión.

La contratación de los Valderrama, no fue la única información que solicitó la Fiscalía. La Silla conoció que ese ente de control también pidió documentos relacionados con el Contrato Plan, sus soportes y una relación del dinero que se ha comprometido en el marco de ese acuerdo con la Nación.

Aunque esa visita de la Fiscalía solo hace parte de una indagación preliminar, que determinará si existe la posibilidad de que se haya cometido un delito y sus posibles responsables o si se archivan las denuncias contra los Valderrama  y la administración de Aguilar, sí muestra que entes de control empezaron a moverse y desde Bogotá.

Falta ver hasta dónde llega el impulso de las investigaciones y si el efecto de las denuncias de Tavera (que tuvieron más alcance en la Fiscalía que las de los medios de comunicación) es de largo aliento o si se queda a mitad de camino.

Martes, Marzo 15, 2016 - 12:53
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El decreto que sacó hoy el presidente Juan Manuel Santos creando una convocatoria pública para armar la terna para Fiscal es un saludo a la bandera que, además, le cae como anillo al dedo para cambiar el tema en los días en los que se va a incumplir el plazo que él mismo puso para firmar un Acuerdo Final en La Habana.

El decreto retoma lo que ya había hecho Santos en la terna para la Corte Constitucional a mediados del año pasado: creó un proceso para definir los ternados que incluye una convocatoria para que cualquier persona se postule, se dio a si mismo la posibilidad de sumarle a los postulados sus propios candidatos y obligó a publicar todas las hojas de vida para que haya críticas y comentarios de la ciudadanía.

En el caso de la Corte, de todo ese proceso terminó con una terna con un candidato muy cercano a Santos, el hoy magistrado Alejandro Linares.

En esta ocasión el Gobierno estableció plazos más cortos, lo que hace que el proceso justo coincida con el 23 de marzo, cuando se vence el plazo que le había dado Santos a los negociadores para tener un acuerdo definitivo en La Habana que él mismo ha aplazado.

Después de publicado el decreto el Gobierno debe sacar un aviso en la prensa con la convocatoria, lo que seguramente saldrá mañana. Y de ahí se cuentan siete días calendario para que presenten las hojas de vida, lo que ocurriría justo el 23 de marzo.

A partir de ese momento Santos tiene dos días calendario para armar la lista definitiva de candidatos, agregando los nombres que él quiera, lo que hace de la convocatoria un saludo a la bandera. Encima, esos dos días serían justo los festivos de jueves y viernes santos, por lo que ese cambio seguramente pasará de agache.

A continuación esa lista debe ser publicada "inmediatamente" por la Secretaría Jurídica de Palacio. Como eso sería el sábado de Semana Santa, el Gobierno pondrá en la agenda de los medios los nombres de los candidatos a la Fiscalía justo para el regreso de las vacaciones, lo que le puede quitar espacio a las noticias de la no firma el 23.

Después de esa publicación eso Santos tendrá otro par de semanas para mandarle a la Corte la terna definitiva, por lo que hacia mediados de abril empezará al campaña en serio.

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