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Miércoles Noviembre 13, 2019

Un proyecto de ley fundamental para el futuro del agro colombiano está avanzando en el Congreso con un mico que hasta ahora ha pasado de agache y que elimina de un tajo la protección ambiental del Gobierno. 

Se trata del proyecto que creará las ‘zonas de desarrollo agrícola’ (Zidres), la propuesta del gobierno Santos para que las grandes empresas agroindustriales se asocien con campesinos, especilmente para desarrollar la Altillanura. 

El golazo, que apareció en la ponencia para debatirlo en la Comisión Quinta del Senado - que coordinaron los senadores Daira Galvis (Cambio Radical), Milton Rodríguez (La U), Nora García Burgos y Luis Emilio Sierra (conservadores)- , es un parágrafo que dice que “los territorios declarados como Zidres serán sustraídos automáticamente y para todos los efectos de la Ley 2ª de 1959 y modificarán en todo lo pertinente los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los municipios vinculados”.

Dos personas, una del sector ambiental y un congresista, le dijeron a La Silla que el impulsor de esa medida es el Supernotariado Jorge Enrique Vélez, que se ha tomado la vocería del Gobierno en todos los temas de tierras y es el mayor defensor de las zidres.

Ese cambio significa que si una reserva forestal queda dentro de un área declarada como Zidre, dejará de tener esa protección de un plumazo y su manejo ya no estará sujeto a la vigilancia de las corporaciones autónomas.

Sin ese mico, el beneficiario de la Zidre tendría que hacer un trámite extra para explotar la zona de reserva forestal, llamado pedir la sustracción de la reserva. Esa solicitud la define el Ministerio de Ambiente tomando en cuenta estudios técnicos ambientales, económicos y sociales para determinar si, por ejemplo, la zona ya está intervenida por agricultura o si ya hay un centro poblado adentro (como sucede con Subachoque o Mocoa).

Como la lógica del golazo es que el desarrollo agroindustrial de la Zidre mata la protección ambiental, los técnicos del sector ambiental lo ven como un riesgo muy grande que va más allá de esas nuevas zonas.

Como dice una persona técnica del sector, "están eliminando el único rol que tiene la autoridad ambiental en todo el sector agropecuario, que no tiene que pedir ninguna licencia ambiental y que es el que genera la mayor transformación ecosistémica en el país". Sobre todo porque las bases del Plan Nacional de Desarrollo hablan de la importancia, en temas de cambio climático y uso del suelo, de crear una política intersectorial entre los ministerios de Ambiente y Agricultura para "el desarrollo de un régimen especial de tierras de la Nación, especialmente las sustraídas de reservas de Ley 2ª".

"Como precedente es terrible: cualquier sector productivo va a decir lo mismo. 'Si a ellos les dieron permiso automáticamente, por qué a mí no?", le dijo a La Silla la abogada ambiental Margarita Flórez, que fue dirige la fundación Ambiente y Sociedad.

Según la senadora Nora García Burgos, la norma adoptada no quedó idéntica a como venía en la ponencia y ese concepto de "automáticamente" no debe ser leído como un salto por encima de Ambiente. "Lógicamente se siguen todas las reglas ambientales", le dijo a La Silla y prometió hacernos llegar una copia del texto aprobado en Comisión, pero a la hora de publicación no lo habíamos recibido. 

El golazo está vivo, pero le faltan dos debates -el de plenaria del Senado y el de la comisión de conciliación entre el texto de Cámara (que no tiene ese parágrafo) y el de Senado- para saber si finalmente queda en la ley. Así que hay espacios para que no pase de agache.

Actualización: después de conseguir el proyecto aprobado en la comisión, La Silla comprobó que en el debate se eliminó la modificación automática de los POT pero se mantuvo la sustracción automática de las zonas rde reserva ofrestal, lo que se brinca por completo al Ministerio Ambiente.

Otros confidenciales recientes

Miércoles, Marzo 23, 2016 - 11:25
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La prestigiosa revista Harper´s, en su edición de abril -la cual acaba de salir- trae un artículo demoledor para Colombia. Porque, aunque muchos ya lo sospechaban, tener la prueba fehaciente duele más.

En un artículo sobre la futilidad de la guerra contra las drogas, el periodista Dan Baum le pregunta a John Ehrlichman, el asesor de política doméstica del ex presidente de Estados Unidos Richard Nixon, sobre la guerra contra las drogas iniciada por su jefe de entonces ¿Su respuesta?

“¿Quiere saber de que se trató realmente?”... “La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca de Nixon después de eso, tenía dos enemigos: la izquierda que estaba en contra de la guerra y la gente negra ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos prohibir estar en contra de la guerra o ser negro, pero si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizábamos ambos fuertemente, podíamos golpear ambas comunidades. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, intervenir sus reuniones y estigmatizarlos noche tras noche en los noticieros de la tarde ¿Sabíamos que estabamos mintiendo acerca de las drogas? Claro que sí”.

La guerra contra las drogas - cuyas motivaciones reales conocemos ahora- le ha costado a Colombia miles de vidas, cientos de miles de millones de pesos destinados a pelearla y ha financiado a paramilitares, guerrillas y delincuentes comunes.

Solo entre entre 1994 y 2008, según el estudio realizado por el experto en drogas Daniel Mejía, la guerra contra las drogas era responsable del 25 por ciento de la tasa de homicidios.

Eso traducido en personas, significa que solo en ese período -que no incluye los finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando más intensa fue la guerra contra las drogas- fueron asesinadas 53.200 personas. Esto sin contar las que murieron por cuenta de la guerrilla o los paramilitares. O las que pasaron su vida en la cárcel.

Ese fue el precio del cinismo de Nixon y sus asesores y de la forma como Colombia lo interiorizó.

Martes, Marzo 22, 2016 - 16:10
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El senador barranquillero de La U José David Name lanzó en las últimas horas una convocatoria para marchar este 2 de abril en contra de Electricaribe, la criticada prestadora del servicio de energía en siete de ocho departamentos caribe. Lo increíble es que ese mismo día es la marcha del uribismo en contra del Gobierno Santos, por lo que la movida de Name va a terminar ayudando a los opositores del Gobierno que dice defender.

Por los continuos cortes y problemas de voltaje, Electricaribe es una de las empresas menos queridas en la Costa, en donde sienten que Santos no ha sido capaz de meterla en cintura. Como el uribismo convocó su marcha con el lema “Yo tengo razones para decir no más ¿Cuál es tu razón?”, el llamado de Name parece ser una respuesta a los uribistas.

Evidencia de esa concidencia se puede ver ya en Twitter.

La coincidencia sorprende porque Name no es un senador cualquiera, sino de uno que acaba de ser presidente del Congreso por la coalición de Gobierno.

Por ello, ya se empiezan a despertar suspicacias, como la de un congresista importante de la Unidad Nacional que nos dijo: “No sé a qué juega Name, a lo mejor no está contento con algo en el Gobierno y esta es su forma de expresarlo”.

Consultado al respecto, Name nos dijo que no le pusiéramos “misterio” a su convocatoria, que él tiene las mejores relaciones con el Presidente y que “si no es el 2, que sea otro día, pero tenemos que protestar. Uribistas o no uribistas, estamos sufriendo con el tema eléctrico”.

No es la primera vez que Name termina de alguna manera relacionado con el uribismo. Al igual que casi toda la Unidad Nacional santista (incluyendo al Presidente) fue uribista en el pasado y en 2014, siendo presidente del Congreso, tuvo que salir a aclarar que no lo seguía siendo sino que estaba del lado del Gobierno, luego de que se hundiera un debate de control sobre parapolítica en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Domingo, Marzo 20, 2016 - 19:23
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Aunque para la designación de los gerentes de los hospitales en el país tiene que mediar un concurso de méritos que en el papel asegure que los más idóneos son los que van a llegar a dirigirlos, varios intereses políticos ya se están moviendo detrás de esas vacantes en Santander.

Así como la familia Aguilar, con la llegada de Richard Aguilar al ‘Palacio Amarillo’ en 2012 se quedó con esos cargos en el departamento, y en el periodo de Serpa los dirigentes de los hospitales fueron cercanos al Partido Liberal, en esta ocasión la administración de Didier Tavera también estaría moviéndose para poner fichas propias en los hospitales y devolverlos a su partido.

Si bien el concurso está siendo adelantado por la Universidad de Pamplona, cinco fuentes políticas, una de las cuales ha tenido injerencia en el sector de la salud, señalaron que esa no es una prenda de transparencia para la escogencia.

“Hay maneras de influenciar ese tipo de concursos. Solo basta mirar lo que está pasando con las elecciones de contralores y personeros en muchas partes del país para darse cuenta de lo que pasa con los concursos de méritos en muchas ocasiones”, le dijo a La Silla una de esas fuentes.

Aunque la crisis de la red hospitalaria de Santander en diciembre tocó fondo en todo el departamento y hay 19 centros en riesgo financiero, así como cuatro que entraron en un plan de recuperación fiscal que busca evitar que se cierren, los intereses detrás de los hospitales siguen siendo muchos.

Por una parte, manejan multimillonarios presupuestos que pueden invertir bajo un régimen de contratación mucho más laxo y por otra tienen bajo su mando un abultado personal (que se vuelve muy útil en temporada de campaña).

Pese a que la Secretaría de Salud del departamento llegó Claudia Amaya como ficha del senador de Cambio Radical, Bernabé Celis, cuatro fuentes que se mueven en círculos políticos de Santander le dijeron a La Silla que la funcionaria se quedó sin la intervención directa en la coordinación del concurso para seleccionar a los gerentes.

El rol protagónico lo habría tomado Wilson Peña, asesor del despacho de Tavera, quien además de haber sido secretario de salud de Santander en el periodo de Horacio Serpa, está enfrentando cuestionamientos por la contratación de estudios que no sirvieron para la construcción de hospitales en el departamento cuando estaba a cargo de ese despacho.

La Silla conoció que la puja de intereses por los cargos en los hospitales ya pasó por un primer filtro.

Tres fuentes de adentro de Opción Ciudadana, le dijeron a este medio que aunque inicialmente se había planteado la posibilidad de que al grupo de Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil le dieran la gerencia del Hospital Universitario de Santander, ese escenario ya fue completamente descartado.

“Los liberales y específicamente Serpa cerraron todos esos espacios y los tienen completamente acaparados”, señaló una de las fuentes. Las otras dos dieron la misma versión.

Al ser consultado por La Silla, Peña negó que existieran intereses políticos en el proceso, explicó que su función para el caso del concurso es la coordinación de “algunos aspectos” (pero no precisó cuáles), y dijo que el “proceso de selección está blindado”.

Sobre su designación como asesor de Tavera y su cercanía con Serpa indicó que llegó por mérito propio al cargo y que el Senador “no tiene ningún tipo de influencia en el concurso”.

El 31 de marzo se vence el plazo para la salida de los gerentes actuales de los hospitales en todo el país; sin embargo, el concurso para esa fecha no estará completamente listo, por lo que deberán haber nombramientos provisionales

Mientras la crisis hospitalaria sigue latente y trabajadores del sector de la salud, así como estudiantes piden que se prioricen criterios técnicos para los nombramientos, los intereses políticos están llamados a tener peso decisivo en la selección de los gerentes.

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