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Sábado Julio 24, 2021

El London School of Economics, una de las más prestigiosas universidades británicas, acaba de lanzar un estudio económico -en el que participan dos economistas colombianos y que viene firmado por cinco premios Nobel de economía- pidiéndole a las Naciones Unidas que repiense la “guerra contra las drogas” y le dé prioridad a una política antidrogas basada en evidencia científica.

Lo interesante es que ese estudio también viene respaldado por varios políticos en ejercicio, algo muy poco habitual en el tema de drogas. Entre ellos están el Ministro de Salud Alejandro Gaviria (quien, durante su carrera como economista, ha trabajado la relación entre drogas y salud pública), el viceprimer ministro británico Nick Clegg (número dos de David Cameron y líder del tercer partido británico) y el Canciller guatemalteco Luis Fernando Carrera (cuyo jefe, el presidente Otto Pérez Molina, también ha hecho énfasis en la necesidad de reenfocar la política actual).

“La ONU ha tratado por demasiado tiempo de hacer cumplir una aproximación [al problema] represiva y orientada a 'meter a todos en un mismo saco'. Ahora el consenso que apuntaló este sistema se está desmoronando y hay un nuevo camino hacia aceptar un plularismo global en políticas [de drogas]”, dice el prólogo del informe, que firman Gaviria, Clegg y una treintena de académicos de todo el mundo. Esto dos años antes de que la ONU aborde el tema de drogas en su Asamblea General en septiembre de 2016.

El respaldo de Clegg -el de más alto nivel en el grupo- se da después de que visitara Colombia a comienzos de año y dijera que Europa le debe a América Latina aprender la lección y repensar el problema. “Quiero terminar la tradición de que los políticos sólo hablen de una reforma a la política antidrogas cuando han dejado sus cargos”, escribió en febrero en una columna en el Guardian en la que dedica mitad de su reflexión a Colombia, días después de reunirse con el presidente Juan Manuel Santos en Bogotá.

Además de ellos, lo firman figuras políticas como el ex presidente polaco Alexander Kwasniewski, el ex jefe de la diplomacia europea Javier Solana y George Schultz, el ex Secretario de Estado durante los dos gobiernos de Ronald Reagan. Y los cinco Nobel económicos Kenneth Arrow, Christopher Pissarides, Thomas Schelling, Vernon Smith y Oliver Williamson.

Entre los economistas que hicieron el estudio están los colombianos Daniel Mejía Londoño, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, miembro de la Comisión Asesora en Política de Drogas de Santos y -como contó La Silla- asesor programático de Enrique Peñalosa, y Pascual Restrepo.

Ending Drug Wars LSE Report by lasillavacia

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Mié, 2014-05-07 05:39
Lesson # 4 For Clueless Foreigners© Esteemed Mr. Clegg, These sneaks pretend everything is "fine & dandy" while they go hacking people all along the Pacific coastline & hinterland. Their grand new project is ridding it of Afros & Injuns so they can grow cash crops and dig up minerals without having to deal with the pesky locals. They're butchered alive. The screaming is heard out on the streets. Neighbors tell journalists, "That house over there is where they dice them." The War Minister: "No such houses." So who cares WHERE they're slaughtered? The pieces are thrown into the sea, Which throws them back for all to see!© Trunks lacking heads, arms & legs, as well as the legs, arms & heads, are then found strewn along the beach. Presidents here are Idi Amin Dadas and Papa Docs with legions of "tonton macoutes", which is why they hate NGO's (HRW, Amnesty Int'l.). PLEASE do something about this. Surely we can we count on you? Thanks.
Mié, 2014-05-07 11:22
De que EDUCACIÓN y VALORES habla la de cataloga a Uruguay como Sodoma y Gomorra por el hecho de reconocer lo innegable? la edad media se le quedó en la cabeza mi amigo.
Mié, 2014-05-07 18:36
Donde están las estadísticas y las investigaciones que demuestran que los atracos y robos son ejecutados por personas drogadas? Eso es un Prejuicio, sí fuera verdad existiría una relación clara entre los políticos ladrones y el consumo de sustancias. Estoy muy de acuerdo en que hay que educar nuestros jóvenes, pero con hambre nadie puede aplicar los valores que usted señala. No se puede tratar a la gente como animales y esperar que se comporten como personas.
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 3, 2016 - 03:09
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Cuando estaba a punto de iniciar la campaña local, Richard Aguilar y Hugo Aguilar sabían que iban a ir por caminos diferentes. Esta fofo fue tomada en junio de 2015 en la celebración del día del padre de la familia Aguilar. 

El Presidente Juan Manuel Santos bajó del bus de su gabinete al exgobernador de Santander Richard Aguilar Villa y lo dejó sin el pan y sin el queso.

La Silla conoció que una reunión privada que sostuvieron los directores de los medios de comunicación en Santander con Santos, el mandatario aseguró que el exgobernador no va a ser parte de su Gobierno y que ni siquiera está considerando su hoja de vida.

La afirmación, que le fue confirmada a La Silla por tres de los asistentes al encuentro,  la hizo Santos luego de que lo interrogaran por los rumores que había sobre la posibilidad de que Aguilar llegara a dirigir el Departamento de la Prosperidad Social, DPS.

Pero lo que realmente sorprendió en la reunión fue que Santos también negara que Richard Aguilar hubiera sido cercano a él y a su gobierno, cuando el exgobernador de Santander hasta cambió de preferencias políticas por él.

La Silla contó cómo en plena campaña de reelección de Santos, desde la Gobernación de Santander (dirigida por Richard) les ordenaron a los contratistas llevar al menos diez personas al evento de cierre de la candidatura del entonces presidente-candidato en Bucaramanga.

Esa fue la primera vez que se hizo evidente que Richard Aguilar había saltado a la orilla de Santos y que estaba tomando un camino diferente al de su papá -el parapolítico Hugo Aguilar- quien apoyó a través de su otro hijo, el senador Mauricio Aguilar, la aspiración del uribista Óscar Iván Zuluaga.

De hecho, fue la cercanía de Richard Aguilar a Santos la que terminó desbaratando el fortín político de los Aguilar en 2015. Mientras que el candidato a la gobernación de Santander del grupo de Richard Aguilar fue avalado por La U, el de Hugo Aguilar se lanzó por firmas y luego sumó el apoyo del Centro Democrático.

Eso dividió los votos que habían amasado los Aguilar en los últimos años, y le abrió el camino a Didier Tavera, quien aunque era el enemigo en común, terminó quedándose con el Palacio Amarillo.

La derrota de Richard Aguilar en las urnas, y lo que dijo Santos en esa reunión, además, le dio  la razón a su papá, quien a lo largo de la campaña dijo que a su hijo lo estaban “engatusando” y que no le iban a cumplir.

En la reunión con los directores de los medios Santos también habló del aterrizaje de la paz, la inversión en el departamento y la situación económica del país, el discurso que ha venido dando en todas sus intervenciones públicas.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 14:36
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Este sábado El Tiempo contó que hay un candidato a la presidencia de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore) cuya visión de la justicia transicional coincide con la del uribismo mucho más que la del actual presidente de esa asociación, y que de ganar se podría convertir en un dolor de cabeza para el gobierno de Juan Manuel Santos.

Curiosamente, ese candidato estuvo a punto de quedarse sin ascender a general por dos decisiones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y en cambio ascendió sin problemas durante el primer mandato de Santos.

El candidato es el general Gustavo Rincón Rivera, quien hace tres semanas presentó su aspiración para reemplazar al general Jaime Ruiz Barrera en Acore. Ruiz busca su segunda reelección y ha dicho que la justicia transicional que acordó el gobierno Santos con las Farc en La Habana puede ser una salida a la difícil situación jurídica de decenas de militares investigados por los falsos positivos y otros delitos.

Rincón Rivera, que ha empezado a posicionar su candidatura diciendo que esa justicia transicional "es para bandidos" y que es rechazada por la mayoría de militares, mantuvo una larga lucha jurídica para avanzar en su carrera en la que se enfrentó más de una vez contra el gobierno Uribe.

Siendo coronel, destapó un escándalo de contratación en el Fondo Rotatorio del Ejército a mediados de los años 90 y a pesar de eso, unos años después, el gobierno de Andrés Pastrana decidió no llamarlo al curso de ascenso a general, y lo retiró del Ejército.

Ante eso, Rincón demandó para que fuera reintegrado y llamado al curso de general, y en 2002 el Consejo de Estado le dio la razón. Uribe, en ese entonces ya Presidente, sí lo reintegró  - pero no lo incluyó en el decreto de ascenso.

Antes esa decisión, el hoy general presentó otra tutela en la que la Corte Constitucional le dio la razón en 2004.

Sin embargo, ese mismo año el gobierno Uribe, encabezado por el entonces ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, lo retiró de nuevo del Ejército, esta vez porque había llegado a la edad límite para ser coronel activo. Rincón demandó esa nueva decisión exigiendo que lo reintegraran de nuevo y lo ascendieran a general.

En 2008 el Consejo de Estado le dio la razón. En consecuencia, el gobierno Uribe lo reintegró por segunda vez en 2009. Luego, la junta asesora de ascensos (en la que hay generales pero que maneja el Gobierno) lo incluyó en el decreto diciendo explícitamente que lo hacía cumpliendo esa sentencia.

En el Congreso, los opositores a Uribe lo defendieron y aprovecharon para criticar las decisiones de no ascenderlo de ese Gobierno: así lo hizo el hoy alcalde de Ibagué y en ese entonces senador del Polo, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los senadores liberales Cecilia López y Juan Manuel Galán.

Ese calvario para ascender desapareció en el gobierno Santos, cuando fue designado jefe de control interno de la Inspección General del Ejército y secretario general del Estado Mayor. Además, Santos lo ascendió a Mayor General:

Ahora, de ganarle a Ruiz las elecciones internas de Acore la próxima semana, Rincón pasaría a convertirse en un crítico visible de la principal apuesta política de Santos, el presidente que lo ascendió, y a terminar alineado con Uribe, el mandatario que no lo quiso ascender y lo sacó del Ejército.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 06:03
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Con la sentencia de la Corte Constitucional que prohibió la minería en los páramos, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán se rearma para la pelea jurídica.

El colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, que pertenece al Comité y ya tiene una tutela en revisión ante la Corte Constitucional por la delimitación de Santurbán, está preparando dos nuevas acciones para presionar la aplicación de la sentencia ante el Ministerio de Ambiente.

Específicamente, lo que el colectivo buscará es que se revoquen dos artículos de la resolución que delimitó Santurbán y que con la sentencia se quedarían sin piso jurídico.

Se tratan del que le da vigencia a los títulos mineros otorgados antes de 2009 para que sigan en el páramo hasta que caduque su concesión (hasta 30 años), y del que contempla la posibilidad de hacer minería en algunas zonas de restauración del páramo en Vetas, California y Suratá.

Este último artículo es especialmente delicado debido a que una vez se aplique implicará la extinción de los mineros artesanales en esos municipios, quienes como lo contó La Silla han extraído oro por cientos de años y no tienen otra manera de sostenerse.

Precisamente, se teme que su aplicación desencadene un problema social en la zona, debido a que toda la minería pasaría a ser ilegal y ya no tendría el control al que está siendo sometida por autoridades ambientales del país.

Frente a esta situación, el colectivo ha manifestado su preocupación frente al acompañamiento que el Estado va a dar a las comunidades de Santurbán, teniendo en cuenta que si bien quieren que se priorice la defensa del agua, también esperan que el gobierno garantice los derechos de los pequeños mineros.

Ahora bien, si el Ministerio no admite la solicitud de revocatoria de los artículos, el equipo del colectivo también piensa presionar con derechos de petición (mecanismo que caduca en 15 días) para que se aplique la sentencia en Santurbán, específicamente, sobre el acto administrativo que le dio vida a la delimitación.  

Mientras eso sucede, en el lado de los municipios (especialmente en Vetas, que tiene su casco urbano dentro del Páramo y prácticamente desaparecería con la aplicación de la sentencia) se están preparando acciones propias para pedirle al Estado que proteja los derechos de sus habitantes.

El colectivo ha manifestado una preocupación frente al tratamiento y acompañamiento que debe realizar de manera inmediata a las comunidades del páramo. Porque no se puede pensar que los que están viviendo allí de la actividad minera, son la gran amenaza al ecosistema.

Nota de la editora: luego de la publicación de este artículo el colectivo Luis Carlos Pérez se comunicó con La Silla para aclarar que su posición no va en contra de la minería artesanal. La versión fue incluída en el texto a las 2:00 pm del mismo día. 

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